A veces a la gente se le acaba la paciencia. A veces los colombianos sentimos que no damos más. Eso es lo que se expresa en el libro Cuando la copa se rebosa: Luchas sociales en Colombia 1975-2015. Sus cuatro autores, Mauricio Archila, Martha Cecilia García, Leonardo Parra y Ana María Restrepo hacen una lectura crítica sobre las relaciones que explican las luchas sociales en Colombia.

Su lanzamiento fue el primero de mayo en la Feria Internacional de Libro de Bogotá, evento que contó con la participación de la co autora Martha Cecilia García, y el aporte de Esmeralda Prada, y Camilo Borrero, quien mencionó que la importancia de esta publicación yace en “la recopilación de información de 40 años de luchas sociales. Creo que casi ningún otro libro logra una tarea tan grande y rigurosa”. Esa recopilación terminó siendo un trabajo de más de tres años y la lectura de cerca de 23,000 acciones de protesta registradas por la Base de Datos de Luchas Sociales (BDLS) de Cinep/PPP.

Esa Base cumplía cuarenta años en el 2015, momento en el que los autores decidieron escribir este libro como una forma de dar a conocer las distintas dimensiones que la acción social colectiva ha tenido en el país. Para esto, hacen a través de la publicación un análisis centrado en cuatro ejes, cada uno con un capítulo. En cada una de las diferentes aproximaciones se hace evidente lo que Martha Cecilia García deja en evidencia en la introducción: “La cobertura periodística de las luchas sociales se reduce por la denominada «parcialidad geográfica y temporal»: hay lugares del país que no se cubren, en algunos momentos tampoco se registra ese tipo de eventos y, además, los periodistas tienden a cubrir sucesos localizados en zonas donde ya se han producido casos similares previamente reportados.”

Los primeros dos ejes, escritos por Mauricio Archila, se centran en la trayectoria de las luchas sociales en Colombia y en la relación que han tenido con el Estado. Se entiende a la Policía como un actor fundamental en el control de la protesta, aunque “ella no siempre choca con la ciudadanía protestataria, a veces dialoga, negocia y colabora”. Allí, se encontró un comportamiento extraño en el que la represión policial disminuía en general, exceptuando los años recientes. Sin embargo, y como lo escribe Archila en las conclusiones, este libro “hace evidente que una base de datos es algo más que un listado de registros en una serie estadística, y que trabajar con ella implica también hacerse preguntas de fondo y realizar análisis sopesados sobre temas cruciales de la sociedad a partir de la información que ella contiene”. De esa nueva visión, surgió la pregunta sobre los mecanismos legales e ilegales de represión y la cultura política de la sociedad y la Policía.

El segundo foco de análisis fue las nociones de desarrollo que las diferentes luchas sociales tuvieron en esos 40 años. El capítulo, escrito por Martha C. García, hace referencia a las distintas nociones que los actores privados y públicos (normalmente entendidos como antagonistas), y movimientos y organizaciones sociales tienen sobre el desarrollo. Estas visiones han enmarcado su lucha, pues sus peticiones se ven en la disputa por servicios de salud y educativos; la oposición a actividades minero-energéticas sustentadas por compañías multinacionales e hidroeléctricas; y luchas que superan lo económico como lo son los elementos políticos, ambientales, culturales y territoriales. Ese último elemento es la tierra, ese concepto a veces tan abstracto que ha llevado a cientos de personas a luchar por lo que les pertenece, y que Galeano (como lo cita García) entendió como “un llamado al país para que vuelva a su vocación agropecuaria y pesquera, porque tenemos un modelo de desarrollo importado”.

La tercera aproximación es descrita por Ana María Restrepo como la importancia de reflexionar sobre la producción y transformación del espacio en las luchas sociales en Colombia. Su preocupación va más allá de las protestas que tienen como eje el reclamo del territorio, y logra analizar el espacio como un eje principal de las movilizaciones: “las protestas tienen sus propios territorios: lugares emblemáticos en los que se pone en juego el poder de hacer públicas las demandas; pero también tienen sus procesos de dispersión territorial: redes que constituyen regiones a veces como espacios de protección y a veces como herramienta de fortalecimiento de una acción colectiva.” Los movimientos sociales, concluye la autora, determinan las dimensiones espaciales y son determinados, a su vez, por ellas.

El último eje de análisis lo escribió Leonardo Parra para mostrar las transformaciones del mundo laboral entre 1975 y 2015 y explicar las razones de la baja sindicalización en el país, las pérdidas de las conquistas históricas de los trabajadores, y la disminución de las movilizaciones en el sector eléctrico. Para el autor, “la privatización del sector eléctrico en Colombia fue un proceso que tuvo como consecuencia la erosión de las condiciones laborales de los trabajadores.” Este proceso hizo parte de un plan estratégico que realizaron empresas privadas en dos décadas por medio de despidos masivos, sobrecarga laboral, debilitamiento de sindicatos y violencia ejercida hacia ellos por parte de grupos paramilitares, y tercerización del trabajo.

Por ese análisis profundo sobre las luchas sociales en Colombia es que Alejandro Angulo Novoa S.J. escribe en el prólogo que “su aporte material es un análisis sustantivo de las relaciones que explican las luchas sociales en Colombia y una denuncia bien fundamentada de la forma de mantener un sistema social estructurado sobre la inequidad, la famosa democracia de papel en la que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros.”

Tanto Esmeralda Prada como Camilo Borrero dejaron en evidencia durante el lanzamiento que la investigación rigurosa que hicieron los cuatro autores fue un proceso de trabajo arduo y constante. El equipo de Movimientos Sociales de Cinep/PPP recopiló información de más de 40 años de múltiples luchas registradas por la organización y, en voz de Martha C. García, dedicó el libro “a todas las personas que se han tomado el coraje de salir a las calles a alzar su voz”.

Laura Cristina Vásquez
Equipo de comunicaciones 

 

Las memorias son formas de traer el pasado al presente y proyectarlo al futuro. En ese sentido adquieren de nuevo vida dándole sentido a los grupos humanos para su existencia y constituyéndose en fundamento de sus identidades. Pero la memoria no es una sola, es plural y heterogénea, y suele entrar en disputa con otras por el sentido de ese pasado en conexión con el presente. Lo mismo se aplica para los movimientos sociales en general, y con más razón, para los colombianos dado el contexto actual en el que tiene tanta importancia los trabajos de la memoria, y no solo de las víctimas directas de la violencia. Hacia allí apunta el sistema de justicia transicional implementado por los acuerdos de La Habana y en especial el trabajo de la Comisión de Verdad. Ahora bien, no toda memoria se construye sobre traumas violentos, las hay también sobre logros y triunfos, e incluso sobre episodios cotidianos no necesariamente épicos.

En esta convocatoria del número 213 de la Revista Controversia se busca reflexionar sobre eventos y contextos de memorias disputadas en los movimientos sociales colombianos y del continente.  

Fechas:

  • Apertura: 15 de diciembre de 2018
  • Cierre: 29 de marzo de 2019
  • Publicación: junio de 2019
  • Editor del dossier: Javier Lautaro Medina
  • Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Consulta aquí el Manual de publicación para autores

 https://www.revistacontroversia.com

A más 3 meses de posesionado el gobierno de Iván Duque, esta edición de Cien Días vistos por Cinep/PPP aborda, desde diferentes perspectivas, varios puntos de su mandato. La implementación del Acuerdo Final con la FARC, la relación Congreso-Casa de Nariño, la situación de las movilizaciones sociales, la economía y las perspectivas sobre la construcción de paz en esta nueva etapa, son algunas de las reflexiones de los autores. Quo vadis?  (A dónde vas?)  es la pregunta que constituye el hilo conductor de esta publicación, y desde la cual se analiza cómo el segundo presidente más joven de la historia colombiana está asumiendo las riendas del país.

Artículos

Editorial| Quo vadis?
Política| Los comienzos del gobierno Duque. Realideramiento ideológico y recomposición del mundo político
Implementación| Vientos de retroceso en la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP
Implementación| ¿Cuál será el ritmo de la implementación del acuerdo de paz en el nuevo gobierno?
Paz| Dicotomías peligrosas: Comentarios sobre la persecución al crimen y la solución política al conflicto con el ELN
Movimientos sociales| “La palabra dicha no vuelve atrás”
Movimientos sociales| Protesta social y participación política: los riesgos de la incomprensión
Economía| Duque no corrige el daño estructural de la economía
Justicia|Reforma a la Justicia.Tensiones políticas en juego
Regiones| PDET del sur del Tolima: Incertidumbre, objetivos ambiciosos en contextos adversos y discontinuidad.
Regiones| Tumaco, de paraíso a infierno
Internacional| La política exterior de Iván Duque en cien días de gobierno

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Este número de la revista Cien Días vistos por Cinep/PPP circula cuando presenciamos el cambio de gobierno nacional. Los anteriores ocho años estuvimos, como nunca antes y como país, debatiendo el significado de la paz: completa, positiva, territorial, sustentada en los derechos de las personas víctimas, más allá de la (importante) dejación de las armas, entre otras adjetivaciones. Y así fuimos pasando de una narrativa de la necesidad de la paz a otra sobre el (in)cumplimiento y la materialización de acuerdos y sobre el papel del Estado y la sociedad civil en anular las causas objetivas del conflicto armado y en resarcir las consecuencias provocadas por la injusticia de la guerra, que le será difícil evadir al nuevo presidente.

Artículos

Editorial| Lo rural, más allá de las narrativas de paz
Acuerdos de Paz| Persistir en la implementación del Acuerdo Final: una oportunidad para cambiar la narrativa de dolor y desesperanza
Acuerdos de Paz| Erradicar la coca no arranca el problema de raíz
Acuerdos de Paz| Un nuevo enfoque para las áreas protegidas a partir de la Reforma Rural Integral
Acuerdos de Paz| Para dónde vamos con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
Educación| Plan Especial de Educación Rural (PEER), desafíos y posibilidades
Movimientos sociales| Movilización campesina en el posacuerdo
Derechos humanos| El asesinato político prefiere matar campesinos
Ciudadanías| Las juventudes rurales: una decisión crucial en la construcción de paz

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Bogotá, 16 de septiembre de 2018

Señor ministro:
En menos de mes y medio usted ha hecho dos pronunciamientos públicos sobre la protesta social. La primera vez, antes de su posesión como ministro de defensa, pidió que ésta fuera ordenada y que representara los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo. Quisiera contarle que la protesta es, ante todo, un acto disruptivo que se despliega en escenarios públicos, mediante el cual grupos diversos expresan demandas o reivindicaciones propias y particulares, motivo por el cual no puede representar los intereses de todos los colombianos. Las protestas son una forma de acción política no institucional que pone en evidencia precisamente las diferencias en el seno de la sociedad. Diferencias culturales, étnicas, de género, generacionales, religiosas, lingüísticas, de capitales políticos, económicos, de posibilidades de incidir en los asuntos que rigen la vida colectiva, entre otras.

Señor ministro: no le tema a la diferencia, es parte de este país rico en biodiversidad, es decir en formas de vidas distintas –humanas y no humanas–, capaces de interactuar. No pida la homogeneidad, nada más aburrido que ser idénticos, nada más patético y antidemocrático que el pensamiento único. No le tema a las multitudes en las calles y en las carreteras, más bien dispóngase al diálogo, a la escucha, a la mirada, al reconocimiento de las múltiples otredades que hacen este país.

La segunda vez que se refirió a la protesta –precisamente a un día de conmemorarse 41 años del Paro Cívico Nacional de 1977– la criminalizó al asegurar que es financiada con los dineros ilícitos de cinco grupos armados organizados. Con tan temeraria afirmación, usted resta la posibilidad de que múltiples y diversos grupos sociales tengan voz y visibilidad, niega la autonomía de grupos, organizaciones y movimientos sociales para expresar desacuerdos, necesidades, propuestas, ocluye la posibilidad del diálogo social al que tantas veces se ha referido el actual presidente y, lo que es peor, termina recordándonos las palabras del ministro Lemos Simonds y el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa en 1990.

Sus tesis en esta segunda intervención me suscitaron muchas preguntas y voy a plantearle algunas, recurriendo a las expresiones que en ella utilizó:
¿Sabe usted cuál de los grupos armados que “corrompen y financian la protesta social” costeó la marcha llevada a cabo en Pereira y Armenia el 13 de marzo de 1998, convocada por el comité intergremial, Fenalco, y la Iglesia Católica por el derecho a vivir, después de una oleada de actos delincuenciales y asesinatos ocurridos en estas dos capitales departamentales? ¿Cuál de esos grupos pagó la marcha convocada por la Cámara de Comercio de Caquetá el 13 de mayo de 2014, en la que participaron comerciantes y sus empleados, y ganaderos, bajo la consigna "Caquetá sí existe", para pedirle al gobierno poner más atención a la reactivación económica del departamento y atender las demandas de los paros para que no los afecte a ellos?

¿Cuáles son las mafias organizadas que siempre han estado detrás de las protestas convocadas por el Centro Democrático contra las Farc y el secuestro (por ejemplo, la del 4 de febrero de 2008) y en contra de las negociaciones de paz con las Farc y por la dignidad de las Fuerzas Armadas llevadas a cabo el 7 de agosto de 2015 y 2 de abril de 2016? ¿Esas mafias también empujaron al partido del presidente actual y a otros promotores del NO a encabezar una marcha para exigir a la mesa de negociaciones de La Habana que se respetara el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 y se tuvieran en cuenta las propuestas que hicieron, y para mostrar su rechazo a la "ideología de género" del acuerdo? ¿Han continuado financiando al CD que el 1° de abril de 2017 lideró una marcha en Villavicencio, en contra del gobierno de Santos bajo la consigna: "No permitamos que Colombia se convierta en Venezuela"?

Y recurriendo a su buena memoria, sáqueme de una duda, señor ministro: ¿cuáles son las mafias de verdad que fomentaron aquella protesta incitada por militares del Batallón de Infantería No. 40 ‘Coronel Luciano D'elhuyar’, el 29 de marzo de 1992, en El Carmen de Chucurí, con la que se intentó impedir la detención del alcalde de ese municipio y de 26 personas más investigadas por la Fiscalía por presuntamente pertenecer y/o auxiliar a paramilitares? ¿Acaso son las mismas que sufragaron la marcha nacional del 6 de diciembre de 2011, convocada por el Ejército Nacional para exigir a la guerrilla de las Farc ponerle fin al secuestro y que, según dijo el propio presidente de la República, fue una manifestación de rechazo a la violencia?

Podría contarme a mí y a otros curiosos ¿cuáles son las mafias supranacionales que respaldaron al Obispo de Cúcuta cuando lideró una marcha el 11 de octubre de 1984, contra el desempleo, la desnutrición y el analfabetismo? ¿Son las mismas que prohijaron las marchas lideradas por la iglesia católica, en septiembre de 1992, para rechazar la abolición de la enseñanza religiosa en los colegios? ¿Existe alguna relación entre las mafias internacionales que apoyan a dicha iglesia y las que impulsan las protestas de grupos cristianos como las realizadas entre 2005 y 2006 en diversas regiones del país en contra de pérdida de valores, contra el aborto y el homosexualismo, y el “arrodillatón” del 16 y 17 de mayo de 2016 en contra de la decisión de un juez de suspender la práctica de la oración antes de iniciar las sesiones del Concejo Municipal de Cartagena, atendiendo el mandato constitucional de no imponer prácticas religiosas de manera obligatoria?

¿Cuál de los cinco grupos armados organizados que usted mencionó pagó las marchas contra el secuestro llevadas a cabo en diciembre de 1996, convocadas por Francisco Santos, actual embajador en Estados Unidos, y su Fundación País Libre? ¿Cuál mafia corrompió y financió la marcha global citada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el 1° de abril de 1998, contra las formas intolerables de trabajo infantil?
Como estos, hay miles de ejemplos de protestas sociales en la historia reciente del país en los cuales, como he querido mostrar, no se podrían hacer señalamientos como los que usted hizo, que terminan criminalizándolas.
Señor ministro: buena parte de los manifestantes saben que la protesta es un derecho consagrado constitucionalmente. Pero ello no basta. Por eso, lo que también se exige en las protestas es contar con garantías para ejercer este y el derecho a tener derechos como ciudadanos de este país.

Cordialmente,

Martha Cecilia García V.
Investigadora del Cinep