Una década después de la denuncia por falsos positivos y fosas comunes en La Macarena se han exhumado 1.371 cuerpos, de los cuales, se han identificado 899 y entregado 221. Les contamos los avances gracias al Acuerdo de Paz en este caso, a propósito de la nueva audiencia en Congreso celebrada este 6 de agosto. 

En La Macarena, Meta —uno de los tantos escenarios en los que se reflejaron las consecuencias del conflicto armado en Colombia— la muerte y la victimización estuvieron silenciadas durante décadas. Hace diez años, gracias a la audiencia “Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales” realizada en el Congreso de la República, la comunidad y las víctimas pudieron empezar a sacar a la luz pública el horror de los falsos positivos, la responsabilidad del Estado en estos crímenes, e iniciar un camino de exigibilidad de derechos. El reclamo por la verdad ha estado en el centro de estos diez años de lucha de las organizaciones sociales que han logrado documentar, pese a las trabas, amenazas y muerte, que de 2.304 cuerpos enterrados como no identificados en los 5 cementerios de los Llanos Orientales, 1.674 fueron reportados como muertos en combate por la Fuerza Pública. 

De acuerdo con  el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas Desaparecidas GRUBE, de la Fiscalía General de la Nación, citada por el colectivo Orlando Fals Borda, han sido exhumados 1.371, identificados 899, y 221 entregados. En dichas entregas y proceso ha participado el Colectivo mismo, que este 6 de agosto, como hace diez años, acudió al Congreso para hacer escuchar los reclamos de las víctimas.

En una nueva audiencia citada por los congresistas Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y Roy Barreras, se presentó el balance sobre las sistemáticas violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, y las ejecuciones extrajudiciales también conocidas como ‘falsos positivos’  dando la voz a las víctimas, quienes contaron los avances y tropiezos en su proceso de búsqueda y reparación por la desaparición forzada de sus familiares y la inhumación en cementerios municipales de La Macarena, Vista Hermosa, Granada, Villavicencio en el Meta y San José del Guaviare, en Guaviare.

Las víctimas pudieron hablar

Vilma Gutiérrez, quien tuvo que enterrar a su esposo a causa de la guerra, pertenece al MOVICE Meta y junto a los familiares de desaparecidos y con galerías de la memoria trabaja por hacer visibles los casos de su región. Para Vilma, gracias a la audiencia ‘‘se le pudo dar un carácter más humanitario al verificar que los casos no eran de personas heridas en combate, como decía el gobierno, sino que eran casos de desaparición forzada’’. A diez años de la primera audiencia que contó con la participación de 6 delegados del Parlamento Europeo, 3 del Parlamento Británico y 10 dirigentes sindicales, el padre Javier Giraldo, del CINEP/PPP,  recuerda que esa situación fue el detonante para esclarecer un fenómeno extendido y preocupante en Colombia, pues no solo se sepultaron cuerpos anónimos de una manera clandestina en el sector, sino que la problemática era tan compleja que llegó repetirse en múltiples regiones, teniendo un alcance a nivel nacional. 

Víctimas como Vilma resaltan el trabajo y las cifras alentadoras gracias a la colaboración de distintas organizaciones, pero también destacan inconformismo por casos que siguen sin resolverse por parte de la Fiscalía. Sin embargo, permanece la esperanza de lo que pueda suceder y del impacto posterior a la audiencia de La Macarena como ocurrió hace diez años. La mujer señala que:

‘‘La audiencia es importante porque nos permite seguir visibilizando y buscando justicia sobre los crímenes de Estado, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales’’.

La cita de hace una década en el Congreso fue la génesis de una ola de denuncias de los “falsos positivos” que, se sabría después, no solo correspondían a La Macarena y Soacha, sino que se trató de una política de Estado que se mantiene vigente, y que puede corroborarse en el seguimiento semestral registrado en la Revista Noche y Niebla del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. 

Tras la denuncia de 2010, la Corporación Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda, el CINEP/PPP, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y DHBAJOARIARI, empezaron el acompañamiento a más de 1.500 personas de la comunidad para dar a conocer ante la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario, todo lo relacionado con los cuerpos no identificados inhumados que eran conocidos como N.N. en la región.

‘‘Los familiares de desaparecidos no se atrevían a ir a las brigadas militares a reclamar a sus seres queridos porque tenían miedo de que les abrieran un proceso judicial por rebelión o complicidad con la guerrilla, porque ellos sabían que a la mayoría de estas víctimas las estaban calificando como muertos en combate’’, señala el padre Javier.

La sospecha había comenzado porque la comunidad detectó irregularidades en el agua: olores nauseabundos y una contextura ‘grasosa’ particular que hicieron pensar, y luego confirmar, que había enterramientos clandestinos en La Macarena, donde el calor aceleraba la descomposición de los cuerpos inhumados en cercanías al acueducto público. Esta situación llevó a que también se inspeccionaron cementerios de la zona, caracterizados por tener cuerpos de menores de edad que no se podían identificar.

Además, cerca al cementerio de La Macarena se encuentra una base militar donde, según los habitantes podían observar, se descargaban los cuerpos con uniformes. Pero la gente tenía miedo de hablar, y sus seres queridos seguían desapareciendo. Las investigaciones realizadas diez años después han arrojado que una mayoría de los cuerpos no fueron de personas muertas en combate, sino el resultado de una métrica coordinada en la que se asesinaban civiles en “ejecuciones extrajudiciales”. 

¿Cómo avanza el Sistema Integral frente a La Macarena?

Superado el silenciamiento, una década después las comunidades siguen intentando desenterrar la verdad ahora de la mano del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en el punto 5 (víctimas) del Acuerdo de Paz firmado entre gobierno y Farc, en 2016. Uno de los principales riesgos sigue siendo garantizar la conservación y la custodia de cuerpos de las personas no identificadas y las no reclamadas. 

De acuerdo con el MOVICE, “los riesgos que enfrentan estos lugares en los cuales han sido inhumados legal o ilegalmente los cuerpos de las víctimas, son generados por condiciones que van más allá del deterioro causado por la tierra. Además del riesgo de eliminación de cualquier indicio o prueba que pueden realizar presuntos vinculados a procesos de investigación y juzgamiento, como agentes del Estado e integrantes de los grupos armados ilegales, se enfrenta la priorización de grandes proyectos minero-energéticos, obras de infraestructura o alteración de cementerios en gran parte del territorio nacional, procesos que podrían dificultar su búsqueda o posible exhumación y terminar nuevamente desapareciendo a las personas desaparecidas”.

Por eso el MOVICE solicitó desde 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la expedición de medidas cautelares a los cementerios y entes territoriales. Por su parte, por el fenómeno conocido como “falsos positivos” la JEP abrió un caso particular. Para 2019 la JEP avanzó en la solicitud de medidas cautelares de 16 lugares donde habría personas desaparecidas: Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío (Antioquia), La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander), Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre).

Además, con la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad  (CEV) se ha avanzando en escuchar y reunir testimonios y material producido en los años anteriores a la puesta en marcha del Acuerdo.

A la fecha, la UBPD ha recibido 889 solicitudes de búsqueda en los municipios de Villavicencio, Granada, Vista Hermosa, Puerto Gaitán, La Macarena, El Castillo, Lejanías, Cumaral, Puerto López, San Martín, Mesetas, Castilla La Nueva, San Juan de Arama, La Uribe y Acacías o que los hechos presuntamente ocurrieron en la zona de cobertura del equipo territorial (lo cual incluye los municipios señalados), y que corresponden a 1.098 personas dadas por desaparecidas. 

“Estas solicitudes de búsqueda han sido allegadas a la UBPD de manera directa mediante el acompañamiento a familiares y personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, o a través de información aportada por organizaciones sociales en el territorio. En particular, 40 de estas solicitudes de búsqueda corresponden a personas desaparecidas en el municipio de La Macarena o tienen una presunta localización en este municipio”, explica la Unidad agregando que vale la pena destacar que cuando se hace referencia a La Macarena no se habla solamente de familiares que buscan en esta zona, sino también de personas que se encuentran desaparecidas en esta región pero que sus familiares se encuentran en otros lugares.

Además, existen actualmente 2 planes regionales de búsqueda en fase de implementación y acciones de localización que agrupan 52 personas dadas por desaparecidas y se están construyendo insumos para la elaboración de nuevos planes regionales de búsqueda que agrupan 453 personas dadas por desaparecidas en las zonas del alto y medio Ariari; Duda – Guayabero; Capital y Piedemonte; y Puerto Gaitán. 

El drama de la desaparición forzada es un reto para el Sistema Integral y la sociedad misma, que aún desconoce las dimensiones de esta grave situación donde, a diferencia de los asesinatos, el duelo no cesa para los familiares. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre 1970 y 2015 se registraron 60.630 personas desaparecidas forzosamente en el país. Adicionalmente, el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH continuó con la labor de investigación y recopilación, y hasta agosto del 2018 reportó más de 80.000 víctimas. Organizaciones sociales y víctimas insisten a la JEP en la necesidad de abrir un macro caso exclusivo para investigar la desaparición forzada, así como los macro casos 001 (Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP conocido como “Secuestro”), 003 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado conocidas como “Falsos Positivos”) o 007 (Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano).

Por: Erika González. Comunicaciones CINEP/PPP.

En junio, en medio de la crisis por el Covid19, se conmemora a los refugiados de todo el mundo. En nuestra región preocupan especialmente los migrantes venezolanos que protagonizan el segundo éxodo más grande en  el mundo y están aún más vulnerables con la pandemia. Expertos internacionales piden respuestas integrales a los estados de Colombia, Ecuador, Perú y El Caribe. 

En medio de la pandemia mundial, la población migrante venezolana está en mayor vulnerabilidad: sin casas, sin trabajo, sin alimentación, sin acceso a la salud y lejos de su patria y familiares. Preocupa la respuesta de los estados para proteger a los refugiados y refugiadas de Venezuela en el Caribe y América Latina. Así lo expresaron los invitados al conversatorio virtual “¿Qué le espera a la población migrante venezolana?” organizado por el CINEP/PPP y Aministía Internacional (AI), donde participaron los Relatores sobre Migrantes de la CIDH y de la ONU, Julissa Mantilla Falcón y Felipe González Morales, así como personas expertas de AI, Servicio Jesuita a Refugiados, la Universidad del Pacífico, el CSMM y Equilibrium.

Más de 5 millones de ciudadanos venezolanos, según la OEA y ACNUR, han tenido que salir de su país, lo que sitúa este éxodo como el segundo más grande del mundo, después de Siria. Con la llegada de la pandemia, algunas de estas personas se han visto obligadas a regresar a sus lugares de origen por la ausencia de garantías para continuar su vida de forma digna en los países de acogida.

En Colombia, la oficina de Migración registró hasta inicios de junio del presente año más de 70 mil retornados a través de su frontera.

Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, recordó que la salida de venezolanos de su país responde a una violación a los Derechos Humanos que la Comisión sigue de cerca desde 2005. La relatora resaltó que no solo se trata de migrantes, sino de solicitantes de asilo, víctimas de trata de personas, refugiados y personas en situación de apatridia.

Para Mantilla, hay un elemento que algunos países están omitiendo y es obvio que no debe olvidarse: El virus no pide cédula, no pide pasaporte. Ello significa que deben garantizarse el acceso a salud y a medidas que permitan el aislamiento para personas extranjeras, aunque no tengan un estatus de regularidad, con lo que se protegen sus derechos así como se cuidaría también a los nacionales. 

Felipe González Morales de Naciones Unidas sostuvo que “la expresión ‘migrante’ oscurece de lo que se trata aquí y la situación”, en tanto quienes tuvieron que salir de su país lo hicieron de manera forzada y tienen necesidades especiales de protección y refugio. Por esta razón, llamó a promover su regularización, así como su derecho al retorno (cuando ellos lo quieran) y sus derechos sociales.

El Caribe, Ecuador, Colombia y Perú

Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que en el Caribe habría más de 140 mil ciudadanos venezolanos y en esa región se han presentado un uso de la detención migratoria para controlar el flujo en sus fronteras. Jiménez sostiene que es difícil obtener datos sobre cuántas personas están detenidas, y su condición. 

Feline Freier, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en Perú, manifestó que en ese país recientemente se da la estigmatización hacia la población venezolana. Para Gustav  Brauckmeyer director ejecutivo de Equilibrium CenDe, el problema también es que en Perú no han manejado la realidad de movilidad humana de forma integral. 

Para ambos expertos es necesario que se garanticen derechos como el acceso a trabajo, la educación y la salud. Aunque en Latinoamérica no se ha acudido a la detención migratoria, tampoco se reconoce debidamente la estatus de refugiado, con la que se otorgarían garantías a los refugiados y el deber de protección al Estado receptor.

Desde Ecuador, el Coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo” Pablo de la Vega, dijo que en ese país hay más de 360 mil venezolanos, y se han presentado unas 28 mil solicitudes de asilo, de las que sólo 6 mil se han sido aprobadas. Adicionalmente, en el marco de la pandemia se presentó el Plan Espejo, con el que se cerró la frontera entre Ecuador y Colombia incluso por los pasos irregulares. 

Por último, Mauricio García Durán, director del Servicio Jesuita de Refugiados en Colombia, manifestó su preocupación ante riesgos como el de reclutamientos forzados, trata de personas y tráfico de migrantes. Además, aseguró que el reconocimiento del refugio es bastante limitado: Colombia ha concedido tan solo 57 estatus de refugio en cinco años, de 2015 a 2019. No obstante, Colombia es el mayor receptor de la movilidad humana proveniente de Venezuela con más de 1,8 millones de personas. 

El conversatorio completo puede ser visto en nuestra página de Facebook en este link:

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez

 

En la más reciente emisión de #DiálogosEnCuarentena, la congresista Ángela Robledo, el filósofo y economista Libardo Sarmiento y el investigador del CINEP/PPP Santiago Garcés hablaron sobre la realidad de la economía en Colombia, las decisiones del Gobierno para salir de la crisis y la necesidad de que la salud, la vivienda, la educación y el bienestar sean derechos, no mercancías

Estamos 20 años atrás en desarrollo económico

Sarmiento afirmó que Colombia venía desde hace cinco años con problemas en su balanza comercial, lo que significa que en ese lapso de tiempo no se generaba nuevo empleo, y había una tendencia recesiva en la economía. A esta situación se sumó la pandemia, que obligó al confinamiento de la fuerza de trabajo, lo que implica un golpe más a la economía.

El economista cuestionó las medidas que está tomando el Gobierno, vía decreto ley, en términos de pensiones, trabajo y garantías laborales. Decisiones que, en su criterio, devolverán a Colombia 20 años atrás en su desarrollo económico porque generarán desempleo, aumentarán la pobreza e incrementarán la brecha entre ricos y pobres

Adicionalmente, el experto afirmó que el capital especulativo y las mafias de ultraderecha ahora están haciendo una reingeniería del capitalismo mediante tres grandes premisas: la sobreexplotación de la fuerza de trabajo; la profundización de una economía extractivista; y aumentar la capacidad represiva del Estado, por ejemplo mediante la compra de tanquetas y armas para el ESMAD, para apagar las movilizaciones que despierten dichas medidas. 

La precarización del trabajo

Santiago Garcés estuvo de acuerdo en la lectura de Sarmiento sobre la situación, y agregó que según el DANE, en el primer trimestre el desempleo en Colombia llegó al 19,8%, lo que significa más de 4 millones de personas desempleadas. Sin embargo, aclaró que esta cifra no tiene en cuenta a la población inactiva, lo que elevaría la cantidad de personas que en este momento no tienen una labor de la cual derivar su sustento.

A ello se suma que el 80% de la población ocupada en el sector formal labora en pequeñas empresas, que no tienen las posibilidades de cubrir las nóminas de más de un mes en cuarentena. Garcés criticó que frente a esta situación el Gobierno creó el Ingreso Solidario, pero es insuficiente, y en cambio apuesta por una reforma laboral, permite diferir el pago de la prima de mitad de año y posibilitó la suspensión de contratos.

Entre tanto, recalcó que desde los gremios de empresarios se escuchan propuestas para permitir contrataciones por horas, o con salarios por debajo del mínimo en el campo, por lo que dijo estar preocupado de que la pandemia se pueda aprovechar para implementar un modelo de desarrollo antilaboral. Todo ello, en medio de un contexto que exige garantías para el trabajo, una renta mínima que permita la subsistencia de las familias y apoyos en el pago de nómina de las pequeñas y medianas empresas.  

Foto de: Esteban Agudelo, @chavocensura

Foto de: Esteban Agudelo, @chavocensura

“La pandemia desnuda la fragilidad del Estado Social de Derecho”

Ángela Robledo rememoró que apenas el año pasado en el mundo, y en Colombia, se estaban desarrollando movilizaciones exigiendo condiciones de vida digna y denunciando “que vivímos en uno de los países más desiguales del mundo”. Además, eran movilizaciones en las que las mujeres jugaban un papel fundamental, pidiendo el reconocimiento de la economía del cuidado y diciendo que la sobrecarga sobre sus vidas es evidente.

Con la llegada de la pandemia, la congresista manifestó que se desnudó la fragilidad del Estado Social de Derecho para proteger a los más vulnerables, y la para las mujeres esto ha significado un aumento desproporcionado de las violencias basadas en género. Además, también se ha traducido en un incremento de la pobreza: “En Colombia de cada 100 hombres pobres hay 120 mujeres pobres”, afirmó. 

Pero en medio de esta situación, a raíz de la necesidad de reclamar derechos, Robledo sostuvo que también se abrió una fisura en el capitalismo que nos invita a pensar en una agenda para el sur global, para Latinoamérica en términos de lo que necesita. Por ejemplo, sostiene que es necesario hablar del Sistema Nacional de Cuidado que busca reconocer, redistribuir y reducir las labores no remuneradas que culturalmente les ha sido asignadas a las mujeres. 

Es tiempo de pensar relaciones económicas fuera del capitalismo

Los invitados al diálogo estuvieron de acuerdo en que dichas fisuras podrían generar cambios, como en el caso de la salud, volviendo a un sistema público que sea garantista de derechos y no privado, porque la pandemia ha demostrado que los sistemas privados no pueden responder a una situación de crisis sanitaria global. Adicionalmente, los invitados resaltaron las protestas antiracistas que se están dando en el mundo, afirmando que se está poniendo de presente una agenda de derechos que es de género, étnica clase y de generación. 

Garcés insistió en la necesidad de una renta básica que permita a los trabajadores la subsistencia y posibilite también elevar las condiciones del trabajo. Sarmiento señaló que la experiencia en Argentina, de trabajadores que asumen a empresas en quiebra podría retomarse bajo formas cooperativas modernas que impulsen la economía.

Igualmente, invitó a que el distanciamiento sea únicamente físico pero no social, añadiendo que en momentos de Tánato-política, “en que se administra la muerte, se tiene que apostar por una movilización por la vida en toda su heterogeneidad”.

Por su parte, Robledo aseguró que es momento de pensar en relaciones económicas fuera del capitalismo, apostar por un fortalecimiento del Estado Social que garantice derechos y en el caso de las mujeres, asumir la tarea fundamental de “deconstruir la división sexual del trabajo, eso implicará repensar las relaciones de producción y reproducción”. 

#DiálogosenCuarentena es una conversación propuesta por el CINEP/Programa por la Paz y organizaciones aliadas. Con este ciclo de conversaciones digitales CINEP retoma los #DiálogosCinep, un espacio de intercambio de temas de interés que habitualmente realizamos en el edificio de la institución en Bogotá, Colombia. 

El conversatorio completo puede ser visto en nuestra página de Facebook, a continuación:

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, Dihc y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. Así lo revela el Informe de Ddhh del Banco de Datos del CINEP / PPP presentado hoy en el conversatorio y rueda de prensa 'El Oro y las balas' con Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Colombia sigue en noche y niebla. El Informe de Derechos Humanos y Violencia Política que realiza el Banco de Datos del Cinep y fue presentado este 27 de mayo, da cuenta del dolor y victimización que viven los campesinos, indígenas, obreros, personal LGBTIQ, defensores del medio ambiente, y en general las comunidades olvidadas y aporreadas históricamente. Hoy las víctimas más numerosas son personas y organizaciones con menos visibilidad. Ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa.

Así se dio a conocer en el conversatorio y rueda de prensa “El Oro y las balas” que dio cuenta del panorama nacional de derechos humanos, desde la mirada del Banco de Datos, así como de la difícil situación que sobrellevan los campesinos en Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, quienes están más vulnerables en medio del confinamiento. La conversación, citada en YouTube precisamente debido a la cuarentena, comienza con la noticia del asesinato de Edwin Acosta en Tuquisio, Sur de Bolívar, líder minero de la zona que, como los voceros que dieron su testimonio en la rueda de prensa, trabajaba en defensa del agua, la tierra y la vida. En la conversación participaron Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Los líderes sociales denunciaron que las grandes multinacionales ejercen la explotación minera y violan los derechos humanos en sus territorios y comunidades. El bajo Cauca y Nordeste Antioqueño sufren dicha explotación desde hace más de 30 años. Allí, según narró Narciso Beleño en vivo con la presencia de medios de comunicación y más de 500 personas conectadas, el pequeño minero artesanal es tratado legalmente como las grandes multinacionales que explotan el oro y es catalogado como ladrón y testaferro de este mineral.

El Bajo Cauca antioqueño sigue siendo territorio de grupos paramilitares, quienes todo el tiempo se disputan el territorio, afectando a sus habitantes por medio de asesinatos, amenazas y desapariciones. Según lo hablado en el conversatorio, hay una plena relación entre el oro y las balas en el sur de Bolívar, que enfrentó el exterminio del paramilitarismo para beneficiar a multinacionales como la Anglo Gold Ashanti.

El gobierno nacional tiene en total abandono a estas subregiones del país y apoya a las grandes multinacionales extractivistas.

Además, miembros del Ejército Nacional se encuentran involucrados en varios asesinatos de campesinos de la región. Hacen operativos sin asumir las consecuencias de estos hechos, tal como se señaló en el conversatorio relatando los casos de asesinato de Ariolfo Sánchez; campesino en Anorí, Antioquia, y otros tres heridos el 26 de mayo en río Guayabero, ambos casos en operativos de sustitución forzosa de cultivos de uso ilícito.

En el espacio se detalló que los líderes sociales siguen siendo blanco de ejecuciones, amenazas y atentados en un porcentaje importante. Según el Informe que presentan las revistas Noche y Niebla No 59 y No 60, correspondiente al período entre el día 01 de enero y 31 de diciembre del año 2019, los líderes ejecutados ascendieron a 82, los amenazados fueron 102 y los que sufrieron algún tipo de atentado suman 57.

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, al derecho internacional humanitario y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. La fuerza pública fue el principal represor de las protestas sociales y de la exigibilidad de derechos. Además, 522 personas perdieron la vida por medio de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos u homicidios en el año 2019, y se dieron 7 “falsos positivos” por parte del Ejército.

Alejandro Angulo, sacerdote jesuita e investigador del Banco de Datos, señaló que el paramilitarismo ha matado a más gente en dos meses que la pandemia del COVID-19. Y que el narcotráfico, la ganadería extensiva y la agroindustria son los principales abusadores de las comunidades, provocando graves violaciones de derechos humanos.

“No existe en Colombia un sistema judicial que garantice la vida de las personas. Por el contrario es garante de la impunidad en un gran porcentaje”, explicó Angulo.

Por otro lado, Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP/PPP, se preguntó qué acciones pueden permitir que la presencia del Estado en las regiones no se manifiesten únicamente con la fuerza o la acción represiva. Para Guerrero, se necesitan transformaciones políticas y de fondo relacionadas con la economía y la participación. Manifestó además que el informe de Noche y Niebla "es un esfuerzo por hacer visible la crítica situación de violación de derechos y reducir la vulnerabilidad de las víctimas, porque cuando esto no se conoce, se cubre y se blinda a los victimarios y se motiva la continuidad de los crímenes".

Otro sector que ha sido victimizado de manera ascendente es el conformado por desmovilizados de la insurgencia que se acogieron al proceso de paz. En el año 2019 fueron asesinados 25 desmovilizados, mientras que 11 de ellos fueron víctimas de atentados o amenazas contra su vida

¿Esto es un país de buenos muchachos o una guarida de asesinos constitucionalmente asentados?, se preguntó Angulo. Las pérdidas humanas no se recuperan de ninguna manera pero nadie hace ningún esfuerzo por evitar que sus habitantes sean exterminados, agregó.

Vanessa Álvarez, de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, señaló que las regiones del sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño se encuentran en una crisis humanitaria en este momento debido al desplazamiento, amenaza y asesinato de sus pobladores. El fenómeno paramilitar en alianza con Fuerza Pública es algo que afecta directamente a los líderes y lideresas sociales de la región. Es más rentable el oro que la cocaína para las mafias que controlan la economía de la región.

Más de 500 hombres pertenecientes a la fuerza pública se encuentran en esta región del país y esto ha incrementado los asesinatos y desplazamientos del sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño y nordeste antioqueño.

Además, los daños ambientales por el uso de mercurio en la explotación de oro en la región del sur de Bolívar, son incalculables diariamente.

Preocupa que la dinámica actual de la violencia político social conduce a la impunidad. La estrategia de ocultamiento de la verdad nos muestra que las víctimas más numerosas están ahora en personas u organizaciones con menos visibilidad. "La clave para evitar la continuidad del genocidio es la solidaridad, para ganar el proyecto del bien común", dijo el padre Alejandro Angulo.

Las víctimas más numerosas están ahora en campesinos de veredas humildes, en integrantes de resguardos indígenas, en personas LGBTIQ, en obreros, en marginados, en reclamantes de tierra, en integrantes de mesas de víctimas, en miembros de comités defensores del medio ambiente, de opositores a mega proyectos depredadores o a empresas de minería o hidrocarburos que usurpan y envenenan las fuentes de agua.

En este enlace encuentra el conversatorio completo: https://youtu.be/__YJ1255AuA

En el siguiente enlace encuentra la Revista Noche y Niebla 60 con el Informe de Ddhh 2019: https://www.nocheyniebla.org/?p=1552

 

Por: Alejandro Burgos y Katalina Vásquez G.

Violencia en medio del confinamiento, restricción de movilidad que impide contacto con las comunidades y cese de ingresos, entre otras, son afectaciones a los líderes sociales durante la cuarentena. Cómo protegerlos fue el tema de conversación de los #DiálogosenCuarentena con la participación del CRIC, la ONIC, el Banco de Datos y la Defensoría del Pueblo.

Además del hambre y falta de acceso a servicios básicos por la cuarentena, las comunidades más alejadas del país están sobrellevando las presiones y violencias de organizaciones ilegales y los enfrentamientos con la Fuerza Pública que les dejan en medio del fuego cruzado. Los líderes sociales siguen llevando la peor parte: Han ocurrido 32 eventos de violencia política con 39 personas amenazadas o asesinadas por su labor de liderazgo en Colombia durante el confinamiento, según el Banco de Datos y Violencia Política del Cinep. 

Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año se superan los casos de asesinato a líderes con relación a 2019 en un periodo donde el aislamiento pone en jaque a quienes defienden el Acuerdo de Paz, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, el medio ambiente y los derechos de sus comunidades. Por eso el tema de los #diálogosencuarentena para este 7 de mayo fue la “Memoria y protección de líderes sociales en cuarentena” convocado con el apoyo de Verdad Abierta y la moderación de su director, el periodista Juan Diego Restrepo.

Joe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se refirió desde su territorio al panorama de peligro en aumento que viven las comunidades indígenas con la “presencia de ilegales y con acciones militares en contravía de las comunidades porque en medio de ese fuego cruzado queda la población”. 

Según el Cric, el 2019 cerró con 8 lideresas y 62 líderes asesinados en Cauca. Y en lo que va del 2020 (hasta el 30 de abril) 46 personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y familiares han sido asesinadas en Cauca.

Foto cortesía de Gerald Bermúdez.

Para cuidarse, los indígenas de Cauca han dispuesto 398 puntos de control territorial de la guardia indígena y cerca de 9 mil comuneros y comuneras trabajando en la prevención y el aislamiento. “Pero al no haber presencia de contagio en 32 municipios de Cauca las medidas oficiales se abrirán al transporte y al comercio, lo que sería echar a la borda los esfuerzos de control territorial”, expresó el líder indígena durante el conversatorio virtual. 

Por su parte, Aida Quilcué, consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), afirmó que hay una constante en territorios como Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño y Córdoba “en donde al confinamiento de la pandemia se suma el del conflicto porque no pueden entrar ayudas humanitarias”. Conectada desde Tierradentro, Cauca, manifestó su preocupación por los peligros que enfrentan los pueblos indígenas en todo el país, debido a las presiones de grupos ilegales y la desconfianza en las instituciones del Estado.

Quilcué habló de los planes de contingencia del gobierno y aseguró que “la ayuda humanitaria y las medidas de bioseguridad han sido mínimas. Se hacen necesarias acciones concretas y contundentes más allá de la militarización porque en la práctica donde hay militares, hay más riesgo de que se repitan situaciones peligrosas como la que se presentó en Caloto y llegan otros actores armados”.

¿Qué dicen las cifras?

Mateo Gómez, director del SAT (Sistema de Alertas Tempranas) de la Defensoría del Pueblo, compartió datos del monitoreo frente a la afectación del conflicto armado en el panorama de la pandemia. “En la alerta temprana 018 le ponemos de presente al gobierno nacional que la pandemia tiene efectos especiales en comunidades donde hay grupos armados que generan zozobra y control”, aseguró.

El monitoreo de la Defensoría del Pueblo arroja que, hasta el 30 de abril, hubo 12 homicidios a líderes en medio de la pandemia. Según informó Gómez durante el conversatorio citado por Cinep:

“En el primer trimestre de este año vemos un aumento de casi el 32% (en asesinatos a líderes sociales). Para el mismo período de 2019 registramos 38 casos y en este año son ya 56”.

Por otro lado, Cristian Llanos del Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos del CINEP, manifestó que “existe un correlato en las agresiones a líderes sociales de años anteriores con lo que está pasando hoy”. 

Según Llanos, el Banco de Datos registró en 2019 el asesinato de 124 líderes sociales en Colombia. En 2020, ha registrado 87 agresiones (ataques, asesinatos, amenazas) a líderes o defensores de derechos en el país*. Mientras tanto, en el periodo de cuarentena (hasta el 1 de mayo) “hemos identificado 32 eventos de violencia política con 39 personas amenazadas o asesinadas por su labor de liderazgo”, aseguró Llanos. El registro del Banco de Datos se basa en información de las víctimas y sus organizaciones que hacen parte de la Red Nacional de Bancos de Datos.

Llanos afirmó que la violencia a líderes se extiende a sus círculos cercanos como sus familias y comunidades y que tienen un patrón: “hombre encapuchado, en moto, sin identidad que no permite indagar por quiénes están detrás del interés de acallar nuestros líderes”.

¿Cómo protegerlos?

Respecto a las medidas de protección para los líderes, Aida Quilcué afirmó que hay un grave problema en la ausencia de investigaciones de fondo por el ataque a líderes y comunidades indígenas. 

“Hace dos años trabajamos en un informe de memoria histórica y podemos afirmar que existe un genocidio de los pueblos indígenas. Así nos preguntamos ¿cómo no va a haber impunidad? La justicia ordinaria y la justicia de afuera no nos va a resolver los problemas y los tendremos que resolver nosotros mismos con la jurisdicción especial indígena”.

Foto cortesía de Gerald Bermúdez.

También Joe Sauca se refirió a “ejercicios propios de las autoridades indígenas donde incluso hemos logrado capturar a los victimizadores en muchos casos. El Estado debe reconocer nuestra jurisdicción que desarrollamos sin garantías porque el aparato de la justicia en Colombia no cuenta con los medios para detener la impunidad”.

Entre tanto, Juan Diego Restrepo se preguntó con insistencia el porqué es tan difícil superar la impunidad y dar con los intereses y autores detrás del ataque a líderes sociales. 

Por su parte, Mateo Gómez, de la Defensoría del Pueblo, se refirió a la efectividad de las alertas tempranas manifestando que “los cuellos de botella se deben a la focalización, a que la violencia es arbitraria y a que los actores armados ejercen un control arbitrario”. 

El diálogo concluyó con reflexiones sobre las estrategias que deberían tomarse para disminuir la violencia hacia líderes y lideresas.  Para el representante de la Defensoría, “una manera de proteger la vida es que la sociedad reconozca a los líderes y que el gobierno también lo haga no solo de manera formal, sino sincera”.

También agregó que: “vemos una gran lentitud en instituciones que tiene a cargo oferta de educación, salud, generación de ingresos. A éstas les dirigimos el 70% de las recomendaciones de las Alertas Tempranas”.

Cristian Llanos del CINEP resaltó la importancia de la memoria y de la pedagogía en Derechos Humanos como una forma de reconocer y ayudar a la disminución de la violencia contra líderes y lideresas. Según él, “la memoria, ayuda a que se reconozcan problemas de fondo y con ello se aporte a proteger vidas. Hay que construir una pedagogía por el respeto a los derechos humanos, porque muchas personas consideran a los líderes agentes de la insurgencia y apoyan que "los saquen del juego”".

Para concluir, Aida Quilcué hizo un llamado a fortalecer los procesos de unidad y las formas de organización sociales propias de las comunidades indígenas. Joe Sauca insistió en que, para proteger sus vidas y comunidades, es urgente que el gobierno reconozca el ejercicio invaluable de los procesos sociales y las miradas territoriales de las comunidades porque “no se puede gobernar solo desde Bogotá”.

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.


En el siguiente link encuentran el diálogo completo: https://www.youtube.com/watch?v=6FomKYpgD6E