Las mujeres rurales en Colombia han sido históricamente una población invisibilizada y marginalizada. La débil presencia del Estado en sus territorios en cuanto a la garantía de derechos básicos, los roles de género tradicionales de las poblaciones asentadas en el campo y la situación de violencia generalizada producida por el conflicto armado interno han contribuido a agudizar las violencias basadas en género contra ellas. Este es un informe de carácter exploratorio que da a conocer un panorama general de los diferentes tipos de violencias basadas en género que afectan a las mujeres rurales en distintos escenarios. La información aquí presentada fue recopilada a través de datos de fuentes oficiales, hallazgos de investigaciones previas y entrevistas a integrantes de la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas y la organización Sisma Mujer[1].

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[1] Organización de carácter feminista que busca contribuir a la consolidación del movimiento de mujeres en Colombia. Desde 1998, Sisma Mujer trabaja desde un enfoque jurídico y de derechos humanos por la ampliación de la ciudadanía de las mujeres y por su empoderamiento individual y colectivo (Sisma Mujer, s.f.).

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Del 18 de febrero al 8 de marzo se llevarán a cabo las reuniones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en Ginebra, Suiza. En esta ocasión el comité revisará el estado de los derechos de las mujeres en: Angola, Antigua y Barbuda, Botswana, Colombia, Etiopía, Serbia y el Reino Unido.

En Colombia fueron 70 las organizaciones sociales que se articularon para crear un informe alternativo que diera cuenta de la grave situación en términos de garantías de derechos que enfrentan las mujeres rurales y campesinas del país. Estas organizaciones realizaron la verificación a las observaciones finales de los informes periódicos 7º y 8º combinados de Colombia y al 9º informe periódico presentado por el gobierno colombiano ante el Comité CEDAW, entre otros documentos. Con estos insumos construyeron el primer “Informe Sombra” específico de mujeres rurales y campesinas de Colombia, que se presentó el 18 de febrero en la 72º Sesión del Comité CEDAW.

En este evento participó Diana Sauna de la Comunidad Wiwa de la Sierra Nevada y en su intervención alertó e hizo un recuento de los 7 casos de comunidades de mujeres rurales que en Colombia ejemplifican la violación de derechos a varios niveles y en diferentes partes del país por parte del Estado, las empresas y los actores armados.  Marlen Alfonso de la Plataforma de incidencia política de mujeres rurales colombianas también tuvo un espacio en donde se centró en cuatro puntos principales: La inequidad en la estructura económica pauperiza el trabajo de las mujeres rurales, el Sistema Estadístico Nacional no integra indicadores de género, el Estado colombiano restringe los mecanismos de participación de las mujeres rurales y campesinas, persiste una adopción de marcos legales regresivos en materia agraria y económica.

Después de las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil en Colombia, el CEDAW hizo preguntas específicas al Estado colombiano a partir de lo discutido el pasado 18 de febrero con las organizaciones. Se esperan las recomendaciones finales de parte del comité para todos los países, el lunes 11 de marzo.

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En el Día Internacional de la Mujer Cinep/PPP se aproxima a sus luchas a través de las mujeres rurales colombianas. Sus trayectorias son muestra del limitado rol cultural que se les ha asignado a las mujeres y ejemplifican el tesón y la persistencia que se requiere para sobrepasar los obstáculos sociales, culturales, económicos y legales.

Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario el 46 % de las mujeres viven en zonas rurales. Este estudio dejó en evidencia la desigualdad que persiste para las mujeres en el sector rural. Por ejemplo, los hombres tienen un 60 % de incidencia en las decisiones sobre el uso y producción de la tierra, mientras que la mujer solo cuenta con 24% y en un 16.5% se comparte la decisión. En total las mujeres inciden en esta decisión tan solo en el 40,5%.

Lo anterior, a pesar de los logros normativos que, vale la pena destacar, han sido producto de la perseverancia de mujeres y hombres del sector rural y que carecen del compromiso por parte del Estado colombiano para su implementación.

Norma Villarreal, consultora sobre género y desarrollo rural para Oxfam y Onu Mujer, habló con Cinep/PPP, y explicó algunos de los hitos en el desarrollo de la política pública dirigida a las mujeres rurales que se conecta a su vez con la evolución del movimiento campesino de mujeres. Según ella este proceso se viene gestando desde 1984 cuando “a través del Conpes se crea una política para lograr que las mujeres rurales tengan acceso a los instrumentos de la política agropecuaria”.  Villarreal añade que a partir de ese reconocimiento se fortalecen los procesos organizativos de las mujeres campesinas que “en 1988 logran que el Congreso de la República en la ley 30 (las) incluyan como adjudicatarias de tierras”. Lo anterior, para la investigadora, sugiere  una gran transformación, porque desde entonces de empiezan a reconocer las mujeres rurales como sujetos de derecho. A lo anterior se suma otro de los hitos: La ley 731 de 2002. Considerada pionera en Latinoamérica, esta ley es muestra de la falta de compromiso del Estado colombiano. Si bien En se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales la implementación ha  sido, para las mujeres rurales, “un fracaso”.

La lucha por lograr el reconocimiento político del campesinado colombiano, que incluye por supuesto a las mujeres campesinas, apenas comienza. Según información disponible en prensa el proyecto presentado ante el legislativo se hundió en la plenaria, lo que muestra un “sesgo anticampesino”. Este proyecto de ley busca el reconocimiento de los derechos que hombres y mujeres campesinas tienen a las semillas, a la construcción social del territorio, a la equidad de género en la distribución de los recursos productivos en el campo y a que su voz sea tenida en cuenta en consultas populares. La deuda con el sector rural es histórica y con las mujeres campesinas aún mayor, pues ellas han tenido que enfrentar una estructura patriarcal que impone a la sociedad un sesgo sobre el rol productivo de la mujer; adicionalmente, son víctimas de la guerra y llevan sobre sus hombros el sustento de sus familias.

El testimonio de Sandra Saenz, coordinadora de la red de mujeres de la provincia de Velez Santander, expone la labor que día a día desde sus parcelas adelantan mujeres rurales colombianas por ganarse el reconocimiento de sus pares y de la sociedad colombiana.“Hemos venido dando luchas año tras año para poder hacer visible a la mujer rural, si bien es cierto se han sacado políticas en los departamentos y a nivel nacional de mujer, a veces con tanta diversidad de mujeres, la mujer rural siempre es una de las más invisibles y no se ve la importancia que tenemos las mujeres rurales al aporte que hacemos al desarrollo de Colombia, a la economía, no se valora. Y la mujer rural tiene muchas dificultades, porque por ejemplo,  a los hombres se les dan proyectos y  no se les llama hombres rurales u hombres campesinos, se les llama los caficultores, los paneleros, los palmicultores, los ganaderos y son proyectos de gran envergadura, en cambio las mujeres rurales no tenemos esa calificación de proyectos o de empresarios, simplemente somos: las mujeres campesinas, y eso trae una gran consecuencia porque si bien es cierto somos quienes producimos no se valora lo que producimos, tenemos que sufrir el problema de los intermediarios y la subvaloración de los oficios que hacemos en el campo”.

Este día conmemoramos junto a todas las mujeres sus luchas, resistencia y persistencia para continuar trabajando junto a ellas por la reivindicación y defensa de sus derechos. 

Jennipher Corredor
Equipo comunicaciones