El Cinep/PPP, junto con otras organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas y ambientales, se une al llamado a la acción urgente al gobierno nacional frente a los asesinatos de líderes y lideresas sociales y la violación de derechos de las personas privadas de la libertad. A continuación su comunicado completo. 

 Las organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas, ambientales y psicosociales, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional el asesinato, amenaza y persecución sistemática a defensores de derechos humanos, poblaciones campesinas e indígenas y líderes sociales en el país con preponderancia en los departamentos de Meta, Valle del Cauca, Putumayo y Chocó. Así mismo, denunciamos la violación a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad (PPL) en el marco de la Pandemia del Covid-19, y de quienes no cuentan con medios de subsistencia para asumir el aislamiento preventivo, exigiendo la protección del derecho a la vida, a la salud, al mínimo vital y a las garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y el cese de vulneraciones a los derechos humanos en los territorios.

De igual manera, solicitamos urgentemente a todos los actores armados, legales e ilegales: Pedimos actos de humanidad y respeto del Derecho Internacional Humanitario –DIH- y el Derecho Internacional de los derechos humanos –DIDH- a todos los actores armados, alto al fuego y cesar todo tipo de hostilidades, acciones bélicas para permitir la seguridad y tranquilidad de todos y todas en todo tiempo y lugar, en zonas urbanas y rurales cercanas y apartadas; respetar las misiones medicas, humanitarias y de transporte de alimentos. Es necesario esta muestra expresa de humanidad para contener la pandemia del Virus COVID 19. En estos momento se enaltece el valor de la vida como bien mayor de todos y todas, en la más extrema diferencia podemos aportar para que el impacto a los y las menos favorecidas sea mínimo.

 

A continuación el comunicado completo: 

Editorial: El cuidado de la vida

  • Mar 31, 2020
  • Publicado en Prensa

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


En la memoria de la humanidad se registran epidemias y pandemias tan significativas como la peste bubónica que aniquiló un importante número de los habitantes de la Edad Media. Desde la peste de Atenas en plena guerra del Peloponeso que pudo afectar hasta trescientas mil personas y en la que murió el gran Pericles, o la peste Justiniana en el siglo sexto que mató entre veinticinco y cincuenta millones de personas, hasta el tifus, la malaria, el VIH/Sida, el polio o el coronavirus actual, la humanidad se ha visto desafiada por el cuidado de la vida.

Una epidemia es una enfermedad que afecta a un grupo humano determinado en un ámbito temporal concreto, mientras que una pandemia es una epidemia que afecta un área mucho mayor, un continente o incluso el planeta entero.

El once de marzo pasado, tras declarar oficialmente al coronavirus como una pandemia, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, aseguró que miles de personas están luchando por sus vidas en los hospitales y que el número de muertes y casos aumentará en los próximos días. Y añadió: “Estamos profundamente preocupados por los niveles alarmantes de contagio y de su severidad, pero también de los alarmantes niveles de inacción”.

Pero el coronavirus no es la primera pandemia a la cual nos enfrentamos desde inicios del siglo veinte. A principios del veintiuno, varias epidemias se manifestaron, pero, pese al pánico desencadenado, fueron menos mortíferas que las grandes pandemias gripales del siglo veinte, como la Gripe española de 1918 y 1919 que eliminó cinco veces más personas que los combates de la primera Guerra Mundial o la Gripe asiática de finales de los años cincuenta que dejó más de un millón de muertos o la Gripe de Hong Kong de finales de los años sesenta que inmoló otro millón de personas. Pero el peor de todos ha sido el VIH/SIDA, que desde los años ochenta hasta hoy ha dejado treinta y dos millones de muertos, según la ONU-Sida. Pandemia que está relacionada con poblaciones pobres en contextos de desigualdad y exclusión social.

Las recomendaciones físicas para no propagar el coronavirus están suficientemente explicadas, todo se resume en una buena higiene de manos y respiratoria, así como resguardarse en la casa. Pero existen también movimientos ciudadanos que nos invitan a manejar el virus con ciencia, conocimiento y ejerciendo una ciudadanía responsable. Iniciativas de solidaridad cívica que expresa nuestra mejor versión como sociedad. Grupos de autoayuda, vecinas que se ofrecen para atender personas mayores, jóvenes que ayudan cuidando niños y niñas de trabajadores que no pueden quedarse en casa; grupos creativos que apoyan el sistema de salud con actividades artísticas en las redes sociales y otras ofertas voluntarias y solidarias. Hay mucho por hacer para cuidar la vida.

La Conferencia Episcopal colombiana, en un comunicado emitido la primera semana de este mes, invita a realizar una atención pastoral especial a los enfermos y reitera que este es un momento propicio para confiar en la eficacia de la oración, acrecentar la práctica de la misericordia y fortalecer la fraternidad

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

 

Atendiendo al llamado de la ONU y la sociedad civil, el ELN ha declarado cese al fuego unilateral del 1 al 30 de abril como respuesta a la pandemia del Covid 19. La decisión trae alivio a las comunidades. Compartimos el comunicado de Defendamos la Paz:

 

Saludamos cese unilateral del ELN

Declaración de Defendamos la Paz

Desde el movimiento Defendamos la Paz, saludamos la decisión tomada por el Ejército de Liberación Nacional, ELN de declarar un cese unilateral por un mes, desde el 1 al 30 de abril, teniendo en cuenta los diferentes llamados hechos por las comunidades, sociedad civil y la comunidad internacional, especialmente el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres y su representante en Colombia, Carlos Ruíz Massieu.

En el contexto de la lucha por contrarrestar la pandemia del COVID19, este gesto del ELN genera alivio humanitario a las comunidades de las diferentes regiones del país que siguen viviendo el rigor de la violencia, lo que las hace aún más vulnerables ante la crisis sanitaria.

La declaración del cese unilateral se convierte igualmente en gran oportunidad de seguir avanzando en las condiciones necesarias para retomar el camino de los Diálogos de Paz entre esta guerrilla y el Gobierno Nacional y alcanzar una Paz Completa. Solicitamos al Presidente Iván Duque, responder positivamente a estas declaraciones hechas por ELN y facilitar un acercamiento.

De igual forma, saludamos la decisión del Gobierno Nacional de restablecer la condición de gestores de paz a Francisco Galán y Carlos Velandia, pues es un paso importante para retomar el camino de los diálogos. A ese propósito también puede contribuir, dar el mismo tratamiento al caso de Juan Carlos Cuéllar.

Reiteramos nuestro llamado a los diferentes grupos armados para que cesen todas las acciones en los territorios del país y no infligir más sufrimientos a las comunidades que enfrentan los riesgos de la pandemia del Coronavirus.

Colombia, 30 de marzo de 2020.

 

 

 

Sin agua ni alimentos, y en medio de la vulneración histórica de sus derechos, el pueblo Wayuú necesita medidas urgentes de parte del gobierno.  La pandemia del Covid y el confinamiento podría significar la extinción de este pueblo. Para presionar al Estado a cumplir con su mandato de proteger a los wayuú, este 27 de marzo se radicó una acción urgente ante diversas dependencias.

La emergencia sanitaria declarada a causa del Covid-19 aumentó las preocupaciones y riesgos en las comunidades vulnerables de Colombia. La Guajira es un caso especial pues allí el 26,5% de la población vive en pobreza extrema y se sufre la falta de acceso a servicios básicos como agua y alimentación.  Esto debido a las características geográficas del territorio como su naturaleza desértica, la precariedad de sus vías de comunicación, el abandono y la corrupción.

Una carta de acción urgente fue radicada el día de hoy bajo la autoría de la Veeduría Ciudadana de verificación a la implementación de la Sentencia T-302, como un llamado a que las instituciones gubernamentales garanticen de manera inmediata la pervivencia de la población Wayúu.

El Cinep/PPP, junto con la Asociación de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP), la Organización Indígena de Colombia (ONIC), y la experta independiente Omaira Ordúz, se encargan de verificar que se cumpla la Sentencia T-302 de 2017. Esta, ordena al Estado la construcción de una política pública que aumente la accesibilidad al agua en el territorio, mejore la atención alimentaria y garantice los servicios de salud.

Según la Veeduría, hasta el momento se siguen vulnerando los derechos básicos en la región, por lo que la pandemia podría significar la extinción de las comunidades indígenas y la muerte de su lengua y su cultura

Entre las exigencias se encuentra la implementación de medidas especiales de protección a la primera infancia para que no resulte especialmente afectada frente las medidas tomadas con la declaración del estado de emergencia. Además, se solicitan jornadas informativas que expliquen la situación actual de la pandemia a las comunidades, y las medidas que deben tomar para su prevención y tratamiento, junto con entrega de mercados básicos para las rancherías, y suministro permanente de agua.

Todo esto como parte de las obligaciones ya exigidas al Estado por la Constitución Política y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de proteger la diversidad étnica de la nación y preservar la integridad de las comunidades indígenas.

La carta de acción urgente fue enviada a las siguientes instituciones: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Corte Constitucional, Tribunal Superior de Riohacha, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección de Prosperidad Social, Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nacional, ICBF Regional Guajira, Superintendencia Nacional de Salud, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres, Gobernación de la Guajira, Alcaldía de Manaure, Alcaldía de Uribia, Alcaldía de Dibulla, Alcaldía de Maicao, Alcaldía de Albania, Alcaldía de Hatonuevo, Alcaldía de Barrancas, Alcaldía de Fonseca, Alcaldía de Riohacha, y Alcaldía de San Juan del Cesar.

A continuación la carta completa:

El COVID-19 ha develado facetas antes disimuladas de instituciones que estaban en ruinas, una de ellas es la prisión. La crisis sanitaria actual ha puesto en jaque la institucionalidad del país. Les compartimos una opinión sobre la reciente masacre de 23 prisioneros en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Por Jury Vanessa Marulanda Cardona*

“Si aceptáramos lo inaceptable, que el hombre tiene derecho a castigar, ¿qué persona querrá ejercer este derecho?

Sólo aquellas que hayan caído tan bajo que ya no se acuerden ni conozcan sus pecados”.

Lev Tolstói, Aforismos

La noche del 21 de marzo, personas privadas de la libertad iniciaron una protesta en más de diez cárceles del país, entre ellas La Modelo, La Picota y El Buen Pastor, en Bogotá. Hay diferentes versiones de su origen, por un lado, la preparación absolutamente deficiente de las cárceles para enfrentar una emergencia sanitaria como la que viene aconteciendo en el mundo: no hay un suministro continuo de agua, el altísimo porcentaje de hacinamiento, las condiciones de infraestructura, entre otras. Por otro lado, la cancelación de las visitas de familiares como medida para contener posibles contagios al interior de las prisiones. Pueden ser ambas, o puede ser, una conjugación de razones para alzar la voz en medio de una situación que deviene en inhumanidad.

La situación carcelaria en Colombia no ha sido un secreto ni para la llamada “opinión pública” y mucho menos para el sector justicia. Desde 1998 la Corte Constitucional declaró, por sentencia T – 153, la existencia un “estado de cosas inconstitucional” en el sistema penitenciario y carcelario.

Esto quiere decir, sin el lenguaje poco poético del Derecho, que había hacinamiento, que las condiciones de los centros, en cuanto al suministro de servicios públicos, era deficiente, que había un servicio de salud degradante, que había corrupción al interior, que había una alta tasa de personas privadas de la libertad sin contar con una condena en firme, en suma: que se estaban vulnerando los derechos humanos de la población interna de manera generalizada y sistemática.

Este diagnóstico ha sido reiterado en los últimos años a través de las sentencias T – 388 de 2013, en la T – 762 de 2015 y T – 197 de 2017.

La Corte no ha dejado de repetirlo, pero quien tiene la potestad de hacer política pública para impedir esta vulneración continua de la dignidad de quienes están tras esos muros, no han tomado las medidas necesarias para revertir esta situación.

Este desdén parece justificarse en lugares comunes que desplazan la responsabilidad del Estado hacia quien sufre por la negligencia política:

“¡Se lo merecen!”, “algo debieron hacer”, “el Estado no tiene por qué invertir en criminales”

 Son sutiles técnicas de neutralización para la crueldad por omisión.

De allí que, como respuesta a la protesta y a los acontecimientos que se desataron posteriormente, de forma particular en La Modelo, acudieron el INPEC, el Ejército y la Policía, quienes dispararon contra los levantiscos, como se puede apreciar en los vídeos compartidos por los mismos internos.

Pero no ha sido el uso letal de la fuerza la que ha generado alguna indignación social. Sí, ¡Hay celulares! ¡Hay datos! ¡Hay armas! ¡Hay estupefacientes! Hay un sinfín de cosas que funcionan mal al interior de las prisiones en Colombia, pero esa no puede ser la respuesta inmediata cuando todo el arsenal estatal se desborda ante un establecimiento rodeado por muros, por fronteras, por vallas y por exclusión; ni siquiera se intentó mediar una conversación.

Los titulares en los medios de comunicación resumen todo como “un plan criminal de fuga”, resultado: 23 muertes, los internos dicen que son más.

El poder que se pronuncia es aquel que tiene la potestad de producir muerte, de decidir quién puede vivir y quién no, como lo plantea Achille Mbembe en Necropolítica2, la soberanía es esa capacidad de decidir sobre la vida y la muerte, que en los campos de esclavizados y esclavizadas se traducía en decidir sobre la muerte, en dejar morir: un símil de las prisiones en la actualidad.

El autor describe la relación casi originaria de la Modernidad y el Terror: ejercer terror para lograr dominio es característico del ejercicio político, solo que ese terror se ha sofisticado (al menos en nuestros contextos de privilegio porque lo que muestra la muerte selectiva de líderes y lideresas sociales es que el terror continúa y de la peor forma). Ese terror sobre cuerpos invalidados que, constantemente, se les recuerda que cometieron un error, que no son aptos o aptas, que tienen que pagar con sus vidas, que sus actos fueron el resultado de una elección “libre y racional” y que la sociedad no les debe nada.

Hay una triple pérdida en quien está esclavizado que Mbembe describe como “pérdida de un «hogar», pérdida de los derechos sobre su cuerpo y pérdida de su estatus político” (2011, pp. 31-32). Aquí cabe recordar que quien está privado o privada de su libertad no puede ejercer derecho al voto y, después de cumplir su pena, tiene diversas limitaciones a su ciudadanía. También, en cualquier momento se está en exposición a la muerte: un motín, una infección, intoxicación, enfermedad, riñas, y demás, aquello que denomina Zaffaroni3 como “masacre por goteo” porque es el Estado el garante de estas vidas y que muera uno, dos, ¡veintitrés! Es su responsabilidad, aunque las autoridades se empeñen en negarlo y no es una novedad, ni resultado de una coyuntura, como bien lo demuestran Camilo Umaña y Aixa Cordero en su trabajo Análisis sobre muertes de personas privadas de la libertad4.

No es posible desconocer que la crisis actual ha puesto en jaque la institucionalidad del país. El COVID-19 ha develado facetas antes disimuladas de instituciones que estaban en ruinas, una de ellas es la prisión,

y la masacre cometida posteriormente es la manifestación explícita de que esas vidas no importan, de que se justificaba por su intento de fuga, de que “allí no hay problemas sanitarios” cuando la Corte lo ha dicho desde 1998.

Seguir creyendo que hay otro u otra que se puede descartar, eliminar e invalidar, como se puede leer en los comentarios a los titulares y como se puede leer de la declaración de la ministra Margarita Cabello, va a seguir generando situaciones devastadoras para muchos, para la naturaleza y para el planeta.

Resta esperar que las familias que acudieron a las puertas de La Modelo, como pudo apreciarse el domingo 22 de marzo a través de imágenes en medios de comunicación, reciban una respuesta sobre la identificación de los cuerpos. Me temo que esta masacre no será reconocida, al menos no por ahora, dado el silencio generalizado, y que llegará muy tarde, algo así como en Ante la ley de Kafka5, demasiado tarde. Al menos, lo que debieron hacer desde un principio, ya se hizo y fue declarar la emergencia carcelaria.

Posterior a la declaratoria de emergencia carcelaria y penitenciaria, se tomarán una serie de medidas, previamente recomendadas por diferentes organizaciones, entidades como la Defensoría del Pueblo y Universidades: libertad para aquellas y aquellos en situación de vulnerabilidad como mayores de 60 años, para quien adolece enfermedades graves, madres gestantes, cambio de medida de aseguramiento para quienes no tienen pena en firme, y demás, por supuesto con aprobación judicial. De allí que se esté estudiando la posibilidad de dar “libertad” a un gran porcentaje de la población interna que cumple los requisitos de la emergencia y sus casos específicos pueden ser analizados en aras de apaciguar la crisis actual.

Se habla de alrededor de 4.000 y 10.000 reclusas y reclusos que pueden “salir”, en un total de cerca de 124 mil personas privadas de la libertad, lo que demuestra un cierto grado de improvisación en la medida, por lo que surgen algunas preguntas: ¿Cuál va a ser el trámite que se va a dar en instancias judiciales? ¿cómo se va a tratar la congestión judicial preexistente? ¿es una medida temporal? La pregunta final sobre la temporalidad es determinante, ya que, si se plantea esta “solución” en medio de la coyuntura, cuando ésta pase la situación se va a volver a agravar, por lo que la Defensoría, entre otras entidades y personas, recomiendan que sea una medida permanente para alivianar un poco el estado de cosas inconstitucional.

Otra pregunta que surge es ¿cuál será la situación de quienes quedan tras los muros?

Las condiciones sanitarias al interior, previas a la crisis actual, no han cambiado, y hasta el momento, la única respuesta que se da es la ampliación del cupo carcelario, que realmente no modifica el problema de fondo, a saber, una política criminal que no es respetuosa de los derechos humanos (T – 762 de 2015). Reiterando lo anterior, este tipo de soluciones dada la insistencia de la Corte Constitucional y organizaciones de derechos humanos desde hace décadas, debieron preverse para que su ejecución no agudice esa condición de no-persona6 de las y los que están tras los muros de las prisiones colombianas.

 

Fotos: Tomadas del Twitter @photomauricio.


* Socióloga. Estudiante de Derecho de la Universidad de Caldas. Integrante del Grupo de Investigaciones sociohistóricas y contemporáneas en la línea de sociología jurídica del departamento de Antropología y Sociología, y del semillero: Última ratio y Política criminal, víctima y delito de la Universidad de Caldas y la Universidad de Manizales. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

2Mbembe, Achille. (2011). Necropolítica. España: Editorial Melusina.

3Zaffaroni, Eugenio Raúl. (2010). Masacres: Larvas y semillas. Lineamientos para un replanteo criminológico. Investigaciones. Corte Suprema de Justicia de la Nación. República Argentina. Vol 1, pp. 11-32.

4Umaña, Camilo Eduardo & Cordero, Aixa Tatiana. (2019). Análisis sobre muertes de personas privadas de la libertad: Una realidad adversa para lograr un derecho penal garantista. En Gutiérrez Quevedo, Marcela & Olarte Delgado, Ángela. (Ed.). (2019). Los riesgos del punitivismo, presunción de inocencia e indignidad carcelaria en Colombia (pp. 295-248). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

5 Kafka, Franz. (2015). La condena y otros relatos. Madrid: Akal.

6 Esposito, Roberto. (2011). El dispositivo de la persona. Buenos Aires. Amorrortu editores.