Un estudio reciente realizado por la Fundación Empresarios por la Educación, titulado Reflexiones innegociables en educación básica y media, muestra las grandes diferencias existentes entre la educación rural y la urbana. Según el estudio la educación rural en Colombia tiene menores niveles de acceso, permanencia, pertinencia y desempeño que la urbana y esta ha sido tendencia desde que el país inició su proceso de urbanización por los años cincuenta del siglo XX.

Las mediciones en el 2016 dicen que un estudiante de las zonas rurales recibe solo un 57% de la educación que se le provee al niño promedio de las ciudades, esto crea un ciclo negativo y una gran desventaja en la calidad educativa. De otra parte, el diagnóstico muestra que la asistencia tanto a la primaria como a la secundaria es mucho menor en el campo que en las ciudades y que la deserción escolar en las zonas rurales es casi el doble que en las ciudades. En el año 2013 el 13.8% de los niños rurales entre doce y quince años no asistían a la escuela secundaria.

Según el estudio, las causas de esta brecha entre la educación rural y la urbana obedece a dificultades como la falta de oportunidades en formación y garantías de bienestar para los maestros, la débil inversión en la infraestructura escolar en servicio de gas, agua potable y energía eléctrica; sumado a estas graves condiciones, un factor de profundo impacto negativo en la educación rural es el conflicto social y armado que ha golpeado las comunidades de campo de manera inclemente. Pero, especialmente lo que incrementa el bajo nivel de la educación en el campo es la ausencia de una política educativa para la ruralidad.

Colombia necesita el diseño, aplicación y consolidación de una política pública rural hecha desde y con las comunidades del campo, pero de igual forma se necesita construir una institucionalidad pública que desde el contexto local en las alcaldías, el regional con las secretarías de educación y en el nivel nacional, con el Ministerio de Educación, asuman con responsabilidad la promoción y el mejoramiento de la educación rural a través de la implementación de los Planes Educativos Municipales, los programas de educación propia de las comunidades indígenas, los planes de etnoeducación de las comunidades afrodescendientes y la creación, impulso y financiación del Plan Especial de Educación Rural consignado en el Acuerdo Final de Paz.

Actualmente, en la Colombia profunda, viven más de once millones de personas, la población de estos territorios, sigue a la espera de la transformación rural que aguardan desde Gobiernos anteriores y que implica, entre muchos aspectos, acceso a educación. Lamentablemente, en las actuales condiciones políticas el panorama no parece muy alentador.

En el comunicado de noviembre del año pasado el episcopado colombiano expresó: “La iglesia católica aprecia la educación como pilar fundamental para el desarrollo armónico de la sociedad y para lograr la inclusión; considera que no es posible alcanzar la paz si no ofrecemos una educación integral y que el futuro de todos depende en buena medida de cuanto se haga por cualificar los procesos educativos. Si queremos encaminar el país hacia el bien común, construir una nación reconciliada y en paz, y mantener viva la esperanza, es necesario que volvamos la mirada a la tarea educativa y que todos nos sintamos comprometidos con su renovación haciendo de ella una prioridad”

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General Cinep/Programa por la Paz

El pasado 6 de abril culminó el VIII Encuentro Internacional de Historia Oral y Memorias: “Lecturas críticas, voces diversas y horizontes políticos en el mundo contemporáneo” en Bogotá. Durante tres días un público variado y de diferentes lugares de América Latina reflexionó sobre la memoria y la historia oral, sus usos, metodologías, experiencias, procesos investigativos, en un ambiente lleno de contradicciones. Además del Encuentro, los investigadores y académicos se reunieron con diferentes grupos sociales, campesinos, afrodescendientes, indígenas en varios lugares de  Colombia y suscribieron la siguiente carta en donde hace un llamado de solidaridad con el mantenimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. 

Expectativa

Aunque era la primera vez que yo estaba allí, noté una emoción particular esa mañana. Si bien es una gente muy tranquila, se sentía gran expectativa en varios de los habitantes y visitantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Esa mañana, llegarían tres miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para hablar con ellos y entregarles la extensa documentación que han realizado por años de las violaciones a sus derechos. Algunas personas desayunaban en la puerta de la casa, un hombre mayor que usaba gafas de sol estaba sentado en un tronco y los niños corrían entre los maderos. Caminé un poco y vi al padre Javier Giraldo. Estaba hablando con una mujer. Me dirigí hacia ellos. “Le presento a Mariela, una religiosa que acompaña a la comunidad desde hace años”. Luego de un breve descanso me dijo: “Vamos le muestro la comunidad”.

Mientras tanto algunas mujeres preparaban el almuerzo, varias personas pasaban a preguntar a qué hora llegaban los comisionados, otros cargaban unas sillas plásticas. Lo primero que encontramos en el recorrido fue unos murales que hace poco terminaron y que retratan los relatos de varios habitantes sobre la comunidad y su historia. Justo al lado está el punto de encuentro principal, la cúpula. Este es un espacio híbrido entre iglesia y auditorio en el que rinden homenaje a las más de 300 víctimas que he dejado el conflicto armado en esta población. Al entrar los primero que noté son unos retratos pintados que rodean la parte alta del salón. Son casi 50 retratos de las pocas personas víctimas de la comunidad que tenían foto. Todos ellos, pintados a mano. Una imagen impactante son unos listados dispuestos a lo largo del salón en los que se recogen nombres, veredas y años en los que fueron asesinados o desaparecidos habitantes de esta comunidad. Son más de 300 y constantemente se les rinde homenaje. Atrás de la cúpula hay un pequeño mausoleo con los cuerpos que la comunidad ha logrado rescatar en los últimos años.

La universidad de la resistencia

El padre Javier le llama a esta comunidad la Universidad de la resistencia. Y no es infundado este nombre. Son muchas las organizaciones internacionales y nacionales que resaltan y apoyan a la comunidad de paz. Durante la década de los 90 el Urabá Antioqueño sufrió muy fuertemente el conflicto armado. Allí tomaron parte las Farc, el EPL, los paramilitares y el Ejército Nacional. En medio de los enfrentamientos diarios que vivía San José de Apartadó, cientos de campesinos tuvieron que enfrentar violencia, asesinatos, violencia sexual, tortura, desplazamiento y amenazas.

Ante este duro panorama, un grupo de campesinos de veredas cercanas, decidieron acogerse a ser una comunidad neutral. Esto implicaba no participar de ninguna forma del conflicto, no dar información a ninguno de los grupos, ni suministros. “Ya había muchos desplazamientos en la zona, pero finalmente le apostamos a generar una organización que fuera una comunidad neutral. Esto para exigirle tanto a la guerrilla como a la fuerza pública de que no nos íbamos a someter a ninguna de las pretensiones de ellos, que nos le íbamos a colaborar, que no íbamos a ser como idiotas de ellos, sino que nosotros queríamos autonomía del campesinado” me contaba Jesús Emilio Turberquia, ex representante legal de la comunidad.

En 1996 querían que los bandos del conflicto se comprometieran a respetar la neutralidad de la comunidad. Para esto debían hablar directamente con los comandantes tanto del Ejército como la guerrilla. Pidieron mediación con la Cruz Roja Internacional, quienes se negaron porque solo median entre actores armados, no con población civil. Finalmente la iglesia aceptó mediar y recibieron respuesta positiva de ambas partes. El 23 de marzo de 1997 firmaron la declaratoria que los identificaba como la Comunidad de paz de San José de Apartadó, un grupo de campesinos de diferentes veredas que querían estar por fuera del conflicto armado.

La idea inicial fue que la figura de comunidad neutral durara dos años, pues creían que en ese periodo de tiempo se detendría el conflicto o que ya no aguantarían más. Luego de la decisión, fue aun peor la arremetida contra ellos. Guerrilla y Ejército, que se disputaban el control territorial en ese tiempo, los atacaron acusándolos por no ayudar en sus objetivos militares. “Entonces uno ve que no había ninguna intención y que sí nos veían como un enemigo, tanto la guerrilla como el Estado colombiano” relata Jesús.

Desde esos días las familias que decidieron unirse a la comunidad de paz, adoptaron unos valores que permitieran la unidad como colectivo y que dieran tranquilidad para vivir entre ellos.  Dignidad. Diversidad cultural, resistencia, memoria y alternatividad fueron los valores acordados. Estos valores están plasmados hoy en día en los ventanales de la cúpula. Estos se intercalan con los listados de las víctimas y para varios de los habitantes de la comunidad con los que hablé, son los que les han permitido permanecer tanto tiempo. Todas las dificultades más grandes. Contra nosotros se ha aplicado todo mecanismo de guerra.  Hemos logrado resistir y aquí nos mantenemos. Ha sido esa fuerza organizativa que hemos podido ir más allá de la guerra porque no nos han podido someter a las intenciones de que hagamos parte de la guerra, pero tampoco nos han podido desalojar. Afirma vehementemente Jesús.

Durante todo este tiempo han logrado llamar la atención a nivel internacional. Múltiples organizaciones no gubernamentales, colectivos, organizaciones de derechos humanos los han acompañado en esta resistencia pacífica que le han hecho a los violentos.

El momento de la hablar

Hacia el medio día hay mucho alboroto. Los hombres que había visto antes en pantaloneta, visten ahora pantalón y camisa. Tras muchos minutos de espera, llega el momento. De un pequeño taxi se bajan tres comisionados de la verdad. María Ángela Salazar, Lucía González y el Padre Francisco de Roux saludan a las personas que atentamente los reciben. Tras un minuto de silencio, siete representantes de la comunidad les cuentan a los comisionados lo que han tenido que sufrir estos 22 años en los que han preferido mantenerse al margen del conflicto. Voces de niños, de mujeres, de ancianas se oyen para pedir a la comisión que esclarezcan las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido por décadas. El sentimiento constante es de tristeza por sus relatos, pero también de firmeza y convicción para pedir que se sepa la vedad de los hechos.

Desde la finales de los 90, la consolidación del paramilitarismo en la región trajo un incremento muy fuerte de la violencia para esta comunidad. Amenazas, desplazamientos, violencia sexual, asesinatos eran el pan de cada día para las familias que decidieron adherir a la comunidad de paz. Aun cuando habían decidido no participar de la guerra, los paramilitares atacaron. No les bastó solo con la violencia directa. En 2001 impidieron el paso de alimentos para la comunidad. Fueron acusados de abastecer a los guerrilleros, cuando los alimentos que compraban era para alimentar a las familias. Varios campesinos que bajaron al pueblo a llevar mercado, fueron asesinados. Ante este situación la comunidad decidió volverse autosostenible. Empezaron a cultivar lo necesario para autoabastecerse y desde allí no necesitan comprar mayor cosa en el pueblo. La denuncia constante de la comunidad es que la Brigada XVII del Ejército, cooperaba con los paramilitares en estas acciones violentas. 

Uno de los episodios de violencia más cruentos que tuvieron que padecer, se dio el 21 de febrero de 2005. Ese día, en medio del patrullaje del Ejército, paramilitares del bloque Héroes de Tolová, de las AUC, asesinaron a 8 personas de la comunidad. Entre las víctimas habían tres niños, el menor de ellos de un año y medio de edad. Por este acto, fueron condenados cuatro militares como coautores de la masacre. Este hecho marcó un giro definitivo para la comunidad. Desde ese terrorífico episodio, rompieron toda relación con el Estado, porque dicen no tener ninguna garantía de protección ni de justicia en sus casos.

“La guerra aquí ha sido por los intereses económicos, no porque ha habido presencia guerrillera. Los intereses económicos que representa esta zona y esta región son muy grandes. Estamos a puertas del mar caribe, en una zona muy productiva con muchos minerales, una reserva hídrica y muchísima riqueza” declara una de las mujeres líderes de la comunidad. “Las Farc salieron de estas tierras y aún así seguimos levantando muertos y seguimos siendo amenazados” agrega otro líder. La comunidad pensó que con el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc, vendría paz a este territorio. Sin embargo, la situación no cambió mucho.

Desde hace varios años la comunidad viene denunciando la presencia de hombres armados en la región. Afirman que el paramilitarismo sigue manteniendo el control en algunos sectores. En los últimos meses varios de sus líderes han sido amenazados y en las carreteras siguen apareciendo muertos. A esto se suma lo que han denominado la persecución institucional. A finales de 2018, a Brigada XVII del Ejército Nacional, en cabeza de su comandante, Carlos Alberto Padilla, interpuso una tutela contra la comunidad de paz por algunas denuncias en redes sociales en las que manifiestan la convivencia de militares y paramilitares. La tutela fue fallaba a favor de los militares y ante la negativa de la comunidad a borrar la denuncia, el representante legal, German Posso, fue arrestado. “Esto significa que el Ejército quiere cortar el último espacio de denuncia de la comunidad” afirma el padre Javier Giraldo, acompañante de la comunidad.

 

La Comisión de la verdad

El recrudecimiento de la violencia en los últimos años, llevó a la comunidad a hacer un llamado a la comisión de la verdad. Los tres comisionados, luego de escuchar a la comunidad, de registrar sus testimonios y de recibir de sus manos el registro histórico de las violaciones a sus derechos, se comprometieron a estudiar este caso. Sin embargo, y aunque la gente agradece la presencia de la comisión, son muy escépticos frente a los que puedan hacer.  “nosotros sabemos que las cosas no van a cambiar, son otras personas más que nos escucharán, que conocerán la experiencia pero que no pueden hacer absolutamente nada porque no están por encima de la justicia o del gobierno colombiano” me dice Jesús Tuberquia al final del día. Varios otros campesinos lo dicen de igual manera.

Han sido 22 años de ser una comunidad neutral ante el fuerte conflicto que vive la región. Más de dos décadas en las que se han negado a participar o apoyar a cualquiera de los bandos involucrados en la guerra. Más de dos décadas en las que han pedido que los dejen trabajar la tierra tranquilos. Más de 22 años de exigir justicia en los casos de violación de sus derechos humanos y los más de 300 muertos y desaparecidos que han puesto. Las nuevas generaciones están comprometidas con mantenerse firmes en este propósito. Por ahora, lo único seguro es que esta comunidad seguirá resistiendo en medio del conflicto, como lo ha hecho en los últimos 22 años.

 

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

El reconocimiento de las víctimas es fundamental en procesos de reconciliación como el que está viviendo Colombia. Bajo la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, el gobierno de Juan Manuel Santos creó acciones de conmemoración que reconocían la existencia de un conflicto armado en el país y de víctimas diferenciadas por tipo de victimización. Así, nació el 9 de abril como el Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, también como conmemoración del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Para William Rozo, investigador del Banco de Datos de Cinep/PPP, ese día en el que la capital colombiana se incendiaba, nació uno de los ciclos de violencia que ha tenido Colombia en su proceso de conformación como Estado – Nación y que no hemos subsanado.

El 9 de abril les da a las víctimas un marco legal que les permite reconocerse a sí mismas como tal y que, tanto el Estado como la sociedad, también lo hagan. Desde hace ocho años, este día ha tenido distintas conmemoraciones realizadas por víctimas y que han abarcado espacios públicos en todo el país. Por ejemplo, en Tumaco en la conmemoración de 2016 cientos de víctimas, docentes, niños y otros actores, se unieron para lanzar faroles al mar, cada uno con el nombre de una víctima. El año pasado en Medellín se realizó una concentración masiva en la plazoleta del Teatro Pablo Tobón Uribe y una exposición fotográfica sobre la memoria, mientras que en Bogotá se realizaron siete expresiones artísticas que cubrieron la Carrera Séptima desde el Museo Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

Sin embargo, es fundamental entender la disputa que hay sobre las distintas verdades y memorias que existen y se están creando alrededor del conflicto armado. En esta entrevista, William Rozo hace una reflexión sobre la importancia de una conmemoración como la de hoy, la lucha de las víctimas de diferentes actores armados, incluyendo las víctimas de crímenes de estado, por ser reconocidas y el papel que debería jugar la sociedad en la construcción de memoria y solidaridad con las víctimas.

¿Cuáles son las luchas de las víctimas y de sus familias que llevaron a que este día se conmemorara?

William Rozo: Uno de los crímenes más atroces de todos los crímenes que se pueden cometer contra un ser humano es la desaparición de un familiar porque es una tortura permanente, porque no cesa el dolor. Siempre se está esperando al ser querido. Entonces los familiares de víctimas de personas desaparecidas en razón y con ocasión del conflicto, que es como se llama en Colombia y que es diferente a la desaparición forzada, siempre han estado buscando a sus seres queridos. Esa fuerza, que en su gran mayoría está liderada por mujeres, esa fuerza de mujeres que buscan, que luchan y que empezó en gran medida con las Mujeres de la Plaza de Mayo en Argentina y se fue extendiendo por todo el mundo, es la que hace que este tipo de días tengan un hito en el tiempo. La lucha es esa, es ayudar a encontrar a los desaparecidos y desaparecidas de este país. 

¿Cómo la sociedad puede contribuir a la memoria y a la solidaridad con las víctimas?

W.R: Yo creo que de eso tenemos que aprender mucho de los procesos alemanes, de los procesos judíos y de otros procesos de otros países en el que son las ciudadanías las que no sólo reconocen a las víctimas, sino que dicen “esto no puede volver a ocurrir”. Yo creo que a ese nivel tenemos que llegar en Colombia, pero para eso nos falta todavía mucho. Aquí todavía hay sectores muy poderosos que están interesados en que la guerra continúe, en revictimizar, en mantener las condiciones porque en la guerra hay unos perdedores, que es el grueso de víctimas, pero hay gente que ganó. Ganaron los empresarios y ganaron los terratenientes y esa es parte de la disputa. ¿Cuándo se cambia esa balanza? Cuando el conjunto de la sociedad no tolere y no avale eso y se movilice; ese día empiezan a cambiar las cosas. Pero todavía nos falta muchísimo para llegar allá. Una conmemoración como la del 9 de abril todavía no aporta mucho a que eso ocurra, pero va en la dirección correcta. 

¿Qué implicaciones tiene que exista el 6 de marzo como un día de conmemoración especial para las víctimas de crímenes de Estado?

W.R: Si nosotros miramos las estadísticas tanto de Cinep/PPP, como otras diferentes a las que maneja la prensa y los medios de comunicación masivos, el número más alto de víctimas son las víctimas que ha producido el Estado colombiano a partir de sus instituciones como el Ejército, la Policía y las alianzas con grupos paramilitares. La cifra puede estar cerca del 60%, y el resto son víctimas por parte de la guerrilla y otros actores, por lo que es muy importante ese reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, el 6 de marzo es un día posicionado por las víctimas desde hace más de diez años, pero no está reconocido por ningún marco legal.  

¿Cómo lograr unir los distintos relatos y verdades que hay sobre el conflicto en una conmemoración como la del 9 de abril?

W.R: Como lo dice el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, no hay una sola verdad. Hay muchas verdades, el punto es ponerlas todas juntas en igualdad de condiciones: ese es el desafío. Yo siento que ahí el llamado es a jóvenes periodistas o comunicadores sociales que están saliendo de las universidades y que están con un abordaje un poco diferente, en mi opinión menos contaminado que la mediática y todos estos medios masivos que contribuyen dependiendo de los intereses en defender una u otra orilla, a construir relatos que se acerquen más a los hechos tal cual ocurrieron.

¿Cuáles son las razones para conmemorar el 9 de abril?

W.R: Primero, está como base el derecho constitucional que tenemos todos los colombianos y colombianas a vivir en paz. Segundo, tenemos que aprender a resolver todos nuestros conflictos sin recurrir a métodos violentos. Tercero, debemos posicionar por encima de todo a la creatividad para la resolución de conflictos. Cuarto, tenemos muchísimas heridas abiertas y hay que cerrarlas. Yo creo que el 9 de abril contribuye un poco a eso. Yo estoy impactado porque en la portada de El Espectador del 4 de abril hay una foto de una ex guerrillera de las Farc con un ex jefe paramilitar y un sacerdote defensor de derechos humanos en los Llanos, en un territorio donde hemos hecho peregrinaciones, que antes se estaban matando y hoy están tratando de decir “venga, aquí pusimos víctimas todos”. Ver cómo los familiares se acercan es impresionante. Quinto, hay que sanar heridas y empezar a reconstruir, a tratar de hacer un país mejor y armar este país desbaratado. Para los que somos padres de familia esa es una razón muy poderosa. Nosotros no queremos que nuestros hijos tengan que vivir en el país que a nosotros nos tocó vivir. Yo hoy tengo 46 años y no sé lo que es vivir un solo día en Colombia en paz.

 

Laura Cristina Vásquez 
Equipo Comunicaciones

 

Durante los últimos dos años, el programa Educapaz ha logrado reunir cerca de 300 personas involucradas en la educación del sur del Tolima, para discutir sobre las necesidades y demandas de la formación escolar de los niños y jóvenes de esta región. Las discusiones se han dado en las Mesas Educativas Municipales, espacios en los que han participado estudiantes, maestros, directivos, padres de familia, líderes comunitarios, miembros de Juntas de Acción Comunal y líderes de asociaciones productivas.

Como resultado de estas amplias discusiones se crearon 4 documentos, uno por municipio, llamados Planes Educativos Municipales PEM. Estos documentos recogen los principales temas y demandas que las comunidades consideran importantes para mejorar la educación en el departamento. Los PEM se han construido de manera participativa desde un enfoque completamente territorial, intentando que sean las comunidades las que puedan dar su voz desde su misma vivencia en la región.

“Los Planes Educativos Municipales son una apuesta de generación colectiva, de acción entre las comunidades educativas, el sector productivo y el sector de gobierno, para crear una agenda pública educativa en la que puedan ponerse de manifiesto los problemas y las acciones estratégicas para hacer que esos problemas se conviertan en soluciones” manifiesta Luz Elena Patarroyo, investigadora del Cinep/PPP.

La construcción de los PEM

Para llegar a los documentos finales se llevó a cabo un largo proceso de diálogo entre diversos actores. Se percibió la educación no solo como las actividades dentro del aula de clases sino también se tuvo en cuenta el entorno social que lo rodea tanto las escuelas como a los estudiantes y lo que viene ara los jóvenes luego de terminada la formación escolar. Por esta razón fueron invitadas las Juntas de Acción Comunal, organizaciones de derechos humanos y asociaciones de café y cacao del sector productivo de los cuatro municipios. Todos ellos sumados a los más cercanos al proceso formativo: colegios, universidades, el SENA y Secretaría de educación de la Gobernación del Tolima.

“Hubo momentos de discusión fuertes, hubo participación, hubo también silencios. Pero llegamos a que a través deles un trabajo colaborativo y por medio de las metodologías usadas, se logró que todas las personas intervinieran y dieran su opinión”. Afirma Ana Yurani Azuero, docente de Rioblanco. La diversidad de actores que participaron requirió una metodología amplia que permitió la participación mediante diferentes formatos. “Algunos no son buenos con las palabras, pero en el momento de escribir pueden expresar muchas cosas. Por medio de un dibujo, de una imagen, de una actividad dinámica llegaron a expresar lo que sienten y piensan sobre la educación”. Explica Azuero

Las Mesas Educativas Municipales duraron casi dos años y dieron como resultado un Plan Educativo Municipal para cada municipio. Estos primeros documentos fueron validados por más de 350 personas representantes de las comunidades indígenas Nasa y Pijaos de Planadas, de las comunidades negras de Ataco y de los consejos directivos de todos los centros educativos de la esquina sur del Tolima. Este proceso se hizo paralelo al Diplomado en gestión participativa de la política pública educativa en el que participaron más de 200 líderes. El diplomado tuvo un currículo que implicaba formación-acción en el que no solo recibían los fundamentos teóricos, sino que al tiempo los iban aplicando en investigación en sus respectivos municipios.

Esta fase del proceso culminó el pasado 29 de marzo cuando fueron entregados los textos definitivos a representantes de la Gobernación, de la universidad pública y privada, de la iglesia y del SENA. El siguiente paso es lograr que estos planes sean una política pública. Para lograr este objetivo, desde noviembre se están negociando con los Consejos Municipales para que estos textos se conviertan en Acuerdos para su implementación.

La esquina sur del Tolima

El proyecto se lleva a cabo en los municipios de Planadas, Ataco, Rioblanco y Chaparral. En esta sub región, denominada la esquina sur del Tolima, se dieron algunos hechos que marcarían el rumbo del país en las últimas décadas. En 1948, tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, se desató la guerra entre liberales y conservadores, al igual en que en gran parte del país, dando paso a la confirmación de los primeros grupos campesinos de autodefensa. A inicios de la década de los 60, la persecución de la policía oficial conservadora llevó a algunas familias del sector a crear una comunidad en el corregimiento de Marquetalia.

Pronto la comunidad fue acusada desde el Congreso de ser república independiente, pues no reconocían la soberanía del Estado y se impedía la entrada del Ejército. Varios años más tarde y luego de varios enfrentamientos entre las autodefensas, comandadas por Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo y el Ejército Nacional, el gobierno de Guillermo León Valencia ejecutó la operación Soberanía para retomar el control estatal de esta población. Con estos enfrentamientos las autodefensas campesinas se convirtieron en la guerrilla de las Farc en 1964. A partir de este año fueron constantes los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército.

Ya en la década de los 80 se dio la guerra por los cultivos de amapola que se daban en la región. Y en la década de los 90 se da la incursión paramilitar. Este panorama de constante violencia desde finales de los 40 terminó afectando los entornos de los 4 municipios pues se desarrollaron de forma diferente a otros. La desconfianza, la poca presencia del Estado, los constantes actos violentos y la presencia de diversos actores armados, llevaron a estas comunidades a asilarse de las demás, lo que afectó procesos sociales básicos, como la educación.

“Esta situación y todo lo que ha acontecido en esta región, marcaron de alguna manera un retroceso, en lo que podrían ser los procesos educativos”. Afirma Luz Elena Patarroyo, investigadora del Cinep/PPP. “Convocar a estos sectores es, de alguna manera, una oportunidad de reconciliación en donde los factores de violencia y los factores estructurales puedan ser superados, especialmente en el tema educativo” agrega.
Con del acuerdo de paz con las Farc, se decretó que los cuatro municipios del sur del Tolima serían una da las zonas en las que se aplicaría uno de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. En las discusiones públicas se presentaron 1168 iniciativas al Plan de Acción para la Transformación Regional, documento que planea el desarrollo de la región para los próximos 10 años. Allí también se discutió el tema de la educación rural para estos municipios y en estos espacios participaron los líderes locales del proceso de Educapaz.

Frente a este panorama son muchos los retos para reconstruir el tejido social en una zona tan golpeada por el conflicto armado. La apuesta de Educapaz es por fortalecer la educación mediante la participación de las comunidades y de todos los actores involucrados. “Yo siento que a pesar del conflicto y a pesar de que es una región que ha tenido pocas oportunidades de desarrollo económico, es una de las zonas mejor preparadas del país para superar la guerra”. Afirma Oscar Sánchez, coordinador de Educapaz. “El camino es la educación, el camino son las oportunidades para los chicos. Ahora hay unas herramientas que hemos propiciado, pero se han logrado porque existe un amplio acumulado previo” afirma.

 

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones