La expresión dialogo social está en auge. El proceso de paz inundó nuestro tejido social, académico y de intervención no gubernamental con numerosos proyectos y experiencias. Términos tan llamativos como diálogos improbables, entre opuestos, interculturales, interétnicos; así como intrépidas apuestas por la reconciliación, parecen ser el pan de cada día, en medio de las dificultades en la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, a pesar de su utilización en el lenguaje común, en el político y en diversos documentos internacionales, la definición del “diálogo social” aún parece ser poco clara en términos de precisión conceptual. Tal vez esa relativa indefinición sea parte de su misma utilidad. Como sea, parece ser una realidad que el diálogo social llegó para quedarse, sobre todo en un contexto en el que los pobladores rurales se esfuerzan por construir nuevas realidades de convivencia y paz. Así, ante la fragilidad de la implementación de los acuerdos de paz, la reconfiguración de dinámicas armadas y persecución a liderazgos sociales, además de otras problemáticas y retos identificables, la sociedad civil y los procesos de diálogo y articulación se constituyen en elementos claves para avanzar en la generación de condiciones para la construcción de paz en los territorios.
De esta manera, la convocatoria para el No. 214 de la Revista Controversia invita a participar a las personas interesadas en postular artículos que contemplen experiencias de diálogo social desde una perspectiva amplia que permita la articulación de sectores sociales diversos, con un especial interés en los temas de construcción de paz, ordenamiento territorial, sostenibilidad ambiental y diálogo comunitario.
Los autores de fuera de Colombia pueden participar con documentos sobre procesos semejantes en los que la sociedad civil, el diálogo social y la construcción de paz territorial aporten a enriquecer el debate desde otros escenarios.
Fechas:
- Apertura: 1 de junio de 2019
- Cierre: 30 de septiembre de 2019
- Publicación: febrero de 2020
- Editor del dossier: Carlos Duarte
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El Congreso LASA, organizado por Latin American Studiess Association, promueve una visión hemisférica de justicia e inclusión, teniendo presente el contexto político mundial en el que se resalta un fenómeno de separación en lugar de fomentar la justicia social y la democracia. En esta ocasión Cinep/PPP hizo presencia por medio de tres investigadores del área de Conflicto y desarrollo y por medio de algunas de sus publicaciones.
El 2 de mayo el stand de la Universidad Javeriana en la Feria del Libro se convirtió en el escenario en el que Cinep/PPP lanzó una de sus más recientes publicaciones: “De encuentros y desencuentros: reflexiones sobre la educación intercultural desde una experiencia en el Caribe colombiano”. El libro, escrito por Leidy Laura Perneth, Jenny Paola Ortiz, y Andrea García, da cuenta del proceso investigativo en el proyecto “Educación intercultural por la defensa de los derechos de los grupos étnicos” implementado por Cinep/PPP durante el 2016 y 2017 en el Sur de La Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta y Cartagena.
La riqueza cultural de Colombia es evidente, y estos tres territorios son testimonio de la confluencia de múltiples grupos étnicos diferentes entre sí, pero habitantes de la misma tierra. Por esta razón, el proyecto tenía el objetivo de construir una mirada en conjunto de la región y contribuir al reconocimiento de los derechos de los grupos étnicos.
Durante el lanzamiento, Perneth habló sobre la importancia de la interculturalidad, pues ésta permite analizar las relaciones de poder. Planteó, además, que una de las discusiones más importantes que surgió durante el proceso fue sobre si el sistema educativo realmente está atendiendo a las demandas de las comunidades, o si sólo busca institucionalizarlas.
El libro, como lo aseguró Eduardo Restrepo en el lanzamiento, hace énfasis en aspectos étnicos, raciales y de género. Y es que son precisamente esos temas los que han permitido jerarquizar las diferencias entre diversos grupos. Perneth agregó que este énfasis se hace porque es desde la educación intercultural que se pueden cuestionar a los sujetos y así comprender la construcción de una sociedad desigual.
El lanzamiento contó con una exposición fotográfica que mostró a los diversos actores que hicieron parte del proyecto. Los espacios pedagógicos se enfocaron en formación a profesores en educación intercultural, formación política dirigida a líderes sociales, y formación en investigación local participativa para jóvenes.
Para Martha Cecilia García, investigadora de Cinep/PPP, este “es un libro muy valioso porque junta práctica y acción. Plantea tres problemas en contextos muy diferentes pero que afectan a las comunidades de Cartagena, La Guajira y la Sierra Nevada”.
Eduardo Restrepo mencionó la valentía que tuvieron las autoras al hacer dos cosas esenciales: no cortar la voz de las comunidades y lograr un libro “de crítica y autocrítica, pues no sólo cuestiona las problemáticas sociales a las que se enfrenta, sino que también es sincero con el lector sobre el mismo proceso investigativo”. Esto lo hace en referencia a la observación que hacen quienes lo escribieron sobre las dificultades que implica tener un enfoque de género riguroso en una investigación.
A partir de esas experiencias, las autoras concluyeron en la publicación que la educación intercultural “es un campo permanentemente abierto y conflictivo, sin posibilidades ni aspiraciones de clausura”. Por esto, consideran esencial seguir ahondando y creando ejercicios que permitan la reflexión sobre temas que de allí se derivan.
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Laura Cristina Vasquez
Equipo de comunicaciones
En su segunda edición del año, Diálogos Cinep debatió sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), su relación con el Acuerdo de Paz y la economía nacional. En él, participaron Ricardo Bonilla González, economista y ex secretario de hacienda de Bogotá y Consuelo Corredor y Víctor Barrera, investigadores del Cinep/PPP.
Edmer Tovar, editor de Portafolio, fue quien moderó el panel y empezó su presentación afirmando que el Senado no revisó el PND, sólo le dio el visto bueno a lo presentado por la Cámara de Representantes. En su primera pregunta trajo a la conversación la relación entre la implementación del Acuerdo de Paz con este plan que presentó el gobierno el 6 de mayo .
Sobre esta incógnita, Consuelo Corredor afirmó que en el Acuerdo Final se establecieron mecanismos que permiten la sostenibilidad de los compromisos allí establecidos, lo que lo hace un acuerdo no de gobierno, sino de Estado. Dentro de esos compromisos está la obligación que tienen los cuatro gobiernos siguientes a la firma de incluir los compromisos del acuerdo en los Planes Nacionales de Desarrollo y un plan plurianual de inversiones para la paz. Este plan, según Consuelo, no se implementó a cabalidad.
Según la investigadora, el punto 1 del Acuerdo de Paz, que trata sobre una reforma rural integral, es el punto que más presencia tiene en el PND. Sin embargo, aclara que no todos los puntos relacionados con esta reforma hacen presencia en el PND como se esperaría, por lo que se debe indagar qué tanto se recoge lo del Acuerdo Final. Con respecto al punto 3, relacionado con la reincorporación y el fin del conflicto, Corredor hizo énfasis en que, incluso desde que Iván Duque era candidato a la presidencia, éste señaló la importancia de que la reincorporación se diera y llegara a feliz término. Sin embargo, la sustitución de cultivos ilícitos no está planteada plenamente como debería. Su conclusión más importante fue el planteamiento de que “hubiese sido deseable aprovechar el Acuerdo de Paz para trazar un sendero relacionado a la paz en el PND”.
Por su parte, Víctor Barrera planteó la importancia de tener claros cuáles son los criterios para evaluar un PND, especialmente en el contexto tan particular del país. Explicó que se deben tener claras tres características para evaluarlo correctamente: primero, el diagnóstico sobre los problemas generales del país; segundo, las estrategias que se plantearon y si son las adecuadas para resolver los problemas; y tercero, las metas que son los elementos que permiten evaluar después de cuatro años si el PND funcionó o no. Barrera destaca que en los primeros dos puntos este plan sí está acertado, pero su gran equivocación yace en plantear metas imposibles de cumplir.
Además, recalcó que en ningún PND la participación política y ciudadana ocupan un papel central, incluyendo este. Un elemento que preocupa al investigador son las menciones de conflictividad que se hacen a través del documento y la falta de ajustes normativos para garantizar la protesta social.
Ricardo Bonilla respondió a la pregunta sobre las expectativas de lo que se incluyó en el plan y lo que no. Su intervención comenzó con la aclaración de que un PND no se le puede negar a ningún gobierno porque es su potestad plantearlo. En el Congreso se puede negociar lo que cada bancada desea incluir, pero el problema es que esos debates quedaron invisibilizados por los diálogos en torno a la JEP. Por falta de tiempo, “fue la Cámara de Representantes la que hizo un estudio más juicioso, pero el Senado no tuvo tiempo por la negligencia de Matías. Al final, implementarlo fue decisión por pupitrazo”.
Según Bonilla, el enfoque económico del PND se basó en la idea de que el gobierno anterior dejó un déficit de 25 billones de pesos, pero nadie sabe de dónde salió esa cifra. Entonces manifestó que lo que puede hacer este gobierno es plantear un plan y luego no cumplirlo porque no hay mecanismos reales en Colombia que evalúen la implementación de los PND. Sobre la paz, afirmó, no hay recursos específicos planteados sino programas generales.
Edmer Tovar intervino luego sobre los ejes bajo los cuales se entiende el PND: Legalidad + Equidad = Emprendimiento. Para Corredor, esta estructura es confusa y compleja porque “es una ecuación que no tiene sentido”. Para Barrera, hay algo que añade un mayor grado de dificultad y es que “hay una apuesta por la legalidad, y las discusiones sobre la legalidad casi siempre terminan en dilemas morales”. Para Bonilla, la idea de emprendimiento que maneja el actual gobierno se basa en un concepto de economía naranja en el que se desarrollan aplicaciones y servicios sin garantía de condiciones de formalidad para sus empleados.
Los tres estuvieron de acuerdo en que, aunque el Plan Nacional de Desarrollo debe cubrir más que la implementación del Acuerdo de Paz, sí se debieron incluir más garantías para la implementación de este. Las elecciones que se llevarán a cabo en octubre para elegir gobernadores y alcaldes pueden ser una oportunidad, porque en el marco de la implementación se afirma que los planes regionales de desarrollo deben incorporar asuntos relacionados con el Acuerdo Final.
Laura Cristina Vasquez
Equipo de comunicaciones
Las memorias son formas de traer el pasado al presente y proyectarlo al futuro. En ese sentido adquieren de nuevo vida dándole sentido a los grupos humanos para su existencia y constituyéndose en fundamento de sus identidades. Pero la memoria no es una sola, es plural y heterogénea, y suele entrar en disputa con otras por el sentido de ese pasado en conexión con el presente. Lo mismo se aplica para los movimientos sociales en general, y con más razón, para los colombianos dado el contexto actual en el que tiene tanta importancia los trabajos de la memoria, y no solo de las víctimas directas de la violencia. Hacia allí apunta el sistema de justicia transicional implementado por los acuerdos de La Habana y en especial el trabajo de la Comisión de Verdad. Ahora bien, no toda memoria se construye sobre traumas violentos, las hay también sobre logros y triunfos, e incluso sobre episodios cotidianos no necesariamente épicos.
En esta convocatoria del número 213 de la Revista Controversia se busca reflexionar sobre eventos y contextos de memorias disputadas en los movimientos sociales colombianos y del continente.
Fechas:
- Apertura: 15 de diciembre de 2018
- Cierre: 29 de marzo de 2019
- Publicación: junio de 2019
- Editor del dossier: Javier Lautaro Medina
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