El Papa Francisco visitó hace pocos días en Roma a la Organización mundial para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés. Esta visita tuvo que ver con la Jornada Mundial de la Alimentación. Francisco expresó un discurso articulando temas estratégicos sobre la lucha contra el hambre, la desnutrición, la guerra del agua y los desafíos para la solidaridad mundial. Insistió el Papa que hoy se necesita “una mayor responsabilidad a todos los niveles, no sólo para garantizar la producción necesaria o la equitativa distribución de los productos, sino sobre todo para garantizar el derecho de todo ser humano a alimentarse según sus propias necesidades, tomando parte además en las decisiones que lo afectan”.

El hambre aqueja a ochocientos quince millones de personas, once por ciento de la población mundial, y asegura Francisco: "Las guerras y el cambio climático son una de las causas del hambre, así que no presentemos el hambre como si se tratase de una enfermedad incurable". Francisco recuerda que los conflictos se previenen y se resuelven, siguiendo el derecho internacional humanitario, sin embargo, la humanidad no está aplicándolo, lo que trae la martirizante guerra, el hambre y el desplazamiento forzado, situaciones que duran muchos años, pudiéndose haber evitado o detenido.

Para frenar esto, Francisco apela al diálogo y al compromiso total por un desarme gradual y sistemático, previsto por la Carta de las Naciones Unidas e interroga: “¿De qué vale denunciar que a causa de los conflictos millones de personas sean víctimas del hambre y de la desnutrición, si no se actúa eficazmente en aras de la paz y el desarme?” En cuanto al cambio climático, tema central para el Papa, afirma que se ven sus consecuencias todos los días, pero gracias a los conocimientos científicos, sabemos cómo se pueden afrontar. Además, la comunidad internacional ha elaborado instrumentos jurídicos como el Acuerdo de París, pero no todos lo reconocen y prefieren manipular la naturaleza para saciar la avidez de sus beneficios.

El Papa hace un llamado vehemente para que se haga un consenso concreto y práctico si se quieren evitar los efectos más trágicos, que siempre recayendo con fuerza sobre las personas más pobres. Y concluye: “Estamos llamados a proponer un cambio en los estilos de vida, en el uso de los recursos, en los criterios de producción, hasta en el consumo, que en lo que respecta a los alimentos, presenta un aumento de las pérdidas y el desperdicio. No podemos conformarnos con decir «otro lo hará»".

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

Dentro de la estrategia de la Compañía de Jesús de regionalización, la Conferencia de Provinciales de América Latina – CPAL viene desarrollando la articulación de experiencias locales de varios países y en torno a diferentes ejes temáticos. Uno de ellos es el de derechos humanos y ecología integral cuyo grupo de homólogos, de los diferentes centros sociales, se reunió en las instalaciones del Cinep/PPP para concretar un plan completo de acción frente a los dos temas.

“Lo que busca este grupo es articular procesos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos de personas y poblaciones, pero también integrado a los derechos de la naturaleza” explica Galo Reinaldo Bogarín – Coordinador de la red de centros sociales de la CPAL. Los grupos de homólogos son parte de la estrategia que tiene la red de centros sociales para unirse en temáticas de interés comunes a lo largo de Latinoamérica.

Dentro de las múltiples problemáticas sociales que comparten los países de América Latina, uno de gran impacto en las comunidades es precisamente el relacionado a temas de medio ambiente. Durante este encuentro los representantes de cada centro social denunciaban prácticas comunes como el desplazamiento de poblaciones por proyectos extractivos. “Tenemos la tercera parte del territorio concesionada para proyectos mineros. Tenemos 950 proyectos en negociación y 583 proyectos ya aprobados para minería metálica. Hay 123 proyectos de generación de energía hidroeléctrica, 35 proyectos de generación de energía solar.” Dijo Pedro Landa del Grupo de homólogos de derechos humanos y ecología ambiental de Honduras.

En El Salvador es situación es muy similar. “Solo el 3% de nuestro territorio tiene bosque, después de Haití, somos el país con el territorio más vulnerable a cualquier tipo de crisis medioambiental. Solo con que llueva 3 días seguidos se genera desplazamiento de comunidades por crecientes de ríos o deslave de montañas” Manuel Escalante – Instituto de derechos humanos de la Uca

Los riesgos no son solo para las comunidades, los defensores de derechos humanos en Latinoamérica están en alto riesgo. Según Global Witness, durante 2016 fueron asesinados 200 líderes defensores del medio ambiente, el 60% de ellos sucedieron en países latinoamericanos. “En Honduras, lamentablemente, somos catalogados como el país más peligroso para la defensa del medio ambiente, en los últimos 10 años han asesinado 123 defensores y defensoras del medio ambiente” dijo Pedro Landa.

En medio de este complejo panorama, el grupo de homólogos quiere incidir para mejorar las condiciones tanto de las comunidades como de los defensores del medio ambiente. “El tema de la justicia ambiental es importante para la compañía porque es importante para la humanidad. En el fondo lo que hacemos es promover la protección de los derechos humanos y también los derechos de la naturaleza para que tengamos una casa común habitable” afirmó Rafael Moreno, S.J. – Coordinador de CPAL para redes socio pastorales de américa latina. “Ha sido una decisión de la Compañía de Jesús a nivel mundial el que todas las obras nos articulemos para responder y tener incidencia ante las problemáticas de la globalización” añadió.

El objetivo de lograr esa articulación es fortalecer las experiencias locales de cada país, pero también sumar esfuerzos para lograr mayor incidencia. “La problemática no puede ser solo resuelta en escalas locales. Estas problemáticas son globales y regionales por lo tanto, al fortalecer los procesos en la región podemos tener un panorama mucho más amplio y podemos tener más impacto en las acciones” según Galo Bogarín.

Para el próximo años la red de homólogos desarrollará dos informes. Uno sobre democracia y derechos humanos en América Latina en el que intentarán caracterizar las problemáticas que se presentan en términos de niveles de democracia y esto relacionado a los derechos humanos. El segundo será sobre el extractivismo en esta misma región, situando las condiciones que se desarrollan, los vínculos entre empresa y Estado, la megaminería como proceso de relacionamiento fundamentalmente a procesos externos que vienen a la región.

 

Miguel Martínez
Equipo de comunicación

Una solución pacífica a una violación sistemática de los derechos humanos y la urgencia por la armonía en la relación nacional e internacional de los países generó una movilización de las Potencias. Entre acuerdos, pactos y convenios que tuvieron espacio desde el despertar de la realidad sangrienta que dejó la Gran Guerra (1919), el 24 de octubre de 1945 entró en vigor la Organización de las “Naciones Unidas”.

Anteriormente, el 26 de junio de ese año en la Conferencia de San Francisco, delegados de 50 naciones, organizados en cuatro comisiones principales y doce técnicas, firmaron la Carta de fundación del Organismo, bautizado en homenaje a Franklin Delano Roosevelt, presidente estadounidense quien había muerto el mismo año.

 “¿Universalismos o regionalismos, autodeterminación de los pueblos o independencia? Modificación de tratados, el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia”[1], fueron los debates, que en torno a estos y otros aspectos, en 1945 pusieron los cimientos de la Organización para que reglamentara y sirviera como árbitro en decisiones nacionales e internacionales hasta nuestros días.

Sólo un año después de su puesta en marcha, el Embajador de Irán, en marzo de 1946, presentó quejas al Secretario General de Naciones Unidas, Trygve Lie, por la presencia de tropas soviéticas en su territorio. Es indudable que desde su nacimiento Naciones Unidas se ha enfrentado a constantes crisis, “Irán, Grecia, la energía atómica, Palestina, Berlín, Corea, China. Y que en cada una de ellas, autorizadas opiniones han llegado a afirmar que de no alcanzarse una solución al problema la Organización estaba condenada a desaparecer”[2]. Pese a los pronósticos, la ONU aún hoy toma las riendas en los contextos más violentos de la historia.

 

La labor de la ONU en nuestro país se ha evidenciado en el Proceso de Paz. Al respecto, Hélène Papper, Directora del Centro de Información de Naciones Unidas en Bogotá, en entrevista, expone cuál ha sido el papel, los avances y retos, de dicha Organización en las etapas del Proceso y su implementación. 

 ¿Cuál es el rol de la ONU en Colombia?
H.P: El logro más reciente es que ahora que se firmó el Acuerdo con Las Farc empezamos como agencias y sistemas de Naciones Unidas a trabajar al lado de las comunidades y de los municipios, para asegurar que tengamos formas de escuchar a la ciudadanía para que los programas que se van armando den respuesta a las necesidades de las comunidades. Lo más importante es que conozcamos en el caso colombiano ¿cómo hacer para llegar a un desarrollo y una paz sostenibles?.

¿Cuáles han sido las etapas del apoyo de la ONU al Proceso de Paz?
H.P: La ONU acompañó el proceso de paz desde el inicio. Hoy en día estamos trabajando con entidades del sector privado y público para que juntos nos sumemos y fortalezcamos lo que se ha logrado en los acuerdos.

La ONU ha desarrollado dos misiones en Colombia. La primera Misión tuvo la carga de la verificación y acompañamiento de la entrega de armas de Las Farc. Y, la Segunda inicia para asegurar que se generen los espacios y las posibilidades para la reintegración y la reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil.

¿Qué sigue? En ¿Qué otras áreas trabajará Naciones Unidas en el marco de la implementación de los acuerdos?
H.P: Lo que es importante en cada espacio de posconflicto, cuando un país está pasando la página, es asegurar que la gente entienda lo que está pasando, que quienes estén en capitales o zonas rurales se vean involucrados en el proceso, y que entiendan cómo pueden cooperar en los cambios que se generan en Colombia.

Estamos trabajando especialmente a nivel educativo, con programas como: Educación por la paz; para que los jóvenes que van a ser quienes van a  tomar en unos años las decisiones estén enterados sepan cómo pueden trabajar en fortalecer la paz en Colombia. Porque con el apoyo de los jóvenes es que podemos asegurar que haya un desarrollo sostenible y se sientan empoderados para cumplir la agenda 20 – 30 de la ONU.

¿Con qué actores o entidades trabaja actualmente Naciones Unidas en Colombia?
H.P: Tenemos alianza con Bogotá Ciudad de Paz, Cámara de Comercio, Secretaría de Gobierno, Centro de Memoria, Alta Consejería por la Paz, Paz y reconciliación, estamos todos trabajando juntos para desarrollar diversos programas.

A nivel educativo estamos junto al Ministerio de Educación y diversas entidades del Estado. También con fundaciones en temas muy específicos, principalmente medio ambiente, y cultura con la fundación Arte por la Paz, la cual emplea el arte como medio para llegar a la población y generar reflexiones en torno a cómo es vivir en situación de posconflicto.

Como último, en el sector privado principalmente trabajamos con ECOS ya que es importante propiciar un entorno seguro para el desarrollo del país.

 

 EJES DE ACCIÓN HISTÓRICAS DE LA ORGANIZACIÓN[1]

  1. Descolonización
  2. Derechos Humanos
  3. Estupefacientes
  4. Medio ambiente
  5. Desarme
  6. Armas nucleares, químicas y biológicas
  7. Desarme y desarrollo
  8. Paz

 

PROGRAMAS DEL SISTEMA DE ONU[2]

  • Fondo Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF
  • Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR
  • Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo – UNCTAD
  • Programa Naciones Unidas para el desarrollo – PNUD
  • Fondo de las Naciones Unidas para la Población – FNUAP
  • Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA
  • Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación – UNITAR
  • Universidad de las Naciones Unidas
  • Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos – HÁBITAT

 

María Gabriela Novoa
Equipo de comunicaciones

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[1] Montaño, Jorge. Las Naciones Unidas y el orden mundial 1945 - 1992. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1992. Pág 20.

[2] Feller, Abraham traducción Díaz, Andrés. Las Naciones Unidas y la Comunidad Universal . Barcelona: Editorial Hispano - Europea , 1957.

[3] Montaño, Jorge. Las Naciones Unidas y el orden mundial 1945 - 1992. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1992.

[4] Montaño, Jorge. Las Naciones Unidas y el orden mundial 1945 - 1992. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1992.

Entre el 25 y 30 de septiembre se llevó a cabo la jornada interinstitucional de atención a víctimas de desaparición forzada en el Guaviare. Funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal, Fiscalía General de La Nación, Defensoría del Pueblo y Unidad para las Víctimas atendieron a más de 200 familiares que están en el proceso de identificación de víctimas de este crimen en el departamento.

Este proceso comenzó el 21 de febrero con una reunión entre instituciones convocada por Cinep/Programa por la Paz y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entre el 20 y el 22 de mayo, se realizó un taller de capacitación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación a líderes de organizaciones sociales y de víctimas y comunidad religiosa del Guaviare.

Se espera que este modelo piloto de atención a familiares que se realizó en el Guaviare, se replique en todos los municipios del país en donde se tengan registros o denuncias de desaparecidos con ocasión y en razón al conflicto armado interno. Actualmente, no hay una cifra consolidada que evidencie la cantidad total de desaparecidos en el departamento. Este es uno de los principales problemas existentes para llevar a cabo este proceso, pero se estima según el Registro único de víctimas que la cifra alcanza las 3.000 víctimas.

En esta jornada se recibieron 140 declaraciones de nuevos casos y se actualizaron datos de procesos anteriores. El proceso estuvo acompañado de un equipo psicosocial de la Unidad de Víctimas para atender a los asistentes a la convocatoria. Medicina Legal, realizó la toma de muestra a los familiares de casos por esclarecer para comprobar con posibles descubrimientos de fosas comunes o cadáveres sin identificar, para continuar con el proceso completo de entrega.

William Rozo, investigador del banco de datos de Cinep/PPP, organizador de esta jornada opina que el proceso de paz favoreció esta búsqueda. “Eso lo expresaron los familiares, pues hay mayor libertad para moverse en el territorio. Por eso el afán para que estas jornadas se realicen porque existe incertidumbre por la tensa calma que se vive en el Guaviare”

El Cinep/PPP apoyó la convocatoria a los familiares para que asistieran a la jornada y acompañó el desplazamiento de algunos de ellos, en especial, los que residían en veredas apartadas del territorio. El equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos celebra la realización de este tipo de acciones conjuntas y articuladas entre las entidades que tienen la responsabilidad de la búsqueda, identificación y entrega de los desaparecidos en el país.

Este ejercicio, hace parte de una de las funciones que tendrá la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada con el Acuerdo de Paz de La Habana, que pretende esclarecer los casos de desaparición forzada, formulando el censo nacional de cementerios, adelantando la búsqueda en otros municipios, actualizando la información de casos y registrando nuevos. Según la Unidad para las Víctimas, actualmente hay 46.000 casos de desaparición forzada reportados a nivel nacional.

 

Laura Inés Contreras - Equipo de comunicaciones

Con el aporte de: William Rozo- Investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos

Líderes de organizaciones reclamantes de tierra de Chocó, Magdalena, Bolívar y Montes de María se reunirán este fin de semana para intercambiar experiencias sobre los procesos de restitución que han adelantado con el acompañamiento de Cinep/PPP, la Pontificia Universidad Javeriana y el apoyo de la Unión Europea con el proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla”.

A las afueras de Cartagena, los líderes de organizaciones sociales que representan aproximadamente a 18.000 reclamantes de tierras, que fueron despojados por causas del conflicto en las últimas décadas en Chocó, Magdalena, el sur de Bolívar y los Montes de María, se reunirán para intercambiar experiencias positivas y negativas en sus procesos de reclamación, restitución y retorno a sus tierras.

María Alejandra Grillo, investigadora jurídica y gestora de Cinep/PPP en estas comunidades conversó sobre el impacto ambiental en los territorios, un tema que ha sido denunciado por las comunidades desde hace unos años y ha empezado a ser observado con mayor atención y detalle:

 Se ha empezado a hablar del impacto ambiental que han dejado los desplazamientos por el conflicto.

Alejandra Grillo: Yo prefiero llamarlo despojo ambiental. En los territorios nos hemos dado cuenta de que hay que ampliar la mirada sobre el despojo de tierras para poder analizar el impacto integral en las personas, las comunidades, su cultura, tradiciones y su forma de vida. Cómo ha ido más allá de quitarles la tierra o desplazarlos. Esto no es una cuestión jurídica de un título de la tierra; el despojo ha afectado que se siga manteniendo la forma de vida campesina o afrodescendiente porque les han quitado las ciénagas, los bosques, los han despojado de sus tradiciones.

Uno podría hablar de un exterminio de la forma de vida afro y campesina, entendiendo que hay una relación estrecha entre la tierra y las culturas.

 ¿Si hay retorno y la gente está regresando, no se sigue manteniendo esa relación?

A.G.: Lo que se ha evidenciado en Chocó, Las Pavas y Magdalena es que la gente salió de sus territorios desplazada hace 20 años y están retornando hace poco. Quienes llevan las luchas por las tierras son los ancianos. Los jóvenes salieron tan temprano que no han creado esas costumbres y relaciones. Cuando les devuelven la tierra, los que regresan son los viejos, los jóvenes siguen en las ciudades, ya no quieren regresar.

Esas tierras van a pasar a manos de los grandes ganaderos y empresarios, que fueron quienes los desplazaron. Esa tierra va a volver a sus manos no con violencia, sino que los jóvenes están vendiendo porque no quieren regresar. El despojo ha sido tan sostenido en el tiempo, han arrancado tan profundo los lazos sobre la tierra que es difícil volver a crearlos. No es imposible, ese es uno de los retos de la restitución, hay que enamorar a la gente del campo y hacerle sentir que el campo es una oportunidad.

 ¿Realmente que tantas oportunidades hay al regresar?

A.G.: Al campo lo está sobre poblando la agroindustria. El Chocó está rodeado de banano, Magdalena de palma, el sur de Bolívar de banano y palma. El Gobierno ya no da tantos subsidios para los otros cultivos. Las políticas le apuestan a esas grandes industrias.

A las personas que han regresado, les prometen proyectos productivos con la restitución, pero son promesas no cumplidas por el gobierno, les dan proyectos no sostenibles, no les han devuelto la vida que tenían antes del desplazamiento. La posibilidad de la gente de acceder a créditos es cada vez más difícil, las economías regionales se han volcado hacia la agroindustria y los grandes cultivos. No hay un apoyo realmente comprometido de parte del Estado para que los campesinos puedan retornar y retomar el campo.

 ¿Y qué está haciendo entonces la gente que ha regresado a sus tierras?

A.G.: La gente que retorno sin acompañamiento del Estado está haciendo contratos de arrendamiento a personas que tienen la plata para cultivar. Finalmente, los campesinos no son autónomos en sus propias tierras o sus propios proyectos porque no tienen el músculo financiero. Quienes terminan beneficiándose de la tierra son personas ajenas al territorio. En Chocó, el inversor mecaniza la tierra y el cultivo, de esa manera paga el uso de la tierra, no paga el trabajo; le toca al campesino trabajar para otro y salir a vender para obtener dinero para el inversor y para él. Los campesinos están teniendo que recurrir a las mismas personas que los han despojado.

 ¿Qué acciones están tomando las comunidades al respecto?

A.G.: La gente hace mucho tiempo está denunciando porque en su cotidianidad evidencian el impacto, ese daño ambiental se ha convertido en enfermedades de la piel, del estómago por el mal estado del agua, no tienen comida, las comunidades siempre dicen que antes había abundancia de pesca, de animales de caza y ya no tienen ni para comer.

Están haciendo una denuncia muy fuerte porque sienten el impacto en su cuerpo. Pero no ha pasado más allá de la denuncia porque mitigar ese impacto implicaría sacar la palma, el ganado y a los empresarios que están allí.

Las comunidades están teniendo conciencia de, en la medida de las posibilidades, proteger el ambiente que tienen, han empezado por no talar árboles, pero es difícil porque la madera es una de las formas en las que reciben dinero. Los campesinos y afros no tienen la capacidad de hacer esa mitigación, teniendo en cuenta que quienes hacen el daño son los megaproyectos, una escala muy grande.

 ¿Cuál es el daño provocado por los megaproyectos y cultivos extensivos?

A.G.: Yo creo que esa apuesta de hablar de los recursos naturales implica que la tierra es solo una. Pero hablemos del agua y ese es un punto que hay que empezar a enfatizar. Estos megaproyectos han hecho un daño tremendo porque para cultivar banano, palma y ganado hay que hacer filtraciones, hay que cambiar el cauce de los ríos para que no se inunden las zonas de cultivo, hay que secar ciénagas para obtener terrenos para la palma, taponan los cauces.

Todo eso genera una afectación y daño tremendo, desde la perspectiva técnica ambiental sobre los ecosistemas. Pero el daño es grave también desde una mirada cultural, por ejemplo, si secas una ciénaga, que son el lugar de nacimiento de los peces, se acaba la pesca y sin pesca no hay pescadores, se tienen que ir también con sus historias y el paisaje tradicional que los acogía.

 ¿Cómo se pueden medir esos impactos y daños ambientales?

A.G.: Apenas se está empezando a documentar realmente. Entre los resultados del acompañamiento de Cinep/PPP y Javeriana en las cuatro regiones hay un diagnóstico sobre el despojo ambiental de cada caso y cómo se ha afectado la vida de la gente. Estamos poniendo el tema sobre la mesa también en términos de cómo investigar ese impacto. Sobre esto van a conversar los líderes en el intercambio, para entender qué problemáticas están compartiendo todas las regiones de manera transversal. Esto es un problema de país, no de un caso.

 ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir y reparar?

A.G.: Los daños ambientales terminan siendo delitos ambientales y podrían ser castigados. En Colombia apenas se ha empezado a hablar del tema y no hay suficiente voluntad política para que en realidad se puedan penalizar los daños. Desde 2004 se habla de daños ambientales en términos penales, de ahí para atrás no se pueden castigar esos daños.

Uno de los horizontes que nos hemos planteado en Cinep/PPP es que estamos evidenciando que hay unos daños ambientales y unos responsables de esos daños que se hicieron en los años 80, 90 e iniciando los 2000; pero es muy difícil perseguir a los responsables. Luego de 2004, no hay voluntad política, jurídica ni institucional para investigar efectivamente a esos daños. No se puede adjudicar una responsabilidad penal a las personas jurídicas, no puedes echar a la cárcel a una de esas empresas.

 

 

Astrid Toscano
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico