El COVID-19 ha develado facetas antes disimuladas de instituciones que estaban en ruinas, una de ellas es la prisión. La crisis sanitaria actual ha puesto en jaque la institucionalidad del país. Les compartimos una opinión sobre la reciente masacre de 23 prisioneros en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Por Jury Vanessa Marulanda Cardona*

“Si aceptáramos lo inaceptable, que el hombre tiene derecho a castigar, ¿qué persona querrá ejercer este derecho?

Sólo aquellas que hayan caído tan bajo que ya no se acuerden ni conozcan sus pecados”.

Lev Tolstói, Aforismos

La noche del 21 de marzo, personas privadas de la libertad iniciaron una protesta en más de diez cárceles del país, entre ellas La Modelo, La Picota y El Buen Pastor, en Bogotá. Hay diferentes versiones de su origen, por un lado, la preparación absolutamente deficiente de las cárceles para enfrentar una emergencia sanitaria como la que viene aconteciendo en el mundo: no hay un suministro continuo de agua, el altísimo porcentaje de hacinamiento, las condiciones de infraestructura, entre otras. Por otro lado, la cancelación de las visitas de familiares como medida para contener posibles contagios al interior de las prisiones. Pueden ser ambas, o puede ser, una conjugación de razones para alzar la voz en medio de una situación que deviene en inhumanidad.

La situación carcelaria en Colombia no ha sido un secreto ni para la llamada “opinión pública” y mucho menos para el sector justicia. Desde 1998 la Corte Constitucional declaró, por sentencia T – 153, la existencia un “estado de cosas inconstitucional” en el sistema penitenciario y carcelario.

Esto quiere decir, sin el lenguaje poco poético del Derecho, que había hacinamiento, que las condiciones de los centros, en cuanto al suministro de servicios públicos, era deficiente, que había un servicio de salud degradante, que había corrupción al interior, que había una alta tasa de personas privadas de la libertad sin contar con una condena en firme, en suma: que se estaban vulnerando los derechos humanos de la población interna de manera generalizada y sistemática.

Este diagnóstico ha sido reiterado en los últimos años a través de las sentencias T – 388 de 2013, en la T – 762 de 2015 y T – 197 de 2017.

La Corte no ha dejado de repetirlo, pero quien tiene la potestad de hacer política pública para impedir esta vulneración continua de la dignidad de quienes están tras esos muros, no han tomado las medidas necesarias para revertir esta situación.

Este desdén parece justificarse en lugares comunes que desplazan la responsabilidad del Estado hacia quien sufre por la negligencia política:

“¡Se lo merecen!”, “algo debieron hacer”, “el Estado no tiene por qué invertir en criminales”

 Son sutiles técnicas de neutralización para la crueldad por omisión.

De allí que, como respuesta a la protesta y a los acontecimientos que se desataron posteriormente, de forma particular en La Modelo, acudieron el INPEC, el Ejército y la Policía, quienes dispararon contra los levantiscos, como se puede apreciar en los vídeos compartidos por los mismos internos.

Pero no ha sido el uso letal de la fuerza la que ha generado alguna indignación social. Sí, ¡Hay celulares! ¡Hay datos! ¡Hay armas! ¡Hay estupefacientes! Hay un sinfín de cosas que funcionan mal al interior de las prisiones en Colombia, pero esa no puede ser la respuesta inmediata cuando todo el arsenal estatal se desborda ante un establecimiento rodeado por muros, por fronteras, por vallas y por exclusión; ni siquiera se intentó mediar una conversación.

Los titulares en los medios de comunicación resumen todo como “un plan criminal de fuga”, resultado: 23 muertes, los internos dicen que son más.

El poder que se pronuncia es aquel que tiene la potestad de producir muerte, de decidir quién puede vivir y quién no, como lo plantea Achille Mbembe en Necropolítica2, la soberanía es esa capacidad de decidir sobre la vida y la muerte, que en los campos de esclavizados y esclavizadas se traducía en decidir sobre la muerte, en dejar morir: un símil de las prisiones en la actualidad.

El autor describe la relación casi originaria de la Modernidad y el Terror: ejercer terror para lograr dominio es característico del ejercicio político, solo que ese terror se ha sofisticado (al menos en nuestros contextos de privilegio porque lo que muestra la muerte selectiva de líderes y lideresas sociales es que el terror continúa y de la peor forma). Ese terror sobre cuerpos invalidados que, constantemente, se les recuerda que cometieron un error, que no son aptos o aptas, que tienen que pagar con sus vidas, que sus actos fueron el resultado de una elección “libre y racional” y que la sociedad no les debe nada.

Hay una triple pérdida en quien está esclavizado que Mbembe describe como “pérdida de un «hogar», pérdida de los derechos sobre su cuerpo y pérdida de su estatus político” (2011, pp. 31-32). Aquí cabe recordar que quien está privado o privada de su libertad no puede ejercer derecho al voto y, después de cumplir su pena, tiene diversas limitaciones a su ciudadanía. También, en cualquier momento se está en exposición a la muerte: un motín, una infección, intoxicación, enfermedad, riñas, y demás, aquello que denomina Zaffaroni3 como “masacre por goteo” porque es el Estado el garante de estas vidas y que muera uno, dos, ¡veintitrés! Es su responsabilidad, aunque las autoridades se empeñen en negarlo y no es una novedad, ni resultado de una coyuntura, como bien lo demuestran Camilo Umaña y Aixa Cordero en su trabajo Análisis sobre muertes de personas privadas de la libertad4.

No es posible desconocer que la crisis actual ha puesto en jaque la institucionalidad del país. El COVID-19 ha develado facetas antes disimuladas de instituciones que estaban en ruinas, una de ellas es la prisión,

y la masacre cometida posteriormente es la manifestación explícita de que esas vidas no importan, de que se justificaba por su intento de fuga, de que “allí no hay problemas sanitarios” cuando la Corte lo ha dicho desde 1998.

Seguir creyendo que hay otro u otra que se puede descartar, eliminar e invalidar, como se puede leer en los comentarios a los titulares y como se puede leer de la declaración de la ministra Margarita Cabello, va a seguir generando situaciones devastadoras para muchos, para la naturaleza y para el planeta.

Resta esperar que las familias que acudieron a las puertas de La Modelo, como pudo apreciarse el domingo 22 de marzo a través de imágenes en medios de comunicación, reciban una respuesta sobre la identificación de los cuerpos. Me temo que esta masacre no será reconocida, al menos no por ahora, dado el silencio generalizado, y que llegará muy tarde, algo así como en Ante la ley de Kafka5, demasiado tarde. Al menos, lo que debieron hacer desde un principio, ya se hizo y fue declarar la emergencia carcelaria.

Posterior a la declaratoria de emergencia carcelaria y penitenciaria, se tomarán una serie de medidas, previamente recomendadas por diferentes organizaciones, entidades como la Defensoría del Pueblo y Universidades: libertad para aquellas y aquellos en situación de vulnerabilidad como mayores de 60 años, para quien adolece enfermedades graves, madres gestantes, cambio de medida de aseguramiento para quienes no tienen pena en firme, y demás, por supuesto con aprobación judicial. De allí que se esté estudiando la posibilidad de dar “libertad” a un gran porcentaje de la población interna que cumple los requisitos de la emergencia y sus casos específicos pueden ser analizados en aras de apaciguar la crisis actual.

Se habla de alrededor de 4.000 y 10.000 reclusas y reclusos que pueden “salir”, en un total de cerca de 124 mil personas privadas de la libertad, lo que demuestra un cierto grado de improvisación en la medida, por lo que surgen algunas preguntas: ¿Cuál va a ser el trámite que se va a dar en instancias judiciales? ¿cómo se va a tratar la congestión judicial preexistente? ¿es una medida temporal? La pregunta final sobre la temporalidad es determinante, ya que, si se plantea esta “solución” en medio de la coyuntura, cuando ésta pase la situación se va a volver a agravar, por lo que la Defensoría, entre otras entidades y personas, recomiendan que sea una medida permanente para alivianar un poco el estado de cosas inconstitucional.

Otra pregunta que surge es ¿cuál será la situación de quienes quedan tras los muros?

Las condiciones sanitarias al interior, previas a la crisis actual, no han cambiado, y hasta el momento, la única respuesta que se da es la ampliación del cupo carcelario, que realmente no modifica el problema de fondo, a saber, una política criminal que no es respetuosa de los derechos humanos (T – 762 de 2015). Reiterando lo anterior, este tipo de soluciones dada la insistencia de la Corte Constitucional y organizaciones de derechos humanos desde hace décadas, debieron preverse para que su ejecución no agudice esa condición de no-persona6 de las y los que están tras los muros de las prisiones colombianas.

 

Fotos cuerpo: CICR.


* Socióloga. Estudiante de Derecho de la Universidad de Caldas. Integrante del Grupo de Investigaciones sociohistóricas y contemporáneas en la línea de sociología jurídica del departamento de Antropología y Sociología, y del semillero: Última ratio y Política criminal, víctima y delito de la Universidad de Caldas y la Universidad de Manizales. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

2Mbembe, Achille. (2011). Necropolítica. España: Editorial Melusina.

3Zaffaroni, Eugenio Raúl. (2010). Masacres: Larvas y semillas. Lineamientos para un replanteo criminológico. Investigaciones. Corte Suprema de Justicia de la Nación. República Argentina. Vol 1, pp. 11-32.

4Umaña, Camilo Eduardo & Cordero, Aixa Tatiana. (2019). Análisis sobre muertes de personas privadas de la libertad: Una realidad adversa para lograr un derecho penal garantista. En Gutiérrez Quevedo, Marcela & Olarte Delgado, Ángela. (Ed.). (2019). Los riesgos del punitivismo, presunción de inocencia e indignidad carcelaria en Colombia (pp. 295-248). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

5 Kafka, Franz. (2015). La condena y otros relatos. Madrid: Akal.

6 Esposito, Roberto. (2011). El dispositivo de la persona. Buenos Aires. Amorrortu editores.

 

 -Cuarta entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

México
Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica

Por: Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo por la Defensa de la Tierra y el Territorio

Dra. Lucila Bettina Cruz Velásquez, Defensora de Derechos Humanos.
 

La lucha vale la pena, dice Bettina Cruz, defensora zapoteca de la tierra y el territorio

Juchitán, Oaxaca, México. A 25 años de haberse instalado el primer aerogenerador en territorio mexicano en un plan piloto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al sur oeste del país, en específico en La Venta Juchitán Oaxaca (Comunidad indígena y rural de la etnia zapoteca) y a 20 años de que la Comisión Reguladora de Energía entregó el primer permiso eólico a la empresa Fuerza Eólica del Istmo, la vida de los habitantes de esta región no ha mejorado.

No hay empleo, los pueblos están divididos, opositores a los proyectos eólicos han sido asesinados, otros fueron perseguidos y presos. Hay deterioro ambiental, creció la delincuencia y en los campos, que ya no se cultivan, destacan miles de aerogeneradores que significan riqueza para los inversionistas extranjeros y para un reducido grupo de ejidatarios, líderes políticos y autoridades.

Desde la última década del siglo XX, empresas extranjeras apartaron terrenos y luego celebraron contratos que para la defensora de la tierra y el territorio Lucila Bettina Cruz Velásquez han significado “despojo, destrucción ambiental, ruptura del tejido social y muerte”, mientras para los arrendatarios significaba ingreso económico.

En diez años, de 1998 a 2008, el gobierno mexicano entregó, principalmente a empresas extranjeras, permisos para generar en el territorio nacional 4290 megawats de energía eólica en tierras indígenas sin el consentimiento previo, como marcan tratados internacionales a los que México está suscrito, lo que ayudó a que el país pasara, según datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), del lugar 26 en 2009 al 18 en 2018 en el ranking en países generadores de energía eólica, lo cual lo ubicó en el segundo lugar de América Latina.

En este lapso, las empresas eólicas han instalado en 12 estados de la República unos 49 parques con 4 mil 177 MW y están por incorporar siete más; entre ellos el de Eólica del Sur, (antes Mareña Renovables), en Juchitán, Oaxaca. En el Istmo (pacífico oaxaqueño) actualmente hay unas 14 empresas extranjeras operando 25 parques eólicos.

A principios de los 90, las empresas apartaron terrenos y políticos oportunistas acapararon tierras, que años después arrendaron a los inversionistas para proyectos eólicos. En 1994, CFE instaló en La Venta Juchitán la primera central eólica del país y el gobierno estatal y federal promocionaron el potencial eólico del Istmo mediante coloquios internacionales para atraer inversión privada.

A partir de 2006 llegaron Iberdrola y Gamesa y en 2007, la empresa Preneal inició el arrendamiento de tierras mediante contratos ventajosos para las inversionistas y en poco tiempo suscribieron 1500 contratos de arrendamiento de tierras del Istmo, según la AMDEE, sin importar que el régimen de tenencia fuera comunal; con apoyo del Registro Agrario Nacional (RAN) entregaron certificados parcelarios y gestionaron títulos de propiedad a los “propietarios” para dar certeza a los proyectos eólicos. Esos títulos y certificados eran el aval de las empresas para conseguir los créditos millonarios para sus proyectos.

Con el arranque de la construcción de obras, comenzó también la prohibición de paso a grupos de pescadores a sus zonas de pesca y a campesinos a sus parcelas y con ello iniciaron los conflictos; los campesinos no estaban enterados bien de lo que habían firmado.

Para cubrir el reclamo de una consulta previa, libre e informada antes de realizar cualquier proyecto de impacto en comunidades indígenas, como lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se realizó la primera Consulta Indígena en Juchitán sin cubrir los estándares internacionales y solo sirvió para dar legalidad a la instalación del proyecto más grande que se realiza en América Latina, el de Eólica del Sur con 396 MW en más de 5000 hectáreas.

La aparición de la Asamblea en Defensa del Territorio de Juchitán en 2007, que después se convirtió en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo por la Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), dio herramientas y argumentos legales para que las comunidades iniciaran una lucha jurídica y política en contra de las empresas que los habían sorprendido; desconocían el impacto de los proyectos.

Asimismo, esta Asamblea propició la formación de otras organizaciones locales de resistencia a proyectos eólicos y en defensa del territorio como la Asamblea del Pueblo de Gui´xhi Roo´(Álvaro Obregón) y la Asamblea Popular del Pueblo de San Dionisio del Mar que con respaldo de la APIIDTT logró cancelar el ambicioso proyecto de Barra Santa Teresa de Mareña Renovables y desconoció en 2012 al alcalde Miguel López Castellanos por recibir dinero a espaldas de la población.

También favoreció a la unidad en la lucha de los pueblos de la cultura ikoojts (huave) y binnizá (zapotecas) por una misma causa, cancelar los contratos de usufructo parcelario y frenar la imposición de proyectos que despojaban de su tierra y territorio a los pueblos indígenas.

Por su parte, las empresas eólicas iniciaron una lucha legal y exigieron a los gobiernos federal y estatal garantías para el desarrollo de sus proyectos de inversión. Inició entonces una larga historia de lucha de enfrentamientos, hostigamiento judicial, criminalización de la protesta, estigmatización de la lucha, agresiones físicas y verbales, cárcel, amenazas y asesinatos de defensores que obligaban a los líderes de la APIIDTT a abandonar el territorio defendido para preservar sus vidas.

En su más reciente informe de 29 de noviembre de 2018, denominado “Desde la memoria…la esperanza”, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos y todas TDT”, que agrupa a 87 organizaciones de 23 estados de la República Mexicana dio a conocer que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 161 defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados en México, además de 40 periodistas y solo 3 por ciento de los asesinatos de defensoras de derechos humanos están judicializados. Este informe cuestionó que ante este fenómeno, el Estado Mexicano ha limitado su respuesta al Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hay que mencionar que 45 de las personas defensoras asesinadas pertenecen a algún pueblo indígena y entre los estados más peligros de México para la defensa de derechos humanos se encuentra Guerrero con 28 por ciento, Oaxaca con 20 por ciento y Chihuahua con 11 por ciento. El 40 por ciento de las personas asesinadas eran defensores comunitarios y ejercían su derecho a defender derechos en su comunidad principalmente de la tierra y el territorio, según el informe.

En la región del Istmo, integrantes de la APIIDT han sufrido acoso, agresión física y verbal, lesiones, amenazas, intimidación, violencia psicológica, criminalización de su lucha, cárcel e incluso el asesinato de algunos de sus integrantes y para salvar sus vidas, han tenido que salir de su territorio en varias ocasiones.

En los últimos ocho años se han documentado al menos tres asesinatos de miembros de alguna organización de resistencia contra megaproyectos en la región. En 2011 fue detenido Filiberto Vicente Aquino, integrante de la APIIDTT, acusado de robo de energía eléctrica; se negaba a pagar los recibos de la CFE.

En 2012, Bettina Cruz Velásquez fue detenida por la PGR cuando se encontraba en Santa María Xadani acusada de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacional. Un año después se vio obligada a abandonar el territorio juchiteco junto con su familia tras sufrir un intento de asesinato después de su participación y apoyo a los comuneros de San Dionisio del Mar contra el proyecto de la empresa Mareña Renovable en la Barra de Santa Teresa en la Laguna Superior.

En 2013, policías estatales detuvieron, después de dos intentos, al líder de la Asamblea de Pueblos de Álvaro Obregón incorporada a la APIIDTT, el profesor Alejandro López López, quien salió libre por la intervención de la sección 22 del magisterio oaxaqueño.

En 2013 se propiciaron varios ataques contra las instalaciones de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) que también protesta contra la empresa Gas Natural Fenosa y su parque eólico Bii Hioxo en Juchitán. En un ataque a una barricada murió, por disparo de arma de fuego, Héctor Regalado Jiménez, habitante en resistencia, y la organización sufrió en dos ocasiones el incendio de una palapa mientras que desconocidos desmantelaron equipos de radio Totopo, estación comunitaria solidaria con la lucha contra las empresas eólicas.

En 2014, la APIIDTT denunció amenazas de muerte en contra de Alejandro López López de la Asamblea de Pueblos de Álvaro Obregón y ese mismo año se registraron tres ataques contra integrantes de la policía comunitaria de esa localidad en resistencia contra proyectos eólicos, intento de allanamiento de viviendas, agresiones, detenciones arbitrarias e intimidación.

Ese mismo año 2014, Bettina Cruz es agredida violentamente en la carretera panamericana después de una marcha silenciosa y plantón en la población de Unión Hidalgo contra los proyectos de Piedra Larga I y II de la Empresa Demex, donde presuntos miembros de una guardia blanca enviados por la empresa le apuntaron con una pistola durante la jornada de protesta.

En 2017, José Alberto Toledo Villalobos, miembro de la Red Nacional de Resistencia Civil, fue localizado en el tramo de la carretera Chahuites Tapanatepec, al oriente del Istmo, golpeado, semiinconsciente y, posteriormente, murió. Era defensor de la Tierra y Territorio contra la minería y las altas tarifas de energía eléctrica.

En 2018 fue asesinado en Juchitán, Rolando Crispín Sánchez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), expolicía comunitario de la Agencia Álvaro Obregón durante la resistencia contra la empresa Mareña Renovables.

El surgimiento de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo Oaxaqueño en Defensa de la Tierra y el Territorio se dio por la necesidad de los habitantes de contar con una organización que iniciara la defensa del territorio ante la amenaza de despojo que representaban los proyectos eólicos y los riesgos que vislumbraban para la permanencia de las formas de organización tradicional, costumbres y sus formas de subsistencia.

“Estaba haciendo mi tesis de doctorado cuando conocí la realidad de los contratos, vi que estaban mal y comencé con mi esposo Rodrigo Flores, a dar información casa por casa a campesinos y comuneros para advertir sobre los riesgos, junto con algunos comuneros luchadores e integrantes del Centro de Derechos Humanos Tepeyac. Se inició la asesoría, las reuniones y asambleas y fue creciendo la bolita”, explica la Doctora Bettina Cruz Velásquez.

Ya con información suficiente de riesgos y desventajas de los contratos firmados, algunos campesinos intentaron sin éxito cancelarlos y en 2007, ante la creciente demanda de asesoría y ayuda, los interesados pidieron conformar un organismo con nombre y un local donde entregar los contratos que eran analizados uno por uno.

Así nació la Asamblea en Defensa del Territorio de Juchitán que después se convertiría en la APIIDTT. “Cuando yo no estaba en casa, la gente entregaba los contratos a mi mamá Rosa Velásquez, en el patio de su casa se hicieron muchas reuniones, ella misma participaba, los motivaba pero también regañaba a los compañeros por haber aceptado los contratos, Na Rosa siempre fue una luchadora. Nos prestó primero un local que sirvió de oficina y al final terminó dejándolo para nuestras largas reuniones de trabajo”.

Bettina Cruz explica que:

En 2009 organizaron el Foro de Soberanía Energética que acercó a habitantes de muchas comunidades indígenas a conocer la problemática y “fue cuando vimos que esto era algo más grande, que iba más allá de la defensa de la tierra, que los proyectos impactaban sobre la vida de la gente, generaba conflictos y no había trabajo, había aumentado la violencia y decidimos conformar la Asamblea de Pueblos Indígenas por la Defensa de la Tierra y el Territorio APIIDTT, porque comenzaron a participar personas de otros pueblos vecinos”.

La primera acción de la APIIDTT fue buscar la cancelación de los contratos firmados por los comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios con las empresas eólicas por la vía legal y también con protestas pacíficas: conferencias, marchas, mítines, cabalgatas y plantones frente a CFE, entre otras. “Demandamos a Preneal, a Endesa, Eoliatec y Unión Fenosa por los contratos en Unión Hidalgo, Santa María Xadani y Juchitan y logramos -no por la vía civil sino por la presión directa- que se cancelaran los contratos; fuimos con compañeros y compañeras a la CdMx a decirle a las empresas que la gente no quería los contratos y logramos que se anularan muchos”.

Paralelo a esta lucha contra las empresas eólicas, Cruz Velásquez impulsó también la lucha contra las altas tarifas eléctricas que llevó a la resistencia y negativa de pago del servicio de habitantes de Álvaro Obregón, Agencia de Juchitán y Santa María Xadani y manifestaciones frente a oficinas de CFE, pero derivó en amenazas de muerte y su aprehensión, acusada de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y riqueza nacional. Salió libre bajo fianza y enfrentó un proceso que duró cuatro años hasta que fue absuelta por un juez federal.

La defensora de los derechos humanos y de la tierra y el territorio Bettina Cruz Velásquez vive en constante zozobra y ha tenido que abandonar su casa, su comunidad y permanecer refugiada en otros lugares ante el riesgo permanente de que atenten contra su vida.

“Vivimos de manera permanente con miedo a ser atacados mi marido y yo, mi familia. Nos han agredido físicamente, me han amenazado de muerte, me han hostigado, he sufrido intento de asesinato en varias ocasiones y he tenido que abandonar la región, porque casi nos matan”, dijo.

Bettina Cruz Velásquez tiene medidas cautelares desde 2012 por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y está en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y en 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también le dio medidas cautelares a ella, a su familia y algunos miembros de la comunidad.

Ella considera que las medidas cautelares del gobierno federal son insuficientes; solo son paliativos. “Estas prácticamente encarcelada en tu casa, sin poder ejercer tus derechos, te dan un botón de pánico y la misma policía que a veces te quiere encarcelar hace sus rondines para vigilar, por eso lo mejor es que tú tomes tus propias medidas de protección, con tu comunidad, con tu familia y con amigos y amigas”.

“El gobierno está obligado a protegernos, porque hacemos un trabajo que deberían hacer ellos, nosotros no tendríamos ni porqué existir (como organización de lucha) si el gobierno respetara nuestros derechos como pueblos”, afirma.

Bettina comenta que entre las acciones básicas de protección está evitar exponerse en público, no andar nunca sola, ni en lugares peligros ni horas avanzadas, quedarse en el lugar que se visita si se les hace tarde, siempre tener saldo y batería en el celular y andar siempre con el botón de pánico y si debe acudir a lugares de riesgo ir acompañada con gente del lugar, que conozca y sea reconocido, así nos cuidamos todos y todas”.

También reconoce en las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas mecanismos de protección con rituales ancestrales. “Las compañeras siempre están pidiendo por nosotros a los ancestros, hemos hecho rituales en la comunidades para protegernos. Pedir a los buenos espíritus la protección. Las compañeras me dan cosas que me protejan como amuletos, flores, cuarzos, piedras y eso es muy valioso para mí”, comenta.

“La participación de las mujeres es muy importante, porque sin las mujeres no podríamos avanzar, ellas son el pilar de los movimientos. Ellas participan en las guardias, en la elaboración de los alimentos, muchas veces se minimiza esa participación, pero si eso no se da, no hay movimiento. Participan así y además participan en las asambleas” dice Bettina Cruz Velásquez.

Explica que participar en la lucha es más difícil para las mujeres, porque “aparte de luchar contra todo lo que luchan los hombres como el Estado, el sistema y estos proyectos, las mujeres tenemos que luchar también contra los hombres, contra el estado patriarcal que pretende limitar a las mujeres y además se enfrenta a campañas misóginas”.

Agregó que encima de todo eso a diferencia de un hombre, cuando una mujer está en peligro de ser agredida, lo primero que piensa es “nos van a violar, porque es lo primero que hacen, dañar al cuerpo y eso es terrible, porque buscan dañarnos ahí, en nuestro ser mujer”.

No obstante, Bettina Cruz está convencida de seguir adelante y afirma que la lucha ha valido la pena, porque se frenó el proyecto de Mareña Renovables en la zona huave. Demostraron en Álvaro Obregón que no necesitan a los partidos políticos para organizarse, que las energías renovables no son buenas en sí mismas, sino por el uso que se les da, para qué y para quién y que ahora ya tienen el poder de hablar y ser escuchadas y su voz cuenta y pueden incidir. 

 

Fotos Interiores: Angélica Pineda-Silva


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

Primera entrega: Colombia. Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas.

Segunda entrega: Argentina. Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta.

Tercera entrega: Guatemala. Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio.

Quinta entrega: Entrevista. El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala.

 

 -Tercera entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

Guatemala
Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio

Por: Organización Comunitaria Tolan Juyu’ Taqaj’

Mujeres rurales en Guatemala. Foto: CICR
 

Dos generaciones después, las tierras regresan

A inicios del siglo XIX, las familias Mayas Sotz’iles de Domingo Xep, José Julajuj y Sebastián Baquin perdieron sus tierras a manos de un finquero ladino, originario de Sololá, quien falsificó el título de tierras para venderlos a ciudadanos australianos.

117 años después, los jóvenes tataranietos de los dueños legítimos de las tierras, hoy llamadas Tolan, se unieron para crear la Organización Comunitaria Tolan Juyu’ Taqaj’ (Montaña Valle Apacible), ubicada en el Caserío Buena Vista, Cantón Säq Siwan, Tz’oloj Ya’, Guatemala, y así luchar para recuperar parte del legado familiar, sus tierras.

Como una afortunada coincidencia de la vida, una de las bisabuelas encontró y entregó a los jóvenes un documento que resultó fundamental para que, entre 2008 y 2010, Marcelo Xep, Hortencia Xep y Santos Xep, bisnietos y tataranietos de los dueños originales, pudieran recuperar sus tierras a través de un diálogo con la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y ciudadanos australianos.

Regresar a sus terrenos, les costó décadas de desarraigo, años y años sin un lugar dónde sembrar y también trajo muerte. Dos años después de la recuperación de las tierras, algunos ex trabajadores de los “australianos” tomaron represalias y asesinaron a Marcelo Xep, uno de los ahora dueños legítimos de las tierras

 

De las tierras recuperadas regresa la esperanza

Mapa del proyecto en la Montaña Valle Tolan.

En 2011, como muestra de reivindicación, iniciaron los diálogos para reforestar el lugar y así apoyar la subsistencia de la subestación de riachuelos, colindante con el lago de Atitlán (sitio de abastecimiento para la agricultura y consumo de los hogares), resguardar la fauna y flora de la zona y priorizar la educación y recuperación de la identidad cultural en la comunidad para a largo plazo, generar un medio de sostenibilidad como el ecoturismo educativo comunitario.

A raíz de estas iniciativas surge la organización comunitaria Tolan, fundada por tataranietos de la familia Xep y mujeres voluntarias, estudiantes de la Licenciatura en Nutrición e Ingeniería Ambiental, quienes iniciaron un trabajo Ad honorem con las mujeres de la comunidad a través de la enseñanza de los derechos específicos y colectivos de las mujeres indígenas, así como el cuidado de la madre tierra.

En memoria de la defensa de los ancestros por la tierra, Tolan busca visibilizar y honrar la resistencia de los abuelos y recuperar la identidad cultural como pilar importante para la organización comunitaria, a través de cinco pilares:

1. Educación ambiental

a. Reforestación

b. Cuidado de la flora y fauna

c. Talleres desde las artes y educación popular

2. Rescate de la identidad cultural

a. Cosmovisión Maya

b. Educación lúdica

3. Soberanía alimentaria

a. Honrar el trabajo de las mujeres agricultoras

b. Cuidado de la madre tierra

c. Aprender a comer

d. Cultivos libres de químicos

e. Banco de semilla (a largo plazo)

 4. Deportes. Una forma de concientizar a niños y adolescentes, compartir con la naturaleza y generar convivencia.

5. Turismo educativo comunitario

a. Avistamiento de aves

b. Sendero ecológico

c. Visita a tres altares mayas (Oxlajuj Iq’ B’alam, Jun Tijax, Lajuj Toj) El Altar Oxlajuj Iq’ B’alam es en memoria de las abuelas y abuelos que resistieron y que dieron sus vidas para las nuevas generaciones.

d. Campamentos, forma de introducir a la juventud sobre la relación con la madre tierra.

e. Fogatas

f. Alquiler de sitio para vuelo libre en Parapente Guatemala (Forma de generar un ingreso económico para las actividades y mantenimiento del terreno)

Recuperar la tierra genera nuevos retos

Tras recuperar sus tierras, la familia comunitaria (mujeres, jóvenes y hombres, agricultores analfabetos y algunos estudiantes) enfrenta una segunda amenaza: El Proyecto PET-1-2009 de la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica (TRECSA), que consiste en la construcción de 866 kilómetros de líneas de transmisión, 11 subestaciones nuevas y la ampliación de 12 subestaciones.

El proyecto contempla ubicar en la zona de Tolan tres torres eléctricas para la subestación de energía. Cada servidumbre o torre abarca 30 metros en un área en donde no se puede construir ni sembrar árboles de altura y con alto impacto negativo para la agricultura

El proyecto constituye una amenaza para 30 familias, la mayoría conformadas por mujeres, dueñas legítimas de estas tierras, agricultoras, tejedoras y analfabetas, entre ellas viudas que sobreviven de sus siembras y tejidos para sostener a la familia.

De continuar con el proyecto, tal y como está contemplado, las familias podrían enfrentarse al desplazamiento de sus hijos e hijas, además verse en una posición que favorece la intimidación para facilitar ceder sus tierras. También podrían perder parte del terreno destinado para el cultivo y la sobrevivencia. Como impacto para todo el país, se podría llegar a generar procesos de deforestación y pérdida de biodiversidad.

Defender la casa ante el riesgo

Reunión comunitaria socializar estrategias de diálogos con las autoridades locales ante la propuesta de Trecsa.

La comunidad ha desarrollado una serie de estrategias para evitar un impacto tan fuerte del proyecto sobre la zona. Los jóvenes fundadores de la organización Tolan, lideran los procesos de defensa de tierras acompañados por las mujeres, ancianas y ancianos de las 30 familias comunitarias, han adelantado las siguientes acciones:

  • Acercamiento y diálogos con líderes de las autoridades comunitarias: Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural, Alcaldía Indígena, Gobernación Municipal y el Gobierno Municipal.
  • Diálogos con los representantes de la Empresa Trecsa. La comunidad afirma que en reuniones previas, la empresa ha variado la información y no ha dado solución a la solicitud de protección de sus tierras. Además, informan que han sido ignorados en dos ocasiones. Personal de Trecsa ingresaron a las tierras para evaluar el terreno sin la autorización ni el consentimiento de los dueños legítimos.
  • Uso de la tecnología para informar. La comunidad realizó un documental, con el apoyo voluntario de dos cineastas argentinos, para poner en conocimiento del mundo entero la situación. El documental es posible verlo en los siguientes enlaces:

https://vimeo.com/261358257

https://vimeo.com/265845906

https://vimeo.com/tolan

  • Mensualmente, la comunidad se reúne para informar a las 30 familias sobre los resultados de los diálogos con las autoridades locales y el seguimiento del plan de la empresa de Trecsa.
  • Se realiza un taller mensual para informar y concientizar a las 30 familias sobre la importancia de hacer valer sus derechos como pueblos originarios, así como los derechos de la madre tierra. En los talleres también se realiza un proceso de reivindicación de los conocimientos ancestrales como lucha estratégica de la sobrevivencia de los pueblos.

Tras dos años de solicitud, los gobiernos locales no han asumido un diálogo concreto con los comunitarios para acompañarlos y respaldar la defensa de sus tierras. Para las familias, esta situación abre la duda sobre los negocios de las grandes empresas con las autoridades locales.

 

Foto: Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala.


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

Primera entrega: Colombia. Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas.

Segunda entrega: Argentina. Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta.

Cuarta entrega: México. Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica.

Quinta entrega: Entrevista. El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala.

Casi cien personas de más de 20 organizaciones y ciudadanos independientes visitaron el ETCR “Román Ruiz” de la vereda Santa Lucía en Ituango. Con su visita la sociedad civil exigió la implementación del Acuerdo de Paz y garantías para los reincorporados que han enterrado a más de 12 firmantes de paz en Ituango y 180 en todo el país desde la firma del Acuerdo de paz.

"Nos duele salir porque el ETCR era una luz de esperanza y cambio para las comunidades campesinas, pero esa llama se fue apagando y con ella la oportunidad de que el municipio brillara como un laboratorio de paz en el norte de Antioquia", dijeron los ex combatientes al recibir la Caravana Humanitaria.

Esta fue una iniciativa que nació en Defendamos La Paz Antioquia y a la que se sumaron diversas organizaciones. El liderazgo de este trabajo en equipo lo tomó el Instituto Popular de Capacitación con el propósito de generar un diagnóstico de la comunidad reincorporada y campesina de Ituango pues en la zona la crisis humanitaria viene en ascenso desde la firma del paz.

Desplazamientos, confinamiento, asesinatos de ex combatientes, aumento del homicidio en general, combates, minería y narcotráfico se mezclan en un territorio codiciado no solo por ilegales sino por la clase empresarial y política antioqueña que desarrollo allí el proyecto hidroeléctrico más ambicioso y polémico de América Latina: HidroItuango.

La Caravana Humanitaria salió a la media noche de Medellín el pasado viernes en dos buses y vehículos particulares con acompañamiento de la Fuerza Pública, y llegaron a la mañana siguiente al casco urbano de Ituango. Luego de abordar una chiva (bus de escalera) y con el acompañamiento también de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Caravana llegó al medio día del sábado al antiguo ETCR

Algunos participantes se sorprendieron en el camino pues en la misma vía destapada donde han sido asesinados varios ex combatientes encontraron grafitis donde podía leerse “Agc Presente” y “Farc-Ep”. 

También había abundante presencia de Ejército y Policía que habitualmente no está e hizo presencia por solicitud de los organizadores de la caravana.

Los congresistas Iván Cepeda, María José Pizarro, Julián Cubillos y León Fredy Muñoz, de la Comisión de Paz de Congreso citada a la Caravana para una audiencia pública, no pudieron llegar al Etcr y debieron devolverse a Bogotá desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. El gobierno les informó, según un video que publicaron en sus redes sociales, que el helicóptero que había sido destinado a su desplazamiento de Medellín a Ituango, había sido enviado a la frontera con Venezuela.

Para algunos ya presentes en el Etcr, se trató de una piedra en el camino de parte del gobierno para impedir que los congresistas llegaran al lugar. Otras autoridades convocadas como Ministerio Público y Concejo Municipal tampoco se hicieron presentes.

En la visita se desarrolló una asamblea de ex combatientes y ongs de Medellín en las que las Farc hicieron énfasis en una propuesta para ellos y ellas y para los Congresistas:

  • Una ruta clara de reincorporación donde no se desmonten las ayudas de alimentación, salud, educación, vivienda y tierras y se asesore los proyectos productivos que quedan en el territorio.
  • Que continúe el acompañamiento permanente de la ARN, CNR, las agencias de la ONU, entidades municipales y departamentales y diferentes organizaciones de la sociedad civil.
  • Que una vez trasladado el ETCR, las instalaciones físicas no sean destruidas y pasen a ser patrimonio de la comunidad campesina de la vereda Santa Lucía.
  • Acciones humanitarias y acompañamiento permanente a las comunidades campesinas, monitoreando el tema de derechos humanos y una veeduría por parte del senado y la cámara. 

En el Etcr y veredas aledañas los ex combatientes que cumpliendo el Acuerdo de Paz desarrollan 5 proyectos productivos colectivos (Café Paramillo, Internet Fibra óptica, Ganadería, Porcicultura y Avícola) donde se han invertido más de 700 millones de pesos. Por eso la Caravana fue también la oportunidad de pedir una vez acompañamiento para que estos proyectos no fracasen cuando los reincorporados encuentren una tierra apropiada y trasladen el Etcr. 

 

                                                                         

Por: Katalina Vásquez G.

"Hacemos un llamado al gobierno de Iván Duque para que al atender la emergencia creada por el Covid-19 y bajo el más básico principio de humanidad, no cierre el tránsito legal entre los dos países", compartimos el comunicado de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV).

Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV), iniciativa de la sociedad civil binacional, da su voz de alarma y expresa su profunda preocupación por la decisión del gobierno colombiano de cerrar los pasos fronterizos legales con Venezuela, sin haber explorado antes forma alguna de coordinación binacional para hacerle frente a la crisis que plantea la pandemia del COVID-19. Previamente, esos pasos formales, peatonales y de mercancías, estuvieron totalmente cerrados desde agosto de 2015, por decisión del Gobierno de Nicolás Maduro; luego, se los abrió para las personas en horario restringido, y para las mercancías, solo por Zulia-La Guajira.

Ante la pandemia del COVID-19, el cierre de los pasos fronterizos formales no es una medida efectiva y resulta más bien contraproducente. A lo largo de los 2.219 kms. de línea limítrofe, los dos países comparten desde siempre una vecindad marcada por intensas interacciones que es imposible frenar. Los cierres y la falta de coordinación binacional vulneran a toda la población que vive en las fronteras o que llega a ellas, aumentan los riesgos de una grave crisis sanitaria y fortalecen a los grupos criminales que se aprovechan de quienes cruzan el límite por cientos de trochas informales e irregulares.

Frente a la pandemia del Covid-19, pedimos que entidades como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja Internacional propicien el diálogo y la coordinación de las entidades de Colombia y Venezuela -incluidas las del gobierno interino de Juan Guaidó-, responsables de los asuntos fronterizos y de salud, o sirvan de canal para que, por su medio, estas procesen de inmediato toda la información pertinente, tomen las medidas urgentes, fortalezcan los mecanismos de control médico en los pasos de frontera y provean un canal humanitario para la entrada y el retorno de personas.

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno del presidente Iván Duque para que, al atender la emergencia mundial creada por el COVID-19, Colombia se acoja a los principios cobijados por el derecho internacional humanitario y, bajo el más básico principio de humanidad, no cierre el tránsito legal entre los dos países. Igualmente, pedimos a las instituciones venezolanas que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria por canales regulares y agencias internacionales, y faciliten su entrega a instituciones sanitarias y ONG que ayuden a la población más vulnerable en la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y en esta pandemia. Solicitamos a ambos países la reapertura del sistema consular y el tránsito legal por los pasos y puentes fronterizos.

Exhortamos también a la opinión pública para que, rechazando la xenofobia, refuerce los valores de solidaridad en la protección y acogida de seres humanos vulnerables que se han visto sometidos a una situación de extrema necesidad.


1. Martha Márquez, Instituto Pensar, Universidad Javeriana.
2. María Carolina Uzcátegui, empresaria venezolana.
3. Francisco Alfaro, investigador externo Universidad Simón Bolívar de Venezuela.
4. Magali Alba, Universidad Simón Bolívar de Cúcuta.
5. Francisco Martínez, empresario venezolano.
6. Alberto Zeledón Molinares, Universidad de la Guajira.
7. German Umaña, Universidad Nacional de Colombia.
8. Marleny Bustamante, Universidad de Los Andes, San Cristóbal, Táchira.
9. Socorro Ramírez, Universidad Nacional de Colombia.
10. Marina Sierra, Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta.
11. Francisco Javier Sánchez, Universidad de Los Andes, San Cristóbal, Táchira.
12. Amaury Padilla, Programa de Desarrollo y Paz del Cesar.
13. Indira Urbaneja, ONG Reunificados, Venezuela.
14. Daniel García-Peña, Universidad Nacional de Colombia.
15. Feliciano Reyna, Acción Solidaria Venezuela.
16. Gerardo Ardila, Universidad Nacional de Colombia.
17. Carmenza Muñoz, CINEP.
18. Hugo Ramirez, Semillero de Investigación, Universidad del Rosario.
19. Carlos Mejía, Oxfam Colombia.
20. Francine Jacome Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP.
21. Ronal Rodriguez, Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario.
22. Kristina Birke Daniels, FESCOL.
23. Alfredo Infante, Revista SIC, Centro Gumilla, Venezuela.
24. Mauricio García, Servicio Jesuita a Refugiados, en Colombia.
25. Silvia Leal, Servicio Jesuita a Refugiados, en Colombia.
26. Mariela Ramírez, Activista Social, Venezuela.
27. Eduardo Soto, Servicio Jesuita a Refugiados, en Venezuela.
28. Pilar Gaitán, La Paz Querida.
29. María Teresa Garcés, La Paz Querida.
30. Deborah Van Berkel Sinergia, Venezuela.
31. Ramón Jimeno, Colombia.
32. Carlos A. Romero. Universidad Central de Venezuela.
33. Armando Novoa, Exmagistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia.
34. Luis Eduardo Celis, PARES, Colombia.
35. Laura Gil, Centro de Opinión La Línea del Medio.
36. Yaneth Caicedo, Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana, Cúcuta.
37. Luz Stella Ortiz, Universidad Central de Venezuela.
38. Roberth Almanza, Institución educativa No 3 Maicao.
39. Mayra Medina, Pedagógico de Rubio (Upel) en Venezuela.
40. Karen Almanza Vides, Universidad de la Guajira.
41. Eimer Barajas, Esap Norte de Santander.
42. Meudis Quintero Ramos, Universidad de la Guajira.
43. Wendy Rojas, Universidad de la Guajira.
44. Maryoris Rojas, Universidad de la Guajira.
45. Suraya Pimienta, Universidad de la Guajira.
46. Fabio Mejia, Universidad de la Guajira.
47. Pedro Pinto, Universidad de la Guajira.
48. Andres Vides, Universidad de la Guajira.
49. Jo D’Elia, Civilis Derechos Humanos, Venezuela.
50. Jair Eduardo Restrepo Pineda, Corporación Universitaria Minuto de Dios.
51. Carlos David Rojas Mora, Universidad Católica Sedes Sapientiae, Perú.
52. Adriana Zapata Martínez, Universidad de Caldas.
53. Victor Alvarez, Economista y Premio Nacional de Ciencias, Venezuela.

 

Colombia y Venezuela, 14 de marzo de 2020