Atendiendo al mandato dado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final – CSIVI-, el Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos – CERAC, han ejercido desde noviembre de 2017 como Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional – STCVI-, con la responsabilidad central de presentarle informes periódicos a los Verificadores Internacionales, expresidentes Felipe González y José Mujica, con el fin de contribuir al proceso de verificación e impulso al Acuerdo Final (A.F.) firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, hoy, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común- FARC.

Quinto informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia para los Verificadores Internacionales

 

 
 

El Segundo Encuentro del Grupo de Homólogos de Incidencia de la Red de Centro Sociales de la CPAL se realizó del 25 al 27 de febrero en Colombia, en las instalaciones de Cinep/PPP. En su segunda edición, este encuentro buscó reflexionar sobre la incidencia política en el actual contexto latinoamericano, identificar oportunidades de acción para las distintas Redes de los Centros Sociales (RCS), y fomentar nuevas formas para seguir tejiendo en-red-dos.

La RCS está conformada por más de 40 organizaciones y tiene presencia en más de 14 países del continente. Es un espacio de encuentro, construcción, colaboración y articulación entre los Centros Sociales Jesuitas en América Latina y el Caribe. Sus programas y proyectos buscan identificar horizontes comunes, maximizando oportunidades y potencialidades a nivel local, nacional e internacional.

Una de las formas de organización y articulación que existe entre los Centros Sociales es el Grupo de Homólogos de Incidencia, integrado por directores y colaboradores de siete instituciones y organizaciones sociales que se reúnen periódicamente para dinamizar los propósitos comunes. Este año el Encuentro contó con la presencia, no sólo de los homólogos de incidencia, sino también de representantes de distintas plataformas de la Cpal provenientes de Bolivia, México, El Salvador, Venezuela, Paraguay, México, Colombia, y España.

Las diferentes visiones enriquecieron la discusión sobre las oportunidades, fortalezas, capacidades y debilidades que cada organización participante tiene. A partir de esos diálogos, se utilizó el espacio para hacerle seguimiento al Grupo de Homólogos de Incidencia y a una de las estrategias actuales más importantes en formación y gestión del conocimiento que tiene: el Diplomado Virtual en Incidencia Política. En la más reciente edición, 51 estudiantes y 30 instituciones en 13 países de América Latina y Norte América hicieron parte de este espacio educativo dictado por facilitadores de Cinep/PPP y otras redes.

 

 

Además de los 26 representantes, el Encuentro contó con dos expositores invitados que dialogaron sobre el contexto latinoamericano: Miguel Gomis Balestreri, Doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, especializado en Gestión Pública y Gobernanza Latinoamericana y docente de la Pontificia Universidad en Colombia; y Catalina Jiménez Jiménez, historiadora y Magister en Estudios Latinoamericanos, con formación en Investigación Participativa y Acción Social en Latinoamérica y docente de la Universidad Externado de Colombia.

En su conversatorio, Gomis Balestreri expuso un análisis del contexto latinoamericano indicando los factores que generan estabilidad e inestabilidad, respectivamente. Sobre estos mencionó las políticas públicas simplificadas y el bajo salario mínimo y de los primeros, recalcó la moderación en la diplomacia regional y la baja intensidad en el número de disputas fronterizas.

Hay, según Balestri, ciertos elementos que deben ser revisados más frecuentemente para la incidencia política, pues “es desde la formulación de políticas públicas que se transforman las causas reales de la desigualdad. No hay que temerle a proponer algo desde y para la política.”

La informalidad laboral, el concepto erróneo sobre el ocio y el descanso, la calidad de la educación más allá de la cobertura, la alta frecuencia de desastres naturales, la apuesta general de los gobiernos por poner la seguridad como prioridad, y la poca renovación de las élites, son otros factores que, además de ser invisibilizados, han ayudado a que exista una frustración histórica frente a la democracia. Como factor esencial expuso la idea de entender que, aunque la economía no lo es todo, quien la lidera, lidera los demás ámbitos.

Por su parte, Jiménez Jiménez tuvo un acercamiento más local y basado en la importancia de los movimientos sociales. Afirmó que las luchas ahora son híbridas, lo que significa que hay combinaciones de  distintas formas de lucha y que una organización o movimiento puede luchar por transformar más de una realidad. Para Jiménez, “nuestra democracia debe existir desde allí: desde el mestizaje”. Hay demandas que para ella son esenciales, como por ejemplo la territorialidad como escenario de poder, resistencia y resignificación de las relaciones sociales para resolver las emergencias territoriales y culturales.

Se planteó la pregunta sobre cómo mantener la autonomía de los movimientos si tienen que trabajar con la institucionalidad para poder generar cambios. Como respuesta, la investigadora recalcó que uno de los mayores desafíos es interiorizar que, a pesar de la criminalización de la protesta, negociar no es rendirse.

 El contexto regional a varias voces

A partir de esta conversación, se entabló un diálogo en distintas mesas frente a, por un lado, los problemas más importantes por identificar en la región. La desigualdad de género y educativa fue expuesta como un factor que perpetúa la desigualdad del continente. Además, la movilización humana fue tomada como un problema creciente y que supera la capacidad de respuesta de las instituciones de los países receptores. Para Javier Cortegoso Lobato, Coordinador General de la Red Jesuita con Migrantes para Latinoamérica y el Caribe (RJM-LAC) “nunca ha habido tantas personas en movimiento al mismo tiempo y por razones forzosas, por lo que es un problema global que merece soluciones globales. El perfil del migrante ha cambiado, pues ahora migra con muchas menos capacidades y/o sin la noción de que algún día iba a ser migrante”.

Por otro lado, se habló sobre los movimientos sociales protagonistas en Latinoamérica. Los feministas, estudiantiles, ambientales, migratorios y por la niñez, entre otros, fueron resaltados como aquellos que son visibles. Los movimientos de jóvenes fueron destacados como aquellos en los que convergen diferentes procesos y luchas sociales. Dos de los retos que se plantearon respecto a los movimientos fueron: 1. la necesidad de articularse a plataformas más grandes y de luchas intersectoriales, y 2.  dialogar con aquellos movimientos que luchan por el mantenimiento de la tradición familiar y de género como un valor fundamental de la sociedad.

Los tres días del Encuentro culminaron con un ejercicio para seguir construyendo conocimientos y experiencias que enriquezcan el debate sobre cómo hacer incidencia política. A partir del diálogo, no sólo se intercambiaron análisis desde  los diferentes contextos, sino que se fortaleció la red de apoyo entre las distintas instituciones y organizaciones participantes.

Laura Cristina Vásquez 
Equipo de Comunicaciones 

 

Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) exigimos que la Unidad Nacional de Protección se comprometa con nuestra protección y seguridad.

Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATUqueremos denunciar ante la opinión pública, la enorme debilidad en el poder infraestructural de la Unidad Nacional de Protección – UNP y de las entidades públicas responsables del programa de protección para reclamantes de tierras hacia COCOLATU, especialmente en lo que atañe a su capacidad y respuesta.
 
El consejo comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó – COCOLATU comprende parte de los municipios de Riosucio – Chocó –, Turbo y Mutatá – Antioquia –, fue beneficiario de titulación colectiva de su territorio ancestral, mediante las resoluciones 2805 del año 2000, de conformidad con la ley 70 de 1993 y el decreto reglamentario 1745 de 1995. A COCOLATU le fueron tituladas 107.064 hectáreas, cuando el 76% de la comunidad que habitaba el territorio colectivo se encontraba en situación de desplazamiento entre los años de 1996 – 2002. De las 46 comunidades que componen el título colectivo, ocho (8) quedaron en condición de vaciamiento y tres (3) desaparecieron completamente.

 
 

 

 

Del 18 de febrero al 8 de marzo se llevarán a cabo las reuniones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en Ginebra, Suiza. En esta ocasión el comité revisará el estado de los derechos de las mujeres en: Angola, Antigua y Barbuda, Botswana, Colombia, Etiopía, Serbia y el Reino Unido.

En Colombia fueron 70 las organizaciones sociales que se articularon para crear un informe alternativo que diera cuenta de la grave situación en términos de garantías de derechos que enfrentan las mujeres rurales y campesinas del país. Estas organizaciones realizaron la verificación a las observaciones finales de los informes periódicos 7º y 8º combinados de Colombia y al 9º informe periódico presentado por el gobierno colombiano ante el Comité CEDAW, entre otros documentos. Con estos insumos construyeron el primer “Informe Sombra” específico de mujeres rurales y campesinas de Colombia, que se presentó el 18 de febrero en la 72º Sesión del Comité CEDAW.

En este evento participó Diana Sauna de la Comunidad Wiwa de la Sierra Nevada y en su intervención alertó e hizo un recuento de los 7 casos de comunidades de mujeres rurales que en Colombia ejemplifican la violación de derechos a varios niveles y en diferentes partes del país por parte del Estado, las empresas y los actores armados.  Marlen Alfonso de la Plataforma de incidencia política de mujeres rurales colombianas también tuvo un espacio en donde se centró en cuatro puntos principales: La inequidad en la estructura económica pauperiza el trabajo de las mujeres rurales, el Sistema Estadístico Nacional no integra indicadores de género, el Estado colombiano restringe los mecanismos de participación de las mujeres rurales y campesinas, persiste una adopción de marcos legales regresivos en materia agraria y económica.

Después de las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil en Colombia, el CEDAW hizo preguntas específicas al Estado colombiano a partir de lo discutido el pasado 18 de febrero con las organizaciones. Se esperan las recomendaciones finales de parte del comité para todos los países, el lunes 11 de marzo.

Lee aquí el informe completo: 

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En su primera versión del 2019, Diálogos Cinep puso en la mesa del debate la crisis de asesinatos contra líderes sociales. Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores, junto con Juan Fernando Vargas, profesor titular del la Universidad del Rosario, acompañaron este conversatorio para informar sobre la situación de los líderes y lideresas en el escenario del posacuerdo. ¿Quiénes los están matando?, ¿cuáles son los posibles motivos?, ¿cuál es la percepción sobre la gestión de las instituciones? Fueron estas algunas de las preguntas que proporcionaron el hilo conductor de este diálogo. 

Matar líderes: ¿qué puede estar pasando?

El profesor Vargas fue uno de los autores del informe “Matar a líderes sociales para el control territorial. Las consecuencias inesperadas de la paz”. De acuerdo con Vargas, el asesinato de líderes es un fenómeno sistemático que debe ser reconocido como tal: “es un fenómeno que tiene causas políticas evidentes, pero a pesar de eso, hasta hace poco comenzó a ser estudiado de manera rigurosa”, expresa el profesor. La falta de identificación de patrones comunes ha sido otro de los obstáculos que, según él, ha impedido que se establezca una mayor comprensión de los motivos centrales.

En términos de temporalidades, después del primer semestre del 2015, como establece Vargas, se presenta un aumento considerable de los asesinatos de líderes. De ahí que se facilite la elaboración de hipótesis y el cuestionamiento sobre afirmaciones tales como la exacerbación de estos hechos después de la firma de los Acuerdos en 2016: “¡Al parecer no es así! Este fenómeno se exacerbó dos años antes de la implementación del Acuerdo de Paz. Entonces la respuesta no puede ir por ese lado”, afirma.

Bajo este análisis, el profesor Vargas llamó la atención sobre la decisión de la entonces guerrilla de las FARC de aceptar un cese al fuego. Este hecho, ocurrido en diciembre de 2014, es para Vargas una de las causas del aumento de asesinatos. La paradoja para el profesor se presenta a simple vista: ¿a qué se puede deber el aumento de asesinatos en un periodo en donde hay un cese al fuego? “Una de las estrategias de grupos al margen de la ley para controlar territorios estratégicos es el asesinato selectivo de civiles”, sostiene Vargas. Es ahí donde los líderes de las comunidades se convierten en el objetivo militar directo de estos grupos armados.

El impedir la acción colectiva de las comunidades por medio de la coacción armada y violenta es, desde la perspectiva del académico, uno de los motivos del asesinato. “Nuestra hipótesis es que, una vez las FARC decretó el cese al fuego, de facto, se convirtió en una invitación a otros grupos armados al margen de la ley que no hacían parte de la negociación de paz, como bandas ‘neoparamilitares’, de ocupar los territorios dejados por el entonces grupo guerrillero. Ya no encontrarían resistencia armada”, afirma.

Estos efectos, según el profesor, también dan cuenta de una falencia del gobierno al momento de la negociación. “Hizo falta una estrategia de consolidación de una presencia institucional de seguridad, justicia y desarrollo económico en esos territorios. Ese vacío facilitó la apropiación de esos espacios por parte de los otros actores armados”, sostiene Vargas. De ahí que se desprenda el asesinato selectivo de líderes sociales como estrategia de control de los nuevos grupos armados al margen de la ley.

No obstante, en el informe se ha logrado identificar de una manera parcial a los perpetradores de los homicidios. Los ‘neoparamilitares’ y el ELN, según Vargas, fueron los principales victimarios identificados. Además, el académico resalta que estos asesinatos no necesariamente se intensifican en zonas donde haya presencia de cultivos ilícitos o de minería ilegal, pero sí en zonas donde hay demandas de restitución de tierras, “es ahí donde la situación es más grave. No estoy diciendo que la restitución de tierras explique el asesinato de líderes, pero sí es un factor que lo agrava”, dice Vargas.

Para una mayor comprensión del fenómeno, han sido varias las organizaciones defensoras de derechos humanos que se han asociado para obtener una lectura integral y sólida del asesinato a líderes. El Programa Somos Defensores, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la Federación Comunal, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), el Cinep/Programa por la Paz, entre otros, son un ejemplo de asociación que tiene por objetivo una aproximación a los métodos y causas del asesinato de líderes.

Las organizaciones arriba mencionadas eligieron el periodo del posacuerdo (1 de enero de 2016 – julio de 2018) para desarrollar el análisis del fenómeno. “Cruzamos todas nuestras bases de datos y encontramos 343 casos de asesinatos. Sobre esa cifra estuvimos trabajando”, afirma la coordinadora del Programa Somos Defensores, Diana Sánchez. Dentro de los resultados obtenidos, Sánchez resaltó algunos patrones críticos dentro del fenómeno del asesinato de líderes sociales: “El gobierno insiste en que no hay sistematicidad, que son casos aislados y no tienen conexión. Podríamos pensar que efectivamente no hay una organización delictiva a nivel nacional que esté haciendo todo, pero sí hay un patrón común: están matando líderes sociales”, expresa Sánchez.

Es a partir de este patrón común que, según la coordinadora, es necesario prender las alarmas. De la misma forma, han identificado que estos asesinatos están muy relacionados con el intento de implementación de los pactos provenientes del Acuerdo de Paz. Otro patrón en el tipo de víctimas es que los líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) son las personas más afectadas por este tipo de violencia. “Las JAC son las organizaciones base del país, y son sus líderes los que están enfrentados a todo tipo de agresiones”, dice Sánchez. A lo anterior se suma que se ha descubierto la contratación de sicarios para los asesinatos: “eso quiere decir que hay alguna estructura detrás de los asesinatos. Para pagar sicarios debe haber una estructura criminal que lo haga, no puede ser aislado”, sostiene.

De otra parte, la coordinadora rescata que después del Acuerdo hubo una mayor sensibilización hacia la tarea que realizan los líderes sociales. Antes, según Sánchez, se representaba al líder social como un individuo que no actuaba por autonomía, sino por manipulación de guerrillas u otros grupos al margen de la ley. “Esto significa que el liderazgo social recobró la independencia que había perdido”.

Lo anterior, sin embargo, se ven truncado por los pocos avances en términos de esclarecimiento de los hechos que presenta la Fiscalía General de la Nación. Sánchez recalcó que la Fiscalía tomó como universo los asesinatos que se produjeron desde el 2016 hacia adelante: un total de 194 casos. De esos casos, afirmaron que un 50 % se había logrado esclarecer. Sin embargo, la coordinadora indica que este ‘esclarecimiento’ no necesariamente hacía referencia a condenas emitidas (que son, para Sánchez, el verdadero indicador de esclarecimiento), sino que también incluían las imputaciones. El criterio de ‘imputación’ se define como la etapa en la que la Fiscalía determina quiénes pueden ser los posibles responsables de los asesinatos. “Cuando fuimos a mirar, en realidad había 16 sentencias, es decir, un 8.5 % de esclarecimiento. No hay tal para decir que hubo un 50 %. Eso es lo que queda frente al mundo y el país. Eso es manipulación”, recalcó.

Por otra parte, Sánchez sostuvo que otra incompatibilidad que se presenta es con la identificación de los victimarios. Para la coordinadora las Fuerzas Militares también han sido identificadas como responsables de los asesinatos. “Siempre nos ha coincidido que las Fuerzas Militares y el ELN se compiten los números: están entre 6 y 7 asesinatos de líderes sociales al año. El gobierno presenta siempre al ELN como el victimario principal y no es así”, expresa. No obstante, la coordinadora del programa Somos Defensores fue enfática en afirmar que son responsables desconocidos quienes han cometido la mayoría de asesinatos.

Ante este escenario, Sánchez manifestó la preocupación por las incoherencias e inconsistencias que se han presentado desde el Gobierno y agentes del Estado como la Fiscalía. Este sentimiento se basa en las contradicciones evidentes en los reportes sobre avances en la investigación de los asesinatos a líderes sociales. Para Sánchez, es necesario enfocarse en la identificación de los actores que perpetúan estos crímenes.

Algunas cifras

Vale la pena destacar algunas cifras de los informes que fueron insumos de la conversación en Diálogos Cinep/PPP:

“Matar a líderes sociales para el control territorial” anotó que la evolución del asesinato de líderes sociales y de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC pasó de 30 asesinatos en el primer semestre de 2015, a más de 45 en el segundo semestre del 2017. Por su parte, Somos Defensores registró que para el tercer semestre de 2018 se presentaron 32 asesinatos a líderes sociales. Otros tipos de violencias identificadas, para ese mismo periodo, por la organización fueron: amenazas (87 casos), atentados (5 casos), detenciones arbitrarias (2 casos), judicializaciones (1 caso) y robo de información (1 caso). Esto dio un total de 128 agresiones individuales.

En cuanto a presuntos responsables, el informe titulado “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Posacuerdo”, resultado de la alianza de varias organizaciones sociales, identificó que entre julio y septiembre de 2018 un 59.3 % se atribuían a paramilitares, un 34.4% a desconocidos, 4.7% a la fuerza pública y un 1.6 % a guerrilla. 

 Video completo de #DiálogosCinep Nos siguen matando: asesinato de líderes sociales en el posacuerdo

 

Sergio Mahecha Jaimes
Equipo de Comunicaciones