El 2 de mayo el stand de la Universidad Javeriana en la Feria del Libro se convirtió en el escenario en el que Cinep/PPP lanzó una de sus más recientes publicaciones: “De encuentros y desencuentros: reflexiones sobre la educación intercultural desde una experiencia en el Caribe colombiano”. El libro, escrito por Leidy Laura Perneth, Jenny Paola Ortiz, y Andrea García, da cuenta del proceso investigativo en el proyecto “Educación intercultural por la defensa de los derechos de los grupos étnicos” implementado por Cinep/PPP durante el 2016 y 2017 en el Sur de La Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta y Cartagena.

La riqueza cultural de Colombia es evidente, y estos tres territorios son testimonio de la confluencia de múltiples grupos étnicos diferentes entre sí, pero habitantes de la misma tierra. Por esta razón, el proyecto tenía el objetivo de construir una mirada en conjunto de la región y contribuir al reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos. 

Durante el lanzamiento, Perneth habló sobre la importancia de la interculturalidad, pues ésta permite analizar las relaciones de poder. Planteó, además, que una de las discusiones más importantes que surgió durante el proceso fue sobre si el sistema educativo realmente está atendiendo a las demandas de las comunidades, o si sólo busca institucionalizarlas.

El libro, como lo aseguró Eduardo Restrepo en el lanzamiento, hace énfasis en aspectos étnicos, raciales y de género. Y es que son precisamente esos temas los que han permitido jerarquizar las diferencias entre diversos grupos. Perneth agregó que este énfasis se hace porque es desde la educación intercultural que se pueden cuestionar a los sujetos y así comprender la construcción de una sociedad desigual.

El lanzamiento contó con una exposición fotográfica que mostró a los diversos actores que hicieron parte del proyecto. Los espacios pedagógicos se enfocaron en formación a profesores en educación intercultural, formación política dirigida a líderes sociales, y formación en investigación local participativa para jóvenes.

Para Martha Cecilia García, investigadora de Cinep/PPP, este “es un libro muy valioso porque junta práctica y acción. Plantea tres problemas en contextos muy diferentes pero que afectan a las comunidades de Cartagena, La Guajira y la Sierra Nevada”.

Eduardo Restrepo mencionó la valentía que tuvieron las autoras al hacer dos cosas esenciales: no cortar la voz de las comunidades y lograr un libro “de crítica y autocrítica, pues no sólo cuestiona las problemáticas sociales a las que se enfrenta, sino que también es sincero con el lector sobre el mismo proceso investigativo”. Esto lo hace en referencia a la observación que hacen quienes lo escribieron sobre las dificultades que implica tener un enfoque de género riguroso en una investigación.

A partir de esas experiencias, las autoras concluyeron en la publicación que la educación intercultural “es un campo permanentemente abierto y conflictivo, sin posibilidades ni aspiraciones de clausura”. Por esto, consideran esencial seguir ahondando y creando ejercicios que permitan la reflexión sobre temas que de allí se derivan. 

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Laura Cristina Vasquez
Equipo de comunicaciones 

 

En su segunda edición del año, Diálogos Cinep debatió sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), su relación con el Acuerdo de Paz y la economía nacional. En él, participaron Ricardo Bonilla González, economista y ex secretario de hacienda de Bogotá y Consuelo Corredor y Víctor Barrera, investigadores del Cinep/PPP.        

Edmer Tovar, editor de Portafolio, fue quien moderó el panel y empezó su presentación afirmando que el Senado no revisó el PND, sólo le dio el visto bueno a lo presentado por la Cámara de Representantes. En su primera pregunta trajo a la conversación la relación entre la implementación del Acuerdo de Paz con este plan que presentó el gobierno el 6 de mayo .

Sobre esta incógnita, Consuelo Corredor afirmó que en el Acuerdo Final se establecieron mecanismos que permiten la sostenibilidad de los compromisos allí establecidos, lo que lo hace un acuerdo no de gobierno, sino de Estado. Dentro de esos compromisos está la obligación que tienen los cuatro gobiernos siguientes a la firma de incluir los compromisos del acuerdo en los Planes Nacionales de Desarrollo y un plan plurianual de inversiones para la paz. Este plan, según Consuelo, no se implementó a cabalidad.

Según la investigadora, el punto 1 del Acuerdo de Paz, que trata sobre una reforma rural integral, es el punto que más presencia tiene en el PND. Sin embargo, aclara que no todos los puntos relacionados con esta reforma hacen presencia en el PND como se esperaría, por lo que se debe indagar qué tanto se recoge lo del Acuerdo Final. Con respecto al punto 3, relacionado con la reincorporación y el fin del conflicto, Corredor hizo énfasis en que, incluso desde que Iván Duque era candidato a la presidencia, éste señaló la importancia de que la reincorporación se diera y llegara a feliz término. Sin embargo, la sustitución de cultivos ilícitos no está planteada plenamente como debería. Su conclusión más importante fue el planteamiento de que “hubiese sido deseable aprovechar el Acuerdo de Paz para trazar un sendero relacionado a la paz en el PND”.

Por su parte, Víctor Barrera planteó la importancia de tener claros cuáles son los criterios para evaluar un PND, especialmente en el contexto tan particular del país. Explicó que se deben tener claras tres características para evaluarlo correctamente: primero,  el diagnóstico sobre  los problemas generales del país; segundo, las estrategias que se plantearon y si son las adecuadas para resolver los problemas; y tercero, las metas que son los elementos que permiten evaluar después de cuatro años si el PND funcionó o no. Barrera destaca que en los primeros dos puntos este plan sí está acertado, pero su gran equivocación yace en plantear metas imposibles de cumplir.

Además, recalcó que en ningún PND la participación política y ciudadana ocupan un papel central, incluyendo este. Un elemento que preocupa al investigador son las menciones de conflictividad que se hacen a través del documento y la falta de ajustes normativos para garantizar la protesta social.

Ricardo Bonilla respondió a la pregunta sobre las expectativas de lo que se incluyó en el plan y lo que no. Su intervención comenzó con la aclaración de que un PND no se le puede negar a ningún gobierno porque es su potestad plantearlo. En el Congreso se puede negociar lo que cada bancada desea incluir, pero el problema es que esos debates quedaron invisibilizados por los diálogos en torno a la JEP. Por falta de tiempo, “fue la Cámara de Representantes la que hizo un estudio más juicioso, pero el Senado no tuvo tiempo por la negligencia de Matías. Al final, implementarlo fue decisión por pupitrazo”.

Según Bonilla, el enfoque económico del PND se basó en la idea de que el gobierno anterior dejó un déficit de 25 billones de pesos, pero nadie sabe de dónde salió esa cifra. Entonces manifestó que lo que puede hacer este gobierno es plantear un plan  y luego no cumplirlo porque no hay mecanismos reales en Colombia que evalúen la implementación de los PND. Sobre la paz, afirmó, no hay recursos específicos planteados sino programas generales.

Edmer Tovar intervino luego sobre los ejes bajo los cuales se entiende el PND: Legalidad + Equidad = Emprendimiento. Para Corredor, esta estructura es confusa y compleja porque “es una ecuación que no tiene sentido”. Para Barrera,  hay algo que añade un mayor grado de dificultad y es que “hay una apuesta por la legalidad, y las discusiones sobre la legalidad casi siempre terminan en dilemas morales”. Para Bonilla, la idea de emprendimiento que maneja el actual gobierno se basa en un concepto de economía naranja en el que se desarrollan aplicaciones y servicios sin garantía de condiciones de formalidad para sus empleados.

Los tres estuvieron de acuerdo en que, aunque el Plan Nacional de Desarrollo debe cubrir más que la implementación del Acuerdo de Paz, sí se debieron incluir más garantías para la implementación de este. Las elecciones que se llevarán a cabo en octubre para elegir gobernadores y alcaldes pueden ser una oportunidad, porque en el marco de la implementación se afirma que los planes regionales de desarrollo deben incorporar asuntos relacionados con el Acuerdo Final.

 

Laura Cristina Vasquez
Equipo de comunicaciones 

 

En Colombia la consulta anticorrupción se votó en agosto del año pasado, pero le faltó un poco más de 400.000 votos para llegar al umbral y empezar a generar algunos cambios en las prácticas corruptas de la sociedad y el Estado. A pesar de este desconcertante resultado, la semana pasada, en uno de los más sonados casos de corrupción, como el pago de sobornos de Odebrecht para la adjudicación de la Ruta del Sol Tramo dos, la justicia colombiana ofreció algunos resultados. A once años y nueve meses de cárcel fue condenado el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, acusado de cohecho e interés indebido en celebración de contratos. El juez, además, compulsó copias a la Fiscalía en relación con un grupo de personas que fueron mencionadas en el juicio contra Melo Acosta, para que se determine si incurrieron en algún delito que deba ser investigado. Entre ellas: Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval y Carlos Gustavo Ramírez, vicepresidente de Corficolombiana. 

El caso Odebrecht en Colombia, además de comprometer las adjudicaciones de grandes obras de infraestructura, en las que se ofrecieron coimas por cerca de 28 millones de dólares, también compromete la financiación de campañas a la presidencia del país desde el año 2010, asunto que va muy lento en su aclaración. Son al menos doce personas capturadas por el caso Odebrecht en Colombia, entre ellas el viceministro de trasporte Gabriel García Morales quien confesó haber recibido 6.5 millones de dólares.

A esto se suman la muerte de dos testigos clave en extrañas circunstancias: Jorge Enrique Pizano, auditor del proyecto Ruta del Sol II, que murió de un paro cardíaco y quien dejó grabaciones que vinculan al Fiscal General Néstor Humberto Martínez en casos de corrupción. Y, a finales de diciembre del año pasado, Jorge Merchán, Secretario de Transparencia del Gobierno Santos, al parecer se suicidó. En otros países latinoamericanos la acción de la justicia ha llegado hasta expresidentes y presidentes que hoy están investigados o tras las rejas, acusados de corrupción. La trágica muerte del expresidente peruano Alan García ha vuelto a centrar el interés en el caso de Odebrecht, calificado como uno de los hechos más nefastos de corrupción en la política y la economía de doce países de América Latina.

El Papa Francisco, en enero del año pasado, durante el vuelo de regreso a Roma, luego de su visita apostólica a Chile y Perú, expreso: “La corrupción es como esos pantanos ‘chupadizos’ que vos pisás y querés salir, y das un paso y te vas más adentro. Es una ciénaga. Es la destrucción de la persona humana. Sí, en Latinoamérica hay muchos focos de corrupción. Ahora está de moda hablar de Odebretch, por ejemplo, pero eso es un botón de muestra, -y afirmó- pecador, sí; corrupto, no. El pecador pide perdón a Dios y busca cambiar, por el contrario, la arrogancia del corrupto le impide ver su pecado y pedir perdón. Yo al pecado no le tengo miedo, le tengo miedo a la corrupción, porque la corrupción te va viciando el alma y el cuerpo, y un corrupto está tan seguro de sí mismo que no puede volver atrás”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

En la tercera entrega del Reporte Trimestral de Datapaz Suroccidente colombiano, entre la movilización por acceso a derechos y la búsqueda de la paz se aborda la perspectiva territorial de la movilización por la paz, para culminar así los ejes propuestos de análisis, desde la perspectiva de la región del suroccidente del país, teniendo en cuenta el contexto histórico sobre el conflicto y las acciones por parte de la sociedad civil y la reivindicación intercultural de la zona como ejes de movilización social y de exigencia para el ajuste y cumplimiento de las políticas públicas. Para esta edición se contó con la participación Camilo Hernández, joven investigador del Equipo Iniciativas de Paz y analista de Datapaz del Cinep/PPP, y con Carlos Duarte, invitado a escribir en este reporte y gran conocedor de esta región del país.

 

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El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/Programa por la Paz presentó el informe anual sobre las violaciones a derechos humanos en el país. El interés principal de este informe es alertar sobre las distintas dinámicas de violencia político-social, con especial énfasis en los casos asociados a los asesinatos de dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal y dirigentes cívicos. Tanto el Cinep/PPP como el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación la nueva dinámica de la violencia en Colombia que ataca a la base social.

Este informe se presenta como un ejercicio al servicio de las víctimas para recuperar la memoria desde sus voces y contribuir a la construcción de una sociedad justa, sostenible y en paz. De los 1418 casos registrados por el Banco de Datos en el 2018, 195 tienen como autoría a actores desconocidos, y en 139 aparece la etiqueta de hombres armados o encapuchados. Si se suman estas dos cifras, se representan 334 casos que conducen directamente a la impunidad.

Desde esas nuevas autorías es que los investigadores comprendieron nuevas dinámicas de la violencia en Colombia: hay “nuevas” metodologías de victimización, “nuevas” víctimas, y “nuevos” victimarios que buscan de manera intencionada una perspectiva de justicia nula.

Javier Giraldo S.J., investigador del Banco de Datos, compiló casos de testimonios de víctimas disponibles en la revista Noche y Niebla No. 57. Para Giraldo, “encontramos que cada vez más (aunque todavía algunos grupos paramilitares reivindican los crímenes) aparece un victimario como un pistolero encapuchado que llega en moto, dispara y se va. Nadie lo conoce y nadie lo puede identificar. Eso le da una excusa al aparato judicial para decir que no hay investigaciones o que hay muy pocas. Además, siempre se enfoca sobre el autor material, sobre quién disparó, y poco le interesa el autor intelectual. Desde la víctima misma, desde su trabajo, sus luchas, sus compromisos, hay una puerta muy clara para empezar a investigar al autor intelectual.”

 A esto se suma el hecho de que la Fiscalía General de la Nación ha emitido 34 sentencias en contra de autores materiales que han asesinado a líderes comunales, pero ninguna se ha emitido en contra de los autores intelectuales. Además, el informe determinó que entre octubre de 2016 y 2018 hay un importante incremento en los asesinatos de líderes comunales que están comprometidos con la sustitución de cultivos ilícitos.

 El departamento más afectado fue el Valle del Cauca con 224 víctimas, seguido de Cauca con 182 y Santander con 182 víctimas. Los hallazgos realizados por el equipo investigador, mostraron que el principal método de victimización fue la amenaza, algo que se diferencia de otros tipos de victimización utilizados históricamente en Colombia como la tortura y la desaparición y el desplazamiento forzado.

Según el informe, 98 líderes sociales (en su mayoría líderes cívicos y comunales) fueron victimizados en el 2018. Las víctimas más numerosas son personas u organizaciones con menos visibilidad que viven en áreas rurales o en las periferias de las ciudades. Su función social es clave para el funcionamiento de organizaciones de base que buscan valer sus derechos. La violencia política tuvo el mayor número de víctimas letales: 447 asesinados, 386 amenazados, 129 heridos y 48 víctimas de atentados.

Las víctimas ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, de movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa, como predominó en otros momentos. Esto cuestiona las versiones que niegan la existencia del paramilitarismo, pues actualmente existe un paramilitarismo remozado responsable de 342 casos registrados en el 2018.

Para el equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, las medidas de protección y la atención brindadas por el Estado son insuficientes para las personas en evidente riesgo o con amenazas. Este informe busca seguir prestando un servicio a las víctimas haciendo visibles sus historias y los acontecimientos que vulneran sus derechos humanos fundamentales, con un profundo compromiso ético de contribuir a que no se repitan y seguir apostando por la vida.

 

Laura Cristina Vásquez
Equipo de Comunicaciones