En un documento, organizaciones sociales y de Derechos Humanos pertenecientes a la Red Llano y Selva expresaron su preocupación frente a la crisis que se presenta en la Región Orinoquía y que se ha profundizado en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Compartimos el informe completo.

 

En la Región de los Llanos Orientales y la Orinoquía, compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada, la grave situación de derechos humanos se ha profundizado en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica provocada por la pandemia del Covid-19. El aislamiento obligatorio y las medidas de “distanciamiento social” no han impedido que sigan ocurriendo hechos de violencia tales como amenaza, persecución y asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC; así como acciones que atentan contra la tranquilidad y el buen vivir de las comunidades. Como organizaciones sociales de derechos humanos, articuladas en la Red Llano & Selva2, expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado de exigencia al Gobierno Nacional y de seguimiento a la comunidad internacional.

Estos hechos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, perpetradas por grupos armados que circulan libremente por el territorio ejerciendo control, imponiendo la restricción de tránsito, el empadronamiento y la extorsión, son de conocimiento público y han sido documentados por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 017 de 2020. Esta alerta advierte sobre los riesgos para la vida y la seguridad en los municipios de Puerto López, Cabuyaro y Puerto Gaitán, en el marco de la pandemia, especialmente por la presencia de estructuras sucesoras del paramilitarismo desde finales del 2019 y hasta la actual coyuntura.

Adicional a lo anterior, la profundización de la crisis económica y social, bajo la restricción social y comercial, implicó un cambio en la dinámica económica cuyas afectaciones son diferenciadas y por tanto aumentan la vulnerabilidad, especialmente de las comunidades campesinas e indígenas históricamente excluidas.

En los informes que ha elaborado la Red Llano & Selva, el último de ellos presentado a la Comisión de la Verdad, se ha encontrado un estrecho vínculo entre el accionar de estos grupos armados, sucesores del paramilitarismo, y los fenómenos del desplazamiento forzado y despojo de tierras, lo que constituye un antecedente del alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran comunidades campesinas e indígenas frente a la medida de aislamiento obligatorio, así como frente a la permanencia de la violencia en sus territorios.

A continuación el documento completo:

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ha creado un curso virtual sobre el Acuerdo de Paz y su implementación en Colombia al que se puede acceder de manera abierta y gratuita.

 

“Diversos escenarios han advertido sobre incumplimientos por parte del Estado colombiano frente a los asuntos más sensibles del Acuerdo Final para garantizar condiciones para alcanzar la Paz estable y duradera”, así introduce el curso Proceso de paz e implementación del acuerdo final en Colombia ofrecido por CLACSO.

Un poco más de tres años después desde la firma del Acuerdo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales reunió a expertos y académicos para poner la lupa sobre su implementación en el país. Según el Consejo, para que esta sea efectiva deben generarse unas bases sólidas para desdibujar factores históricos relacionados con desequilibrios sociales y territoriales generados por el poder y la concentración de la tierra, dinámicas criminales que permean la acción del Estado y el discurso de la guerra.

El curso virtual ahonda en esas dinámicas para dar a conocer la trascendencia de que al día de hoy se presenten incumplimientos en la implementación tales como “la producción legislativa; la desfinanciación de planes y programas; la falta de garantías para la seguridad que ha tenido resultado en asesinatos sistemáticos; las precarias condiciones para robustecer la reincorporación; y las resistencias de la institucionalidad para acoger las reformas mínimas propuestas”.

A grandes rasgos, los temas en los que profundiza el curso son:

  • Balances de la implementación de puntos específicos del Acuerdo Final, en especial la Reforma Rural Integral, cultivos de uso ilícito y apertura democrática.
  • Relaciones y posibilidades entre las problemáticas agrarias colombianas y el Acuerdo Final.
  • Mujeres y Feminismo Insurgente.
  • Comparaciones con otros procesos de paz en temas de Desarme, Desmovilización y Reintegración, especialmente los llevados a cabo en Centroamérica.
  • Persistencia de la violencia en el país y su relación con la implementación del Acuerdo Final.
  • Reflexiones sobre las causas estructurales del conflicto.

Entre el equipo docente se encuentran Sergio de Zubiría de Universidad de Los Andes; Victoria Sandino, Senadora de la República; Consuelo Corredor, coordinadora del CINEP/PPP en la Secretaría Técnica de la CSIVI; y siete académicos más que comparten sus perspectivas y conocimientos a lo largo de 11 clases en video.

En este enlace se encuentra disponible el curso: https://repositorio.clacso.org/Proceso_de_paz_colombia.html 

Clase 1: Presentación general del curso: Proceso de paz en La Habana (2012-2016): Introducción

 

Clase 2: Condiciones históricas del proceso de paz

 

Clase 3: La integralidad del acuerdo de paz y el estado general de la implementación

Clase 4: La Reforma Rural Integral: una oportunidad para el cierre de brechas

 

Clase 5: Entre la ampliación democrática y la persistencia de la violencia política

 

Clase 6: El tránsito de las FARC-EP a la vida legal y el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

 

Clase 7: La política fiscal y la construcción de paz: reflexiones desde el acuerdo final y los conflictos sociales

 

Clase 8: El sistema de implementación y verificación: entre la perfidia y la potencia transformadora

 

Clase 9: El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y la resistencia a la verdad

 

Clase 10: Entre la reincorporación integral y el modelo de desmovilización, desarme y reinserción (DDR)

 

Clase 11: Cierre y conclusiones provisorias

  

Con esa decisión aumenta a más de 35 mil las víctimas que podrán participar en etapas procesales del Caso 04 que adelanta el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ha acreditado como víctima colectiva al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). El consejo es integrado por 48 comunidades y 5.803 personas en el bajo Atrato (Chocó)

Para Reymir Valencia Gamboa, fiscal del Consejo Comunitario la Larga y Tumaradó (COCOLATU), la acreditación es de suma importancia porque “nos hace partícipes en el proceso 04 que adelanta la JEP donde podremos aportar y presentar elementos en la búsqueda de la reivindicación de nuestros derechos territoriales”.

El caso 04 de la JEP fue abierto el 11 de septiembre de 2018 y se enfoca en la situación territorial derivada de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá en los departamentos de Antioquia y Chocó. Los hechos, según la JEP, fueron presuntamente cometidos por miembros de las FARC y de la Fuerza Pública desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.

Con la acreditación, que incluyó a más de 20 mil víctimas afrocolombianas, son un total de 35.174 las víctimas que podrán participar en calidad de intervinientes en todas las etapas procesales del caso 04 en el cual, a la fecha, han comparecido 17 miembros de la  fuerza pública y 11 de las FARC según la JEP. 

La Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta hechos como la desaparición forzada, homicidio, masacre y desplazamiento forzado que han sufrido las comunidades como parte de la vulneración de sus derechos fundamentales. También incluyó al Consejo Comunitario los Manatíes y al Consejo Comunitario Puerto Girón.

Para Julián Salazar Gallego, abogado de la línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP/PPP, “dicho reconocimiento le otorga al Consejo Comunitario la calidad de interviniente especial, lo cual lo faculta para ser representado por un abogado, tener acceso al expediente, asistir a las versiones voluntarias, aportar pruebas y participar en la formulación del proyecto restaurativo”.

Además, para Salazar la acreditación materializa tres fundamentos de la JEP: “el acceso efectivo a la justicia, la participación y la centralidad de las víctimas”. La línea de Gestión del Territorio en el Pacífico ha acompañado desde hace 11 años al Consejo Comunitario en la reivindicación de sus derechos étnico territoriales, con una “estrategia de recuperación integral del territorio que abarca procesos como el de la reparación colectiva y la protección a las comunidades que hacen parte del colectivo”, afirmó Salazar.

Por otro lado, Reymer Valencia considera que la la JEP es un apoyo importante para el proceso que adelantan junto con la Unidad de restitución de tierras y que les brindará “credibilidad de nuestros derechos como víctimas del conflicto armado por lo que agradecemos este acogimiento de la JEP dentro de nuestro objetivo de recuperar nuestro territorio”, manifestó.

Entre las múltiples afectaciones de las comunidades de los territorios del Bajo Atrato, según la JEP, la entrada ilegal de miembros de la AUC con presunta ayuda de la Fuerza Pública derivó en una ola de desplazamientos forzados y violaciones graves a los derechos humanos. Para Julián Salazar, “el Estado colombiano aún tiene una deuda enorme en la reivindicación de los derechos de las comunidades negras porque en el territorio persisten narrativas de un conflicto estructural que históricamente ha tenido como foco principal la lucha por la posesión y el uso y titulación de la tierra”.

Según Salazar, este es “apenas el primer peldaño al interior de la JEP y se abre la puerta para poder participar en todas las diligencias y procesos que se lleven a cabo al interior de las salas y el Tribunal”. 

Así, el Consejo Comunitario se acerca a lo que podrá ser un “retorno al territorio con toda la dignidad y sin perturbación de poseedores de mala fe”, en las palabras de Reymer Valencia.

Aquí puedes ver el comunicado emitido por la JEP:

 

Por: Paola Llinás Aragón.

 

 

Violencia en medio del confinamiento, restricción de movilidad que impide contacto con las comunidades y cese de ingresos, entre otras, son afectaciones a los líderes sociales durante la cuarentena. Cómo protegerlos fue el tema de conversación de los #DiálogosenCuarentena con la participación del CRIC, la ONIC, el Banco de Datos y la Defensoría del Pueblo.

Además del hambre y falta de acceso a servicios básicos por la cuarentena, las comunidades más alejadas del país están sobrellevando las presiones y violencias de organizaciones ilegales y los enfrentamientos con la Fuerza Pública que les dejan en medio del fuego cruzado. Los líderes sociales siguen llevando la peor parte: Han ocurrido 32 eventos de violencia política con 39 personas amenazadas o asesinadas por su labor de liderazgo en Colombia durante el confinamiento, según el Banco de Datos y Violencia Política del Cinep. 

Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año se superan los casos de asesinato a líderes con relación a 2019 en un periodo donde el aislamiento pone en jaque a quienes defienden el Acuerdo de Paz, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, el medio ambiente y los derechos de sus comunidades. Por eso el tema de los #diálogosencuarentena para este 7 de mayo fue la “Memoria y protección de líderes sociales en cuarentena” convocado con el apoyo de Verdad Abierta y la moderación de su director, el periodista Juan Diego Restrepo.

Joe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se refirió desde su territorio al panorama de peligro en aumento que viven las comunidades indígenas con la “presencia de ilegales y con acciones militares en contravía de las comunidades porque en medio de ese fuego cruzado queda la población”. 

Según el Cric, el 2019 cerró con 8 lideresas y 62 líderes asesinados en Cauca. Y en lo que va del 2020 (hasta el 30 de abril) 46 personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y familiares han sido asesinadas en Cauca.

Foto cortesía de Gerald Bermúdez.

Para cuidarse, los indígenas de Cauca han dispuesto 398 puntos de control territorial de la guardia indígena y cerca de 9 mil comuneros y comuneras trabajando en la prevención y el aislamiento. “Pero al no haber presencia de contagio en 32 municipios de Cauca las medidas oficiales se abrirán al transporte y al comercio, lo que sería echar a la borda los esfuerzos de control territorial”, expresó el líder indígena durante el conversatorio virtual. 

Por su parte, Aida Quilcué, consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), afirmó que hay una constante en territorios como Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño y Córdoba “en donde al confinamiento de la pandemia se suma el del conflicto porque no pueden entrar ayudas humanitarias”. Conectada desde Tierradentro, Cauca, manifestó su preocupación por los peligros que enfrentan los pueblos indígenas en todo el país, debido a las presiones de grupos ilegales y la desconfianza en las instituciones del Estado.

Quilcué habló de los planes de contingencia del gobierno y aseguró que “la ayuda humanitaria y las medidas de bioseguridad han sido mínimas. Se hacen necesarias acciones concretas y contundentes más allá de la militarización porque en la práctica donde hay militares, hay más riesgo de que se repitan situaciones peligrosas como la que se presentó en Caloto y llegan otros actores armados”.

¿Qué dicen las cifras?

Mateo Gómez, director del SAT (Sistema de Alertas Tempranas) de la Defensoría del Pueblo, compartió datos del monitoreo frente a la afectación del conflicto armado en el panorama de la pandemia. “En la alerta temprana 018 le ponemos de presente al gobierno nacional que la pandemia tiene efectos especiales en comunidades donde hay grupos armados que generan zozobra y control”, aseguró.

El monitoreo de la Defensoría del Pueblo arroja que, hasta el 30 de abril, hubo 12 homicidios a líderes en medio de la pandemia. Según informó Gómez durante el conversatorio citado por Cinep:

“En el primer trimestre de este año vemos un aumento de casi el 32% (en asesinatos a líderes sociales). Para el mismo período de 2019 registramos 38 casos y en este año son ya 56”.

Por otro lado, Cristian Llanos del Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos del CINEP, manifestó que “existe un correlato en las agresiones a líderes sociales de años anteriores con lo que está pasando hoy”. 

Según Llanos, el Banco de Datos registró en 2019 el asesinato de 124 líderes sociales en Colombia. En 2020, ha registrado 87 agresiones (ataques, asesinatos, amenazas) a líderes o defensores de derechos en el país*. Mientras tanto, en el periodo de cuarentena (hasta el 1 de mayo) “hemos identificado 32 eventos de violencia política con 39 personas amenazadas o asesinadas por su labor de liderazgo”, aseguró Llanos. El registro del Banco de Datos se basa en información de las víctimas y sus organizaciones que hacen parte de la Red Nacional de Bancos de Datos.

Llanos afirmó que la violencia a líderes se extiende a sus círculos cercanos como sus familias y comunidades y que tienen un patrón: “hombre encapuchado, en moto, sin identidad que no permite indagar por quiénes están detrás del interés de acallar nuestros líderes”.

¿Cómo protegerlos?

Respecto a las medidas de protección para los líderes, Aida Quilcué afirmó que hay un grave problema en la ausencia de investigaciones de fondo por el ataque a líderes y comunidades indígenas. 

“Hace dos años trabajamos en un informe de memoria histórica y podemos afirmar que existe un genocidio de los pueblos indígenas. Así nos preguntamos ¿cómo no va a haber impunidad? La justicia ordinaria y la justicia de afuera no nos va a resolver los problemas y los tendremos que resolver nosotros mismos con la jurisdicción especial indígena”.

Foto cortesía de Gerald Bermúdez.

También Joe Sauca se refirió a “ejercicios propios de las autoridades indígenas donde incluso hemos logrado capturar a los victimizadores en muchos casos. El Estado debe reconocer nuestra jurisdicción que desarrollamos sin garantías porque el aparato de la justicia en Colombia no cuenta con los medios para detener la impunidad”.

Entre tanto, Juan Diego Restrepo se preguntó con insistencia el porqué es tan difícil superar la impunidad y dar con los intereses y autores detrás del ataque a líderes sociales. 

Por su parte, Mateo Gómez, de la Defensoría del Pueblo, se refirió a la efectividad de las alertas tempranas manifestando que “los cuellos de botella se deben a la focalización, a que la violencia es arbitraria y a que los actores armados ejercen un control arbitrario”. 

El diálogo concluyó con reflexiones sobre las estrategias que deberían tomarse para disminuir la violencia hacia líderes y lideresas.  Para el representante de la Defensoría, “una manera de proteger la vida es que la sociedad reconozca a los líderes y que el gobierno también lo haga no solo de manera formal, sino sincera”.

También agregó que: “vemos una gran lentitud en instituciones que tiene a cargo oferta de educación, salud, generación de ingresos. A éstas les dirigimos el 70% de las recomendaciones de las Alertas Tempranas”.

Cristian Llanos del CINEP resaltó la importancia de la memoria y de la pedagogía en Derechos Humanos como una forma de reconocer y ayudar a la disminución de la violencia contra líderes y lideresas. Según él, “la memoria, ayuda a que se reconozcan problemas de fondo y con ello se aporte a proteger vidas. Hay que construir una pedagogía por el respeto a los derechos humanos, porque muchas personas consideran a los líderes agentes de la insurgencia y apoyan que "los saquen del juego”".

Para concluir, Aida Quilcué hizo un llamado a fortalecer los procesos de unidad y las formas de organización sociales propias de las comunidades indígenas. Joe Sauca insistió en que, para proteger sus vidas y comunidades, es urgente que el gobierno reconozca el ejercicio invaluable de los procesos sociales y las miradas territoriales de las comunidades porque “no se puede gobernar solo desde Bogotá”.

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.


En el siguiente link encuentran el diálogo completo: https://www.youtube.com/watch?v=6FomKYpgD6E

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


La pandemia del coronavirus ha puesto en primer plano la importancia de la producción alimentaria del campesinado en Colombia. No hay duda para los habitantes de las grandes capitales y los más de mil cien municipios del país, el notable servicio que históricamente han realizado las comunidades agrarias en la disposición de alimentos para el consumo nacional. Mientras que las industrias paran y los precios del petróleo, el carbón y la energía se derrumban y las grandes empresas del mundo entran en recesión, los campesinos continúan. En las grandes ciudades solo hay una preocupación: que no falte la comida, el agua, todo lo demás se hace prescindible.

Pero reconocer la capacidad productora de alimentos del campesinado no se corresponde con el respeto a sus derechos humanos. Al contrario, ni las clases dirigentes ni la sociedad en su conjunto, a lo largo de nuestra historia, han escuchado las luchas y reivindicaciones de las comunidades rurales. El profesor Alejo Vargas nos recuerda que desde los años veinte del siglo pasado, las organizaciones campesinas han protestado por el incumplimiento de sus derechos. Igualmente, el campesinado será el gran protagonista y víctima de la violencia liberal-conservadora y también en el conflicto armado reciente, es el sector que ha aportado el mayor número de personas victimizadas y despojadas de sus tierras.

Políticas sociales, económicas y de tierras para el pequeño y mediano campesinado siempre han quedado en los sueños, en la demagogia o en el papel, pero no se ha llevado a cabo. Las comunidades agrarias y medianas empresas rurales, productoras de alimentos, siempre han sido excluidas y violentadas. Pese a todo esto las comunidades se han sostenido produciendo y sobreviviendo en condiciones muy difíciles. Sin vías sin servicios sociales de salud y educación de calidad, con sistemas de comercialización que encarecen exageradamente los productos y dejan a los intermediarios con las mayores utilidades.

Por eso, para las organizaciones campesinas y los conocedores del tema agrario en Colombia, no es ninguna sorpresa que, en medio de la actual pandemia, no existan propuestas claras para el campesinado. Es un grave error del actual y de los gobiernos anteriores. Porque si hay algo estratégico es la seguridad alimentaria de la población en medio de una enfermedad viral. Pero la decisión ha sido contraria, los créditos se han orientado al apoyo de los grandes productores.

El papa Francisco se dirigió, el Domingo de Resurrección, a los movimientos populares del mundo y dijo: “Sé que ustedes han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos placeres superficiales que anestesian tantas conciencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus perjuicios. Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los pequeños agricultores, los constructores, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento y las cuarentenas se les hacen insoportables. Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.