-Quinta entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

Entrevista
El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala

Por: Laura Inés Contreras Vásquez

En entrevista con Leiria Vay, integrante de la dirección política nacional del Comité de Desarrollo Campesino – Codeca, de Guatemala y coordinadora de la Iniciativa Protección de Defensores de la ILC ALC, quisimos reconstruir el panorama actual de la situación de riesgo que enfrentan las defensoras de la tierra y el territorio en Guatemala, además de establecer algunas recomendaciones para que los estados y las organizaciones sociales puedan enfrentar estos riesgos.

 

Leiria Vay, directora política del CODECA.
 

Los problemas que sufren las mujeres defensoras en América Latina son muchos y muy variados, aunque son comunes en la región. Las mujeres que habitan el campo están en una desventaja absoluta con respecto a las defensoras que habitan la ciudad, “nosotras las mujeres rurales no tenemos la experiencia ni oportunidades. Muchas veces desde las comunidades no se tiene la posibilidad de llegar a los medios de comunicación, no se documentan los casos de mujeres defensoras agredidas y mucho menos si son mujeres rurales. No tenemos acceso a los medios. Por toda esa situación de las comunidades, existe temor de hablar, da pena denunciar, en muchas ocasiones se opta por no decir nada o huir de la situación” afirma Leiria.

En el año 2018, asesinaron a seis integrantes del CODECA. Una de ellas era mujer. La defensora fue violada y torturada antes de ser asesinada. “A los hombres los mataron a balazos y machetazos, pero la mujer fue secuestrada, violada, torturada y luego asesinada”, comenta Leiria sobre este caso. En 2019, también asesinaron a 10 dirigentes que hacían parte de esta misma organización. Una de ellas, era una joven de 30 años y madre de dos hijos. Fue secuestrada, su cuerpo fue encontrado en una laguna, su cadáver apareció a los dos meses.

Leiria afirma que uno de los mecanismos de represión más fuertes contra la mujer es atacar a su dignidad, dañan la reputación e imagen de las defensoras. Es una estrategia para evitar que las mujeres se pongan al frente de sus luchas.

Esto explica que muchas mujeres por más que sufran acoso, abuso o violación, no lo denuncien. Y complementa: “cuando detienen a una defensora ¿qué sucede? tuvimos la experiencia de la compañera Blanca, hoy presidenta de Codeca. Cuando fue detenida y encarcelada, el policía le dijo: ´quítese la ropa, vamos a ver si no tiene algo´. Eso ya es una agresión directa. Y ella no lo dice, primero porque le da pena ante los hijos, ante el esposo. Tiene un impacto fuerte en su familia, en su condición de mujer porque atenta contra la dignidad de la persona”.

Uno de los grandes problemas que existen en la actualidad y que ha dado origen a varios conflictos en la región, es el problema de la tierra. En el caso de Guatemala, después de la firma del Acuerdo de Paz, se han implementado los proyectos más grandes de privatización de bienes y recursos, lo que ha generado cada vez más conflictos entre las comunidades, las empresas y los estados. En su mayoría, son proyectos extractivos y los gobiernos que han pasado no han respondido a las necesidades e intereses de los indígenas y campesinos. Por el contrario, han entregado territorios y hoy no se ha logrado que Guatemala respete el derecho a la consulta de los pueblos indígenas a pesar de haber ratificado el convenio 169 de la OIT.

Además del extractivismo, las comunidades en Guatemala están sufriendo a raíz de la expansión de monocultivos. Cada vez hay menos tierra aprovechable para que los campesinos e indígenas puedan trabajarla y están expropiando a comunidades y personas que han sido beneficiarias de la reforma agraria de 1944. Por otra parte, se están construyendo hidroeléctricas y las familias que viven aledañas a las zonas de influencia no solo son expropiadas sino que no se benefician de estos proyectos. Las razones sobran para organizarse: "de allí viene toda la represión contra las comunidades completas, contra personas que lideran los procesos de luchas, incluso se ha llegado al asesinato de líderes y lideresas. Esta represión ha seguido una ruta que inicia con la difamación, la estigmatización, y después si las comunidades siguen resistiendo en sus territorios, impidiendo la implementación del proyecto, inicia la criminalización, los procesos penales, los encarcelamientos y los asesinatos.”, afirma.

El saboteo a la protesta y a la organización en Guatemala se da no solo mediante los procesos penales o la criminalización sino que también en connivencia entre las alcaldías municipales y las empresas, pues han comenzado a quitar los servicios públicos para generar presión.

Las mujeres rurales no sólo son rurales por trabajar en el campo. También son mujeres sin tierra, que trabajan en fincas agrícolas y que sufren abuso, acoso y trabajo invisibilizado o semi esclavitud.

“En el caso de las mujeres, nosotras hicimos una investigación sobre condiciones laborales en el 2012 y allí se evidenció que hay un 57% de mujeres que hacen un trabajo pero que no reciben salario. Nosotros le decimos trabajo invisibilizado. Otro alto porcentaje de mujeres, es del 73%, que logran inscribirse como titular trabajadora en una finca, pero reciben menos de la mitad del salario mínimo”, comenta Leiria.

En el tema de abuso sexual en la ruralidad, Leiria cuenta un caso que conoció a través de su trabajo de campo realizando esta investigación sobre las condiciones laborales: “durante una conversación con una compañera, ella me dice: mire compañera, aquí la situación es difícil, ahí está mi hija, ella tiene 5 años y ella es fruto de una violación. Yo le dije: ¿y por qué no lo denuncia? ¿por qué sigue trabajando ahí? Ella respondió: lo que pasa es que yo tengo otro niño y si yo denuncio va a ver represalias contra mí, ya no voy a tener trabajo, me lo van a quitar. Las mujeres en el campo padecen este tipo de situaciones.

Recomendaciones para mitigar las situaciones de riesgo de defensoras de la tierra y el territorio

  • Implementación de estrategias de comunicación en las organizaciones sociales

La apuesta es por los medios comunitarios o alternativos para lograr impacto y visibilización en el campo. A través de redes sociales, por ejemplo, se puede llegar a más personas que ahora se están informando por ahí en vez de usar los medios tradicionales.

  • Fortalecimiento de las organizaciones

Lo ideal es que las organizaciones puedan fortalecerse para lograr una capacidad de denuncia y presión en los juzgados o instancias que toman las decisiones en el país, además de lograr que la denuncia llegue al plano internacional si es necesario.

  • Cooperación entre organizaciones que trabajan buscando los mismos objetivos

La cooperación para las acciones, sobre todo en temas de legislación y denuncia por parte de las organizaciones sociales, es muy importante. Con los esfuerzos que se juntan y evitan la fragmentación por diversos motivos, pueden obtenerse resultados favorables en las políticas públicas que buscan proteger los derechos de los y las defensoras de la tierra y el territorio.

  • Búsqueda de espacios de participación pública y de toma de decisiones

Resistir desde los territorios siempre será muy importante, pero el acceso a la participación en las instancias de decisión es primordial. La lucha por los derechos desde los espacios de toma de decisión puede abrir otras oportunidades para que el acceso a la tierra y la protección del territorio sean políticas de los Estados y no dependan de los gobiernos de turno.

 

Al cierre de este artículo y a tres días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue asesinada Dominga Ramos, defensora de derechos laborales de mujeres trabajadoras en fincas agrícolas del municipio Santo Domingo Suchitepéquez. Dominga se había vinculado a la campaña de Codeca de defensa del agua contra la desviación de ríos a causa de los monocultivos de caña de azúcar y palma africana y era también la esposa de Miguel Ixcal, de la dirección política nacional de Codeca. 


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

 

Primera entrega: Colombia. Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas.

Segunda entrega: Argentina. Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta.

Tercera entrega: Guatemala. Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio.

Cuarta entrega: México. Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica.

El Cinep/PPP, junto con otras organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas y ambientales, se une al llamado a la acción urgente al gobierno nacional frente a los asesinatos de líderes y lideresas sociales y la violación de derechos de las personas privadas de la libertad. A continuación su comunicado completo. 

 Las organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas, ambientales y psicosociales, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional el asesinato, amenaza y persecución sistemática a defensores de derechos humanos, poblaciones campesinas e indígenas y líderes sociales en el país con preponderancia en los departamentos de Meta, Valle del Cauca, Putumayo y Chocó. Así mismo, denunciamos la violación a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad (PPL) en el marco de la Pandemia del Covid-19, y de quienes no cuentan con medios de subsistencia para asumir el aislamiento preventivo, exigiendo la protección del derecho a la vida, a la salud, al mínimo vital y a las garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y el cese de vulneraciones a los derechos humanos en los territorios.

De igual manera, solicitamos urgentemente a todos los actores armados, legales e ilegales: Pedimos actos de humanidad y respeto del Derecho Internacional Humanitario –DIH- y el Derecho Internacional de los derechos humanos –DIDH- a todos los actores armados, alto al fuego y cesar todo tipo de hostilidades, acciones bélicas para permitir la seguridad y tranquilidad de todos y todas en todo tiempo y lugar, en zonas urbanas y rurales cercanas y apartadas; respetar las misiones medicas, humanitarias y de transporte de alimentos. Es necesario esta muestra expresa de humanidad para contener la pandemia del Virus COVID 19. En estos momento se enaltece el valor de la vida como bien mayor de todos y todas, en la más extrema diferencia podemos aportar para que el impacto a los y las menos favorecidas sea mínimo.

 

A continuación el comunicado completo: 

Editorial: El cuidado de la vida

  • Ago 13, 2020
  • Publicado en Prensa

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


En la memoria de la humanidad se registran epidemias y pandemias tan significativas como la peste bubónica que aniquiló un importante número de los habitantes de la Edad Media. Desde la peste de Atenas en plena guerra del Peloponeso que pudo afectar hasta trescientas mil personas y en la que murió el gran Pericles, o la peste Justiniana en el siglo sexto que mató entre veinticinco y cincuenta millones de personas, hasta el tifus, la malaria, el VIH/Sida, el polio o el coronavirus actual, la humanidad se ha visto desafiada por el cuidado de la vida.

Una epidemia es una enfermedad que afecta a un grupo humano determinado en un ámbito temporal concreto, mientras que una pandemia es una epidemia que afecta un área mucho mayor, un continente o incluso el planeta entero.

El once de marzo pasado, tras declarar oficialmente al coronavirus como una pandemia, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Gebreyesus, aseguró que miles de personas están luchando por sus vidas en los hospitales y que el número de muertes y casos aumentará en los próximos días. Y añadió: “Estamos profundamente preocupados por los niveles alarmantes de contagio y de su severidad, pero también de los alarmantes niveles de inacción”.

Pero el coronavirus no es la primera pandemia a la cual nos enfrentamos desde inicios del siglo veinte. A principios del veintiuno, varias epidemias se manifestaron, pero, pese al pánico desencadenado, fueron menos mortíferas que las grandes pandemias gripales del siglo veinte, como la Gripe española de 1918 y 1919 que eliminó cinco veces más personas que los combates de la primera Guerra Mundial o la Gripe asiática de finales de los años cincuenta que dejó más de un millón de muertos o la Gripe de Hong Kong de finales de los años sesenta que inmoló otro millón de personas. Pero el peor de todos ha sido el VIH/SIDA, que desde los años ochenta hasta hoy ha dejado treinta y dos millones de muertos, según la ONU-Sida. Pandemia que está relacionada con poblaciones pobres en contextos de desigualdad y exclusión social.

Las recomendaciones físicas para no propagar el coronavirus están suficientemente explicadas, todo se resume en una buena higiene de manos y respiratoria, así como resguardarse en la casa. Pero existen también movimientos ciudadanos que nos invitan a manejar el virus con ciencia, conocimiento y ejerciendo una ciudadanía responsable. Iniciativas de solidaridad cívica que expresa nuestra mejor versión como sociedad. Grupos de autoayuda, vecinas que se ofrecen para atender personas mayores, jóvenes que ayudan cuidando niños y niñas de trabajadores que no pueden quedarse en casa; grupos creativos que apoyan el sistema de salud con actividades artísticas en las redes sociales y otras ofertas voluntarias y solidarias. Hay mucho por hacer para cuidar la vida.

La Conferencia Episcopal colombiana, en un comunicado emitido la primera semana de este mes, invita a realizar una atención pastoral especial a los enfermos y reitera que este es un momento propicio para confiar en la eficacia de la oración, acrecentar la práctica de la misericordia y fortalecer la fraternidad

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/Programa por la Paz

 

Atendiendo al llamado de la ONU y la sociedad civil, el ELN ha declarado cese al fuego unilateral del 1 al 30 de abril como respuesta a la pandemia del Covid 19. La decisión trae alivio a las comunidades. Compartimos el comunicado de Defendamos la Paz:

 

Saludamos cese unilateral del ELN

Declaración de Defendamos la Paz

Desde el movimiento Defendamos la Paz, saludamos la decisión tomada por el Ejército de Liberación Nacional, ELN de declarar un cese unilateral por un mes, desde el 1 al 30 de abril, teniendo en cuenta los diferentes llamados hechos por las comunidades, sociedad civil y la comunidad internacional, especialmente el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres y su representante en Colombia, Carlos Ruíz Massieu.

En el contexto de la lucha por contrarrestar la pandemia del COVID19, este gesto del ELN genera alivio humanitario a las comunidades de las diferentes regiones del país que siguen viviendo el rigor de la violencia, lo que las hace aún más vulnerables ante la crisis sanitaria.

La declaración del cese unilateral se convierte igualmente en gran oportunidad de seguir avanzando en las condiciones necesarias para retomar el camino de los Diálogos de Paz entre esta guerrilla y el Gobierno Nacional y alcanzar una Paz Completa. Solicitamos al Presidente Iván Duque, responder positivamente a estas declaraciones hechas por ELN y facilitar un acercamiento.

De igual forma, saludamos la decisión del Gobierno Nacional de restablecer la condición de gestores de paz a Francisco Galán y Carlos Velandia, pues es un paso importante para retomar el camino de los diálogos. A ese propósito también puede contribuir, dar el mismo tratamiento al caso de Juan Carlos Cuéllar.

Reiteramos nuestro llamado a los diferentes grupos armados para que cesen todas las acciones en los territorios del país y no infligir más sufrimientos a las comunidades que enfrentan los riesgos de la pandemia del Coronavirus.

Colombia, 30 de marzo de 2020.

 

 

 

Sin agua ni alimentos, y en medio de la vulneración histórica de sus derechos, el pueblo Wayuú necesita medidas urgentes de parte del gobierno.  La pandemia del Covid y el confinamiento podría significar la extinción de este pueblo. Para presionar al Estado a cumplir con su mandato de proteger a los wayuú, este 27 de marzo se radicó una acción urgente ante diversas dependencias.

La emergencia sanitaria declarada a causa del Covid-19 aumentó las preocupaciones y riesgos en las comunidades vulnerables de Colombia. La Guajira es un caso especial pues allí el 26,5% de la población vive en pobreza extrema y se sufre la falta de acceso a servicios básicos como agua y alimentación.  Esto debido a las características geográficas del territorio como su naturaleza desértica, la precariedad de sus vías de comunicación, el abandono y la corrupción.

Una carta de acción urgente fue radicada el día de hoy bajo la autoría de la Veeduría Ciudadana de verificación a la implementación de la Sentencia T-302, como un llamado a que las instituciones gubernamentales garanticen de manera inmediata la pervivencia de la población Wayúu.

El Cinep/PPP, junto con la Asociación de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP), la Organización Indígena de Colombia (ONIC), y la experta independiente Omaira Ordúz, se encargan de verificar que se cumpla la Sentencia T-302 de 2017. Esta, ordena al Estado la construcción de una política pública que aumente la accesibilidad al agua en el territorio, mejore la atención alimentaria y garantice los servicios de salud.

Según la Veeduría, hasta el momento se siguen vulnerando los derechos básicos en la región, por lo que la pandemia podría significar la extinción de las comunidades indígenas y la muerte de su lengua y su cultura

Entre las exigencias se encuentra la implementación de medidas especiales de protección a la primera infancia para que no resulte especialmente afectada frente las medidas tomadas con la declaración del estado de emergencia. Además, se solicitan jornadas informativas que expliquen la situación actual de la pandemia a las comunidades, y las medidas que deben tomar para su prevención y tratamiento, junto con entrega de mercados básicos para las rancherías, y suministro permanente de agua.

Todo esto como parte de las obligaciones ya exigidas al Estado por la Constitución Política y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de proteger la diversidad étnica de la nación y preservar la integridad de las comunidades indígenas.

La carta de acción urgente fue enviada a las siguientes instituciones: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Corte Constitucional, Tribunal Superior de Riohacha, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección de Prosperidad Social, Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nacional, ICBF Regional Guajira, Superintendencia Nacional de Salud, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres, Gobernación de la Guajira, Alcaldía de Manaure, Alcaldía de Uribia, Alcaldía de Dibulla, Alcaldía de Maicao, Alcaldía de Albania, Alcaldía de Hatonuevo, Alcaldía de Barrancas, Alcaldía de Fonseca, Alcaldía de Riohacha, y Alcaldía de San Juan del Cesar.

A continuación la carta completa:

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Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.