La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el segundo informe de verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este informe cubre el período entre el primero de septiembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021. El análisis está orientado a la verificación del cumplimiento de los compromisos que respondan a las necesidades particulares de los pueblos y comunidades étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y Rrom; identificando oportunidades de mejoramiento para contribuir a su reconocimiento como sujetos colectivos e individuales de derechos y a la protección de sus identidades, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Étnico del A.F.

 

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Organizaciones de Colombia y Guatemala solicitan una audiencia pública a la (CIDH) sobre la criminalización contra defensoras y defensores del territorio, la tierra y el ambiente en el marco de la pandemia.

Veinticinco organizaciones sociales de Colombia y Guatemala solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en su próximo período de sesiones que se desarrollará virtualmente del 21 de junio al 2 de julio. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH (Guatemala) y el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP / Programa por la Paz (Colombia), en alianza con otras ongs, dirigieron la solicitud a María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH en Washington, desde abril pasado. 

“En Guatemala y Colombia, la criminalización contra defensores/as de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente en contextos de transición como un fenómeno regional, es parte de un continuum de violencia que no terminó con la firma de los Acuerdos de Paz, sino que más bien mutó de manera considerable”, alertan los solicitantes de la audiencia que tiene por objeto  poner en conocimiento de la CIDH la grave situación de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente, en los países de Colombia y Guatemala, así como sus implicaciones en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. 

Las organizaciones buscan presentar casos concretos de las graves situaciones y vulneraciones de derechos humanos en ambos países, a través de patrones sistemáticos de los procesos de criminalización de líderes/as, dirigentes comunitarios, étnicos, campesinos y defensores/as de derechos humanos, que reclaman y reivindican el legítimo derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente en Guatemala y Colombia. Y para ellos, primero, expondrán la caracterización y delimitación del fenómeno de la criminalización contra comunidades campesinas y afrodescendientes, pueblos indígenas y defensores del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente y, su impacto en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. Y en un segundo momento, mostrarán los principales patrones en los cuales se explica el aumento de la criminalización y su correlación con la vulneración de derechos fundamentales de las personas defensoras del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente

En la solicitud se alerta sobre la preocupación por la violación a los derechos fundamentales a la protesta social, la libre expresión, y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia y Guatemala en el marco de estados de excepción ocasionados por la pandemia, así como la expansión sin precedentes de las actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la agricultura a gran escala, los monocultivos y la deforestación. 

Durante el año 2019 Colombia fue el país donde más se cometieron asesinatos contra defensores del medio ambiente en el mundo, y Guatemala el sexto, según informe de la ONG Global Witness de julio de 2020, señalan las ongs en la solicitud a la CIDH. 

A continuación la carta con la solicitud:

 

 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Por: Comunicaciones CINEP / PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El 2 de mayo el Gobierno solicitó al Congreso el retiro del proyecto de reforma tributaria, erróneamente titulado ley de solidaridad sostenible, radicado por el Ministerio de Hacienda a mediados de abril y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto. Sin duda, la persistencia e impulso de las marchas ciudadanas, que desde diversos sectores sociales se organizaron, resultaron ser efectivas. El riesgo y el temor de una mayor contaminación por la pandemia, no fue motivo para que la ciudadanía, la gran mayoría de ella marchando pacíficamente, dejara de expresar su indignación frente a una ley que lesionaba la frágil situación de una gran mayoría de hogares colombianos. El DANE afirmó que en el país hay 21 millones de personas en pobreza monetaria y en pobreza extrema 7 y medio millones más, es realmente crítica la situación.

Pero lo desastroso de esta situación, fue el número aún indeterminado de personas victimizadas. Los manifestantes, en especial jóvenes, han sido recibidos con una violencia inadmisible por parte de los miembros de la fuerza pública. Son ciudadanos reclamando derechos, indignados, lo que explica, no justifica, sus actos violentos. Pero no son terroristas ni criminales. Los hechos dejan un saldo doloroso y preocupante, según informaciones por confirmar, decenas de asesinatos de civiles y un policía; centenares de heridos civiles y fuerza pública; centenares de detenciones arbitrarias y desaparecidos, así como denuncias de abuso sexual contra mujeres. Esta reacción de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza policial y la violencia de algunos ciudadanos contra ella, se da en un contexto generado por el mismo gobierno, no solo al radicar la ley de reforma tributaria, sino por los efectos estructurales de políticas que protegen ferreamente los capitales y que profundizan la desigualdad y la pobreza. De todas formas, la violencia, venga de donde venga y por los motivos que sean, no es la fórmula, ni la salida para el manejo y desarrollo de la movilización social.

Pero el panorama no está claro. ¿Qué significa para el gobierno tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto de reforma tributaria? ¿Estará pensando en no afectar a las clases populares ni a los estratos medios? ¿Les impondrá a los más pudientes y a los grandes capitales las contribuciones que necesita y les eliminará las exenciones? ¿Perseguirá a fondo la corrupción para alcanzar a recoger los 23 billones de pesos que dice necesitar, en un país donde la corrupción ronda por los cincuenta billones anuales?

El gobierno no muestra alternativas consistentes, en su lugar, muestra profundas dudas, falta de manejo y grandes desafíos, en medio de un contexto político preelectoral. Al contrario, la convocatoria y el clima de protesta continua, y a él se agrega el creciente descontento por los efectos sociales de la la pandemia que ha cobrado en el país la vida de más de setenta y dos mil personas y ha sido determinante para el aumento del desempleo y la pobreza.

El comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia del 4 de mayo denuncia frente a esta situación crítica que vive el país que la la violencia no soluciona nada, solo produce sufrimiento y muerte. Hace énfasis en que la protesta pacífica es un derecho y una alternativa válida para lograr respuestas a las necesidades y reclamos sociales, teniendo en cuenta hoy la grave emergencia sanitaria que estamos viviendo por cuenta la pandemia. Rechaza decididamente, sea cual fuere su proveniencia, todos los actos de violencia, las violaciones a los derechos humanos, las muertes, la desaparición de personas y cualquier atentando contra la integridad física de cualquier persona. Y hace un llamado urgente y clamoroso: ¡Que se detenga, por el bien de todos, la espiral de violencia y el círculo de muerte que se están impulsando! Y como afirma el Papa en Fratelli Tutti, es urgente abrir los canales para el diálogo social, para afrontar la compleja situación que vivimos.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

Te invitamos al Seminario sobre “¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020”, publicación que estudia a esta guerrilla y cómo actúa en las regiones para tender puentes que permitan una salida negociada al conflicto. 

Seminario El ELN como configuración federada: una mirada desde los estudios regionales (abierto al público) 

Mayo 11

9:00 am: Fernán González S.J.

9:10 am: Henry Ortega (Catatumbo), Juan Diego Forero (sur de Bolívar), Andrés Aponte (Arauca), Daniel Amaya (Cauca-Nariño), Valentina González (Chocó), Andrés Aponte (panorama nacional), Fernán González (conclusiones generales).

10:20 am: Receso

10:30 am: Conversatorio con Socorro Ramírez, Alejo Vargas, Carlos Velandia, Angelika Rettberg y Fernán Gonzáles S.J., con la moderación de María Alejandra Villamizar. 

11:30 am: Preguntas 

Transmisión en vivo por https://youtu.be/1OR6rHcbRG4 y Facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz.

Lanzamientos regionales del libro "¿Porqué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964 - 2020"(cerrado al público) 

Mayo 13

Lanzamiento regional en el sur de Bolívar*

Barrancabermeja, Santander.

Hora: 8:00 am. 

Mayo 28

Lanzamiento regional en Chocó*

Quibdó, Chocó.

*Evento presencial con invitación. Si desea asistir, envié un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El libro "¿Porqué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964 - 2020" de la colección Territorio, Poder y Conflicto, que fue lanzado el pasado 8 de abril: https://bit.ly/PorQueEsDificilNegociarELN 

Encuentre el lanzamiento acá: 

Por: Comunicaciones Cinep/PPP. 

Ante la situación que vive el pueblo colombiano, desde el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/Programa por la paz manifestamos nuestra indignación y desasosiego ante las graves violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo contra la población en diferentes puntos del país desde el pasado 28 de abril.

Desde ese día, Colombia vive una serie de movilizaciones masivas en contra de la reforma tributaria, con la cual el gobierno de Iván Duque pretendía solventar el déficit fiscal producto de varios factores: 1) el aumento del gasto para enfrentar la emergencia sanitaria; 2) la disminución del recaudo por la recesión económica y 3) las exenciones tributarias para los grandes capitales aprobadas por este mismo gobierno en 2019.

La mayor parte de los recursos de la reforma iban a provenir de la ampliación de la base gravable del impuesto de renta y del impuesto al consumo a más productos de la canasta básica familiar. Aunque al iniciar las protestas primero se anunció el retiro de algunas de las medidas más impopulares y regresivas y luego de la reforma en su conjunto, la movilización continuó y cobró fuerza, tanto por la feroz represión policial y militar como por el cambio sustantivo en el carácter de las protestas: de una oposición a la reforma tributaria a una convergencia de múltiples demandas ciudadanas relacionadas con la profunda desigualdad y pobreza que en medio de la pandemia se agudizó en Colombia.

Se trata de una conflictividad que viene acumulada de años atrás expresada desde el Paro Cívico Nacional que inició el 21 de noviembre de 2019. De fondo, emergen como factores explicativos de esta conflictividad los siguientes elementos: el agotamiento del modelo económico imperante que no ofrece horizontes de futuro a la inmensa mayoría de la población colombiana, sobre todo a la juventud; la frustración de amplios sectores de la sociedad cuyas expectativas políticas se vieron frustradas con el actual gobierno dada su política displicente con el Acuerdo de Paz y contraria al clima político de apertura democrática; y una profunda crisis en las instituciones del Estado conllevando a la desconfianza en amplios sectores de la sociedad.

La represión y criminalización del derecho a la protesta social en Colombia no es una práctica excepcional. Recientemente, las jornadas de protesta que comenzaron el 21 de noviembre de 2019, las del 9 de septiembre de 2020 y las que iniciaron el 28 de abril de 2021 han sido duramente reprimidas por la Fuerza Pública. La multiplicidad de hechos y de víctimas causadas en varios lugares del país dificulta tener una cuantificación exacta de lo que ocurre en tiempo real; sin embargo, las denuncias públicas y la circulación de videos y audios hacen evidente la sistemática violación de Derechos Humanos contra la población que ejerce su derecho a la protesta, e incluso, contra quienes no participan de las movilizaciones.

Son diversas las graves violaciones de Derechos Humanos denunciadas: ejecuciones extrajudiciales con armas de fuego contra mayores y menores de edad, detenciones arbitrarias, desapariciones, abusos sexuales contra mujeres, lesiones a causa del uso de gases lacrimógenos u otro tipo de armas accionadas por la Fuerza Pública contra los manifestantes causando graves heridas, el uso de ambulancias para detener y torturar a los manifestantes en su interior, y el uso de gases lacrimógenos caducos con efectos tóxicos y agresiones contra personas detenidas a quienes coaccionan a borrar los registros fílmicos de sus celulares con pruebas de las agresiones.

Existen además acciones deliberadas para obstaculizar la labor de los defensores de derechos humanos y la prensa: se les ha detenido y hurtado sus chalecos y carnets de identificación; inclusive se disparó a la misión de verificación integrada por organizaciones locales y personal de Naciones Unidas el 3 de mayo en Cali, una de las ciudades más afectadas por la represión.

Finalmente, el gobierno quiere justificar la represión generalizada y la militarización de las capitales y municipios intermedios aludiendo a la existencia de acciones calificadas como “vandálicas” o “terroristas”, tales como el incendio de vehículos, saqueos al comercio y ataques no justificados contra la Policía. Sin embargo, las agresiones de la Fuerza Pública no solo se aplican contra los presuntos autores de estos hechos, sino contra quienes protestan pacíficamente. Igualmente, persisten dudas sobre la procedencia de las armas y la financiación de este tipo de agrupaciones que infiltran las protestas.

Teniendo en cuenta que este tipo de acciones bárbaras contra el pueblo son inadmisibles en un Estado de Derecho y un régimen democrático:

• Exhortamos al presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, como máximo comandante de las Fuerzas Militares y de Policía, para que cese la represión sistemática e indiscriminada que usa métodos antiterroristas contra ciudadanos manifestantes que están ejerciendo el legítimo derecho a la protesta social. Que los crímenes no queden impunes.

• Hacemos un llamado enfático al gobierno colombiano a reconocer el sufrimiento del pueblo que ha tenido que acudir a las calles para exigir la garantía de sus derechos humanos y fundamentales a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, y la vida. Por eso, en lugar de considerar medidas como el Estado de conmoción interior, que restringen aún más los derechos, se deben ofrecer mecanismos para un diálogo genuino con diversos sectores del pueblo colombiano que tiene derecho a ser escuchado y buscar soluciones efectivas ante sus justos reclamos concertando acuerdos de solución a las demandas ciudadanas expuestas en la calle.

• Pedimos a la comunidad internacional, organizaciones cooperantes y cuerpo diplomático que haga un enfático y directo llamado al gobierno nacional para que cese de manera inmediata la dura represión que está sufriendo el pueblo colombiano, y que impulse y acompañe espacios de diálogo para garantizar que las justas demandas de la ciudadanía sean atendidas.

A nuestro pueblo, que cuente con nuestro respaldo en la exigencia de sus derechos. Nos solidarizamos con el sufrimiento de las víctimas de esta esta represión.

Llamamos a que se mantenga la esperanza en que un país más justo será posible y donde protestar no nos cueste la vida.

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/PPP

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.