“Una juventud que históricamente ha sido vulnerada”, así tipificó Julián Rodríguez Sastoque, candidato joven a la lista del Concejo de Bogotá por el Partido Alianza Verde, el papel de los jóvenes en la política colombiana en la Mesa de Trabajo: “Los jóvenes se toman la política”, un encuentro de jóvenes políticos con jóvenes investigadores del Cinep/PPP en el que intercambiaron visiones sobre la política y reflexionaron sobre la situación de los jóvenes políticos en Colombia.

Esta vulneración se demuestra con las cifras de desempleo, asesinato y estigmatización, en específico, en los jóvenes rurales. Según Diego Bulla, Tatiana Bahamón y Camila Carvajal, investigadores del Cinep, los jóvenes ruralles alcanzan las tasas más bajas de escolaridad donde la mitad no alcanza a superar el quinto grado, poseen condiciones precarias de trabajo, el 8% de los hombres y el 42% de las mujeres hacen parte de los llamados nini (ni estudian ni trabajan), 40% vive en situación de pobreza y el 16,7 % en condiciones de indigencia. Adicionalmente, sufren condiciones de inseguridad y desprotección que los hacen dejar su territorio, debido a distintos factores como la persecución por consumo de sustancias psicoactivas, los repertorios de violencia selectiva y la estigmatización.

Para subsanar este hecho, se creó la Ley 1622 de 2013 que buscó establecer un marco institucional de la ciudadanía juvenil, el goce efectivo de los derechos, la adopción de políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad y el fortalecimiento de capacidades y condiciones de igualdad de acceso que favorezcan su participación e incidencia en la sociedad.  Sobre este asunto intercambiaron opiniones los distintos candidatos que participaron del espacio que coincidieron en que la Ley ha sido insuficiente.

En este sentido, Julián Rodríguez afirmó que “la ley creó el sistema nacional de juventudes, creó todas las instancias para reivindicar los derechos sociales y culturales, pero dejó el vacío legal en el tema de cómo elegir los concejos [de juventud]”. Esto generó, según el joven político, que estos cargos dependieran de relaciones clientelistas del político de turno “entonces ponen al hijo del alcalde a que maneje el tema de juventudes o al hijo o sobrino de un político que tiene mucho poder”.

Ahora bien, la aplicación de la ley también presenta complicaciones, pues se necesita la creación de políticas públicas que hagan posible el paso del papel a la realidad. Para  Jorge Calero, candidato al Concejo de Buga, Valle del Cauca, “el rol y la tarea importante que tenemos como jóvenes es intentar establecer en las agendas municipales y departamentales, incluso desde las campañas, la construcción de políticas públicas que entren a solucionar problemas de fondo y no se den únicamente en la dimensión de indicadores [como pasó en su departamento donde] se estableció una política para medir cuál era el rol de la participación de los jóvenes y eso es simplemente un trabajo de investigación”.

Con la ley también se brindó la oportunidad de acceder al goce efectivo de los derechos a los jóvenes de manera independiente; sin embargo, para Felipe Ramírez, integrante de la Red Juvenil Cuma de Soata, Boyacá, la aplicación de esta es inefectiva si no se conoce, “cómo van a pelear sus derechos, cómo van a saber sus deberes si no hay una socialización y, sobre todo, en zonas rurales de los departamentos”.  

Por su parte, Gabriel Prada, dos veces concejal y candidato a la alcaldía Zipacón, Cundinamarca, concuerda con la visión de Calero, “de nada nos sirven las políticas públicas si en la realidad estas no se aplican”; sin embargo, Diego Valero, candidato a edil en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, piensa que la política pública es un “ejercicio de doble vía, no únicamente el ejercicio de voluntad política por parte del Estado que tiene la obligación de que se materialice la política pública, sino que también por parte de la ciudadanía”.

Para Valero, “lo realmente importante es hacer un ejercicio participativo en la construcción de esa política pública que cambie realmente la voluntad de la gente [para que] sientan que el Estado a ellos también les toca”. Desde su ejercicio práctico en Ciudad Bolívar, donde los jóvenes no están pensando participar en política, el reto es también cómo involucrar a la juventud para que participe y empiece a pensar en cambiar su realidad y la de su localidad.  

La participación política, entre el clientelismo y la corrupción 

“A los 23 años quería ser alcalde de Fusagasugá y lo que me decían es que yo tenía que hacer fila y esperar 20 años. La única opción que tuve en ese momento fue salir a recolectar firmas porque no encaje en las estructuras políticas que obligan a los jóvenes que tienen que bajar la cabeza”, así relata Jairo Hortua, candidato a la alcaldía de Fusagasugá por el Alianza Verde, su participación en la política.

La estructura política es una de las dificultades que encuentra el joven al momento de participar, “a no ser que tenga que encajar en la estructura, hacerse amigo del alcalde, senador, representante regional”, aclara Hortua; sin embargo, eso genera un problema para el joven que ve la política desde otro ángulo y piensa diferente a las personas de su partido, pues en este se “obliga absoluta obediencia”.

De esta manera, la estructura política se ve como un desafío para la participación en la política debido a que su sistema genera una relación clientelista en los partidos o un reto económico si la persona decide lanzarse independiente. Por ello para Hortua, se necesita “empezar a generar otro tipo de relación en los partidos políticos para hacer que más jóvenes ingresen a la política, que suban a los escenarios de poder sin necesidad de que haya parte de una estructura política permitiendo una incidencia real en las políticas públicas”.

En ese sentido, Daniel Caro, candidato a edil de la Comuna 12 de Villavicencio, Meta, ve que la falta de participación política en su departamento tiene que ver con diferentes realidades: primero, “no hay oportunidades en los municipios, no hay en qué emplearse, por lo tanto, los jóvenes se obligan a acompañar a candidaturas de antaño que hacen parte de las estructuras clientelistas”; segundo, “son amenazados” y, tercero, “los jóvenes no tienen la oportunidad para terminar una media básica en el colegio”. Adicionalmente, señala Caro que, en municipios como Mapiripán, Uribe o zonas apartadas, donde hay presencia de grupos armados ilegales, los jóvenes, al no encontrar oportunidades, se vean obligados a desplazarse de sus territorios o unirse a grupo armado al margen de la ley.

 

 

La mujer y la política

“Alguien en algún momento me dijo ‘usted debería estar en una cocina, no acá metida en lo que no le interesa’”, relató Margarit Briseño, asesora de tres campañas políticas y defensora de derechos humanos, su participación como mujer joven en la política. Según Angela Lesmes, en Participación de la mujer en el escenario político colombiano, la representatividad en las mujeres en los cargos regionales para elecciones de 2015, no superó el 20% de personas elegidas y “es evidente que se está muy lejos de alcanzar la paridad en organizaciones públicas” a este nivel.      

Para Margarit Briseño, las causas de la falta de participación política en las mujeres son varías: primero, un proceso histórico que sitúa a la mujer como encargada del hogar, “el hombre puede salir a hacer campaña porque tiene el tiempo y la disponibilidad, la mujer dice ‘bueno yo me voy a hacer política y ¿quién va hacer almuerzo en mi casa? ¿quién va a cuidar los hijos?’”; segundo, las mujeres en los partidos políticos aún son rellenos en las listas de candidatos para poder cumplir la Ley de Cuotas, y tercero, existe un miedo a participar, “porque entre nosotras sabemos que no nos apoyamos”, en especial, en la mujer del campo.  

La ley 581 del 2000, conocida como la Ley de Cuotas, obliga a los partidos partidos a tener dentro de sus listas el 30% de participación femenina, esta ha generado también un debate interno de los partidos y las mismas mujeres. Si bien los asistentes al encuentro coincidieron en que esta participación es necesaria, Gabriela Torres, integrante de la Red de Jóvenes Kolumbien, afirma que esta cuota se convierte en una carga para la mujer y el partido y opina que “a mí no me parece que tengan que ‘obligar’ a las mujeres, si no quieren. Qué mejor que las que realmente participen sean las que quieren y están interesadas”.

Otros políticos jóvenes reconocen la falta de participación de las mujeres en la carencia del fortalecimiento en los procesos de base, como por ejemplo Diego Valero, candidato a edil de la localidad de Ciudad Bolívar, quien indicó que “hay que hacer de alguna manera que las mujeres pierdan el miedo de liderar los procesos en el territorio, de nada nos sirve una lista con el 30% de mujeres si al momento de hacer el ejercicio político siguen intimidadas por ese contexto machista que lo que hace es señalarlas”.

Según Sebastián Sánchez, candidato a edil de la localidad de Kennedy por el Centro Democrático, comenta que su partido es un gran ejemplo para observar la participación política de la mujer desde el ángulo de las dinámicas del poder. “El Centro Democrático es el partido con más mujeres dentro de su bancada y no es porque precisamente se haya trabajado en el empoderamiento de las mujeres, sino simplemente porque las dinámicas del poder han permitido que mujeres que tienen detrás suyo un gran padrinazgo, una gran cantidad de dinero o una gran familia hagan parte de esa participación”.

El rol del político joven

Desde la visión de estos jóvenes que participan activamente en la política electoral es claro que la reflexión sobre su participación está ligada a la vulneración que han sufrido. Esta se ve inmersa en dinámicas de clientelismo intrínseca dentro de los partidos y la falta de oportunidades laborales que tienen los jóvenes, en especial de la Colombia profunda, para buscar alternativas para su incursión en el mundo político.

Es de reconocer, que ser joven político en Colombia representa un reto, pero al ser mujer política joven el desafío es mayor por las dinámicas machistas presentes actualmente en la sociedad y que permean el ejercicio político. Es por eso que, para John Montoya, S.J., investigador del Cinep/PPP, “los políticos en este país deberían ser un puente entre el Estado y la sociedad civil para que hagan políticas públicas, expidan normas y manden atendiendo al bien público, el bien común”.

Adicionalmente, la función del joven político es “servirle a los más pobres, a los más desvalidos, a los más marginados de la sociedad”. Por ello, “un político que llega a un cargo de elección popular, es sobre todo un pedagogo, que ayuda a construir sociedad civil fuertemente participativa; en últimas, la función de un político es construir democracia”.

Lida Bocanegra
Equipo Comunicaciones

 

En la versión del XIX Congreso Colombiano de Historia, Fernán González, S.J. fue elegido como historiador destacado de esta edición y recibió la distinción “Jaime Jaramillo Uribe”. La comisión otorgó esta mención por su larga trayectoria intelectual y liderazgo académico, además del impacto de sus recientes publicaciones.

Este año, la sede del evento fue en Armenia, Quindío a propósito de los 130 años de la fundación de esta ciudad y como un homenaje por lo que representa su desarrollo cafetero en el país. Así mismo, se celebró el Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819. La Asociación Colombiana de Historiadores (ACH) lleva 32 años siendo parte de este Congreso y se creó en el marco del VI Congreso Colombiano de Historia en 1987.

 

Fernán González S.J. ha sido investigador del Cinep/PPP por más de 45 años, es Licenciado en Filosofía y Letras, con maestrías en Ciencia Política y en Historia de América Latina. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentra “Poder y Violencia en Colombia” que fue declarada en 2015 como obra fuera de concurso por la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Fernán González, S.J. ha recibido otros reconocimientos a lo largo de su vida, como Investigador Emérito en 2016 por parte de Colciencias. Así mismo, es reconocido como un referente de la ciencia política y la historia en Colombia.

María Fernanda Vera

Equipo de Comunicaciones

 

En el marco de la feria del libro de Bogotá, el Cinep/PPP lanzó el libro Cuando la copa se rebosa: Luchas sociales en Colombia 1975-2015. Este texto recoge información registrada durante 40 años en la Base de datos de luchas sociales del Cinep/PPP y la analiza a profundidad en 5 capítulos.

Durante el conversatorio del lanzamiento, Camilo Borrero expresó su análisis de los capítulos del libro. “Yo divido este libro en dos partes: unos artículos convencionales, que es lo que se espera de un libro de tipo histórico; y otra más novedosa, que analiza la movilización social con nuevos conceptos que permiten otro tipo de análisis”, dijo.

Los capítulos convencionales de los que habla Borrero son el 1, 2 y 5 del libro. Los primeros dos ejes, escritos por Mauricio Archila, se centran en la trayectoria de las luchas sociales en Colombia y en la relación que han tenido con el Estado. Por su parte, en el quinto capítulo, Leonardo Parra explica las transformaciones del mundo laboral entre 1975 y 2015 y explica las razones de la baja sindicalización en el país y las pérdidas de las conquistas históricas de los trabajadores a partir del estudio del sector eléctrico.

Los análisis más novedosos que comentó Borrero son el 3 y 4 del libro. En estos, las autoras no solo hacen un análisis convencional de tipo histórico de las acciones sociales colectivas, sino que introducen nuevos elementos que complejizan las miradas sobre cada tema. Martha Cecilia García en su capítulo examina las diferentes visiones de desarrollo que han impulsado movilizaciones sociales en diferentes casos regionales. Además, Ana María Restrepo, complejiza la mirada de las luchas sociales a partir de su relación el espacio bajo los conceptos de espacio y región.

Con esta distinción, presentamos parte de la información recopilada en Cuando la copa se rebosa: Luchas sociales en Colombia 1975-2015

 

 

Baja sindicalización y flexibilidad laboral, ¿realidad del trabajador colombiano?

¿Cuáles han sido los cambios en el mundo laboral colombiano expresado en las luchas laborales? Leonardo Parra, investigador del Cinep/PPP, expone en Transformaciones del mundo laboral 1975-2015 como la subcontratación, la flexibilidad laboral y el bajo sindicalismo han configurado el mundo laboral colombiano. El investigador ejemplifica esta situación con el sector eléctrico debido a su aportación al Producto Interno Bruto, su privatización y que el 90% de los trabajadores están tercerizados.

Parra hace un recorrido histórico por el sector reconstruyendo las luchas laborales de los trabajadores en los años 70 al 90, la reconstrucción de los factores de la privatización y la incursión de las empresas extranjeras. Y concluye con la consecuencia que generó en el mundo del trabajo la privatización del sector eléctrico, que tiene que ver con la erosión de las condiciones laborales de los trabajadores como un plan estratégico de las nuevas empresas.                         

La apropiación del espacio en los movimientos sociales

La Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep/PPP (BDLS) da cuenta de la historia y la memoria de las movilizaciones en el país de 1975 a 2015, y ha registrado más de 23.000 protestas. Ana María Restrepo en el capítulo El espacio en movimiento. Cómo pensar la producción del espacio en cuarenta años de luchas sociales en Colombia se enfoca en entender la relación entre la protesta y el espacio, y propone una lectura espacial de estos datos históricos. 

A partir de las comprensiones de región, territorio y lugar, la autora se aproxima a diferentes posibilidades de lectura para entender el papel del espacio en la movilización social. Respecto al lugar, Restrepo indica que tiene un papel fundamental en la protesta social porque, por ejemplo, cuando se escoge como lugar una vía para un bloqueo, esto no solamente habla de la necesidad de hacerse oír, sino del ejercicio de organización colectiva y de la “marcación espacial para disputar, en últimas, el espacio social”. 

Sobre el territorio la autora analiza este como un espacio colectivo y personal donde incide el control y donde se desarrollan, cada vez más “protestas por motivos ambientales que reivindican la posibilidad de existencia en ese espacio”. Y en lo que respecta a la región su lectura permite revelar cómo esta dimensión define aspectos de la vida de las persona, presencias espaciales y, presenta el Catatumbo como ejemplo de un escenario de luchas por el desarrollo regional.  

Miradas del desarrollo en las luchas sociales

En 200 años de independencia, A Colombia se le ha categorizado como un país en “vía de desarrollo” que necesita seguir el modelo europeo para alcanzarlo. De ahí que la construcción de país se haya pensado en esta perspectiva.Pero, ¿qué efectos tiene esto para la vida económica, social y cultural de las comunidades y los pueblos?? Martha Cecilia García, investigadora del Cinep/PPP, analiza estas implicaciones en el capítulo Visiones de desarrollo en las luchas sociales 1975-2015, a través de la revisión de  distintas nociones de desarrollo expresadas en en 40 años de luchas sociales. 

En Colombia, ¿la salud es un acto de caridad o un derecho?, ¿es primordial el derecho de la gente a su tierra o la generación de energía?, ¿se crean municipios para reconocer territorios o disfrutar su independencia fiscal y las riquezas naturales que posee?, ¿qué es más importante, proteger los recursos naturales o su uso comercial?

La autora retoma seis eventos para responder a estas preguntas y ahondar en su estudio sobre las visiones de desarrollo: 1) la lucha por el derecho a la salud, 2) la construcción de hidros (hidroeléctricas y represas), 3) la creación de municipios como estrategia de ascenso en el ordenamiento territorial, 4) el dilema entre la ecología y el. progreso, 5) la ilusión del desarrollo regional y 6) el extractivismo minero energético. De cada uno García hace un recuento de diversos eventos contenciosos que, tal como lo señala, “dejan al descubierto las divergentes y opuestas nociones de desarrollo que se expresan” y evidencian las consecuencias de las nociones neoliberales que han contribuido a configurar las denominadas “víctimas del desarrollo”.  

Estado, ¿amigo o enemigo?: el control de las protestas

La relación entre el Estado y los movimientos sociales ha estado marcada por varias dinámicas: enfrentamiento, conflictividad y fortalecimiento mutuo, aunque esta última no se perciba así. En el capítulo Control de las protestas: una cara de la relación Estado y movimientos sociales, 1975-2015 Mauricio Archila, describe y analiza el control estatal de las protestas, enfocándose en el rol que cumple la Policía , por un lado, porque es un tema poco estudiado y, por otro, porque es un actor principal en el cumplimiento de esta función. Además, según el autor, este enfoque es clave para el rumbo de la participación ciudadana en el escenario del posconflicto. 

En el capítulo, Archila reconoce que la relación Estado y movimientos sociales tiene varias caras y da cuenta de dos de ellas: la represión y la negociación. Respecto a la primera se detiene a analizar choques violentos, acciones de presencia de la fuerza pública e ilegalización de las protestas; por su parte, sobre la segunda, se tuvieron en cuenta acuerdos o diálogos. 

El autor indica que hay que desvincularse de las visiones idealizadas que se tienen de ambas figuras: “los actores sociales como puros e incontaminados de violencia” y el Estado como “el rostro de la represión”.  Además, llama la atención sobre el discurso sobre la protesta en el que “no se concibe como un derecho ciudadano, sino en el mejor de los casos se asimila a un crimen”. 

Archila no solo realiza un recuento histórico de la represión policial, sino que demuestra con cifras los años en los que han sido más altos los actos de violencia estatal contra los manifestantes e indica que “la función reguladora estatal se atrofió mientras creció la coersión”. 

 

Descarga una muestra del libro aquí: Cuando la copa se rebosa, luchas sociales en Colombia 1975-2015

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodistas asistentes: 
María Fernanda Vera y Lida Bocanegra

Asesores temáticos:
Martha Cecilia García
Ana María Restrepo
Santiago Garcés

 

Desde Cinep/Programa por la Paz lamentamos profundamente el fallecimiento de Camilo Castellanos, incansable defensor de los Derechos Humanos y constructor de paz. Camilo fue investigador de este centro por más de 10 años y director de la revista Cien Días. Extendemos nuestra solidaridad con su familia en estos momentos de dolor y hacemos un pequeño homenaje a partir de los recuerdos de sus colegas y amigos que se cruzaron por su vida en esta infatigable lucha de búsqueda de la paz y la justicia social. También hacemos mención a algunas de sus publicaciones y del conversatorio por los 30 años de la Revista Cien Días. 

 Algunas de sus publicaciones:

Grupos armados y construcción del orden social en la esquina sur del Tolima es un libro que gira en torno a las dinámicas de construcción y configuración territorial y social de la esquina sur del Tolima, dada tanto por actores armados, como por agentes estatales. La esquina sur, conformada por los municipios de Chaparral, Planadas, Ataco y Rioblanco se le asocia el nacimiento de las FARC en ese territorio. Por esta razón, históricamente se le vinculó como un ‘pequeño Caguán’ y como un escenario de constante guerra y violencia naturalizada por sus habitantes.

Andrés Aponte, autor del libro, describe como fue el proceso de construcción histórica de este territorio, para entender esas dinámicas y de qué manera a lo largo del libro desmiente algunos imaginarios a partir del relato de sus habitantes. Esto con ayuda de una metodología cualitativa y cuantitativa.

En esta entrevista, Aponte relata las metodologías usadas para ahondar en la investigación de la esquina sur del Tolima y su historia de orden social y político. Cuenta los enfoques y estrategias utilizadas para la recopilación de las voces que aparecen en el texto y finalmente la forma en como los imaginarios de esta comunidad se van desmintiendo, para reivindicar la lucha y persistencia de sus habitantes frente al conflicto armado que vivieron.

¿Cuál es la génesis de este libro?

Andrés Aponte: Este libro surge en el marco del proyecto de Educapaz, ahí se me encomendó hacer un trabajo investigativo en relación a como se había configurado el Estado en esta zona y cuál había sido su relación con el ámbito educativo. Resulta que cuando empecé a indagar y a buscar literatura existente sobre los temas en específico me encontré con que había un vacío impresionante sobre esta parte del país, que, si bien había sido muy estudiada la primera mitad del siglo XX también había una ausencia de literatura en todo sentido. Entonces, me propuse reconstruir una pequeña historia regional de la zona para así saber qué tipo de presencia del Estado había, cómo se había desarrollado en relación con el conflicto armado y con la educación.

¿Cómo es ese primer acercamiento con la comunidad?

A.A.: En el trabajo de campo nunca hay una guía ni unos parámetros específicos a seguir, siempre va surgiendo todo como al día a día, los ires y venires que trae un trabajo, de cierta manera, sin ruta. Mucho más guiado por el voz a voz, es decir, “¿a usted le interesa tal tema? vaya hable con fulanito que vive en tal zona y tiene experiencia sobre esto” y así me fui desplazando por las distintas localidades de la esquina sur. También, aproveché mucho los espacios de educación que se hicieron por parte de la Javeriana y del Cinep/PPP, en el cual contaron con asistencia de profesores y personas ligadas a los gremios productivos, ellos también fueron una fuente importante de información.

¿Ahí mismo se desarrollaron los talleres de cartografía descritos en el libro?

A.A.: Sí, ahí fue donde se desarrollaron, fue una idea que surgió inspirado en una autora estadounidense que trabaja eso para el caso salvadoreño y pensé que no se había hecho eso en el caso colombiano de ver cómo las personas propias de la comunidad percibían y representaban, no solamente, la manera en cómo se relacionaban con el actor armado, sino también la misma lógica de la violencia.

En cuanto a la cartografía social ¿Cómo evitó el sesgo de esa información?

A.A.: Muchas veces la corregí con información que ya tenía de otras entrevistas, con la lectura de algunas fuentes secundarias que, de cierta manera, refrendaban o falseaban lo que habían dicho. Muchas veces me corregían en fechas, lugares, etcétera. También, dependiendo de los momentos, porque no hay datos estadísticos para los años sesenta, setenta y ochenta, entonces esto me toco hacerlo muchas veces con prensa o con otras entrevistas. Para el presente si se pudo hacer con datos estadísticos, lo que permitió que muchos de los relatos y experiencias vivenciales particulares se pudieran elevar o falsear a la luz de esa información cuantitativa.

¿En qué momento usted encuentra el enfoque del libro?

A.A.: Hace más o menos un año, es decir, después de dos años de investigación, logro decantar todo el material que había encontrado y dilucidar el enfoque. Estuvo más abocado por una historia muy rica, en el sentido de que se empezaron a cuestionar, con los hallazgos que tuve, tres imaginarios relacionados con la esquina sur. El primero, era que siempre se había creído que esta era una zona de dominio completo de las FARC, de un dominio incontestado y prolongado desde su nacimiento hasta el presente; el segundo, fue que esta era una zona donde, precisamente, por esa presencia de las FARC, estaba relacionado como a un espacio de constante despliegue de la violencia, de alguna manera que las personas estaban acostumbradas a vivir al rugir de las balas y, el último, que consideraba que el sur del Tolima era como una extensión del Caguán en pleno corazón del país.

Con estos hallazgos pude interpelar esos lugares comunes para mostrar que las cosas eran mucho más complejas de lo que se tendía a asociar con esas tres representaciones que tiene el país integrado sobre esta zona.

¿De qué manera organizó las entrevistas individuales para que en el libro hubiera a partir de esas voces una construcción de la historia de la Esquina Sur del Tolima?

A.A.: Dividí las entrevistas por temas, es decir, si me hablaban de ámbitos de regulación del actor armado, de economías ilegales, de afectación del conflicto armado de las lógicas de violencia y por periodos de tiempo. Entonces, ese tema en particular de acuerdo a una fecha particular y esa fue la manera en que las fui organizando para construir un relato que parece al unísono, pero construido a partir de varias voces.

¿Cuáles fueron los actores que usted priorizó durante la investigación para narrar esa construcción de orden social?

A.A.: Los principales protagonistas son los actores locales, las personas de la zona; no obstante, para tratar de falsearlos, para elevar sus relatos o también para comprenderlos a la luz de las dinámicas regionales y nacionales también indagué con personas vinculadas al Estado regional, es decir, a la gobernación o autoridades locales, miembros de la fuerza pública e incluso a guerrilleros.

¿A lo largo de la investigación como cambian las expectativas de lo que iba a ser el libro?

A.A.: A medida que fui consolidando toda la información, me di cuenta que tenía el material suficiente para hacer el libro. Al inicio parecía un documento corto de avance de investigación o un pequeño artículo, pero dada la magnitud de información que tenía y la calidad en cuanto a la riqueza descriptiva de cómo se daban los procesos y cómo eran percibidos me di cuenta de que tenía el material suficiente para escribir un libro resultado de investigación.

¿Cuál era la visión que tenia de la esquina sur del Tolima antes de la reconstrucción que hace en esta investigación y cuál es la que tiene ahora?

A.A.:Es un lugar del cual estoy profundamente enamorado y vinculado en el sentido que siento profunda admiración por sus pobladores. Me enseñaron y me ayudaron a interpelar la literatura sobre el tema. Creo que los pobladores y los civiles moldean sus preferencias por la violencia, pero también pueden resistirla y van aprendiendo cómo resistirla. La esquina sur del Tolima es el mejor ejemplo de esto porque si bien no tenían las capacidades organizativas de otros lugares, no habían experimentado otros procesos o dificultades, tuvieron la capacidad de mantener a raya el actor armado cuando tenían que hacerlo.

  

 

Descarga aquí el libro: Grupos armados y construcción del orden social en la esquina sur del Tolima 

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones