“Encontramos varios elementos desestabilizadores de paz en el Chocó, que obstaculizan la consolidación de un proceso de paz y la construcción de desarrollo desde la cosmovisión de las comunidades” afirma Juan Pablo Guerrero, coordinador del proyecto Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP/PPP. Desde la experiencia investigativa, Guerrero analiza el contexto al que se enfrentarían los posibles acuerdos de paz.

Entre 2011 y 2014 alrededor de 35.640 personas fueron desplazadas de los municipios de este departamento del pacífico. En el proceso de restitución de tierras resulta indispensable brindar condiciones para el regreso de estos ciudadanos que, según dice Guerrero, “son comunidades que pretenden retornar al territorio pero no existen garantías por parte del Estado”.

Para garantizar la distribución justa y equitativa del territorio, la Unidad de Restitución de Tierras contactó al CINEP/PPP para caracterizar las afectaciones territoriales a los títulos colectivos de comunidades negras cometidas desde 1991. Este es un paso para el cumplimiento de la ley 1448 de 2011, referida entre otros a la reparación integral de las víctimas.

Este trabajo pretende caracterizar las afectaciones territoriales de los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla (subregión del Bajo Atrato, Chocó) como herramienta de política pública de restitución de derechos territoriales étnicos en el marco del Decreto Ley 4635 de 2011. Los territorios que demandan están compuestos por 107mil hectáreas y por alrededor de 48mil hectáreas respectivamente para cada Consejo.

Este proceso de restitución se dificulta por los elementos desestabilizadores de paz que explica Guerrero. Para empezar, se han otorgado 160 títulos para explotación minera hasta el 2012, lo que representa 250.000 hectáreas de las que se pretenden extraer metales preciosos como oro, cobre y molibdeno. Económicamente, “la participación del sector minero del PIB departamental es de un 40% y no se ve ese incremento en temas de educación ni productivos, sino en temas de explotación”, explica el investigador Guerrero. En el año 2000 la minería representaba alrededor de 25.000 millones de pesos del PIB de Chocó, ahora es de 1,8 billones de pesos respecto a 3,2 billones del total del departamento.

Por otro lado, se ha generado un incremento en la siembra de cultivos ilícitos y la comercialización de hoja de coca y marihuana prensada. En el año 2008 había 1.200 hectáreas de coca que ahora ocupan 5.000 hectáreas. El aumento se produjo especialmente en la subregión de Baudó y Bajo Atrato, lugares donde se distribuyen hacia Centroamérica o Ecuador. Sin embargo, explica Guerrero, “el asunto complicado es lo que está detrás: las alianzas estratégicas de actores armados como bandas criminales (o paramilitares), el ELN, las FARC, o incluso, cuerpos de investigación judicial y miembros de comunidades locales”.

Los 31 municipios de Chocó tienen presencia de actores armados ilegales. Particularmente, las bandas criminales se ubican en las cabeceras municipales y los grupos guerrilleros en las zonas rurales. Además, la presencia del ELN es bastante marcada en varios territorios de la región como en Baudó (alto, medio y bajo) y San Juan (alto, medio y bajo).

Dentro de los elementos que no permiten consolidar la construcción de paz, se destacan los indicadores de pobreza y de corrupción. El 63% de los habitantes de Chocó son pobres y 150.000 personas viven en pobreza extrema. Además, las altas cifras de corrupción reflejan la baja eficiencia institucional, lo que explica que el departamento haya tenido cuatro gobernadores en el pasado periodo electoral.

Pasada la etapa de sistematización y divulgación de la caracterización realizada, en un escenario posterior a la adjudicación de terrenos, CINEP/PPP se propone generar un monitoreo y seguimiento de los procesos judiciales para una restitución integral de los derechos colectivos.

Gisselle Martín Chocontá
Equipo de comunicaciones

Como culminación del proceso de “Formación Política y Ciudadana” de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana del CINEP/ Programa por la Paz, en asocio con la Región Fronteras de Fe y Alegría y el aval académico del Instituto PENSAR de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, se realizó el tercer taller y la clausura de este diplomado del 8 al 10 de junio del 2015 en la ciudad de Guasdualito del Estado Apure de Venezuela. El taller contó con la participación de 30 asistentes y la ceremonia de clausura otorgó certificado de Diploma a 91 graduandos de 8 ciudades y poblaciones de los ámbitos fronterizos Andino y Llanero: San Cristóbal, Naranjales, El Nula, San Joaquín de Navay, San Fernando de Apure, El Yagual,Achaguas y Guasdualito.

Hombres y mujeres, vinculados en su mayor parte como instructores a Centros de Capacitación Laboral (CECAL), pero también docentes y comunicadores de Centros Educativos e institutos Radiofónicos de Fe y Alegría, transitaron en este proceso formativo durante más de un año, iniciado en abril del 2014, y con el despliegue del mismo en cada una de las localidades participantes mediante ejercicios de cartografía social y la realización de “re-creaciones” continuadas con un mismo grupo de participantes, ejercicio por el cual se adapta y ajusta los referentes temáticos del proceso a los contextos locales, bajo la pauta guía de la “ruta pedagógica” del proceso de la EPCC.

El propósito de alcanzar un mayor nivel de influjo de los centros de capacitación laboral en sus contextos circundantes no sólo se ha ido afianzando en el tiempo, sino que comenzó a concretizarse mediante la definición y preparación de proyectos de emprendimiento social y productivo en cada una de las localidades. Por iniciativa misma de los participantes, se consensuó la realización de un nuevo encuentro para noviembre 2015, con miras a precisar y materializar las proyecciones mismas de los Cecales, esfuerzo mancomunado y participativo que contribuirá a fortalecer la articulación de la Región Frontera de Fe y Alegría, y que responde al propósito de fortalecer el sujeto social fronterizo como tuvo a bien señalarlo el P. Dizzi Perales S.J., actual director del proyecto Región Apostólica Interprovincial Fronteriza (RAIF) durante la ceremonia de clausura.

 

Ante el escenario de una posible finalización del conflicto, se propuso una reflexión crítica que contribuya a la construcción de paz desde la academia. El espacio para la discusión se abrió el 16 y 17 de junio pasado con el seminario “Balance crítico de los estudios de paz en Colombia”, organizado por el proyecto Iniciativas de Paz del CINEP/PPP.

Las diferencias entre las concepciones de la paz liberal y los estudios con enfoque de subalternidad fueron uno de los puntos más destacados de las conversaciones entre los participantes. “Hay una tensión entre lo que los grupos quisieran investigar, con las agendas que vienen un poco orientadas por la cooperación internacional” explicó Fernando Sarmiento, coordinador del proyecto organizador, sobre el debate alrededor de la paz liberal y la financiación de los estudios de paz.

“La investigación para la paz debería mantener sus autonomías viendo cuales son los temas pertinentes para el país y hacer sus aportes con independencia académica”, afirmó Sarmiento insistiendo en la coherencia que deben tener los enfoques teóricos con las metodologías de investigación.

En este sentido, el investigador propuso buscar una mayor participación de las iniciativas de organizaciones y sectores sociales que trabajan por la paz, como un avance en el enfoque de subalternidad. Por ende, es necesario “crear formas de relacionamiento en donde la investigación estuviera encaminada a fortalecer esos procesos sociales, jugando un rol y papel político protagónico”, de acuerdo con Sarmiento.

Durante los dos días de encuentro se llevaron a cabo cinco mesas de discusión: paradigmas, marcos teóricos y lenguajes de investigación; enfoques metodológicos; relación de la academia con la política y la sociedad; sostenibilidad (financiera) y funcionamiento administrativo y logístico de la investigación para la paz, y; mirada transversal a estos cuatro puntos desde feminismos y perspectivas de género. Esta última destacada por el reconocimiento del rol de las mujeres en las dinámicas de paz y sus aportes desde una clara posición de rechazo a la violencia.

Al finalizar, los participantes plantearon una segunda sesión del seminario. Miembros de la Universidad Javeriana, la Universidad Distrital y la Universidad del Rosario manifestaron su interés por apoyar la preparación para la realización del evento posiblemente en el segundo semestre de este año. Además, en este espacio se pretende pensar la conformación de una red de estudios de paz en donde se deliberen otros enfoques teóricos o nuevas metodologías que aporten a la realidad actual del país. 

Luego de los procesos de paz firmados en los años 90 con grupos como el M-19, EPL y el movimiento armado Quintín Lame entre otros, algunos de los excombatientes han impulsado iniciativas productivas, crearon las cooperativa Colectivos del Café, empresa de transporte de pasajeros reconocida en Pereira y otros tantos conformaron proyectos agropecuarios en Cesar. El pasado 28 de abril se llevó a cabo la presentación del libro “Aprendizajes para la reconciliación: Experiencias de reconciliación entre excombatientes y comunidades receptoras”, como un aporte que va más allá de narrar éxitos y fracasos, que puede ser de utilidad en un momento de posacuerdos para la reconciliación de los diferentes actores de la sociedad colombiana.

En el conversatorio, los representantes de las cuatro experiencias analizadas en el texto narraron algunas de sus anécdotas sobre el proceso inicial de reinserción. “Nosotros teníamos miedo de llegar a la comunidad, y ellos de que nosotros llegáramos”, contó Blanca Aguilar, excombatiente del EPL que trabaja en Colectivos del Café. La construcción y reconstrucción de las relaciones entre los actores son parte esencial de la reconciliación.

Dentro de las reflexiones de la publicación, se destacan los factores que posibilitan la reconciliación, como las señales de cambio de los excombatientes: “Fue difícil convivir con las mismas personas que en el monte eran el enemigo, pero nos decían que debíamos demostrarle a la sociedad que si teníamos un cambio… Con el tiempo, terminamos siendo como una gran familia”, explicó Manuel Ballestas, representante de la experiencia Ganchos y Amarras del Valle, organización ubicada en Cali, que cuenta con la participación de excombatientes de las FARC y las AUC.

Asimismo, la cooperación de actores intermediadores como la Fundación Progresar y el Programa de Desarrollo y Paz contribuyen al proceso de reconciliación, tal como lo afirma César González, de la iniciativa civil Comité Cívico del Sur de Bolívar: “El acompañamiento de las ONG ha ido muy importante para la continuidad de los proyectos”.

En este sentido, se pueden generar escenarios que propicien la reconciliación pero no como acto que se impone, como se explica en el primer apartado del libro: este proceso o meta es espontáneo, dinámico y parcial. Por ello, debe gestarse desde la comunidad y no se puede garantizar su permanencia en el tiempo.

“Todo depende del apoyo de ustedes [la sociedad colombiana], que no nos dejen a mitad de camino porque no vamos a poder solos” asegura Ballestas. Para la reconciliación como proceso que involucra a todas las partes resulta insuficiente un esfuerzo unilateral, o de ser así, podrían darse experiencias de coexistencia (ausencia de violencia directa) o convivencia pacífica (reconocimiento de la existencia de un proyecto colectivo).

Además, se resaltó la importancia del acompañamiento por parte de las víctimas y excombatientes en la construcción de los proyectos como factor que facilita la reconciliación. “La paz no implica pasividad ni renunciar a los ideales, sino actuar de otras maneras, encontrar otros escenarios”, afirma Vera Grabe, exintegrante del M-19 y actual directora del Observatorio para la Paz.

Esta publicación, que habla desde la diversidad de las experiencias, permite comprender que no existe un método específico ni una forma única de llegar a la reconciliación. Sin embargo, los aprendizajes que se pueden extraer de la propia historia colombiana son una guía muy acertada para definir las acciones que pueden proporcionar las condiciones más adecuadas para crear o reestablecer las relaciones de confianza entre actores por mucho tiempo antagónicos en el conflicto.

En la versión 2013 del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos se reconoció la labor del Padre Alejandro Angulo S.J. en la categoría “A toda un vida”.

El padre Angulo fue director y fundador del Centro de Investigación y Educación Popular– CINEP/ Programa por la Paz, actualmente es el coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, que recauda, sistematiza y difunde información sobre las violaciones más graves a los derechos humanos así como sobre infracciones al Derecho Internacional Humanitario. “Perder la conciencia es creer que hay una persona que no tiene dignidad, por la razón que sea. En la guerra es difícil humanizar, pero cuando se inicia un proceso de paz y reconciliación no hay que perder de vista que el otro, haya hecho lo que haya hecho, es humano. Perder la conciencia es creer que siempre la culpa es de otro y nunca mía…” Pa Alejandro Angulo Novoa, S.J.