Es común ver en las protestas sociales la acción del Esmad pero a diferencia de lo que se cree sólo el 3% de los eventos registrados entre 1975 y 2016 por la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep/PPP presenta disturbios en su realización[1]. Sin embargo, el cambio de actitud de la fuerza policial en las protestas sociales cambiaría la forma en cómo nacionalmente se comprenden y esto lo entendieron los investigadores del Cinep/PPP.
En la búsqueda de un aporte para la construcción de la paz, tras la firma del Acuerdo Final, la Policía Nacional por medio de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), creó un modelo de construcción de paz con el fin de generar un servicio de policía diferenciado, focalizado y articulado que fomente la paz territorial y la solución comunitaria de conflictos para generar una paz estable duradera, así lo relata la coronel Alba Patricia Lancheros Silva, jefe de la Unidad.
Para la creación de este servicio, la Policía Nacional decidió contactarse con diferentes organizaciones y crear estrategias de trabajo en conjunto. Así fue como se hizo un convenio con Alianza para la Paz, Interpeace y Cinep/PPP para la creación del proyecto “Transformación de Conflictos Sociales y Paz Territorial” que tenía como objetivo capacitar a los policías para prevenir y manejar la violencia derivada de los conflictos sociales en los territorios.
Su desarrollo se hizo desde diferentes aristas. Primero, se construyó un perfil de policía con énfasis en diálogo y trabajo comunitario, después se hizo una convocatoria interna en la Unipep a la que se presentaron 80 policías a quienes se les aplicaron pruebas psicotécnicas y de personalidad, se revisó su hoja de vida y finalmente se seleccionaron 31 policías. Según Víctor Barrera, coordinador de la línea de Conflicto y Estado del Cinep/PPP, “hubo un filtro que tenía que ver que no existieran antecedentes de choque con las comunidades, o estar en unidades de la policía que se caracterizan por reaccionar con la fuerza más que otras. Entonces obviamente aquí esperamos que fueran más personas de vigilancia, patrulleros, que permitieran trabajar sobre la base de la experiencia previa”.
Segundo, se realizó un diagnóstico acerca de conflicto social a nivel nacional tomando como énfasis la protesta social. Para ello, comenta Barrera, “la información del Cinep fue como la columna vertebral de todo el proyecto, nos permitió mirar los datos, analizarlos y trabajarlos para identificar qué municipios tomar y nos permitió construir la línea base de los diagnósticos municipales que fue la información previa que se llevaron los equipos de Mediación y de Diálogo para trabajar en los territorios”. Esta información contenía las dinámicas de protesta social en el territorio, el tipo y estructura de las organizaciones y los reclamos, lo cual, les permitió “diseñar una estrategia un poco anticipada para poder aproximarse a los líderes y construir confianza con las comunidades con las que trabajaron”, añadió Barrera.
Tercero se construyó una definición de protesta social en conjunto donde se analizaba las percepciones que tenían los involucrados. “Un policía cuando va y atiende, él lo identifica como una aglomeración de personas en espacio público”, comentó Barrera, por ello se trabajó en una definición de protesta más amplia y que involucra lo que esta representaba. La protesta social, para el proyecto, quedó definida como “una acción colectiva que tiene dos características: que es contenciosa y no convencional. Lo contencioso quiere decir que es un desafío público al poder, a cualquier instancia de poder, sea el Estado o sea un ente privado, en una asimetría de fuerzas. Lo no convencional, es entenderla como una acción colectiva que no sigue unas pautas establecidas, un reglamento o alguna regulación”, indicó el investigador.
Con esta información se escogieron cinco municipios (Puerto Asís, Putumayo; Buenaventura en el Valle; Chaparral en Tolima; Apartadó en Antioquia y Montelíbano en Córdoba) donde se pudieron observar las distintas tendencias de protestas. Se trataba de “municipios muy fríos en protesta social, municipios muy calientes, municipios donde hubo mucha protesta social en los ochentas y luego disminuyó”, aclara Barrera. También pudieron identificar el rol de los policías y los resultados, como se muestra en el siguiente mapa.
*
Rompiendo prejuicios
Para la capacitación, “entendimos un poco cuál es el procedimiento y qué dificultades se enfrentan en el servicio de policía”, comenta Barrera, “el policía es por definición práctico, no es teórico, siempre está en un límite entre la extralimitación y la omisión; por eso, ellos tienen un arreglo informal y es: ‘el mejor procedimiento de Policía, es el que no se hace’”. Según el investigador esto quiere decir que un policía nunca quiera aplicar un procedimiento porque sabe que esto tiene unas consecuencias y asume unos riesgos y “así sea el mejor procedimiento ajustado a la norma, siempre va a haber alguien insatisfecho”, dice.
Al entender estas percepciones, los investigadores empezaron a trabajar dos componentes: uno teórico y el otro de formación emocional. En el primero, “se buscó fortalecer principalmente la capacidad de entender mejor los conflictos y su dinámica en la sociedad, a partir de un análisis contextual, participativo e histórico”, comenta la coronel Patricia de la Unipep. Y en el segundo, se les brindaron herramientas de manejo de emociones, comunicación asertiva, formas de acercamiento a las comunidades y el uso del lenguaje.
En territorio uno de los aprendizajes que mayor se vio representado fue el control de emociones, así lo recuerda Víctor Barrera: “las primeras sesiones siempre eran una hora o una hora y media de comunidades señalando a los policías de todos los antecedentes de abuso que habían tenido y los policías manejando emociones, interactuando con las comunidades y tratándoles de decir que ellos estaban precisamente para hacer un trabajo distinto al que habían hecho otros policías”. Para la coronel Patricia este ejercicio permitió tender puentes entre la institucionalidad y las comunidades, resaltando el rol mediador de la Policía y aclarando que “la mayoría de inconformidades sociales no estaban relacionados con Policía Nacional, sino con otras instituciones del Estado y entidades privadas”.
Una de las cosas que reconoce Víctor Barrera es que la formación se dio en muchas vías, una de ellas fue el cambio que sufrieron los investigadores del Cinep/PPP acerca del quehacer policial, “la realidad es mucho más compleja que un policía que van con un bolillo a pegarle a la gente, digamos, esa es como la imagen que se tiene y realmente eran policías que tenían mucha dificultad para operar, dificultades en el servicio, que enfrentan grandes dificultades emocionales para tramitar todo eso que tiene”.
Estas jornadas de capacitación también permitieron vislumbrar reglas informales que se daban en el tinto, en la conversación o en el almuerzo y que no irradiaban a toda la institución porque los policías podrían tener un problema con su superior o un proceso disciplinario. Un ejemplo que llamó mucho la atención del equipo de investigación del Cinep/PPP fue el trabajo que iniciaron los policías con la Universidad Surcolombiana, en Neiva, que se caracteriza por una enemistad histórica entre estudiantes y policías. Los estudiantes al verse afectados por la infiltración de ‘capuchos’ en la protesta, ya que deslegitiman su reivindicación, comenzaron a hablar con los policías. Por debajo de cuerda, les indicaban cuando conocían que se iban a meter a la marcha para que los policías los capturaran. Otro ejemplo eran los espacios de diálogo que se abrían entre las comunidades indígenas y el Esmad cuando el conflicto había escalonado en violencia entonces “eran los dos cansados de haberse agarrado todo el día, un líder indígena y alto rango del Esmad se sentaban a conversar y decían está muy berraco, yo estoy mamado, usted esta mamado paremos dos horas y volvemos en un rato”, cuenta Barrera.
La protesta en escena
Dentro del proyecto se incluyó, además, un componente dedicado a los medios de comunicación debido a la identificación como tercer actor, que no participaba en la protesta, pero tiene un efecto importante en su interpretación y en las decisiones políticas que se realizan al respecto. Por ello, el trabajo se centró en “generar un espacio académico de formación y debate sobre la forma de narrar el conflicto y de la protesta social en el país, en específico, en los municipios priorizados”, aclara la coronel Patricia.
Estos encuentros sirvieron para entender, con ejemplos concretos, cómo los periodistas cubrían la noticia. Como el caso del corresponsal de RCN en Putumayo, así lo narra Víctor Barrera, “él es un contratista, con una precariedad laboral brutal que tiene que ir por la chiva, por la novedad, que bajo la línea editorial del medio para que se lo publiquen. Y por ser de RCN, por tener solamente un chaleco, se le cerraban un montón de puertas. Entonces en eventos de protesta social, nadie le daba entrevistas, él no es que no quisiera entrevistar a los cocaleros, eran los cocaleros diciendo usted es RCN, ustedes nos estigmatizan entonces no le vamos a dar entrevistas”.
En estos espacios también fue posible que Consejo de Redacción y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) mostrarán sus resultados y análisis sobre las infracciones cometidas por los policías a los periodistas y a pesar de la resistencia inicial se logró entablar un diálogo para mirar cómo los periodistas podrían hacer un cubrimiento más habilitante al derecho de la protesta y, a la vez, cómo la Policía les podía generar mayores garantías en situaciones de protesta social.
Aprendiendo juntos
El desarrollo de este proyecto les dejó muchos aprendizajes tanto a la Policía como al equipo de investigadores del Cinep/PPP. El más básico, para Barrera, era conocer “las condiciones específicas bajo las cuales ellos están desarrollando su servicio” superando el estereotipo de que “los policías pueden hacer lo que se les da la gana” y comprendiendo la carga emocional que esto conlleva. Para la coronel Alba Patricia, los aprendizajes son dos: el diálogo y el trabajo en equipo, que “no serían nada novedoso, ese es uno de nuestros fines, pero que en estos territorios se ha notado de manera diferencial”.
Del trabajo en conjunto, la coronel reconoce este hecho como algo histórico puesto que “nunca se había realizado entre dos instituciones tan distintas en pensamiento e interpretación de la realidad social” y fundamental, ya que, “la visión del Cinep/PPP muy diferente a la nuestra permitió encontrarnos a sí mismos como institución, los acercamientos con varias organizaciones sociales nos permitieron recomponer relaciones con distintos grupos y movimientos que aportaron en el desarrollo exitoso al proyecto”. Para Barrera fue “un mensaje público muy poderoso en términos de decir Cinep/PPP y Policía estamos sentándonos a hablar sobre garantías de protesta y tomando acciones concretas para que esto suceda”.
Los resultados del proyecto son la creación de un perfil con énfasis en diálogo y acercamiento comunitario, un diplomado en Transformación Pacífica de Conflictos Sociales, un diagnóstico nacional y territorial de conflictividad social de la cual nace una estrategia de relacionamiento interinstitucional y una Guía de Transformación de Conflictos Sociales en el Servicio de Policía. El más importante para la Coronel Alba Patricia, “un incremento de confianza e imagen institucional en los territorio intervenidos” y según Barrera, el éxito del proyecto esta en que las comunidades ahora demanda este servicio de policía y los comandantes de los departamentos, al principio desconfiados, reconocieron su labor.
La segunda fase de este proyecto ya está en planeación. En ella se piensan adicionar de 10 a 15 municipios y formar a 250 policías. Se buscará dar a conocer a las comunidades sus servicios y que estos sean los que soliciten el servicio. En las capacitaciones se quiere continuar con el aprendizaje basado en la experiencia, en donde los mismos policías generen las soluciones a las dificultades a las cuales se enfrentan. Porque como lo dice la coronel Patricia “trabajar por la paz de Colombia vale la pena”.
[1] Policía Nacional, Alianza para la Paz y Cinep/PPP. (2018). Transformación de Conflictos Sociales. Diagnóstico Participativo.
*La información presentada en el mapa fue recopilada en la entrevista a Víctor Barrera, coordinador de la línea de Conflicto y Estado del Cinep/PPP.
Lida Bocanegra
Equipo de Comunicaciones
El anuncio de “la continuación de la lucha guerrillera” por algunos excomandantes guerrilleros "Iván Márquez", "Jesús Santrich", y alias "El Paisa" junto con, aproximadamente, 17 hombres y mujeres, conocido el 28 de agosto pasado, no supone una crisis, una parálisis o una ruptura del proceso de paz. No es de esperar que tenga un efecto negativo sobre el proceso de implementación del Acuerdo Final, como tampoco un efecto de repudio a los compromisos del Acuerdo por parte del Gobierno nacional u otras instituciones estatales. Por el contrario, podría ser una oportunidad y servir de catalizador para que el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales aceleren la implementación a nivel operativo.
"Hemos estado en la retadora tarea de ser un equipo con la misión de trabajar en nuestro complejo país por una sociedad justa, sostenible y en paz. Hemos logrado, desde cada equipo, importantes resultados, hemos afrontado desafíos, con limitaciones y desaciertos, con incertidumbres, pero, afortunadamente, con el ánimo de seguir luchando y aportando para que este país supere sus inequidades, sus desigualdades, exclusiones y prosperen los procesos de desarrollo y paz con justicia social." Luis Guillermo Guerrero, director de Cinep/PPP.
Presentamos a nuestros aliados de sentido el informe de gestión del año 2018. Encontrarán el reporte de publicaciones, las lecciones aprendidas, las acciones por área, la síntesis de logros entre otros procesos que resumen nuestro accionar del 2018.
Desde el inicio del proceso de negociación entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP hemos manifestado nuestra convicción de que la salida negociada es la única forma de poner fin al conflicto armado. Por esta razón rechazamos el anuncio de Luciano Marín alias 'Iván Márquez': Seuxis Pausias Hernández alias 'Jesús Santrich' y Hernán Darío Velásquez alias 'El Paisa', entre otros, sobre el retorno a la lucha armada.
“Personas desconocidas asesinaron, con arma de fuego, a Carlos Augusto Panesso, cuando salía su casa.
Carlos Augusto era un reconocido líder de la comunidad LGTBI y miembro activo de la Fundación Arco Iris de Tumaco.
Además, estaba en Tumaco como desplazado. Este es el segundo hecho ocurrido en la misma semana contra miembros de la comunidad LGTBI”.
Memorias para la Vida y la Paz, Tumaco, Nariño, 2017.
En el marco del conversatorio Situación de Derechos Humanos en el departamento de Nariño, Cinep/Programa por la Paz entrega y socializa Memorias para la Vida y la Paz, una línea de tiempo que busca “hacer un homenaje y reconocimiento a la vida de tantos hombres y mujeres que lucharon por tener mejores condiciones de vida, lograr el cumplimiento de sus derechos y construir la paz”. Este trabajo fue realizado en el marco del convenio Construyendo Paz con equidad desde Nariño, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Memorias para la vida y la paz reconstruye la victimización sufrida por la población civil y permite demostrar cómo estas dinámicas no son recientes en el departamento. Para Fernando Sarmiento, coordinador del equipo Iniciativas de Paz del Cinep/PPP, “desde mediados de los años 90 se ha mostrado esta situación de victimización - asesinatos, heridas, secuestros, desapariciones o desplazamientos forzosos, etc.- en Nariño con unos picos grandísimos en los años 2000 y 2006; pero que vienen todavía incrementándose hasta llegar al año 2012, donde hay un mayor grado de victimización hasta llegar un punto de 415 víctimas”.
A pesar de que antes y al inicio del Proceso de Paz en la Habana se dio un incremento en las victimizaciones, durante la negociación hubo una disminución de esta, que se volvió a incrementar tras la firma del Acuerdo de Paz. Según Sarmiento, este aumento “hace parte de este proceso de victimización de líderes sociales en el país”.
La información de esta línea de tiempo recoge las cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. En el proceso no se involucraron organizaciones de derechos humanos del territorio debido a las implicaciones de seguridad, como lo comenta Sarmiento: “nosotros no pusimos logos de organizaciones, redes o plataformas con las que nosotros trabajamos en el territorio; pusimos solamente los logos nuestros y de organizaciones internacionales porque nosotros podemos decir que tenemos esta información. Eso con el sentido de no comprometer a la gente en el territorio”.
La línea se divide en tres aspectos: cronología, georreferencia y tipología. En el primer aspecto, como lo dice Alejandro Angulo, S.J., “la inseguridad producida por este Estado de guerra crece con el transcurso del tiempo: en el primer decenio, el promedio de civiles victimizados fue de 22, en el segundo decenio, 175, y en el tercer período, que solo cubre 7 años, el promedio asciende a 243”. Por su parte, en la georreferencia, Camilo Hernández, investigador del equipo Iniciativas de Paz del Cinep/PPP, determina que el principal escenario de la guerra en los últimos 25 años se da en la zona pacífica, especialmente, en el municipio de Tumaco con más de 311 hechos y 430 víctimas. En cuanto a la tipología de la victimización, como se ve en la gráfica, se encuentran cuatro motivos principales: la violencia político-social, violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y acciones bélicas.
Para Sarmiento, la violencia político-social y las infracciones al DIH son las más preocupantes. La primera, porque “son líderes comprometidos en procesos sociales-políticos en el territorio y por tales razones los persiguen y esa victimización se presenta más en particular a partir del año 2000 hacia adelante” y, la segunda, debido a que es “accionar propio de los actores armados en el territorio”.
Esta lectura se relaciona con la encontrada en la línea de tiempo, en la cual, Yebrail Álvarez, analista del equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP, expone que “los sectores eclesiales y las organizaciones étnico-territoriales y campesinas denuncian que las autoridades civiles, militares y policiales no están protegiendo la vida, libertad e integridad de las comunidades, asimismo denuncian las acciones desarticuladas entre dichas autoridades, los organismos de control y las instancias de justicia”.
Esta línea de tiempo apunta a un proyecto mucho mayor por parte de la coordinación de los equipos Iniciativas de Paz y Derechos Humanos del Cinep/PPP. según informa Fernando Sarmiento “una de las cosas que queremos hacer con las organizaciones es documentar toda esta información. Entonces nos toca ponernos de acuerdo para lograr una articulación o coordinación y así conocer los casos, documentarlos, registrarlos, darlos a conocer e informar sobre la situación en el departamento”.
Además de crear esta articulación, Sarmiento considera necesario lograr una sostenibilidad en el tiempo por medio de una estructura organizativa debido a que “aunque estamos en un proceso de implementación de un Acuerdo de Paz, lo que estamos viendo es que la violencia, especialmente sobre sociedad civil y los líderes, está incrementándose”. Es necesario crear estrategias de coordinación con instancias gubernamentales como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría con el fin de “entregar una información sólida y mucho más actualizada”.
“Allá en el departamento hay un gran interés, las organizaciones con las que hemos hablado de derechos humanos están dispuestas a trabajar por este tema y sobre todo informar”, asegura Sarmiento. Y aclara que adicional a recoger la información, la idea es presentarla a la Comisión de la Verdad, como ya se hizo con la línea de tiempo Memorias para la Vida y la Paz.
Lida Bocanegra
Equipo de Comunicaciones