Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Ocupa el primer lugar en biodiversidad de aves y orquídeas, y es el hogar de especies fascinantes, como la rana dorada, el vertebrado más venenoso del mundo, y el mono titi cabeciblanco, los cuales habitan solo en nuestro país.

A pesar de esta innegable riqueza natural, nuestros animales, plantas y ecosistemas están en riesgo. Se estima que 40 mamíferos, 55 anfibios y 68 tipos de aves se encuentran en peligro crítico o en estado de vulnerabilidad. Según el Informe de Biodiversidad realizado por el Instituto Humboldt en el 2014, “La mayor amenaza para la diversidad a nivel de especies es la pérdida de hábitat generalmente relacionada con la expansión de las fronteras agrícola y ganadera", situación que afecta al 85 % de las especies.

Este mismo informe también revela que “si se mantiene la tendencia actual, a 2030 se perdería un 12 % adicional de los bosques remanentes, principalmente en la región andina y en las zonas del piedemonte", alcanzando de esta manera una deforestación del 27 %.

Ante este panorama, en Rompecabezas nos preguntamos ¿cómo asimila el país esta biodiversidad?, ¿qué se está proponiendo desde la política pública para proteger los ecosistemas y la vida que en ellos habita?, ¿de qué manera se ha empoderado la ciudadanía para proteger la fauna y flora?

 Invitados:

Las luchas y el dolor de las personas victimizadas por el Estado y el paramilitarismo son analizadas desde la academia por Diana Gómez, antropóloga e historiadora, en su tesis doctoral “De vientre, amor y sangre” que expuso el pasado 20 de octubre. Ésta fue la primera presentación del ciclo de discusiones Transiciones en disputa. Pensando la paz entre teoría y práctica.

El trabajo de Gómez se centra en comprender la realidad de las víctimas en dos perspectivas: desde la transformación del dolor en capacidad de lucha y desde los afectos que se manifiestan en los cuerpos de quienes sufren la pérdida de sus seres queridos. Además, define su investigación como participativa y autoetnográfica, pues su padre, Jaime Gómez, fue desaparecido y asesinado cuando trabajaba como asesor de Piedad Córdoba.

“Los muertos tienen agencia” dice Gómez, integrante del movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, mientras planteaba la influencia de esos seres queridos en la continuidad de los procesos de lucha que motivan la conformación de colectivos en los que participan las personas victimizadas. En estos espacios se reconfiguran las relaciones de quienes los integran “son entendidos como familia, donde encuentran solidaridad y compañía”, asegura.

Paralelamente, Gómez explicó que existen unas cartografías del cuerpo, unos métodos que usa para que las víctimas puedan representar gráficamente las emociones de sus duelos desde las sensaciones en su cuerpo. Es así como, en uno de los ejercicios, un participante manifestó en un brazo (del dibujo que representaba su cuerpo) la esperanza y en el otro la venganza.

Para Gómez, las emociones de las víctimas  se han movilizado políticamente y “no hay paz posible si no reconocemos el gran poder del afecto”. Las víctimas le dieron características políticas a sus lazos de afectos al llevarlos a la esfera pública. “Hemos emergido del dolor… el amor por ellos [sus seres queridos asesinados] nos ha hecho luchar” expresó en su intervención Gloria Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).

La antropóloga Gómez indicó que en este punto las víctimas actúan políticamente, dándoles un rol que va más allá de los testimonios que generalmente son registrados por la academia.  “Buscamos que la academia se acerque a la realidad y sobre todo a la sensibilidad de las víctimas” explicó la coordinadora de Asfaddes.

Esta primera presentación es parte de una serie de trabajos y discusiones elaborados por integrantes de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad alrededor de la paz, los sujetos victimizados y la justicia transicional. La segunda presentación, Justicia transicional  y neoliberalismo: debates para la construcción de paz,  se realizará en la Pontificia Universidad Javeriana el 3 de noviembre.

 
Gisselle Martín Chocontá
Equipo de comunicaciones

En la comunidad de La Horqueta 2, cerca al municipio de Albania en La Guajira, decenas de líderes regionales y comunitarios del departamento y del resto del país se dieron cita para continuar en la lucha de evitar el desvío del arroyo Bruno. El CINEP/PPP, además de acompañar a estas comunidades, registró el recorrido por el arroyo, una caminata que dio cuenta del impacto de la mina del Cerrejón en la zona.

Hacia la cabecera del arroyo Bruno todavía se escuchan las voces de los micos aulladores que hablan desde las copas de los árboles verdes y frondosos. Los insectos y las serpientes se cuelan entre las rocas que sobresalen en el sendero húmedo de hojas y tierra que solía ser un arroyo caudaloso, mucho antes de la llegada de Cerrejón al departamento.

Hilos de agua muy reducidos, en comparación al espacio total donde corría libremente el afluente, dan cuenta de la falta de este recurso en la región. Algunos nacimientos naturales brotan entre las rocas y en pequeños posos todavía viven peces de colores y anfibios.

En la parte media del arroyo se ve un carrotanque extrayendo agua del río, una actividad que, según los habitantes Wayúu de la zona, es bastante común, sobre todo para suplir a aquellas comunidades que por la extracción minera se han quedado sin agua. Detrás del sonido del arroyo, de las aves y de los árboles al viento se escucha la actividad minera de Cerrejón.

“Estamos asustados con la desviación del arroyo Bruno porque vamos a sufrir más, ¿de dónde vamos a sacar el agua?”, afirma Lorenza Pérez Pushaina, autoridad tradicional de La Horqueta 2, una de las comunidades que se benefician de este arroyo que Cerrejón pretende desviar para explotar el carbón que reside bajo su cauce. La idea es correr un tramo del arroyo 700 metros hacia el norte, acción que está aprobada en los planes de Cerrejón desde 1998 y que cuenta con el permiso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

A medida que el arroyo se acerca al área privada de la mina la naturaleza pierde su color. Los árboles son grises, la tierra es árida, no se escuchan animales y el sol cae, inclemente, sobre los caminos sin sombra, la zona está militarizada y entre la hojarasca se divisan las estructuras herrumbradas de lo que alguna vez fueron viviendas A esta altura el agua se hace espesa por los desechos que recibe, el lugar es conocido como el “botadero”. El aire caliente del medio día entra a los pulmones como humo denso, como humo de carbón.

“La relación nuestra con el arroyo Bruno, principalmente, representa las venas, es la vena de la tierra. Cortar una vena significa la muerte, entonces esto tiene un alto de representatividad espiritualmente para nosotros porque ahí surge el soñar, las prácticas espirituales las realizamos en nuestro arroyo, todo está relacionado con todo. Estos cuerpos de agua tienen que ver con nuestras formas de vida, con nuestra comunidad, con nuestra tierra”, afirma Jazmín Romero, líder del Movimiento Fuerza de Mujeres Wayúu.

El desvío del arroyo Bruno, además de impactar el recurso hídrico, está acabando con las prácticas ancestrales y cotidianas de quienes habitan cerca a su cauce. Las comunidades Wayúu de La Horqueta 1 y 2, El Zahíno, La Gran Parada y El Rocío, entre otras, se están uniendo para resistir el impacto de la mina y evitar el desvío del arroyo.

El Bruno todavía está vivo, en su nacimiento todavía respira. Es un gran cuerpo viviente cuya garganta se seca por la minería; su canto de agua ya poco se escucha. Por eso el arroyo pide nuestra voz para exigir el respeto de su cauce, para no destruir el hogar de las especies que viven en él, para calmar la sed de los habitantes de La Guajira y para mantener el lugar ancestral de decenas de comunidades que, a diferencia de muchos colombianos, sí comprenden el valor natural y espiritual de nuestros recursos, los cuales están siendo acabados por la minería a gran escala. #SalvemosElBruno

Maria Alejandra Navarrete
Oficina comunicaciones

La comunidad Wayuu está ubicada en la península de La Guajira al norte de Colombia y al noroeste de Venezuela en el estado de Zulia, sobre el mar Caribe. Los wayuu son el pueblo indígena más numeroso de los dos países. Representan el 48% en La Guajira y el 11% en el Estado Zulia.
Según la colectividad Fuerza de Mujeres Wayuu, este pueblo indígena se considera a sí mismo como binacional, entendiendo este último concepto como “la libre movilidad por los territorios ancestrales”.


No obstante, los históricos problemas económicos, sociales y diplomáticos propios de la frontera con Venezuela han afectado a la comunidad, pues además de restringir su circulación por el territorio, han provocado el desabastecimiento de agua y alimentos.


Así mismo, se presenta un cuestionamiento respecto al establecimiento de los límites territoriales entendidos como frontera, pues tTanto para los wayuu como para diferentes pueblos indígenas de Colombia es problemático el establecimiento de los límites territoriales entendidos como frontera, pues para ellos las fronteras están más relacionadas con su arraigo cultural que con decisiones políticas.

No obstante, los históricos problemas económicos, sociales y diplomáticos de la frontera con Venezuela han afectado a la comunidad, pues además de restringir su circulación por el territorio, han provocado el desabastecimiento de agua y alimentos.


Por tal razón, en esta última entrega de la serie ¿Qué pasa en las fronteras de Colombia? Municipios al límite nos preguntamos cuál el punto de vista de las comunidades indígenas que habitan en frontera, cómo su binacionalidad es tenida en cuenta desde la política pública y por qué se hace necesario que como ciudadanía rescatemos la visión étnica de los territorios, sabiendo que nuestra Constitución Política es incluyente y reconoce, así sea en el papel, la diversidad de nuestros pueblos.

 Invitados:

  • Monseñor Héctor Salah Zuleta, diócesis de Riohacha 
  • Remedios Uriana, indígena Wayuu.
  • Liliana Munera, investigadora del CINEP/Programa por la Paz   

“Para vivir en paz, la racionalidad colectiva es más rentable que la racionalidad individual, porque evita que el pez grande termine por comerse a todos los peces chicos”, afirmó Alejandro Angulo S.J., mientras hablaba de los desafíos para la reconciliación en el país durante la cátedra Martín Baró realizada en la Universidad Javeriana el pasado 21 de octubre.

En su reflexión, Angulo explicó acciones que considera necesarias para recobrar la confianza entre los colombianos, proceso fundamental para la reconciliación. La primera de ellas se refiere a entender que el otro es esencial para la vida de cada ciudadano, por lo que propone la educación cívica para transformar el egoísmo o la racionalidad individual en prácticas más justas y con equidad.

Marcela Gallego, del Programa de Formación a Lideresas Afectivas en Medellín, narró en su intervención la experiencia de la comunidad con la que trabaja a través de la  conformación de grupos de apoyo, espacios de encuentro que sirven para la reconstrucción de lazos y fortalecimiento de la colectividad. Gloria Zapata, lideresa de los grupos de apoyo cuenta como a través de su propia vivencia genera vínculos con las personas participantes. “Como víctima me es posible acompañar a otras víctimas”, afirmó.

Por su parte, los actores armados que se desmovilizarán deben reconocer todas las barbaridades que cometieron y deben ganarse la confianza de los ciudadanos, de acuerdo con Angulo. Además, explicó que existen niveles de confianza que se escalarán en el largo plazo: primero, el respeto a la vida donde “yo no te mato, tu no me matas”; luego, el nivel donde existe una interacción “hacemos un negocio juntos, tú pones parte y yo pongo parte”; y por último, la colaboración sin necesidad de negociaciones explícitas que se organiza conjuntamente por un objetivo que favorezca al país.

En un nivel más amplio, Angulo indicó que se debe adquirir la noción de espacio público. “Hay que construir el mecanismo de la gobernanza: la capacidad de los ciudadanos de crear instituciones que cuiden ese espacio y de organizar a los grupos ciudadanos que les exigen rendición de cuentas a los cuidadores. Así se previene la impunidad”.

Este ejercicio cobra realidad con las Lideresas Afectivas, pues de acuerdo con Gallego se potencian las habilidades de las mujeres víctimas para que se conviertan en ciudadanas activas que aportan al bienestar de su comunidad.

Acercar las visiones políticas polarizadas es otra de las acciones para recuperar la confianza, pues “planteamos las propias opiniones en términos de amigo-enemigo y adoptando una mentalidad intolerante lo que  genera continuamente enfrentamientos a muerte” explicó Angulo.

Las anteriores acciones enuncian pasos importantes con las que la ciudadanía puede contribuir a la reconciliación. La confianza entre ciudadanos, la construcción colectiva de la sociedad, la apropiación del espacio público y el reconocimiento de las visiones políticas opuestas a la propia son claves para que los acuerdos que se firmen en La Habana operen en la realidad colombiana y se logre su continuidad en el tiempo.

 
Gisselle Martín Chocontá
Equipo de comunicaciones