El Segundo Encuentro del Grupo de Homólogos de Incidencia de la Red de Centro Sociales de la CPAL se realizó del 25 al 27 de febrero en Colombia, en las instalaciones de Cinep/PPP. En su segunda edición, este encuentro buscó reflexionar sobre la incidencia política en el actual contexto latinoamericano, identificar oportunidades de acción para las distintas Redes de los Centros Sociales (RCS), y fomentar nuevas formas para seguir tejiendo en-red-dos.

La RCS está conformada por más de 40 organizaciones y tiene presencia en más de 14 países del continente. Es un espacio de encuentro, construcción, colaboración y articulación entre los Centros Sociales Jesuitas en América Latina y el Caribe. Sus programas y proyectos buscan identificar horizontes comunes, maximizando oportunidades y potencialidades a nivel local, nacional e internacional.

Una de las formas de organización y articulación que existe entre los Centros Sociales es el Grupo de Homólogos de Incidencia, integrado por directores y colaboradores de siete instituciones y organizaciones sociales que se reúnen periódicamente para dinamizar los propósitos comunes. Este año el Encuentro contó con la presencia, no sólo de los homólogos de incidencia, sino también de representantes de distintas plataformas de la Cpal provenientes de Bolivia, México, El Salvador, Venezuela, Paraguay, México, Colombia, y España.

Las diferentes visiones enriquecieron la discusión sobre las oportunidades, fortalezas, capacidades y debilidades que cada organización participante tiene. A partir de esos diálogos, se utilizó el espacio para hacerle seguimiento al Grupo de Homólogos de Incidencia y a una de las estrategias actuales más importantes en formación y gestión del conocimiento que tiene: el Diplomado Virtual en Incidencia Política. En la más reciente edición, 51 estudiantes y 30 instituciones en 13 países de América Latina y Norte América hicieron parte de este espacio educativo dictado por facilitadores de Cinep/PPP y otras redes.

 

 

Además de los 26 representantes, el Encuentro contó con dos expositores invitados que dialogaron sobre el contexto latinoamericano: Miguel Gomis Balestreri, Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, especializado en Gestión Pública y Gobernanza Latinoamericana y docente de la Pontificia Universidad en Colombia; y Catalina Jiménez Jiménez, historiadora y Magister en Estudios Latinoamericanos, con formación en Investigación Participativa y Acción Social en Latinoamérica y docente de la Universidad Externado de Colombia.

En su conversatorio, Gomis Balestreri expuso un análisis del contexto latinoamericano indicando los factores que generan estabilidad e inestabilidad, respectivamente. Sobre estos mencionó las políticas públicas simplificadas y el bajo salario mínimo y de los primeros, recalcó la moderación en la diplomacia regional y la baja intensidad en el número de disputas fronterizas.

Hay, según Balestri, ciertos elementos que deben ser revisados más frecuentemente para la incidencia política, pues “es desde la formulación de políticas públicas que se transforman las causas reales de la desigualdad. No hay que temerle a proponer algo desde y para la política.”

La informalidad laboral, el concepto erróneo sobre el ocio y el descanso, la calidad de la educación más allá de la cobertura, la alta frecuencia de desastres naturales, la apuesta general de los gobiernos por poner la seguridad como prioridad, y la poca renovación de las élites, son otros factores que, además de ser invisibilizados, han ayudado a que exista una frustración histórica frente a la democracia. Como factor esencial expuso la idea de entender que, aunque la economía no lo es todo, quien la lidera, lidera los demás ámbitos.

Por su parte, Jiménez Jiménez tuvo un acercamiento más local y basado en la importancia de los movimientos sociales. Afirmó que las luchas ahora son híbridas, lo que significa que hay combinaciones de  distintas formas de lucha y que una organización o movimiento puede luchar por transformar más de una realidad. Para Jiménez, “nuestra democracia debe existir desde allí: desde el mestizaje”. Hay demandas que para ella son esenciales, como por ejemplo la territorialidad como escenario de poder, resistencia y resignificación de las relaciones sociales para resolver las emergencias territoriales y culturales.

Se planteó la pregunta sobre cómo mantener la autonomía de los movimientos si tienen que trabajar con la institucionalidad para poder generar cambios. Como respuesta, la investigadora recalcó que uno de los mayores desafíos es interiorizar que, a pesar de la criminalización de la protesta, negociar no es rendirse.

 El contexto regional a varias voces

A partir de esta conversación, se entabló un diálogo en distintas mesas frente a, por un lado, los problemas más importantes por identificar en la región. La desigualdad de género y educativa fue expuesta como un factor que perpetúa la desigualdad del continente. Además, la movilización humana fue tomada como un problema creciente y que supera la capacidad de respuesta de las instituciones de los países receptores. Para Javier Cortegoso Lobato, Coordinador General de la Red Jesuita con Migrantes para Latinoamérica y el Caribe (RJM-LAC) “nunca ha habido tantas personas en movimiento al mismo tiempo y por razones forzosas, por lo que es un problema global que merece soluciones globales. El perfil del migrante ha cambiado, pues ahora migra con muchas menos capacidades y/o sin la noción de que algún día iba a ser migrante”.

Por otro lado, se habló sobre los movimientos sociales protagonistas en Latinoamérica. Los feministas, estudiantiles, ambientales, migratorios y por la niñez, entre otros, fueron resaltados como aquellos que son visibles. Los movimientos de jóvenes fueron destacados como aquellos en los que convergen diferentes procesos y luchas sociales. Dos de los retos que se plantearon respecto a los movimientos fueron: 1. la necesidad de articularse a plataformas más grandes y de luchas intersectoriales, y 2.  dialogar con aquellos movimientos que luchan por el mantenimiento de la tradición familiar y de género como un valor fundamental de la sociedad.

Los tres días del Encuentro culminaron con un ejercicio para seguir construyendo conocimientos y experiencias que enriquezcan el debate sobre cómo hacer incidencia política. A partir del diálogo, no sólo se intercambiaron análisis desde  los diferentes contextos, sino que se fortaleció la red de apoyo entre las distintas instituciones y organizaciones participantes.

Laura Cristina Vásquez 
Equipo de Comunicaciones 

 

Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) exigimos que la Unidad Nacional de Protección se comprometa con nuestra protección y seguridad.

Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATUqueremos denunciar ante la opinión pública, la enorme debilidad en el poder infraestructural de la Unidad Nacional de Protección – UNP y de las entidades públicas responsables del programa de protección para reclamantes de tierras hacia COCOLATU, especialmente en lo que atañe a su capacidad y respuesta.
 
El consejo comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó – COCOLATU comprende parte de los municipios de Riosucio – Chocó –, Turbo y Mutatá – Antioquia –, fue beneficiario de titulación colectiva de su territorio ancestral, mediante las resoluciones 2805 del año 2000, de conformidad con la ley 70 de 1993 y el decreto reglamentario 1745 de 1995. A COCOLATU le fueron tituladas 107.064 hectáreas, cuando el 76% de la comunidad que habitaba el territorio colectivo se encontraba en situación de desplazamiento entre los años de 1996 – 2002. De las 46 comunidades que componen el título colectivo, ocho (8) quedaron en condición de vaciamiento y tres (3) desaparecieron completamente.

 
 

 

 

El pueblo colombiano ha sufrido millones de crímenes puntuales e individuales, aunque miradas más escrutadores pueden descubrir conexidades que se multiplican y van revelando proyectos de exterminio o de neutralización más sistemáticos, que miran a modificar las fuerzas sociales y políticas en favor de intereses inconfesables.

Hay, sin embargo, casos mucho más explícitos de represión que no ocultan sus objetivos de exterminar grupos, comunidades u organizaciones enteras, o al menos reducirlas a una total impotencia, inacción o parálisis, sin ocultar los esfuerzos por cooptarlas; por transformar su naturaleza misma; por someterlas a otros parámetros de pensamiento y de acción; por forzarlas a ajustarse a las costumbres sociales y políticas del contexto; por reducirlas al statu quo.

Hace cerca de 22 años se configuró en el Urabá antioqueño una comunidad de campesinos cuyo distintivo central fue DECIRLE NO A LA GUERRA, no porque antes sus integrantes hubieran estado involucrados en ella consciente y libremente, sino porque vivían en un territorio donde imperaba el principio: “el que no está conmigo, está contra mí” y donde el campesino era forzado a colaborar con un bando o con otro o con ambos y era castigado e incluso asesinado si era descubierto en esas colaboraciones por el bando contrario. Una de las fuerzas allí implicadas era el mismo Estado, no sólo
a través de su fuerza pública sino también a través de las estructuras paramilitares, las cuales actuaban y aún hoy actúan, a la luz del día, en connivencia con las fuerzas estatales y utilizan los métodos más criminales.

La proclamación pública de la COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ realizada el 23 de marzo de 1997, trajo como reacción inmediata un despliegue atroz de violencia por parte del Estado y de sus estructuras paramilitares. También la guerrilla de las FARC reaccionó en un principio con violencia, si bien la inmensa mayoría de sus represalias fueron ejecutadas por un comandante de Compañía (alias ‘Samir’) quien actuó durante varios años como infiltrado del ejército, hasta su deserción de las FARC
en 2008. Desde la misma semana de su presentación pública (Semana Santa de 1997) la política de exterminio contra la Comunidad de Paz no ha cesado durante más de dos décadas transcurridas; por el contrario, se han ensayado todos los métodos conocidos de exterminio, los cuales se registran en esta publicación, siguiendo la diversidad metódica de las atrocidades y su secuencia cronológica.
De acuerdo con las categorías jurídicas mediante las cuales la comunidad internacional ha ido clasificando y graduando la gravedad de los crímenes de alcance universal, no queda duda alguna que este caso se inscribe en la modalidad de GENOCIDIO , pues toda la jurisprudencia internacional, antigua y reciente, autoriza a hacerlo. En un momento en que el Estado colombiano ha creado nuevos instrumentos de verdad y justicia y en que la comunidad internacional observa con atención la efectividad de esos instrumentos, se entrega este compendio concreto a la sociedad y
a la humanidad, conscientes como somos de que muchos episodios se escaparon del registro por múltiples razones. Al ofrecer este compendio, lo hacemos como un nuevo clamor de verdad, de justicia y de garantías de no repetición.

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Bogotá, noviembre de 2018

Descarga el informe aquí

 

 

 

En el departamento de Boyacá se encuentra ubicada la Provincia de Lengupá, tierra colindante con el departamento de Casanare, el cual desde hace largos años se ha visto afectado por los distintos conflictos armados que han surgido en el país, dejando incontables víctimas en el territorio.

En esta ocasión, en la catorceava entrega de Caso Tipo, el equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP compiló las voces de algunas personas de la región como un ejercicio de recuperación de la memoria y de dignificar las voces de las víctimas que padecieron la violencia a lo largo de estos años. Los testimonios aquí presentados narran los hechos ocurridos desde los años cincuenta hasta el 2005.

 Algunos de los temas recurrentes de esta publicación giran en torno a la guerrilla conservadora de los Chulavitas y las agresiones que ejercieron sobre los habitantes de esta región y su expansión hacia el Casanare. También narra cómo Ecopetrol, a partir de 1969, con los hallazgos de los pozos de Cupiana y Cupiagua, propició la colonización del Casanare a través del boom del petróleo que se dio en esa región y la conformación de este como departamento.

A su vez en Miraflores, capital de la provincia, se desarrolló, como lo dicen las autoras del último capítulo del libro, “una gramática del sufrimiento” (Espinosa, 2007) ejercida por los paramilitares con actos violentos de desaparición, sufrimiento, secuestros y persecución política, etc.

Por último, vale la pena resaltar las aproximaciones a la violencia armada en esta provincia con algunos casos paradigmáticos, como por ejemplo el de Fernando Ortiz quien fue reclutado por los paramilitares y logró escapar. Esta narración fue tomada de La libre belgique y traducido del francés por Javier Giraldo M., S.J.  

Este documento es un ejercicio de aproximación a los hechos de violencia sucedidos y relatados por sus propios pobladores, entre ellos, quienes vivieron descarnadamente el horror perpetrado por organizaciones paramilitares: sobrevivientes, ex-alcaldes, ex personeros, líderes sociales y ciudadanos de a pie. El cuerpo del texto recoge, de manera relevante, los testimonios de las víctimas en un múltiple ejercicio, en el que se libera carga emocional, se sanan heridas, se recupera la confianza, se reconstruye el tejido social, se genera autonomía, se visibiliza el territorio ante el Estado- nación, y también se genera auto reconocimiento.

Consulta Hilando voces, tejiendo memorias. Tras las huellas de las violencias en Lengupá

Del 18 de febrero al 8 de marzo se llevarán a cabo las reuniones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en Ginebra, Suiza. En esta ocasión el comité revisará el estado de los derechos de las mujeres en: Angola, Antigua y Barbuda, Botswana, Colombia, Etiopía, Serbia y el Reino Unido.

En Colombia fueron 70 las organizaciones sociales que se articularon para crear un informe alternativo que diera cuenta de la grave situación en términos de garantías de derechos que enfrentan las mujeres rurales y campesinas del país. Estas organizaciones realizaron la verificación a las observaciones finales de los informes periódicos 7º y 8º combinados de Colombia y al 9º informe periódico presentado por el gobierno colombiano ante el Comité CEDAW, entre otros documentos. Con estos insumos construyeron el primer “Informe Sombra” específico de mujeres rurales y campesinas de Colombia, que se presentó el 18 de febrero en la 72º Sesión del Comité CEDAW.

En este evento participó Diana Sauna de la Comunidad Wiwa de la Sierra Nevada y en su intervención alertó e hizo un recuento de los 7 casos de comunidades de mujeres rurales que en Colombia ejemplifican la violación de derechos a varios niveles y en diferentes partes del país por parte del Estado, las empresas y los actores armados.  Marlen Alfonso de la Plataforma de incidencia política de mujeres rurales colombianas también tuvo un espacio en donde se centró en cuatro puntos principales: La inequidad en la estructura económica pauperiza el trabajo de las mujeres rurales, el Sistema Estadístico Nacional no integra indicadores de género, el Estado colombiano restringe los mecanismos de participación de las mujeres rurales y campesinas, persiste una adopción de marcos legales regresivos en materia agraria y económica.

Después de las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil en Colombia, el CEDAW hizo preguntas específicas al Estado colombiano a partir de lo discutido el pasado 18 de febrero con las organizaciones. Se esperan las recomendaciones finales de parte del comité para todos los países, el lunes 11 de marzo.

Lee aquí el informe completo: 

El 11 de marzo el Comité Cedaw hizo públicas sus observaciones al Estado Colombiano. Destacan entre ellas la insistencia en la implementación del Acuerdo de Paz con miras a la garantía de los derechos de las mujeres rurales, la protección a las defensoras y la necesidad de avanzar en la formulación de indicadores desagregados y diferenciados geográficamente pues sólo a través de estos se podrán desarrollar políticas que realmente protejan a las mujeres. En el caso específico de las mujeres rurales y campesinas, el Comité llama la atención sobre la necesidad de estrategias para fortalecer la participación de estas mujeres en instancias de negociación, planeación y toma de decisiones, y de medidas para aumentar el acceso a tierras.

 

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