El pueblo colombiano ha sufrido millones de crímenes puntuales e individuales, aunque miradas más escrutadores pueden descubrir conexidades que se multiplican y van revelando proyectos de exterminio o de neutralización más sistemáticos, que miran a modificar las fuerzas sociales y políticas en favor de intereses inconfesables.

Hay, sin embargo, casos mucho más explícitos de represión que no ocultan sus objetivos de exterminar grupos, comunidades u organizaciones enteras, o al menos reducirlas a una total impotencia, inacción o parálisis, sin ocultar los esfuerzos por cooptarlas; por transformar su naturaleza misma; por someterlas a otros parámetros de pensamiento y de acción; por forzarlas a ajustarse a las costumbres sociales y políticas del contexto; por reducirlas al statu quo.

Hace cerca de 22 años se configuró en el Urabá antioqueño una comunidad de campesinos cuyo distintivo central fue DECIRLE NO A LA GUERRA, no porque antes sus integrantes hubieran estado involucrados en ella consciente y libremente, sino porque vivían en un territorio donde imperaba el principio: “el que no está conmigo, está contra mí” y donde el campesino era forzado a colaborar con un bando o con otro o con ambos y era castigado e incluso asesinado si era descubierto en esas colaboraciones por el bando contrario. Una de las fuerzas allí implicadas era el mismo Estado, no sólo
a través de su fuerza pública sino también a través de las estructuras paramilitares, las cuales actuaban y aún hoy actúan, a la luz del día, en connivencia con las fuerzas estatales y utilizan los métodos más criminales.

La proclamación pública de la COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ realizada el 23 de marzo de 1997, trajo como reacción inmediata un despliegue atroz de violencia por parte del Estado y de sus estructuras paramilitares. También la guerrilla de las FARC reaccionó en un principio con violencia, si bien la inmensa mayoría de sus represalias fueron ejecutadas por un comandante de Compañía (alias ‘Samir’) quien actuó durante varios años como infiltrado del ejército, hasta su deserción de las FARC
en 2008. Desde la misma semana de su presentación pública (Semana Santa de 1997) la política de exterminio contra la Comunidad de Paz no ha cesado durante más de dos décadas transcurridas; por el contrario, se han ensayado todos los métodos conocidos de exterminio, los cuales se registran en esta publicación, siguiendo la diversidad metódica de las atrocidades y su secuencia cronológica.
De acuerdo con las categorías jurídicas mediante las cuales la comunidad internacional ha ido clasificando y graduando la gravedad de los crímenes de alcance universal, no queda duda alguna que este caso se inscribe en la modalidad de GENOCIDIO , pues toda la jurisprudencia internacional, antigua y reciente, autoriza a hacerlo. En un momento en que el Estado colombiano ha creado nuevos instrumentos de verdad y justicia y en que la comunidad internacional observa con atención la efectividad de esos instrumentos, se entrega este compendio concreto a la sociedad y
a la humanidad, conscientes como somos de que muchos episodios se escaparon del registro por múltiples razones. Al ofrecer este compendio, lo hacemos como un nuevo clamor de verdad, de justicia y de garantías de no repetición.

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Bogotá, noviembre de 2018

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En el departamento de Boyacá se encuentra ubicada la Provincia de Lengupá, tierra colindante con el departamento de Casanare, el cual desde hace largos años se ha visto afectado por los distintos conflictos armados que han surgido en el país, dejando incontables víctimas en el territorio.

En esta ocasión, en la catorceava entrega de Caso Tipo, el equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP compiló las voces de algunas personas de la región como un ejercicio de recuperación de la memoria y de dignificar las voces de las víctimas que padecieron la violencia a lo largo de estos años. Los testimonios aquí presentados narran los hechos ocurridos desde los años cincuenta hasta el 2005.

 Algunos de los temas recurrentes de esta publicación giran en torno a la guerrilla conservadora de los Chulavitas y las agresiones que ejercieron sobre los habitantes de esta región y su expansión hacia el Casanare. También narra cómo Ecopetrol, a partir de 1969, con los hallazgos de los pozos de Cupiana y Cupiagua, propició la colonización del Casanare a través del boom del petróleo que se dio en esa región y la conformación de este como departamento.

A su vez en Miraflores, capital de la provincia, se desarrolló, como lo dicen las autoras del último capítulo del libro, “una gramática del sufrimiento” (Espinosa, 2007) ejercida por los paramilitares con actos violentos de desaparición, sufrimiento, secuestros y persecución política, etc.

Por último, vale la pena resaltar las aproximaciones a la violencia armada en esta provincia con algunos casos paradigmáticos, como por ejemplo el de Fernando Ortiz quien fue reclutado por los paramilitares y logró escapar. Esta narración fue tomada de La libre belgique y traducido del francés por Javier Giraldo M., S.J.  

Este documento es un ejercicio de aproximación a los hechos de violencia sucedidos y relatados por sus propios pobladores, entre ellos, quienes vivieron descarnadamente el horror perpetrado por organizaciones paramilitares: sobrevivientes, ex-alcaldes, ex personeros, líderes sociales y ciudadanos de a pie. El cuerpo del texto recoge, de manera relevante, los testimonios de las víctimas en un múltiple ejercicio, en el que se libera carga emocional, se sanan heridas, se recupera la confianza, se reconstruye el tejido social, se genera autonomía, se visibiliza el territorio ante el Estado- nación, y también se genera auto reconocimiento.

Consulta Hilando voces, tejiendo memorias. Tras las huellas de las violencias en Lengupá

Del 18 de febrero al 8 de marzo se llevarán a cabo las reuniones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en Ginebra, Suiza. En esta ocasión el comité revisará el estado de los derechos de las mujeres en: Angola, Antigua y Barbuda, Botswana, Colombia, Etiopía, Serbia y el Reino Unido.

En Colombia fueron 70 las organizaciones sociales que se articularon para crear un informe alternativo que diera cuenta de la grave situación en términos de garantías de derechos que enfrentan las mujeres rurales y campesinas del país. Estas organizaciones realizaron la verificación a las observaciones finales de los informes periódicos 7º y 8º combinados de Colombia y al 9º informe periódico presentado por el gobierno colombiano ante el Comité CEDAW, entre otros documentos. Con estos insumos construyeron el primer “Informe Sombra” específico de mujeres rurales y campesinas de Colombia, que se presentó el 18 de febrero en la 72º Sesión del Comité CEDAW.

En este evento participó Diana Sauna de la Comunidad Wiwa de la Sierra Nevada y en su intervención alertó e hizo un recuento de los 7 casos de comunidades de mujeres rurales que en Colombia ejemplifican la violación de derechos a varios niveles y en diferentes partes del país por parte del Estado, las empresas y los actores armados.  Marlen Alfonso de la Plataforma de incidencia política de mujeres rurales colombianas también tuvo un espacio en donde se centró en cuatro puntos principales: La inequidad en la estructura económica pauperiza el trabajo de las mujeres rurales, el Sistema Estadístico Nacional no integra indicadores de género, el Estado colombiano restringe los mecanismos de participación de las mujeres rurales y campesinas, persiste una adopción de marcos legales regresivos en materia agraria y económica.

Después de las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil en Colombia, el CEDAW hizo preguntas específicas al Estado colombiano a partir de lo discutido el pasado 18 de febrero con las organizaciones. Se esperan las recomendaciones finales de parte del comité para todos los países, el lunes 11 de marzo.

Lee aquí el informe completo: 

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En su primera versión del 2019, Diálogos Cinep puso en la mesa del debate la crisis de asesinatos contra líderes sociales. Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores, junto con Juan Fernando Vargas, profesor titular del la Universidad del Rosario, acompañaron este conversatorio para informar sobre la situación de los líderes y lideresas en el escenario del posacuerdo. ¿Quiénes los están matando?, ¿cuáles son los posibles motivos?, ¿cuál es la percepción sobre la gestión de las instituciones? Fueron estas algunas de las preguntas que proporcionaron el hilo conductor de este diálogo. 

Matar líderes: ¿qué puede estar pasando?

El profesor Vargas fue uno de los autores del informe “Matar a líderes sociales para el control territorial. Las consecuencias inesperadas de la paz”. De acuerdo con Vargas, el asesinato de líderes es un fenómeno sistemático que debe ser reconocido como tal: “es un fenómeno que tiene causas políticas evidentes, pero a pesar de eso, hasta hace poco comenzó a ser estudiado de manera rigurosa”, expresa el profesor. La falta de identificación de patrones comunes ha sido otro de los obstáculos que, según él, ha impedido que se establezca una mayor comprensión de los motivos centrales.

En términos de temporalidades, después del primer semestre del 2015, como establece Vargas, se presenta un aumento considerable de los asesinatos de líderes. De ahí que se facilite la elaboración de hipótesis y el cuestionamiento sobre afirmaciones tales como la exacerbación de estos hechos después de la firma de los Acuerdos en 2016: “¡Al parecer no es así! Este fenómeno se exacerbó dos años antes de la implementación del Acuerdo de Paz. Entonces la respuesta no puede ir por ese lado”, afirma.

Bajo este análisis, el profesor Vargas llamó la atención sobre la decisión de la entonces guerrilla de las FARC de aceptar un cese al fuego. Este hecho, ocurrido en diciembre de 2014, es para Vargas una de las causas del aumento de asesinatos. La paradoja para el profesor se presenta a simple vista: ¿a qué se puede deber el aumento de asesinatos en un periodo en donde hay un cese al fuego? “Una de las estrategias de grupos al margen de la ley para controlar territorios estratégicos es el asesinato selectivo de civiles”, sostiene Vargas. Es ahí donde los líderes de las comunidades se convierten en el objetivo militar directo de estos grupos armados.

El impedir la acción colectiva de las comunidades por medio de la coacción armada y violenta es, desde la perspectiva del académico, uno de los motivos del asesinato. “Nuestra hipótesis es que, una vez las FARC decretó el cese al fuego, de facto, se convirtió en una invitación a otros grupos armados al margen de la ley que no hacían parte de la negociación de paz, como bandas ‘neoparamilitares’, de ocupar los territorios dejados por el entonces grupo guerrillero. Ya no encontrarían resistencia armada”, afirma.

Estos efectos, según el profesor, también dan cuenta de una falencia del gobierno al momento de la negociación. “Hizo falta una estrategia de consolidación de una presencia institucional de seguridad, justicia y desarrollo económico en esos territorios. Ese vacío facilitó la apropiación de esos espacios por parte de los otros actores armados”, sostiene Vargas. De ahí que se desprenda el asesinato selectivo de líderes sociales como estrategia de control de los nuevos grupos armados al margen de la ley.

No obstante, en el informe se ha logrado identificar de una manera parcial a los perpetradores de los homicidios. Los ‘neoparamilitares’ y el ELN, según Vargas, fueron los principales victimarios identificados. Además, el académico resalta que estos asesinatos no necesariamente se intensifican en zonas donde haya presencia de cultivos ilícitos o de minería ilegal, pero sí en zonas donde hay demandas de restitución de tierras, “es ahí donde la situación es más grave. No estoy diciendo que la restitución de tierras explique el asesinato de líderes, pero sí es un factor que lo agrava”, dice Vargas.

Para una mayor comprensión del fenómeno, han sido varias las organizaciones defensoras de derechos humanos que se han asociado para obtener una lectura integral y sólida del asesinato a líderes. El Programa Somos Defensores, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la Federación Comunal, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), el Cinep/Programa por la Paz, entre otros, son un ejemplo de asociación que tiene por objetivo una aproximación a los métodos y causas del asesinato de líderes.

Las organizaciones arriba mencionadas eligieron el periodo del posacuerdo (1 de enero de 2016 – julio de 2018) para desarrollar el análisis del fenómeno. “Cruzamos todas nuestras bases de datos y encontramos 343 casos de asesinatos. Sobre esa cifra estuvimos trabajando”, afirma la coordinadora del Programa Somos Defensores, Diana Sánchez. Dentro de los resultados obtenidos, Sánchez resaltó algunos patrones críticos dentro del fenómeno del asesinato de líderes sociales: “El gobierno insiste en que no hay sistematicidad, que son casos aislados y no tienen conexión. Podríamos pensar que efectivamente no hay una organización delictiva a nivel nacional que esté haciendo todo, pero sí hay un patrón común: están matando líderes sociales”, expresa Sánchez.

Es a partir de este patrón común que, según la coordinadora, es necesario prender las alarmas. De la misma forma, han identificado que estos asesinatos están muy relacionados con el intento de implementación de los pactos provenientes del Acuerdo de Paz. Otro patrón en el tipo de víctimas es que los líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) son las personas más afectadas por este tipo de violencia. “Las JAC son las organizaciones base del país, y son sus líderes los que están enfrentados a todo tipo de agresiones”, dice Sánchez. A lo anterior se suma que se ha descubierto la contratación de sicarios para los asesinatos: “eso quiere decir que hay alguna estructura detrás de los asesinatos. Para pagar sicarios debe haber una estructura criminal que lo haga, no puede ser aislado”, sostiene.

De otra parte, la coordinadora rescata que después del Acuerdo hubo una mayor sensibilización hacia la tarea que realizan los líderes sociales. Antes, según Sánchez, se representaba al líder social como un individuo que no actuaba por autonomía, sino por manipulación de guerrillas u otros grupos al margen de la ley. “Esto significa que el liderazgo social recobró la independencia que había perdido”.

Lo anterior, sin embargo, se ven truncado por los pocos avances en términos de esclarecimiento de los hechos que presenta la Fiscalía General de la Nación. Sánchez recalcó que la Fiscalía tomó como universo los asesinatos que se produjeron desde el 2016 hacia adelante: un total de 194 casos. De esos casos, afirmaron que un 50 % se había logrado esclarecer. Sin embargo, la coordinadora indica que este ‘esclarecimiento’ no necesariamente hacía referencia a condenas emitidas (que son, para Sánchez, el verdadero indicador de esclarecimiento), sino que también incluían las imputaciones. El criterio de ‘imputación’ se define como la etapa en la que la Fiscalía determina quiénes pueden ser los posibles responsables de los asesinatos. “Cuando fuimos a mirar, en realidad había 16 sentencias, es decir, un 8.5 % de esclarecimiento. No hay tal para decir que hubo un 50 %. Eso es lo que queda frente al mundo y el país. Eso es manipulación”, recalcó.

Por otra parte, Sánchez sostuvo que otra incompatibilidad que se presenta es con la identificación de los victimarios. Para la coordinadora las Fuerzas Militares también han sido identificadas como responsables de los asesinatos. “Siempre nos ha coincidido que las Fuerzas Militares y el ELN se compiten los números: están entre 6 y 7 asesinatos de líderes sociales al año. El gobierno presenta siempre al ELN como el victimario principal y no es así”, expresa. No obstante, la coordinadora del programa Somos Defensores fue enfática en afirmar que son responsables desconocidos quienes han cometido la mayoría de asesinatos.

Ante este escenario, Sánchez manifestó la preocupación por las incoherencias e inconsistencias que se han presentado desde el Gobierno y agentes del Estado como la Fiscalía. Este sentimiento se basa en las contradicciones evidentes en los reportes sobre avances en la investigación de los asesinatos a líderes sociales. Para Sánchez, es necesario enfocarse en la identificación de los actores que perpetúan estos crímenes.

Algunas cifras

Vale la pena destacar algunas cifras de los informes que fueron insumos de la conversación en Diálogos Cinep/PPP:

“Matar a líderes sociales para el control territorial” anotó que la evolución del asesinato de líderes sociales y de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC pasó de 30 asesinatos en el primer semestre de 2015, a más de 45 en el segundo semestre del 2017. Por su parte, Somos Defensores registró que para el tercer semestre de 2018 se presentaron 32 asesinatos a líderes sociales. Otros tipos de violencias identificadas, para ese mismo periodo, por la organización fueron: amenazas (87 casos), atentados (5 casos), detenciones arbitrarias (2 casos), judicializaciones (1 caso) y robo de información (1 caso). Esto dio un total de 128 agresiones individuales.

En cuanto a presuntos responsables, el informe titulado “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Posacuerdo”, resultado de la alianza de varias organizaciones sociales, identificó que entre julio y septiembre de 2018 un 59.3 % se atribuían a paramilitares, un 34.4% a desconocidos, 4.7% a la fuerza pública y un 1.6 % a guerrilla. 

 Video completo de #DiálogosCinep Nos siguen matando: asesinato de líderes sociales en el posacuerdo

 

Sergio Mahecha Jaimes
Equipo de Comunicaciones

    

  

 

A finales del año pasado, causó controversia en la opinión pública la firma del Presidente Duque al Decreto 2362, que amplía durante el presente año, el permiso para el uso de armas por parte de civiles en Colombia, con el argumento de la legítima defensa. Es paradójico que mientras se firma un Acuerdo de Paz para sacar las armas de la política, sectores del Centro Democrático y del partido Conservador, firmaran una carta para impulsar este decreto. De otra parte, diversos sectores políticos y ciudadanos señalan que esta medida es peligrosa, pone en estado de vulnerabilidad a la ciudadanía y debilita la acción de quienes deben tener el uso exclusivo y el monopolio de las armas en un Estado Social de Derecho, que para el caso del país son las Fuerzas Armadas, la Policía y los cuerpos de seguridad legales.

La ciudadanía no necesita armas para su seguridad, necesita, en lo inmediato, un cuerpo policiaco y de inteligencia que descubra, desarticule y capture a los delincuentes y criminales de todo tipo y un cuerpo de justicia que establezca los debidos procesos jurídicos que lleven al restablecimiento efectivo de los derechos conculcados y la resocialización de los delincuentes. Pero para que la seguridad no solo se limite a la aplicación de acciones jurídicas, punitivas y de resocialización, la sociedad e institucionalidad colombiana necesita de una comprensión más amplia de seguridad humana que se traduce en: justicia, equidad, seguridad social, educación, igualdad y paz.

Desafortunadamente, existen sectores sociales y políticos que creen más en el uso de las armas para solucionar los conflictos que en el valor de la educación, del diálogo constructivo y la mediación de la razón para la transformación de los conflictos sociales. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el Estado colombiano destinó para el año 2017 una importante cantidad de dinero en seguridad y defensa. Colombia es el país de Sudamérica que tiene el mayor gasto en materia militar con relación a su producto interno bruto, después de los Estados Unidos, con el 3.1%, equivalente a 9.173 millones de dólares. Una gran suma que, si se invirtiera en educación, daría grandes oportunidades para el futuro de millares de jóvenes.

En noviembre del año pasado, el Papa Francisco en un discurso ante los participantes en la asamblea plenaria de la Pontificia Academia de Ciencias, alertó sobre la ausencia de voluntad y determinación política para detener la carrera armamentista y poner fin a las guerras para enfrentar con urgencia necesidades de los seres humanos. El Papa llamó a detener las guerras, para pasar con urgencia a las energías renovables, los programas dirigidos a asegurar el agua, la alimentación y la salud para todos e invertir en el bien común los enormes capitales que permanecen inactivos en paraísos fiscales.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General Cinep/Programa por la Paz