El 25 de noviembre se conmemora el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta nota damos una mirada a cómo viven este flagelo las mujeres rurales, afro e indígenas en Colombia.

Las calles de Colombia y sus principales ciudades se llenan de reclamos este 25 de noviembre. La movilización en contra de la violencia de la mujer se realiza en Barranquilla, Cartagena, Popayán, Cali, Bogotá, Quibdó, Medellín, Villavicencio y otros centros urbanos donde también la cultura hace parte de las manifestaciones. En Colombia, las mujeres tienen razones para marchar. Según Vamosmujer.org, cada 6 horas, una mujer colombiana es abusada por causa del conflicto armado y un promedio diario de 245 son víctimas de algún tipo de violencia.  

Según ONU Mujeres, la violencia contra la mujer es una de las causas de muerte tan graves como el cáncer durante la edad reproductiva. En Colombia, la pandemia ha multiplicado las cifras de casos de violencia contra la mujer en las comunidades más vulnerables e incrementado las dificultades históricas de las mujeres campesinas, indígenas y afro. Según el más reciente informe del DANE “Brechas de género en Colombia”, se han registrado 123% más llamadas por violencia intrafamiliar de marzo a agosto en 2020 en comparación con el 2019, sin contar a las mujeres en hogares bajo la imposibilidad de salir o concertar encuentros para su apoyo. 

Por su lado, la Fiscalía registró 55 feminicidios desde el 25 de marzo hasta el 31 de julio, mientras el Observatorio Feminicidios Colombia, la Fundación Pares y la Fundación Feminicidios Colombia suman 158, según el portal Distintas Latitudes. Y, como sabemos, hay muchos casos de abuso sin denuncia y no pueden ser contabilizados.

Un foco importante de violencia se encuentra alrededor de las mujeres campesinas, afro e indígenas, que hacen parte de poblaciones históricamente relegadas y víctimas de todo tipo de violencias, física y psicológica, sumadas a la fuerza que estigmatiza su trabajo y cultura desde el interior del país. El informe para el Cinep / PPP con apoyo de Mujer Rural y Derecho a la tierra ‘Violencias basadas en género contra mujeres rurales’ se explica cómo la violencia basada en género se cruza con las dificultades del campo como son el acceso a la tierra, informalidad laboral, la tasa de analfabetismo en el campo, escasez de recursos económicos y la falta de oportunidades para el área rural. En este contexto, las mujeres campesinas no sólo deben soportar los abusos que genera la condición de ser mujer, sino la frecuencia de estas situaciones de peligro sin la posibilidad de buscar ayuda cercana o redes de apoyo en el campo.

Cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) muestran que “el 69 % de las víctimas de violencia física son personas entre 15 y 39 años, 78,5 % de las víctimas son mujeres, 78 % de los agresores son hombres, y en el 74 % de los casos el agresor es un familiar de la víctima; la mayoría de las veces la pareja o expareja de esta”. Además, los asesinatos según factor de vulnerabilidad de la víctima se dan mayormente en campesinas y trabajadoras del campo.

El trabajo de la mujer rural: esfuerzo sin remuneración

Si bien nuestra seguridad alimentaria depende en un alto porcentaje del trabajo campesino, este trabajo no se paga debidamente, y a esta situación se suma el trabajo no remunerado, espacio en el que las mujeres campesinas dedican más horas que las mujeres que viven en zonas urbanas, y en donde se intensifica la violencia sexual a causa de las condiciones de vida y vivienda en el campo, donde ellas habitan a largas distancias unas de otras, dificultando la búsqueda de ayuda y respuesta a llamados de auxilio inmediatos.

Ana María Restrepo, investigadora del Cinep/PPP, explica que existen violencias subjetivas a causa del desconocimiento de los aportes productivos de las mujeres en el campo. “Se dice que las mujeres no aportan nada. Es violento no reconocer formas de producción en huertas de plantas medicinales, por ejemplo, que no se reconocen como trabajo productivo, sino que se habla de labor de cuidado, pero si un hombre hiciera esta siembra no sería cuidado sino trabajo productivo. También es necesario aclarar qué entendemos por violencia, porque la discriminación termina siendo una forma de violencia”.

La ONU especifica las siguientes categorías como violencia general contra la mujer: violencia por un compañero sentimental, ya sea física, psicológica o feminicidio; violencia sexual y acoso, que incluyen violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y acoso cibernético; trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); mutilación genital, y matrimonio infantil. Sin embargo, existen formas de violencia normalizadas en la sociedad y que se viven con mayor fuerza en las áreas rurales.

“Existe violencia económica y patrimonial en Latinoamérica, hay países en los que las mujeres no heredan sino el hombre, o que están en inseguridad en la posesión de sus tierras porque los títulos están a nombre de los hombres. En casos de desaparición forzada muchos de los accesos a créditos implica que se sea titular, y si las mujeres no la tienen y los hombres no están, no pueden acceder a créditos productivos”, explica Restrepo.

En Colombia, la Corte Constitucional en la Sentencia T-012 de 2016 reconoce las manifestaciones de violencia económica aquellas en las que el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y el proyecto de vida de la mujer, según el informe VBG. Según OXFAM, un pago inferior a las mujeres por el mismo trabajo que realiza un hombre o adjudicar toda la carga de cuidado de niños y familia sin remuneración son manifestaciones de violencia contra la mujer. “Aproximadamente el 31, 3% de trabajadoras agrícolas en Colombia son consideradas ayudantes sin salario” y “solo el 26% de las mujeres tienen titularidad sobre las tierras”.

Apropiación de territorios y racismo: la lucha doble de las mujeres afro e indígenas

En Colombia, el conflicto armado propició una serie de violencias específicas que han afectado con mayor rigor a las mujeres rurales, afro e indígenas; además los proyectos extractivos en zonas particulares como La Guajira han creado violencias que enfrentan mujeres de grupos étnicos, empobrecidas y de sectores populares que habitan territorios en disputa por el uso del suelo o recursos ambientales, según Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de interculturalidad de Cinep/PPP. Laura explica que estos territorios habitados por grupos étnicos se leen como sacrificables y apropiables, además de que es importante leer la situación en clave de género.

“Sí hay afectaciones particulares en las mujeres que habitan territorios en donde hay intereses de explotación minera, como es en el caso del sur de La Guajira, la explotación de carbón siendo El Cerrejón una de las minas más grandes a cielo abierto, ha afectado el acceso al agua, y las mujeres Wayúu de manera particular tienen un vínculo no solo material, sino espiritual con el agua, accesos que han sido afectadas por la explotación de carbón”, afirma Perneth. 

Además, insiste en que “cuando leemos el proyecto económico fundamentado en el extractivismo, no es solo un proyecto económico, capitalista, también es un proyecto racista, en tanto que entiende que llega a territorios habitados por grupos étnicos los puede despojar, los puede violentar, porque son territorios y sujetos sacrificables y de menor valía en términos humanos. Mujer de comunidades negras cuentan cómo se ha afectado su soberanía alimentaria en tanto que, al ser despojadas, ya los nuevos lugares que tienen que habitar no tienen la capacidad de producir alimentos que garantizaban la alimentación en esas formas culturalmente construidas”.

Es por esto que las mujeres afro, indígenas y palenqueras han tenido que transitar a otras economías como el trabajo doméstico o el trabajo informal en sectores urbanos o semiurbanos, que “también generan violencias de corte racista porque cuando llegan a estos escenarios son leídas como las ‘indias’ o ‘mujeres negras’, siempre dispuestas a relaciones racializadas que discriminan y excluyen”. Estudios en 2017 del Observatorio de Mercado Laboral de Cartagena indican que la brecha entre hombres y mujeres era amplia, pero la cifra era mayor cuando estas mujeres eran jóvenes afro de estrato 1 y 2, donde la diferencia era de un 35%.

Por otra parte, las mujeres negras en zonas urbanas también se han visto afectadas. En Cartagena, por ejemplo, por el turismo a gran escala que, según Laura, usa los cuerpos negros como “cuerpos que pueden ser consumidos en el marco del turismo”. Allí “las mujeres negras no solo se emplean en un trabajo en específico, sino que son llevadas a vender su identidad, ha habido incluso ofertas laborales en donde hay especificaciones raciales para ocupar esas plazas. La acumulación de capital del turismo lo hace con los cuerpos de mujeres negras que se venden como un producto de consumo en esa economía turística, pero ese capital ellas no lo acumulan, por eso es importante considerar efectos de economías extractivas como turísticas”.

Las desigualdades hacia mujeres de comunidades sometidas a economías y tratos racistas no son resultado de los cambios que produjo la pandemia, sino que son consecuencias de estructuras históricas que se han potenciado y, de alguna forma, visibilizado a causa de la pandemia, que ha revelado la importancia del trabajo remunerado a las mujeres y la necesidad de reconocer labores domésticas como trabajo productivo. Según el DANE, en Colombia el 65% de profesionales en el sector salud son mujeres, sin embargo, el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se han visto más afectados que antes, y aún más en las zonas rurales del país en donde la presencia estatal ya era precaria antes de la pandemia.

Por: Valentina Meneses. Equipo de Comunicaciones Cinep/PPP

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

¿Quién es Joe Baiden? Joseph Robinette Biden, nació en Pensilvania, el 20 de noviembre de 1942. Ejerció como vicepresidente de los Estados Unidos durante los 8 años de la presidencia de Barak Obama, de 2009 a 2017. Y fue senador por el Estado de Delaware 36 años, 1973 a 2009. Toda una extensa y vasta experiencia en la vida política de los Estado Unidos.

Biden realizó sus estudios en la Universidad de Delaware y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Siracusa obtuvo el título de doctor en derecho en 1969. Biden, pertenece al partido demócrata. Fue presidente de la comisión de relaciones exteriores del senado. Se opuso a la Guerra del Golfo en 1991, pero apoyó la expansión de la alianza militar del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Europa del Este y su intervención en las Guerras Yugoslavas de los años 90. Respaldó la resolución que autorizaba la guerra de Irak pero se opuso al aumento de tropas estadounidenses en el 2007. Se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado, ocupándose de temas como la política de drogas. Trabajó en el impulso de la ley de violencia contra las mujeres, si bien tuvo una acusación de agresión sexual por una mujer, que no ha prosperado. Es un político pro comunidad LGBT; apoyó el matrimonio igualitario y en su campaña prometió más leyes para proteger los derechos de esta comunidad. Además, por sus posiciones contra el racismo recibió amenazas de muerte, y su enfoque frente a las políticas migratorias señalan un horizonte más moderado, por eso el voto latino de apoyo a Biden fue evidente.

Que haya ganado Biden, como dijo Van Jones de la CNN, significa que “el carácter sí importa, que decir la verdad sí es importante y que ser una buena persona vale la pena”. Y añadió, “podrán estar un poco más tranquilos sin Donald Trump en la Casa Blanca: los inmigrantes, separados de sus hijos de manera arbitraria; los negros que han tenido que enfrentar, en los últimos años, el abuso de racistas que se han sentido empoderados con el racismo del presidente de Estados Unidos; y, los musulmanes que han sufrido los trinos de Trump quien los hace sentir no bienvenidos en su propio país”.

De otra parte, como lo afirmó Juanita León y Carlos Hernández en La Silla Vacía, aunque el triunfo de Joe Biden no cambiará substancialmente la relación bilateral con Colombia, que él y no Trump esté en la Casa Blanca sí crea un “tono”, un ambiente y una noción más “aceptable” en la política. Ahora bien, fue significativo que, durante la Cumbre Concordia Américas, realizada el año 2018 en Bogotá, Biden instó al presidente Iván Duque a no renunciar al proceso de paz con las FARC y expresó:

“el acuerdo de paz fue un gran avance y no debe ser algo minimizado ni ignorado. Es importante moverse de la negociación a la implementación”.

El Papa Francisco, en septiembre de 2015, en su discurso al Congreso de los Estados Unidos, estando presente el entonces vicepresidente Biden, expuso la problemática de los migrantes y los refugiados y la prioridad de atender con dignidad a millones de personas que viajan al norte en busca de una vida mejor. Pidió un trato humano, justo y fraterno. Apoyado en Laudato Si, pidió la atención urgente a los graves problemas ambientales, establecer acciones y estrategias osadas para implementar una ‘cultura del cuidado’ y una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente producir riqueza, pero de manera fecunda, cuidando la vida humana, la naturaleza y mejorando el mundo para todos y no para unos pocos. Esperemos que Biden no haya olvidado esta invitación del Papa.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el primer informe sobre el enfoque étnico en la implementación del Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este informe cubre el período desde el primero de junio de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020.  El análisis está orientado a la verificación del cumplimiento de los compromisos que respondan a las necesidades particulares de los pueblos y comunidades étnicas, identificando oportunidades de mejoramiento para contribuir a su reconocimiento como sujetos colectivos e individuales de derechos y a la protección de sus identidades, de acuerdo con lo establecido en el capítulo étnico del A.F.

 

 

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Esta semana Patricia Linares entregó su cargo como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al magistrado Eduardo Cifuentes Muñóz. Con 7 macrocasos en marcha, más de 308 mil víctimas acreditadas, y el compromiso de 12 mil comparecientes incluyendo a la mayoría del antiguo Secretariado de las Farc, este órgano creado por el Acuerdo de Paz empieza una nueva etapa consolidándose como modelo de la justicia transicional en el mundo.

Tras dos años de funcionamiento, avances y tensiones en la Jurisdicción Especial de Paz, llega un nuevo presidente justo en momentos en que el partido de Gobierno nacional impulsa un referendo para hacer “reformas de fondo o derogar” la JEP. Con 7 macrocasos en marcha, más de 308 mil víctimas acreditadas, y el compromiso de 12 mil comparecientes incluyendo a la mayoría del antiguo Secretariado de las Farc, este órgano creado por el Acuerdo de Paz empieza una nueva etapa consolidándose como modelo de la justicia transicional en el mundo.

El magistrado Eduardo Cifuentes, abogado de profesión y ahora nuevo presidente de la Jurisdicción recibe una entidad que goza del apoyo de grandes sectores sociales y ciudadanos en Colombia, así como de la comunidad internacional. 

En el acto de posesión que tuvo lugar en la sede de la Jurisdicción el miércoles 4 de noviembre,  el magistrado Cifuentes aseguró que la JEP tiene un marco legal sólido gracias al blindaje constitucional del Acuerdo Final de Paz y todas las instituciones creadas en el marco del mismo. Por eso, “la JEP es inderogable en el derecho interno e internacional, y el Estado colombiano y sus gobernantes tienen que cumplir con los deberes que emanan del proceso de paz”, puntualizó.  El nuevo presidente de la JEP convocó a un movimiento ético y espiritual por la defensa de la paz.

El embajador de Alemania Peter Ptassek, la embajadora de Suecia Helena Storm, y la embajadora de la Unión Europea Patricia Llombart reiteraron su apoyo al nuevo director de la Jurisdicción, así como a la labor de la Jep. A este espaldarazó se sumó el de la Corte Penal Internacional (CPI), que representada por el vicefiscal James Stewart y la jueza Luz Ibañez Carranza, declaró que la JEP se puede convertir en un modelo de justicia referente en el mundo.

Entre los avances que se producirán prontamente el Presidente de la JEP habló de los casos 001 y 003, sobre retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP y muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, que “están próximos a adoptar escritos de determinación de hechos y conductas”. Por su parte, la nueva vicepresidenta de la Jurisdicción Alexandra Sandoval, dedicó una parte de su discurso al avance de la entidad, resaltando la labor de Linares.

Más de 308 mil víctimas acreditadas, más de 12 mil comparecientes

El comunicado de la Jurisdicción sobre el balance de la labor de Linares abre señalando que ella “fue la mujer llamada a despejar el camino para el modelo de justicia transicional que se encargará de sancionar los crímenes más atroces cometidos en el marco de 50 años de conflicto armado”. La magistrada Patricia Linares abrió camino inicialmente con un difícil tránsito en el Congreso y en medio de un panorama político de ataques dirigidos desde la oposición a la paz por parte de la derecha.

Pese a los percances, Linares deja la presidencia con una Jurisdicción funcionando en pleno, que ha aceptado el sometimiento de 12.617 personas (entre ex integrantes de FARC, agentes del Estado y terceros civiles); ha iniciado 7 macrocasos sobre algunos de los temas relevantes del conflicto; ha tomado 21 medidas cautelares como la que protegió el cementerio de Dabeiba; y ha acreditado más 308 mil víctimas para que participen en los distintos momentos procesales de los macro casos abiertos. 

Avances que Linares califica como “firmes y significativos a pesar de los múltiples obstáculos que hemos podido superar” gracias al apoyo de víctimas, sociedad civil, comunidad internacional y diversos sectores políticos. La magistrada concluyó su balance llamando al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, al tiempo que recordando a sus colegas que ocuparán la presidencia y vicepresidencia de la JEP por dos años, que “50 años de confrontación armada exigen de un trabajo sostenido y riguroso ajeno a las presiones que se ejercen aplicando las lógicas propias de la guerra”.

Por: Juanjosé D. Gutiérrez R., Comunicaciones CINEP/PPP.

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Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La Minga indígena llegó a Bogotá el diecinueve de octubre tras varios de días de movilización desde el Cauca, a ella se unieron los estudiantes, las comunidades campesinas y afrocolombianas, así como colectivos culturales y de derechos humanos. Pero, ¿cuál era el propósito de la Minga? Los coordinadores expresaron que el objetivo central de ella era político y no precisamente reivindicativo, es decir, no se trataba de pedir cosas o beneficios, sino de hacer un llamado por la defensa de la vida, del territorio, la democracia y de la paz. Y esto, debido a cuatro puntos principales: el primero, los asesinatos de los líderes sociales, muchos de ellos indígenas. El segundo, el incumplimiento de los acuerdos de paz con las antiguas Farc; en tercer lugar, el incumplimiento de los pactos alcanzados en las pasadas movilizaciones del año pasado y, en cuarto lugar, la concentración de poder por parte del actual gobierno, debilitando la democracia y el Estado social de derecho.

Una meta de la Minga era preguntarle el presidente Iván Duque, qué había hecho para detener el baño de sangre que vive el departamento del Cauca en un año en un año que suma nueve masacres, con treinta y seis víctimas mortales. Además, con diez asesinatos de integrantes de organizaciones afiliadas a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro-, cifra que hace parte de los setenta y seis homicidios de líderes que ya registra esta zona del país, afirmaban representantes de la movilización.

Pero a pesar del llamado de la Minga al diálogo, el presidente no accedió. La Minga buscaba crear un diálogo sincero desde sus territorios, como ciudadanos, como constituyente primario del Estado.

El presidente no se acercó, lo máximo que hizo fue enviar emisarios del alto gobierno, pero no escuchó en directo la voz de la Minga. El gobierno fue sordo y no estableció una relación directa para generar una conversación sincera y transparente entre diversos, para crear un camino constructivo que ayudara a debilitar alternativas de confrontación, desarmando los conflictos negativos, que solo llevan a represar los problemas, a no afrontarlos y a hundir a la gente en el dolor y la pobreza.

Si la Minga buscaba un diálogo directo con el presidente de Colombia, es porque lo reconocen como tal. El diálogo con la Minga, era una gran oportunidad. Pero de nuevo se desaprovechó y el Gobierno prefirió señalarla como una estrategia de los violentos y desconocerla.

Finalmente, la Minga dejó siete enseñanzas ejemplares: primera, la protección de bienes públicos, durante siete días no se conoció ningún acto de vandalismo o daño. Segunda: la limpieza de los lugares en los que se hospedaron los indígenas quedó impecables. Tercera: fue una movilización organizada tanto en Bogotá, como en su recorrido por las carreteras nacionales, sin bloqueos al transporte público. Cuarta: la guardia indígena estableció mecanismos para evitar las infiltraciones de personajes que pretendieran producir disturbios. Quinta: la minga mantuvo su propia movilización si bien apoyaron el paro nacional convocado por centrales obreras, Fecode y estudiantes, entre otros sectores. La sexta enseñanza se refiere al uso de canales democráticos para dar cuenta de los resultados políticos de la Minga a las comunidades. Finalmente, la séptima enseñanza se refiere a la distancia que tomó la Minga de los intereses partidistas.

En la carta encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco no dice: “los pueblos originarios no están en contra del progreso, si bien tienen una idea de progreso diferente, muchas veces más humanista que la de la cultura moderna de los desarrollados. No es una cultura orientada al beneficio de los que tienen poder, de los que necesitan crear una especie de paraíso eterno en la tierra. La intolerancia y el desprecio ante las culturas populares indígenas es una verdadera forma de violencia. Pero ningún cambio auténtico, profundo y estable es posible si no se realiza a partir de las diversas culturas, principalmente de los pobres”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.