Desde la segunda mitad del siglo XX la sexualidad se ha convertido en un elemento de disputa para los movimientos sociales. La discusión pública de algo que anteriormente se consideraba privado abrió un debate político que hoy en día ha llegado a ser protagónico en todo el mundo. Numerosos y diversos grupos han entablado luchas que han cuestionado la heterosexualidad hegemónica, el binarismo de género e incluso la salud sexual y reproductiva. En Colombia y América Latina en los últimos años la presencia de estos grupos en el escenario público ha suscitado todo tipo de debates, incluso críticas a la institucionalización de los mismos, tanto de la mano de sectores progresistas como reaccionarios. De esta manera es posible registrar que la sexualidad se ha convertido en un escenario de disputa heterogéneo, donde la multiplicidad y complejidad de los actores en movimiento implica un reto para las investigaciones.

En esta nueva convocatoria del número 215 de la Revista CONTROVERSIA se busca reflexionar sobre estas movilizaciones sociales, reconociendo tanto visiones hegemónicas como alternativas acerca de la diversidad sexual en Colombia y en América Latina.

Como en ocasiones anteriores la revista tendrá una sección de tema libre para la cual se reciben contribuciones de calidad académica que atiendan a los ejes temáticos de Controversia.

Fechas:

  • Apertura: 1 de diciembre de 2019
  • Cierre: 28 de febrero de 2020
  • Publicación: julio de 2020
  • Editor del dossier: Felipe Caro
  • Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Consulta aquí el Manual de publicación para autores

Revista Controversia

Tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, las regiones más golpeadas por el conflicto armado sufrieron grandes transformaciones territoriales, sociales, económicas y culturales. Tumaco es uno de los municipios del pacífico nariñense que ha vivido esta transición de la violencia al posconflicto, por un poco más de tres años. En la actualidad, vive uno de los panoramas más complejos, no solo por su economía cocalera sino por, paradójicamente, la agudización de la violencia y otras conflictividades después de que las FARC se desplazaran del territorio.


En el informe “Transformaciones del conflicto armado y conflictividades sociales en San Andrés de Tumaco”, elaborado por Cinep/PPP, el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Convivencia del Distrito de Tumaco y el Observatorio de Derechos Humanos de la Diócesis de Tumaco, en el marco del proyecto de “Identificación de prácticas adecuadas de respuesta institucional para promover la convivencia en los territorios” financiado por USAID, se analizan las dimensiones y se hace un balance de las transiciones que ha vivido el territorio y del conflicto armado.


En Tumaco, las FARC y los grupos paramilitares llegaron en los años 2000 victimizando a la población civil. Al finalizar la década, se dieron desmovilizaciones de los grupos paramilitares que las FARC aprovecharía para reclutar personas para que hicieran parte de este grupo armado. Actualmente, si bien con la firma de los Acuerdos hubo una disminución sustancial de la violencia en razón del conflicto armado, esta disminución no se refleja por otras acciones violentas del territorio. Se han creado nuevos grupos armados como “Los Contadores”, “Oliver Sinisterra” y “Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP)” que buscan recuperar las economías ilegales y las acciones de control que tenían las Farc en el territorio. Por otro lado, hay bandas criminales que operan en los barrios y que han incidido en el aumento y desborde de la violencia, “en la dinámica de su disputa territorial hay una clara intención por acudir a un tipo de violencia que los haga menos visibles y menos expuestos penalmente” se menciona en el informe.



Aunque estas bandas mantienen cierto control territorial, internamente no pasan su mejor momento, no tienen una organización definida, o ese ejercicio de control muchas veces es arbitrario dependiendo del mando, lo que evita un relacionamiento efectivo con las comunidades, aunque tengan el discurso de “protectores del barrio”. De esta manera, las presiones a comunidades afro e indígenas también aumentan, la violencia y las amenazas empiezan a dirigirse contra los liderazgos sociales. Otra de las consecuencias de la cohesión de estos grupos armados que funcionan en los barrios, es el desplazamiento, la extorsión, el microtráfico y el consumo de drogas.
La poca oferta laboral y académica que tiene Tumaco es aprovechada por los grupos armados para atraer población joven: ofrecen dineros y vida fácil a cambio de colaboraciones o total ingreso al grupo armado, en el informe se menciona que “poco menos del 5% de los tumaqueños que termina su bachillerato logra ingresar a una universidad”.



Así las cosas, en el territorio se van agudizando cada vez más las conflictividades sociales y la implementación de los Acuerdos de la Habana, como el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) uno de los más importantes en todo el municipio donde se encuentran inscritas más de 16.000 familias. Sin embargo, el programa enfrenta ciertas problemáticas e incumplimientos, lo que deja mucho que pensar en su impacto a largo plazo y la disminución sustancial de las hectáreas de coca. La comunidad vive un momento de incertidumbre frente al programa, con el cambio de gobierno ha crecido la desconfianza, por falta de voluntad política, hay retrasos en los pagos, desaceleración de la verificación de hectáreas, entre otras problemáticas.



Por otro lado, según las comunidades, la deforestación se ha ido expandiendo de forma significativa, hay tala de árboles indiscriminada, así como también una expansión palmera que ha reavivado el conflicto entre empresas y comunidades negras. Otra de las dificultades a las que se enfrentan, es el acceso al agua potable por problemas en la infraestructura de acueductos del municipio.
De esta manera, son muchas las crisis y problemáticas a las que se enfrentan, no solo la comunidad de Tumaco, sino, las regiones que se encuentran en posconflicto. Las transformaciones en los territorios son inevitables, pero desde el trabajo que realizamos en el Cinep/PPP creemos firmemente que no podemos permitir que las comunidades sigan siendo amedrentadas por medio de la violencia, el miedo, la amenaza, el desplazamiento, las desapariciones forzadas. Es necesario juntar esfuerzos de instituciones, organizaciones locales y nacionales para que se implemente una agenda de trabajo desde la política local que permita transformar esas dinámicas del conflicto que siguen golpeando a la comunidad de Tumaco.


Publicaciones

 

 

____

Equipo de comunicaciones

Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Periodista asistente: María Fernanda Vera
Periodista asistente: Deivyd Manrique


Editorial: Democracias Frágiles

  • Dic 16, 2019
  • Publicado en Prensa

Latinoamérica vive un estado de ebullición social, política y económica. En las últimas semanas las democracias del continente han mostrado sus grandes limitaciones y sombras. Para infortunio de las grandes mayorías de la población, problemas como el desempleo, los bajos ingresos, el acceso limitado a la salud, la baja calidad de la educación, el impacto ambiental negativo de los megaproyectos minero energéticos sobre los territorios y los patrimonios naturales, la acelerada migración de millones de personas en busca de alternativas y la represión política sobre las propuestas y resistencias de los pueblos, entre otras problemáticas, son manifestaciones de la fragilidad de este tipo de democracias.

En este contexto, irrumpe la protesta de millones de personas y organizaciones provenientes de los sectores populares, especialmente jóvenes que consideran que las medidas de política social y económica los perjudican de manera grave y por eso expresan su profunda indignación saliendo a protestar de manera masiva. Es lo que ocurrió con la deteriorada economía ecuatoriana que, al eliminar el subsidio a los combustibles, reactivó las movilizaciones de los indígenas y otros sectores, obligando al gobierno de Lenin Moreno a derogar las medidas y crear una mesa de diálogo social. En Ecuador la deuda externa sigue creciendo, el precio del petróleo bajó dramáticamente y la dolarización aún se sostiene de forma artificial. La estructura económica ecuatoriana vive en una crisis persistente sin capacidad de reponerse en el corto plazo.

En Chile, considerado el modelo a mostrar, solo bastó con aumentar el valor del pasaje del metro de Santiago, para que la olla a presión social terminara explotando. En el fondo, la aplicación del modelo económico neoliberal que volvió a Chile el laboratorio para Latinoamérica, terminó por profundizar la inequidad social al privatizar la educación, la salud y las pensiones. El crecimiento económico se concentró en una elite nacional e internacional lo que acrecentó la desigualdad y la inequidad; esto llevó a la movilización popular. Centro América y el Caribe es otro hervidero de injusticia social. República Dominicana, Haití, Nicaragua, Guatemala y Honduras se han vivido en los últimos meses movilizaciones populares cada día más continuas. Y si volvemos al sur del continente, en Uruguay, la gente protestó masivamente contra el mayor protagonismo de los militares en la vida pública y política del país. De igual manera Bolivia se enfrenta a una crisis profunda. La caída de Evo Morales es solo la manifestación de los problemas políticos y sociales de fondo.

Pero nuestro país no escapa de esta misma realidad latinoamericana, el procesos político y económico que vivimos es una caricatura del ideal democrático, el paro nacional del jueves pasado lo demuestra y confirma que en el fondo lo que existe es una profunda desigualdad, inequidad y exclusión económica y política de la mayor parte de la ciudadanía. Tanto la Constitución del año noventa y uno como el Acuerdo Final de paz, con sus reformas y reformulaciones en medio de las discusiones políticas, pueden ser herramientas útiles para reconfigurar la democracia, si bien algunas fuerzas que quieren conservar sus grandes privilegios insisten en aferrarse a salidas violentas. El Papa Francisco, durante la cumbre panamericana de jueces sobre derechos sociales y doctrina franciscana, en junio pasado, expresó: "no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad. Un sistema políticoeconómico, para su sano desarrollo, necesita garantizar que la democracia no sea sólo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común, la solidaridad y una opción preferencial por los pobres".


Luis Guillermo Guerrero Guevara 
Director Cinep/Programa por la Paz

Colombia y Latinoamérica atraviesan momentos tensos. Movilizaciones y acciones colectivas son el cotidiano de la población. Aunque sean diferentes los contextos y coyunturas de cada país, la responsabilidad para los medios de comunicación es la misma, pues su rol informativo debería ser capaz de abarcar las demandas, las exigencias y las posiciones de todos los actores, organizaciones y comunidades involucrados. En esta entrevista, Ana María Restrepo, investigadora del equipo de Movimientos Sociales del Cinep/PPP, responde dudas acerca del rol y las responsabilidades de los medios de comunicación con respecto al cubrimiento de las protestas y las acciones colectivas. Además, hace un análisis del impacto, propósito y dificultades que tiene la protesta en el país y cómo esta se relaciona directamente con las formas en las que los medios informan estos hechos.

¿De qué manera el cubrimiento de los medios en las protestas sociales puede legitimar o deslegitimar los discursos?

Ana María Restrepo: Si el cubrimiento se reduce a registrar el disturbio o las afectaciones, por ejemplo en el caso de bloqueos de vías, no solo deslegitima sino que desinforma. En la mayoría de cubrimientos de los medios masivos de comunicación poco se habla de las demandas de las organizaciones y poco se escucha la voz de líderes y lideresas. En muchos casos, las movilizaciones no tienen que ver con movimientos que tienen una trayectoria sino también con reacciones de las comunidades a situaciones en las que otras vías no han servido para solucionar sus problemas. Por ejemplo, en las luchas sociales se recurre a los bloqueos de vías porque las otras formas de demandar soluciones no han sido escuchadas. Si los medios solo informan la coyuntura del bloqueo, la afectación, la marcha o el disturbio, no solo deslegitiman, sino que reducen la movilización social a una acción que en muchos casos puede ser violenta. Las comunidades dicen, “nosotros no salimos a marchar pensando en que haya violencia” y muchas veces esta violencia surge por la confrontación y la contención de la protesta de modo violento por parte del ESMAD, que finalmente atiende órdenes de los gobiernos locales o del Gobierno nacional.

Por otra parte, los medios alternativos y las mismas organizaciones han empezado a informar mucho mejor sobre sus demandas: producen información constante que muestra el proceso de la movilización, el avance en las negociaciones, de dónde vienen. En nuestra base de datos de luchas sociales, el principal motivo de movilización, actualmente, son los incumplimientos, por parte de gobiernos locales, departamentales o nacionales, de acuerdos que dieron fin a movilizaciones anteriores. Entonces, informar todo el proceso permitiría comprender el motivo de la movilización y permitiría legitimar a la movilización social como una forma de participación política.

La estigmatización, criminalización e invisibilización son características del cubrimiento de los medios en hechos de protesta social ¿cuál es el efecto de esto en la sociedad?

AMR: Esto tiene un efecto muy grave, y creo que en este momento lo estamos viviendo con más fuerza porque se construye un marco cultural en el que es negativo protestar y se concibe la posibilidad de encarcelar a los líderes, de negar el derecho a la protesta, hasta lo que estamos viendo como el asesinato de líderes y lideresas sociales. Lo anterior no es solo responsabilidad de los medios, también es del Gobierno nacional. En el Gobierno actual hemos escuchado a muchos funcionarios negando el derecho a la protesta o tergiversando las demandas y las acciones de las organizaciones.  Eso genera un panorama negativo en un país al que le falta mucho para comprender la importancia de que las organizaciones, las comunidades y la ciudadanía salgan a manifestar sus demandas, porque en muchos casos es la única forma de llamar a los gobiernos a que solucionen cuestiones como una vía dañada o un acueducto que no garantiza su derecho al agua.

¿Qué tipo de actor son los medios de comunicación a la luz de las acciones de protesta?

AMR: Los medios de comunicación deberían ser un actor que informe y que incluso facilite la resolución de los conflictos sociales, no solo dando voz, principalmente al que dice tener la solución, sino también tratando de entender compleja e históricamente la situación que llevó a esa organización o esa comunidad a manifestarse. Además, los medios no dan a conocer que las comunidades y las organizaciones no solo se quejan, también son propositivas e identifican a quien deben dirigir sus demandas; por eso reconocen un adversario que es aquel responsable del conflicto que los afecta o con el que se puede construir una solución. No se trata de la definición de un enemigo, sino de recurrir a las acciones colectivas contenciosas para poner en lo público una conversación o un debate sobre lo que les afecta.

Es importante diferenciar a los medios alternativos porque son un actor que se implica en la movilización. Los medios alternativos, las redes sociales y los medios de comunicación de las propias organizaciones han empezado a aportar eso. Un caso muy interesante es el paro agrario del 2013, en el que mientras los medios masivos solo estaban informando sobre las afectaciones al abastecimiento de alimentos en Bogotá, estos otros medios empezaron no solo a informar sobre las demandas sino también sobre las acciones de violencia por la contención de la protesta, lo que generó solidaridad urbana con ese campesino boyacense que se estaba manifestando, ese pequeño o mediano productor. Una solidaridad urbana, también, de los jóvenes que se vio a través de las redes sociales y eso obligó a que los medios masivos nacionales tuvieran que complejizar su forma de informar sobre esta movilización. A partir de ahí en la base de datos de luchas sociales de Cinep/PPP notamos que se empezaron a cubrir mejor algunas de las protestas.

En la base de datos de luchas sociales del Cinep/PPP, que lleva 40 años haciéndole seguimiento a la protesta social. Creemos que para comprender bien una movilización es necesario identificar ¿quién la convoca?, ¿quiénes participan?, contra quien están dirigiendo sus demandas –eso habla de esta cuestión propositiva y además de la posibilidad de negociación–, ¿cuáles son esos motivos? en la voz misma de los manifestantes –eso es muy importante para entender no solo la razón de la lucha sino qué se entiende por la exigencia de ese derecho–. Otra cosa importante es que los medios deberían hacerle seguimiento a las protestas: ¿a qué acuerdos se llegaron? ¿Qué pasó después? Es una forma de veeduría. Todo esto ampliaría la compresión sobre la protesta en el sentido de que la ganancia de un derecho peleado por las organizaciones sociales es una ganancia para toda la sociedad.

 

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones

23 de noviembre, 2019

El Comité Directivo y los Centros Miembros de CLACSO (Colombia) nos solidarizamos con las amplias, diversas y multitudinarias manifestaciones desarrolladas por la sociedad colombiana en el marco del Paro Nacional del pasado 21 de noviembre y la movilización social que continúa.

Este Paro Nacional ha sido convocado por el conjunto del movimiento social, sindical y popular colombiano en rechazo al gobierno del presidente Iván Duque, al neoliberalismo y la guerra. Las consignas de los y las manifestantes en las calles han sido claras: La defensa de la paz y el derecho humano a la protesta social; la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales y defensores de DD.HH.; el cuidado de los bienes comunes y de la naturaleza; el repudio al despojo, la exclusión y la precarización, pilares fundamentales del modelo neoliberal; la exigibilidad al cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno con el magisterio y el movimiento estudiantil y profesoral universitario; el rechazo a todas las formas de violencia contra la mujer y la infancia; entre otros asuntos.

Esta sociedad ha expresado su cansancio con una guerra sistemática que sufre desde hace más de cinco décadas. Guerra que no ha podido frenarse por la reticencia del Estado Colombiano y, particularmente, de este Gobierno, para dar cumplimiento al Acuerdo Final de Paz. También es una manifestación contra los altos niveles de concentración de la riqueza (entre los más elevados de la región) y el deterioro de las condiciones de vida de la gente.

Estas proclamas expresan un sentir colectivo por la defensa de la vida digna de las comunidades y de sus territorios. Millones de mujeres y hombres se han juntado en las plazas públicas, en sus barrios, con sus vecinos, amigos y desconocidos en un grito de esperanza que no vivía Colombia con tanta intensidad desde hace décadas, al decir de muchos solo comparable con el paro cívico de 1977. La juventud ha sido la fuerza vital de este encuentro. Las cacerolas y los cacerolazos han llenado de alegría las calles de Colombia.

La legitimidad de la protesta social y las justas exigencias del movimiento han sido repelidas, estigmatizadas y criminalizadas por la institucionalidad estatal. El Gobierno del presidente Iván Duque ha privilegiado un tratamiento militar en contravía del diálogo. La fuerza pública del país, especialmente la fuerza represiva del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ha desplegado una campaña reaccionaria contra los y las manifestantes; las agresiones han sido múltiples y de diverso orden y han dejado un saldo humanitario lamentable.

En las últimas horas algunos mandatarios decretaron toques de queda y en articulación con el Gobierno Nacional han militarizado las ciudades, desatando una campaña de miedo individual y Pánico Colectivo que deslegitime la protesta y contenga la vitalidad de la resistencia que se expresa en el paro.  

El Comité Directivo de CLACSO y los Centros Colombianos, expresión del pensamiento crítico comprometido con la búsqueda de la justicia, la paz, la defensa de los derechos humanos y la vida digna, rechazamos el tratamiento militar a la protesta y la estigmatización de la que ha sido objeto a través de diversos medios, especialmente de las redes sociales y los medios de comunicación masiva. Repudiamos la campaña de estigmatización contra los migrantes venezolanos que hoy residen en Colombia; la migración es un derecho humano. La violencia, los saqueos y el pillaje no son expresión de la protesta masiva y ciudadana que hoy se vive en Colombia. 

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional de Colombia a generar todas las garantías para que se continúe desarrollando la movilización pacífica y la libre expresión y que adelante una mesa de diálogo con garantías reales y efectivas sobre las demandas expuestas por el conjunto del movimiento popular.