De 1988 a 2018 el departamento de Caquetá vivió 355 episodios donde se denunciaban prácticas consideradas violaciones a los derechos humanos y violencia política, entre ellas estaban 199 casos de ejecución extrajudicial, 225 casos de tortura, 1440 desplazamientos forzados individuales, 177 heridos, muchos de estos perpetrados por los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) y 28 casos de desaparición forzada (Caso Tipo 15). Visibilizar casos como el de Caquetá es el objetivo de la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política a la que pertenece el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP).

La idea de crear un banco de datos surgió a raíz de los altos niveles de violencia, los procesos de genocidio y el exterminio de fuerzas políticas como la Unión Patriótica; con el fin de denunciar y sistematizar la información sobre violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de hechos relacionados con el conflicto social ya que nadie realizaba esta labor. Desde 2005, se han conformado Bancos de Datos de Derechos Humanos en diferentes regiones del país con la ayuda y el trabajo del jesuita Javier Giraldo Moreno, movimientos de origen popular, investigativo e incluso religioso. De esta manera, se consolidó la Red Nacional de Bancos de Datos, como un proceso organizativo y colectivo integrado por organizaciones como la Corporación Caguán Vive, la Fundación Orlando Fals Borda, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, entre muchos otros.

En su dedicación por reconocer los diferentes hechos violentos en Colombia, la Red redactó una guía pedagógica que ayuda a sistematizar la cruel realidad colombiana, expresada en sus manifestaciones de violencia política y social que han azotado a las regiones a través de la historia del país. El Marco Conceptual es el instrumento con el que las organizaciones aliadas configuran, caracterizan y leen los hechos violentos de sus territorios. Además, define las categorías de violencia con ayuda de diferentes convenios y protocolos internacionales, lo que permite la objetividad de los hechos. Es la pauta para empezar a construir la memoria de las víctimas.

A partir de la creación de este Marco Conceptual en 1996 y actualizado en 2018, se dio paso a la revista Noche y Niebla donde se publican y registran las múltiples violencias y violaciones a derechos humanos de estas regiones. “Noche que oculta la verdad y Niebla que disemina la responsabilidad”, es el sentido de la revista.  Noche y Niebla también publica informes especiales catalogados como Casos Tipo que recogen hechos en regiones específicas que, por su contexto histórico social, sus actores, el rol de los medios de comunicación, la respuesta a las víctimas por parte de las instituciones gubernamentales, el papel del Estado y otros factores, permiten identificar patrones especiales en lo ocurrido. Desde 2003 se han publicado 15 Casos Tipo, algunos alrededor de las historias de Bojayá, la comuna 13 de Medellín y San José de Apartadó.

La cobertura territorial que tiene la Red permite ofrecer un panorama nacional y su cercanía con las comunidades, brinda confianza y credibilidad sobre la información que recauda. No es simplemente registrar el hecho sino comprender las realidades, ayudar a escribir y construir la historia del país a través de la realidad regional. Como lo mencionó Jerry Garavito en el marco de la VI Asamblea de la Red “Documentar los hechos, las historias desde las víctimas y la presencia regional del Banco es lo que ayuda a visibilizar la situación”. Sin embargo, la visibilidad de los casos no es suficiente, la Red propende también a la reducción de esa vulnerabilidad de las comunidades y al desescalamiento de los hechos violentos.

La Red ha sobrepasado diferentes obstáculos en su lucha por defender y visibilizar los derechos humanos. Ha sido víctima de presiones en cuanto a su contexto de acción y algunos colaboradores de los Bancos de Datos se han tenido que enfrentar a montajes jurídicos de amenaza y señalamiento por su labor en defensa de los derechos humanos. Al tiempo que afronta estas acciones adversas la Red es ampliamente reconocida por sus labores y publicaciones, por ejemplo, en el último Informe Anual de Derechos Humanos en Colombia que elaboró la embajada de Estados Unidos, el trabajo de los Bancos de Datos fue referenciado cuatro veces en torno a temas de tortura y tratos crueles, y detenciones ilegales y abuso físico. Esto demuestra la importancia que hay alrededor de las investigaciones que se hacen conjuntamente con las organizaciones regionales, pues de esta manera es como se logra el posicionamiento de las víctimas, que son el eje central de la Red.

Además de ser un espacio que trabaja y se construye de manera permanente la Red Nacional del Bancos de Datos hace un ejercicio fundamental de construcción de memoria histórica. Alrededor de la compilación de los datos en las regiones se reivindica el relato de todo un territorio, sus dinámicas políticas, sociales, económicas, étnicas y mucho más. Esta labor permite reconocer la diversidad del país desde una mirada analítica y sobrecogedora que a la vez se convierte en un proyecto social de incidencia en las políticas actuales. Sus acciones de memoria no solo se basan en la recopilación de información histórica de las regiones, sino también en los actos simbólicos que se realizan para recordar los crímenes hacia líderes o comunidades. Ejemplo de ello es el caso de la peregrinación en Trujillo, Valle del Cauca, por el asesinato de más de 200 personas entre 1986 y 1994, además del asesinato del padre Tiberio Fernández, por denunciar la barbarie que ocurría en el territorio.

Actualmente, son muchos los casos de hechos violentos y violaciones a derechos humanos que se comenten en el país y un gran número de ellos están en las sombras, ocultos bajo la complicidad de sus diversos actores. Sin embargo, aún queda la memoria de las víctimas que sobreviven, los testigos que deciden denunciar, aún en el silencio de las voces que han callado hay algo por contar. El esfuerzo conjunto es la clave para reivindicar la historia de las comunidades y regiones que se resisten a vivir en un país violento, ausente e impune.

 

María Fernanda Vera*
Equipo de Comunicaciones 

 

*Este artículo fue publicado originalmente en la edición de Septiembre de la Revista Jesuitas Colombia

 

"Hemos estado en la retadora tarea de ser un equipo con la misión de trabajar en  nuestro complejo país por una sociedad justa, sostenible y en paz. Hemos logrado, desde cada equipo, importantes resultados, hemos afrontado desafíos, con limitaciones y desaciertos, con incertidumbres, pero, afortunadamente, con el ánimo de seguir luchando y aportando para que este país supere sus inequidades, sus desigualdades, exclusiones y prosperen los procesos de desarrollo y paz con justicia social."  Luis Guillermo Guerrero, director de Cinep/PPP.

Presentamos a nuestros aliados de sentido el informe de gestión del año 2018. Encontrarán el reporte de publicaciones, las lecciones aprendidas, las acciones por área, la síntesis de logros entre otros procesos que resumen nuestro accionar del 2018.


 

 

 
 

Colombia tiene una extensión territorial de 1 114 408 kilómetros cuadrados. Esta superficie también la podemos medir en hectáreas, que serían más de 111 millones, o en campos de fútbol, pues aquí se podrían construir más de 156 millones. El país puede medirse de muchas otras maneras, por ejemplo, con las 80 472 víctimas de desaparición forzada reportadas desde 1958 hasta el 2018, a lo largo y ancho del territorio por el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica. A esto se le pueden sumar los familiares de los desaparecidos, cientos de mujeres buscadoras y afines que han dedicado su vida y empezaron una lucha por el reencuentro con sus seres queridos. Los departamentos más golpeados por este delito, según el OMC, son Antioquia con 19 794 víctimas, Guaviare con 1794 víctimas, y Meta con 5280 desaparecidos.

La desaparición forzada en el país se ha dado como un método selectivo contra los que se consideran peligrosos tanto para el Estado como para los demás grupos armados, con el fin de deshumanizar y desaparecer completamente a sus víctimas. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional por los Desaparecidos, una fecha que pretende hacer memoria sobre las víctimas de este crimen atroz, que aún se comete y que muchas veces queda en la impunidad, recordar para que la historia no se repita, para que deje de ser un tema invisibilizado en el país y para darle voz a las víctimas que padecen día a día una búsqueda incansable.

Colombia estableció el delito de la desaparición forzada en el año 2000 con la Ley 599 en el artículo 165 del Código Penal: “El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión […]”.

Así mismo, se ha suscrito a las normas internacionales expedidas por las Naciones Unidas (ONU) y se comprometió a adecuar las normas internas a los estándares internacionales. Para la ONU, el siguiente es el concepto de desaparición forzada “[…] el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

El 16 de abril de 2019, la ONU consolidó y publicó los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, en donde reafirman las diferentes obligaciones y acciones urgentes que deben realizarse durante la búsqueda de una persona. Así mismo, resalta el rol esencial que tienen los familiares y que su participación en la investigación es de vital importancia para establecer las diferentes circunstancias de desaparición y posible hallazgo del desaparecido. Algunos de los principios rectores más significativos se basan en que la búsqueda de una persona debe hacerse bajo la presunción de vida, debe tener un enfoque diferencial en cuanto género, vulnerabilidad, población LGBTI y primera infancia, y las instituciones y autoridades encargadas deben actuar en el momento que tuvieron conocimiento del caso y hacerlo de manera permanente. Según Carmen Rosa Villa, integrante del Comité de la ONU contra la desaparición forzada, está convención pretende que el Estado “haga una toma de decisiones concretas acerca de lo que hay que hacer, que genere empatía por parte de los funcionarios hacía los familiares”.

A pesar de toda la legislación, los protocolos y las recomendaciones internacionales, de los casos registrados de desaparición forzada en Colombia, la Fiscalía General de la Nación solo tiene 337 sentencias en firme para ejecución de penas. Además, existe una falta de compromiso y voluntad política por parte del Estado y sus instituciones.

Por otro lado, las organizaciones y fundaciones que apoyan las acciones de búsqueda de desaparición forzada en el país, son fundamentales para este largo proceso. Por medio de labores como complementar las investigaciones, articular grupos de trabajo de búsqueda, investigar razones por las cuáles se desaparecen, acompañar y dar participación a las víctimas, contribuyen a prevenir este delito.

El Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP), a través del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política, lidera el proyecto “Guaviare y Boyacá, consolidando la participación de las víctimas” para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), en el cual se articula con tres organizaciones: el Colectivo Sociojurídico Fals Borda, la Corporación Vida-Paz del Guaviare y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Humanitaria de Boyacá (COSPAC). El objetivo del proyecto es reconocer el contexto de cada departamento en función de la desaparición forzada y construir una metodología que permita realizar jornadas donde se convoca a los familiares buscadores de personas desaparecidas y a organizaciones estatales como el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas. De esta manera, se establece un puente entre las instituciones y los familiares, y a lo largo de las jornadas se hacen denuncias, toma de muestras de ADN para búsqueda y se comparten las funciones de cada institución. Lo anterior agiliza procesos de búsqueda, recolecta información acerca de posibles paraderos de los desaparecidos, presta atención inmediata a las víctimas y ayuda en la reconstrucción de contexto de estos territorios.

Sí bien la UBPD lleva solo diez meses en funcionamiento, ya está consolidando el diálogo con los familiares de desaparecidos para integrarlos a la búsqueda de sus seres queridos. Este es un paso importante en la historia del país, pues se les da un trato especial e importante a los familiares y se les hace parte de este proceso. Sin embargo, según Federico Andreu, asesor de la UBPD, la mayor problemática de la unidad en este momento es el presupuesto, pues el actual Gobierno no tiene una voluntad política total en los asuntos relacionados con la implementación de los Acuerdos de Paz.

Por otro lado, el país no solo lamenta el asesinato sistemático de líderes sociales, sino también las desapariciones de los mismos. La respuesta del Gobierno a estos hechos no ha sido muy alentadora, pues tilda estos crímenes como casos aislados al conflicto. Para Carmen Rosa, “el Estado debe luchar contra la impunidad, mostrarle a la ciudadanía un elemento fundamental: ‘vamos a investigar, vamos a encontrar a los responsables, los vamos a sancionar’. Que no que se convierta en que aquí no pasa nada y nadie es condenado, siempre sin dejar de buscar”.

Las otras víctimas

El 2 de octubre de 1984 la vida de Fabiola Lalinde cambió de manera radical. Su hijo Luis Fernando Lalinde, de 26 años, había desaparecido en Jardín, Antioquia. La búsqueda de Fabiola empezó el 4 de octubre de 1984 y no cesó sino hasta el 20 de mayo de 1992. Luis Fernando fue víctima de detención forzada, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición por parte del Ejército Nacional. En la búsqueda de su hijo, Fabiola se enteró de la detención y empezó su investigación en los batallones, brigadas, campamentos y cárceles de Manizales, Pereira y Riosucio. A su acción le dio el nombre de “Operación Cirirí”, por el pájaro Cirirí, sinónimo de insistencia, incomodidad y molestia. Eso significaba Fabiola para el Estado.

El 16 de septiembre de 1988, después de intensas búsquedas, denuncias nacionales e internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA falló a favor de Fabiola y condenó al Gobierno por el caso de Fernando. A causa de este resultado judicial, el 23 de octubre de 1988, la casa de Fabiola fue allanada por la Policía Militar mientras ella no estaba allí. Fue víctima de un montaje con cocaína y tildada de terrorista, subversiva y jefe de la narcoguerrilla de Antioquia en los medios de comunicación.

Fabiola fue liberada el 3 de noviembre del mismo año, pues se comprobó que la droga no era de ella y que era evidente el enfrentamiento entre las Fuerzas Militares y la familia Lalinde. El 14 de abril de 1992, Fabiola logró la exhumación de los restos de un N. N., alias “Jacinto”, quien hasta 1996 fue plenamente identificado, con ayuda internacional, como Fernando Lalinde Lalinde. Por fin, después de agotar todas las instancias, métodos y ayudas tanto jurídicas como humanitarias, Fabiola pudo darle una despedida digna a su hijo y llegar a la luz de los hechos y la verdad.

La lucha de Fabiola Lalinde es símbolo de las cientos de madres, hijas y esposas que no descansan en la búsqueda de sus seres queridos, y que son las principales protagonistas en las investigaciones de desaparición forzada en el país. Ellas se ven expuestas a malos tratos, a ser juzgadas y revictimizadas, principalmente por organismos estatales. Están envueltas en el dolor y la impunidad por largos periodos de tiempo e incluso algunas no alcanzan a esclarecer los hechos, ni a saber la verdad sobre sus seres amados. Casos como el de Fernando se repiten alrededor de todo el país, de América Latina y del mundo.

Mapear a Colombia es posible desde muchos ángulos. Las cicatrices de violencia, pobreza, desaparición e impunidad han ido marcando todo el territorio hasta dejar trazadas todas estas formas en las que se puede leer el país. El resultado de esta lectura genera desconsuelo y desilusión. Sin embargo, se pueden hacer nuevos trazos, heredar los viejos y construir a partir de esas heridas que aún no sanan, visibilizar lo invisibilizado, recordar a los que han sido olvidados, detectar en el mapa a los que han desaparecido y encontrar algo que nos aliente a continuar. Este es el objetivo principal.

 

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones 

 

Desde el inicio del proceso de negociación entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP hemos manifestado nuestra convicción de que la salida negociada es la única forma de poner fin al conflicto armado. Por esta razón rechazamos el anuncio de Luciano Marín alias 'Iván Márquez': Seuxis Pausias Hernández alias 'Jesús Santrich' y Hernán Darío Velásquez alias 'El Paisa', entre otros, sobre el retorno a la lucha armada.


 

 

 
 

Semana por la Paz es una iniciativa que busca visibilizar los esfuerzos y procesos de personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la paz, la resolución pacífica de conflictos y dignificación de la vida. En 2019, con el mensaje de convertir a Colombia en un territorio de paz de lanzó Semana por la paz 2019: Soy y Somos Territorios de Paz, el 15 de agosto en la Pontificia Universidad Javeriana.

Luis Emil Sanabria, presidente colegiado de Redepaz, dijo que este año se espera en la Semana por la Paz “declarar muchos territorios de paz, que los candidatos a las alcaldías, gobernaciones, al consejo y a las asambleas departamentales hagan pactos de no agresión, no violencia y de convivencia; sacar definitivamente las armas y la corrupción de la política”. Además de decirle a los actores armados que las poblaciones se resisten a la violencia y quieren paz y desarrollo pacífico, en convivencia y en respeto.

Con ese mismo motivo, Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de la Comisión Nacional de Paz y director de Pastoral Social, hizo un llamado a “avanzar, a darnos la mano, a ser capaces de conformar en realidad una gran movilización ciudadana en favor de la construcción de la paz, del diálogo y la reconciliación del país”. Recalca que la Semana por la Paz es un ejercicio ciudadano que debe llevar a restablecer la legitimidad en los territorios donde se han llevado a cabo procesos de construcción de paz, en especial, donde el conflicto armado ha estado enraizado.

La lideresa social, Gladys Aristizábal, vio en esta Semana muchos retos ante este momento difícil que está viviendo el país con la situación de los indígenas: “¿cómo buscar  reconciliarnos?, ¿cómo buscar ese silencio de los fusiles?, ¿cómo, a través de nuestra palabra, de nuestros hechos, construimos paz todos los días?, ¿cómo la gente o las personas desde su mismo territorio, desde su mismo ser construyen la paz, aportan a la paz? La paz no la encontramos ni en una tienda, ni en un supermercado, la paz la construye cada uno desde su ser, desde su territorio; por eso somos territorio de paz”. 

Estos mismos retos los encontró María del Pilar Valencia, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz seccional Ausencia de Reconocimiento, que envió dos mensajes a la ciudadanía. Primero, “no es suficiente con que la institucionalidad o los actores del conflicto formalicen un acuerdo, es fundamental que sembremos una cultura de paz en cada uno de nosotros y de nosotras para que realmente haya una reconciliación y una paz estable y duradera”. Y segundo, “es necesario que las víctimas acudan a la JEP, acudan con su versión de cómo se vivió el conflicto, qué daño sufrieron y, sobre todo, cuáles son las propuestas de reparación y de garantías de no repetición”. 

Para los bogotanos el Alto Consejero para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, Gustavo Quintero, señaló  un mensaje que considera fundamental: “En Bogotá todos somos iguales, todos podemos ser y todos debemos poder desarrollar eso que tanto queremos. Bogotá es una ciudad que nos recibe a todos y en la que todos cabemos”. Asimismo, considera que la ciudad puede convertirse en un territorio de paz, aunque no sea sencillo lograrlo, si todos los actores -ciudadanía, organizaciones sociales, liderazgos sociales, la academia y la administración distrital- se une en un clamor de paz.    

Katie James, cantautora colombio-irlandesa, desplazada por la violencia junto a su familia interpretó Mi forma de hacer la paz, canción de su álbum Semillas de Paz, dedicado a su sobrino Tristán James asesinado en el conflicto armado.

John Harold Dávila, cantautor colombiano, promotor de paz en Antioquía y autor del jingle del Semana por la Paz 2019 cantó ¿Cuándo volvemos a casa? en memoria de los niños que fueron alejados de su casa. Y grupo juvenil Sunyai de Policarpa, Nariño, que por medio de una presentación cultural mostró su experiencia de paz y reconciliación entre la comunidad y los excombatientes de las FARC.

El evento contó además con la presencia Darío Sendoya, coordinador encargado de la Macroterritorialidad de Bogotá-Soacha de la Comisión de la Verdad; Arturo Charria, coordinador de Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá; Jorge Enrique Bohórquez, secretario Pastoral de la Salle y distintos representantes de las organizaciones convocantes como el padre Gerardo Villota, S.J., de la Compañía de Jesús, Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del Cinep/PPP y Patricia Romero, encarga de proyectos sociales de Compensar.

Lida Bocanegra
Equipo de Comunicaciones