Semana por la Paz es una iniciativa que busca visibilizar los esfuerzos y procesos de personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la paz, la resolución pacífica de conflictos y dignificación de la vida. En 2019, con el mensaje de convertir a Colombia en un territorio de paz de lanzó Semana por la paz 2019: Soy y Somos Territorios de Paz, el 15 de agosto en la Pontificia Universidad Javeriana.

Luis Emil Sanabria, presidente colegiado de Redepaz, dijo que este año se espera en la Semana por la Paz “declarar muchos territorios de paz, que los candidatos a las alcaldías, gobernaciones, al consejo y a las asambleas departamentales hagan pactos de no agresión, no violencia y de convivencia; sacar definitivamente las armas y la corrupción de la política”. Además de decirle a los actores armados que las poblaciones se resisten a la violencia y quieren paz y desarrollo pacífico, en convivencia y en respeto.

Con ese mismo motivo, Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de la Comisión Nacional de Paz y director de Pastoral Social, hizo un llamado a “avanzar, a darnos la mano, a ser capaces de conformar en realidad una gran movilización ciudadana en favor de la construcción de la paz, del diálogo y la reconciliación del país”. Recalca que la Semana por la Paz es un ejercicio ciudadano que debe llevar a restablecer la legitimidad en los territorios donde se han llevado a cabo procesos de construcción de paz, en especial, donde el conflicto armado ha estado enraizado.

La lideresa social, Gladys Aristizábal, vio en esta Semana muchos retos ante este momento difícil que está viviendo el país con la situación de los indígenas: “¿cómo buscar  reconciliarnos?, ¿cómo buscar ese silencio de los fusiles?, ¿cómo, a través de nuestra palabra, de nuestros hechos, construimos paz todos los días?, ¿cómo la gente o las personas desde su mismo territorio, desde su mismo ser construyen la paz, aportan a la paz? La paz no la encontramos ni en una tienda, ni en un supermercado, la paz la construye cada uno desde su ser, desde su territorio; por eso somos territorio de paz”. 

Estos mismos retos los encontró María del Pilar Valencia, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz seccional Ausencia de Reconocimiento, que envió dos mensajes a la ciudadanía. Primero, “no es suficiente con que la institucionalidad o los actores del conflicto formalicen un acuerdo, es fundamental que sembremos una cultura de paz en cada uno de nosotros y de nosotras para que realmente haya una reconciliación y una paz estable y duradera”. Y segundo, “es necesario que las víctimas acudan a la JEP, acudan con su versión de cómo se vivió el conflicto, qué daño sufrieron y, sobre todo, cuáles son las propuestas de reparación y de garantías de no repetición”. 

Para los bogotanos el Alto Consejero para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, Gustavo Quintero, señaló  un mensaje que considera fundamental: “En Bogotá todos somos iguales, todos podemos ser y todos debemos poder desarrollar eso que tanto queremos. Bogotá es una ciudad que nos recibe a todos y en la que todos cabemos”. Asimismo, considera que la ciudad puede convertirse en un territorio de paz, aunque no sea sencillo lograrlo, si todos los actores -ciudadanía, organizaciones sociales, liderazgos sociales, la academia y la administración distrital- se une en un clamor de paz.    

Katie James, cantautora colombio-irlandesa, desplazada por la violencia junto a su familia interpretó Mi forma de hacer la paz, canción de su álbum Semillas de Paz, dedicado a su sobrino Tristán James asesinado en el conflicto armado.

John Harold Dávila, cantautor colombiano, promotor de paz en Antioquía y autor del jingle del Semana por la Paz 2019 cantó ¿Cuándo volvemos a casa? en memoria de los niños que fueron alejados de su casa. Y grupo juvenil Sunyai de Policarpa, Nariño, que por medio de una presentación cultural mostró su experiencia de paz y reconciliación entre la comunidad y los excombatientes de las FARC.

El evento contó además con la presencia Darío Sendoya, coordinador encargado de la Macroterritorialidad de Bogotá-Soacha de la Comisión de la Verdad; Arturo Charria, coordinador de Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá; Jorge Enrique Bohórquez, secretario Pastoral de la Salle y distintos representantes de las organizaciones convocantes como el padre Gerardo Villota, S.J., de la Compañía de Jesús, Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del Cinep/PPP y Patricia Romero, encarga de proyectos sociales de Compensar.

Lida Bocanegra
Equipo de Comunicaciones 

 

Una de las enseñanzas que le marcó la vida a Jenny Ortiz, coordinadora de la Línea de Interculturalidad en el Cinep/PPP la tuvo de una autoridad indígena del Amazonas. Ella estaba trabajando en la Chorrera con los Huitotos, al terminar el taller se sentó al frente rio a ver el agua correr. Tenía que tomar una decisión transcendental para su vida y mientras pensaba en eso, una autoridad se acercó y le preguntó “bueno profe, ¿usted que es lo que está viendo?”. Ortiz le empezó a hablar de la belleza del río, pero terminó contándole lo que le sucedía. Entonces la autoridad le dijo:  

“?Miré, la vida es como el río, usted no la controla, entonces en algunas veces hace meandros largos, meandros cortos, o sea, curvas largas, curvas cortas ¿cierto? y va armando su recorrido por donde considera que debe ir. En su interior alberga muchas vidas, y uno solo empieza a entender que la vida tiene este fluir cuando uno deja que la vida tome un curso por donde debe ir, uno va contra la corriente cuando quiere crear, cuando quiere producir algo nuevo, cuando quiere dar nueva vida; como muchos peces que van a nadar contra la corriente a poner sus huevos cuando van a dar nueva vida”.

La línea de Interculturalidad ha venido trabajando con pueblos de la Sierra Nevada, Cartagena y el sur de la Guajira y desde 2016 se ha enfocado en problematizar las desigualdades históricas, económicas, epistemológicas que han vivido los excluidos en el país. Su trabajo se ha centrado en educación interculturalidad y propia, los extractivismos, la discusión sobre memoria y memorias étnicas, la articulación de la escuela, comunidad y movimiento social y la reflexión sobre el enfoque de género en el territorio, las demandas de los pueblos, la epistemología, el lenguaje y su compresión.

Desde la línea se plantean tres aproximaciones para pensar la interculturalidad con los pueblos indígenas: la primera, desde la realidad de situaciones y contextos específicos de los sujetos, “tú como pueblo indígena entiendes el mundo de una manera, porque lo has construido de esa manera y yo lo entiendo de otra; no voy a imponer, ni tú me vas a imponer”; la segunda, considerando que hay unos espacios y unos tiempos propios de las comunidades, “esto implica empezar a romper la idea que solamente el conocimiento experto pasa por la universidad y la academia, sino que este pasa también por otros registros y otras experiencias vividas, transitadas y reflexionadas” y, la tercera, reconociendo otros territorios y otros contextos, esto implica que “la interculturalidad no es armónica, es profundamente conflictiva y creemos que de ese conflicto, esa contradicción, podemos crear más cosas”.

Los años que ha trabajado con comunidades indígenas y afrodescendiente, le han dejado a Ortíz muchas reflexiones personales como la importancia del trabajo espiritual dentro de los proyectos que realizan con los pueblos, el poder de la palabra: “cuando dicen ‘me comprometo a…’, lo hacen efectivamente. No es a la ligera, como nos acostumbramos nosotros; por ejemplo, ‘esta tarde me tomo un tinto contigo’ y nunca pasa esa tarde, ni el tinto”. Y el pensamiento integral, “si bien ellos reconocen que hay unos elementos de la experticia del conocimiento, ellos dicen que el conocimiento es integral, tú no puedes ver de manera aislada cada lugar del conocimiento, sino que todo es integral, porque la vida es integral”. 

Estas consideraciones han llevado a cumplir la meta de Cinep/PPP en su opción preferencial por los excluidos. La interculturalidad, según Ortíz, puede aportar a una sociedad justa, sostenible y en paz, misión de Cinep/PPP, al continuar hablando de problemas como el extractivismo en territorios étnicos, el racismo, la discriminación racial y las violencias epistémicas que viven los pueblos comunidades indígenas y negras; también estudiando el conflicto armado y los conflictos territoriales que se experimentan en los  territorios rurales que habitan.

En ese sentido, Cinep/PPP debe enfrentar retos  importantes como compaginar los tiempos de las comunidades con las lógicas de la  cooperación; aplicar la complejidad del pensamiento integral y del entendimiento de las movilizaciones indígenas como “esta gotica constante, que sigue ahí hasta que logre abrir camino o abrir un huequito en la tierra”.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Las lenguas indígenas fueron el tema escogido en el 2019 por las Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Al respecto, Ortíz indica que “lo primero que hay que decir es que no hay lenguas,  son idiomas, del mismo estatus del español o  el inglés” y en ese sentido, señala, estos son sistemas de pensamiento con variables dialectales, es decir, con distintas maneras de hablarlo.

Esta misma idea la comparte Jon Landaburu, lingüista y autor de la clasificación de las lenguas de Colombia, para él “una lengua no es simplemente un instrumento de comunicación” sino es una adaptación de una cultura, del espíritu". Landaburu reconoce que existe un reto considerable en hacer prevalecer las lenguas en el mundo, “si consideramos que en este momento hay como 6000 lenguas distintas en el mundo, el 97% de la población habla solamente 10 lenguas”

Entre los escenarios que ponen en riesgo la extinción de estos idiomas, Ortíz menciona a la escuela y explica: “cuando un niño es obligado a ir a la escuela a muy temprana edad se pierde el idioma porque este se aprende vía materna hasta los siete años”; el conflicto armado, debido al asesinato de muchas autoridades indígenas que son los conocedores del idioma y formadores en la comunidad; el desconocimiento en la sociedad, “si nosotros entendiéramos que somos muy afortunados de tener al menos 63 idiomas vivos, pues entenderíamos su importancia”; procesos de normalización lingüística, generados por diferentes institutos para la creación de un alfabeto común generando pérdidas en las variables dialectales -manera en la que se habla el idioma-; y la castellanización.  A estas amenazas se unen las reconocidas por Hortensia Estrada, investigadora del Instituto Caro y Cuervo, como el contacto con poblaciones vecinas, la transmisión en el idioma dominante por parte de los medios de comunicación y la poca utilización de la lengua por parte de las nuevas generaciones.

Para Miguel Rocha, Doctor en Lenguas y Literaturas, el rescate de las lenguas depende de su utilidad para los hablantes, el trabajo con los procesos de colonización, los espacios o plataformas donde las lenguas adquieran un estatus   y las políticas públicas que se establezcan. 

Para Ortíz, reconocimiento a las llamadas lenguas indígenas como idiomas y, en consecuencia, a  sus formas de vida y enseñanzas son el camino que se debería tomar para reconocer no solo a las comunidades indígenas, sino a los afrodescendientes y las comunidades gitanas como parte de la construcción de país. 

 

 

Lida Bocanegra
Equipo de Comunicaciones 

 

Esta semana que pasó recordamos el Bicentenario de la batalla de Boyacá. Habitualmente estas fechas se asocian a batallas lideradas por guerreros, pero casi nada se reconoce el aporte de las mujeres. Durante estos doscientos años incontables mujeres colombianas han entregado su vida por la nuestra nación.

Una de ellas fue Manuela Beltrán, la primera heroína que luchó contra el poder opresor español. Mujer nacida en El Socorro, Santander. En 1781, en un acto de rebeldía, rompió el edicto por el cual se fijaban impuestos sobre las ventas de los productores y sobre el consumo, acción que fue la chispa para la revolución comunera.

Antonia Santos de Pinchote, Santander. Comandó un destacamento militar que se unió a la causa de Simón Bolívar contra el poder español. Convocó a la rebelión de los comuneros y los impulsó a luchar en la batalla de Pienta, el 4 de agosto 1819, esta acción impidió que los españoles se encontraran con Bolívar que emprendía la campaña libertadora. Esta acción le costó el fusilamiento. Otro ejemplo fue, Policarpa Salavarrieta, 'La Pola', gran heroína colombiana. Nació en Guaduas. Fue una experta espía y mensajera del ejército criollo. La ejecutaron en la Plaza mayor de Bogotá en 1817.

En los años veinte del siglo pasado, María Cano, líder política y sindical, luchó incansablemente por los derechos de los obreros. En los años cuarenta, Mercedes Abadía, buscó con empeño el derecho al voto de las mujeres y Georgina Fletcher, española radicada en Colombia, promovió los derechos civiles de las mujeres, en especial el derecho a la educación y al trabajo. Otras mujeres como Esmeralda Arboleda, en los años sesenta, impulsó la construcción de la ciudadanía para las mujeres. Igualmente, Rosita Turizo, en el contexto de la lucha por el sufragio femenino, ayudó a resquebrajar el estereotipo de mujeres incapaces de asumir puestos de dirección y Virginia Gutiérrez, desentrañó las bases culturales de la familia patriarcal.

Estas mujeres destacadas no han sido las únicas, millones de mujeres, durante estos 200 años de la historia del país han sido protagonistas de la construcción de la sociedad colombiana, mujeres sabias, servidoras, trabajadoras y solidarias, como las madres de cada uno de nosotros, como mi madre Minita Guevara Ávila que hace dos semanas vivió su Pascua de resurrección y ahora está junto al Padre Creador.

El ocho de marzo pasado, día de la mujer, el Papa Francisco expresó: “La mujer es quien hace hermoso el mundo, lo cuida y lo mantiene vivo. Trae la gracia que hace nuevas las cosas, el abrazo que incluye, la valentía de donarse. La paz es mujer. Nace y renace de la ternura de las madres”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

El tercer derecho consagrado en la Declaración universal de los derechos humanos, es el derecho a la vida. Sin embargo, este derecho termina siendo uno de los más violados en contextos como el colombiano. Ante esta situación, se hace necesario que entorno a este tipo de violencia, la ciudadanía se manifieste para exigir respeto por la vida.

La defensa del derecho a la vida en Colombia no es algo nuevo. El violento contexto que han vivido las comunidades, tanto en el campo como en las ciudades, ha llevado también a levantar la voz de protesta y a salir a las calles para rechazar los asesinatos, para exigir justicia y para demostrar que, a pesar de la violencia mortal, hay quienes quieren construir mejores condiciones para sus comunidades. 

 La defensa de la vida en Colombia

La Base de datos de Luchas Sociales de Cinep/PPP, recopila información histórica sobre las luchas protagonizadas por diversos sectores sociales. Esta base registra 1784 luchas sociales por el derecho a la vida entre 1975 y 2018. A continuación, los datos por año y la participación departamental de estas luchas.

 

30 años resistiendo a la violencia

La anterior gráfica muestra el comportamiento, en cantidad, de las luchas sociales por la vida en Colombia. Estas movilizaciones suelen ser reactivas, es decir, se producen como respuesta a un incremento del número de asesinatos y acciones violentas en determinada región. A continuación, los años en los que se presentaron más movilizaciones por la vida con sus contextos que explican estos incrementos. Y muestran además, algunos de los protagonistas de las historias de horror y de las historias de resistencia y manifestación por el derecho a la vida y a la integridad desde 1988 hasta 2018.

 

Marcha por la vida 2019: por los liderazgos sociales

A finales de junio de 2019 un video sacudió la opinión pública. Se trataba de un niño llorando desesperado porque acababan de asesinar a su madre, María del Pilar Hurtado, en Tierralta, Córdoba. Esta imagen no sólo develó el drama más cercano, del asesinato selectivo a líderes sociales, sino que despertó una amplia indignación en muchos sectores. Semanalmente los medios de comunicación han presentado desde la firma del Acuerdo asesinatos de personas que adelantaban gestiones en diversos temas, para para enfrentar injusticias, exclusiones o desigualdades en sus comunidades.

Los dolorosos gritos de ese niño llamaron la atención de la ciudadanía en general para hacer algo en defensa de los liderazgos sociales. Así, se convocó a una marcha el 26 de julio. Múltiples sectores atendieron y salieron a las calles en ciudades de todo el país y en el exterior. Convocados para exigir respeto por el derecho a la vida ante los armados y para exigir celeridad en la justicia de estos casos ante el Estado. Estas son las voces de los representantes de algunos sectores sociales que marcharon ese viernes en Bogotá y sus motivaciones.

 
 

Por los liderazgos sociales

La marcha del 26 de julio, por los líderes sociales, en imágenes

 

 

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodistas asistentes: 
María Fernanda Vera, Lida Bocanegra, Deivyd Manrique

 

Asesora temática: Martha Cecilia García

“Personas desconocidas asesinaron, con arma de fuego, a Carlos Augusto Panesso, cuando salía su casa.

Carlos Augusto era un reconocido líder de la comunidad LGTBI y miembro activo de la Fundación Arco Iris de Tumaco.

Además, estaba en Tumaco como desplazado. Este es el segundo hecho ocurrido en la misma semana contra miembros de la comunidad LGTBI”.

 Memorias para la Vida y la Paz, Tumaco, Nariño, 2017. 

En el marco del conversatorio Situación de Derechos Humanos en el departamento de Nariño, Cinep/Programa por la Paz entrega y socializa Memorias para la Vida y la Paz, una línea de tiempo que busca “hacer un homenaje y reconocimiento a la vida de tantos hombres y mujeres que lucharon por tener mejores condiciones de vida, lograr el cumplimiento de sus derechos y construir la paz”. Este trabajo fue realizado en el marco del convenio Construyendo Paz con equidad desde Nariño, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Memorias para la vida y la paz reconstruye la victimización sufrida por la población civil y permite demostrar cómo estas dinámicas no son recientes en el departamento. Para Fernando Sarmiento, coordinador del equipo Iniciativas de Paz del Cinep/PPP, “desde mediados de los años 90 se ha mostrado esta situación de victimización - asesinatos, heridas, secuestros, desapariciones o desplazamientos forzosos, etc.- en Nariño con unos picos grandísimos en los años 2000 y 2006; pero que vienen todavía incrementándose hasta llegar al año 2012, donde hay un mayor grado de victimización hasta llegar un punto de 415 víctimas”.  

A pesar de que antes y al inicio del Proceso de Paz en la Habana se dio un incremento en las victimizaciones, durante la negociación hubo una disminución de esta, que se volvió a incrementar tras la firma del Acuerdo de Paz. Según Sarmiento, este aumento “hace parte de este proceso de victimización de líderes sociales en el país”.

La información de esta línea de tiempo recoge las cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. En el proceso no se involucraron organizaciones de derechos humanos del territorio debido a las implicaciones de seguridad, como lo comenta Sarmiento: “nosotros no pusimos logos de organizaciones, redes o plataformas con las que nosotros trabajamos en el territorio; pusimos solamente los logos nuestros y de organizaciones internacionales porque nosotros podemos decir que tenemos esta información. Eso con el sentido de no comprometer a la gente en el territorio”.

La línea se divide en tres aspectos: cronología, georreferencia y tipología. En el primer aspecto, como lo dice Alejandro Angulo, S.J., “la inseguridad producida por este Estado de guerra crece con el transcurso del tiempo: en el primer decenio, el promedio de civiles victimizados fue de 22, en el segundo decenio, 175, y en el tercer período, que solo cubre 7 años, el promedio asciende a 243”. Por su parte, en la georreferencia, Camilo Hernández, investigador del equipo Iniciativas de Paz del Cinep/PPP, determina que el principal escenario de la guerra en los últimos 25 años se da en la zona pacífica, especialmente, en el municipio de Tumaco con más de 311 hechos y 430 víctimas. En cuanto a la tipología de la victimización, como se ve en la gráfica, se encuentran cuatro motivos principales: la violencia político-social, violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y acciones bélicas.

 

 

Para Sarmiento, la violencia político-social y las infracciones al DIH son las más preocupantes. La primera, porque “son líderes comprometidos en procesos sociales-políticos en el territorio y por tales razones los persiguen y esa victimización se presenta más en particular a partir del año 2000 hacia adelante” y, la segunda, debido a que es “accionar propio de los actores armados en el territorio”.

Esta lectura se relaciona con la encontrada en la línea de tiempo, en la cual, Yebrail Álvarez, analista del equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP, expone que “los sectores eclesiales y las organizaciones étnico-territoriales y campesinas denuncian que las autoridades civiles, militares y policiales no están protegiendo la vida, libertad e integridad de las comunidades, asimismo denuncian las acciones desarticuladas entre dichas autoridades, los organismos de control y las instancias de justicia”.

Esta línea de tiempo apunta a un proyecto mucho mayor por parte de la coordinación de los equipos Iniciativas de Paz y Derechos Humanos del Cinep/PPP. según informa Fernando Sarmiento “una de las cosas que queremos hacer con las organizaciones es documentar toda esta información. Entonces nos toca ponernos de acuerdo para lograr una articulación o coordinación y así conocer los casos, documentarlos, registrarlos,  darlos a conocer e informar sobre la situación en el departamento”.

Además de crear esta articulación, Sarmiento considera necesario lograr una sostenibilidad en el tiempo por medio de una estructura organizativa debido a que “aunque estamos en un proceso de implementación de un Acuerdo de Paz, lo que estamos viendo es que la violencia, especialmente sobre sociedad civil y los líderes, está incrementándose”. Es necesario crear estrategias de coordinación con instancias gubernamentales como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría con el fin de “entregar una información sólida y mucho más actualizada”.

“Allá en el departamento hay un gran interés, las organizaciones con las que hemos hablado de derechos humanos están dispuestas a trabajar por este tema y sobre todo informar”, asegura Sarmiento. Y aclara que adicional a recoger la información, la idea es presentarla a la Comisión de la Verdad, como ya se hizo con la línea de tiempo Memorias para la Vida y la Paz.

Lida Bocanegra
Equipo de Comunicaciones