Hoy 1 de abril inicia el cese al fuego declarado por el ELN ante el #Covid19. El Cinep celebra esta decisión y está dispuesto a impulsar y tender puentes para restablecer el diálogo con esa guerrilla.

 

 

El Cinep/PPP, junto con otras organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas y ambientales, se une al llamado a la acción urgente al gobierno nacional frente a los asesinatos de líderes y lideresas sociales y la violación de derechos de las personas privadas de la libertad. A continuación su comunicado completo. 

 Las organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas, ambientales y psicosociales, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional el asesinato, amenaza y persecución sistemática a defensores de derechos humanos, poblaciones campesinas e indígenas y líderes sociales en el país con preponderancia en los departamentos de Meta, Valle del Cauca, Putumayo y Chocó. Así mismo, denunciamos la violación a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad (PPL) en el marco de la Pandemia del Covid-19, y de quienes no cuentan con medios de subsistencia para asumir el aislamiento preventivo, exigiendo la protección del derecho a la vida, a la salud, al mínimo vital y a las garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y el cese de vulneraciones a los derechos humanos en los territorios.

De igual manera, solicitamos urgentemente a todos los actores armados, legales e ilegales: Pedimos actos de humanidad y respeto del Derecho Internacional Humanitario –DIH- y el Derecho Internacional de los derechos humanos –DIDH- a todos los actores armados, alto al fuego y cesar todo tipo de hostilidades, acciones bélicas para permitir la seguridad y tranquilidad de todos y todas en todo tiempo y lugar, en zonas urbanas y rurales cercanas y apartadas; respetar las misiones medicas, humanitarias y de transporte de alimentos. Es necesario esta muestra expresa de humanidad para contener la pandemia del Virus COVID 19. En estos momento se enaltece el valor de la vida como bien mayor de todos y todas, en la más extrema diferencia podemos aportar para que el impacto a los y las menos favorecidas sea mínimo.

 

A continuación el comunicado completo: 

Atendiendo al llamado de la ONU y la sociedad civil, el ELN ha declarado cese al fuego unilateral del 1 al 30 de abril como respuesta a la pandemia del Covid 19. La decisión trae alivio a las comunidades. Compartimos el comunicado de Defendamos la Paz:

 

Saludamos cese unilateral del ELN

Declaración de Defendamos la Paz

Desde el movimiento Defendamos la Paz, saludamos la decisión tomada por el Ejército de Liberación Nacional, ELN de declarar un cese unilateral por un mes, desde el 1 al 30 de abril, teniendo en cuenta los diferentes llamados hechos por las comunidades, sociedad civil y la comunidad internacional, especialmente el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres y su representante en Colombia, Carlos Ruíz Massieu.

En el contexto de la lucha por contrarrestar la pandemia del COVID19, este gesto del ELN genera alivio humanitario a las comunidades de las diferentes regiones del país que siguen viviendo el rigor de la violencia, lo que las hace aún más vulnerables ante la crisis sanitaria.

La declaración del cese unilateral se convierte igualmente en gran oportunidad de seguir avanzando en las condiciones necesarias para retomar el camino de los Diálogos de Paz entre esta guerrilla y el Gobierno Nacional y alcanzar una Paz Completa. Solicitamos al Presidente Iván Duque, responder positivamente a estas declaraciones hechas por ELN y facilitar un acercamiento.

De igual forma, saludamos la decisión del Gobierno Nacional de restablecer la condición de gestores de paz a Francisco Galán y Carlos Velandia, pues es un paso importante para retomar el camino de los diálogos. A ese propósito también puede contribuir, dar el mismo tratamiento al caso de Juan Carlos Cuéllar.

Reiteramos nuestro llamado a los diferentes grupos armados para que cesen todas las acciones en los territorios del país y no infligir más sufrimientos a las comunidades que enfrentan los riesgos de la pandemia del Coronavirus.

Colombia, 30 de marzo de 2020.

 

 

 

En medio de las múltiples crisis y desafíos a los que la sociedad ha tenido que enfrentarse a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, el movimiento Defendamos la Paz llama a la reflexión sobre el valor de la vida y los esfuerzos que debe poner en marcha el gobierno nacional para proteger a los más vulnerables. A continuación su comunicado completo:

 

Defendamos la Paz y defendamos la Vida

Declaración de Defendamos la Paz

Nuestra nación, como la humanidad entera, se enfrenta hoy a la pandemia. Desde el aislamiento obligado, hacemos esfuerzos por protegernos, por proteger a nuestras familias y a toda Colombia. Nos preocupamos por quienes no tienen los recursos mínimos para salir adelante en este difícil momento, por quienes están en primera línea trabajando en los hospitales curando a los enfermos, por quienes necesitan la atención prioritaria del Estado – como los habitantes de la calle y los trabajadores informales. Buscamos cada día contribuir con nuevos actos al propósito de derrotar el coronavirus. Es un momento para la acción, para plasmar en hechos concretos el amor por los seres que nos rodean, por el país y por el género humano.

Pero es también el momento de la reflexión. De pensar en el valor de la vida, en su fragilidad y en los cuidados que requiere. Esta enfermedad global nos ha puesto, como nunca antes en nuestra existencia, frente a la evidencia de que el modelo de sociedad predominante no ha valorado en debida forma la vida: ni la vida biológica de los seres humanos, ni las condiciones sociales para garantizar la vida digna, ni la vida del planeta y de todas sus especies.

Y en el caso de nuestro país, ese examen crítico pasa inexorablemente por cuestionar la inutilidad del conflicto armado, de la violencia omnipresente a lo largo de la historia colombiana, y de todo lo que ha sido puesto al servicio de destruir la vida en vez de protegerla y enaltecerla.

En nuestro caso, la protección de la vida está indisolublemente unida a la conquista del fin de la violencia. En este contexto, el movimiento Defendamos la Paz:

  • Se une al llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para decretar un alto al fuego en todo el mundo, que ha tenido como primer resultado la tregua bilateral e indefinida lograda en Filipinas. Llama a que en Colombia se imite este ejemplo, y a que todos los grupos armados cesen sus ataques, y a que las fuerzas militares respondan a esa acción humanitaria suspendiendo sus operaciones ofensivas.
  • Condena que en medio de la actual emergencia se siga asesinando a lideresas y líderes sociales, así como a exguerrilleros.
  • Pide que se promueva la cooperación humanitaria para resolver los problemas que genera esta crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Invitamos a todos los ciudadanos a que más allá de cualquier ideología, creencia o prejuicio, convirtamos esta difícil experiencia en nuestra gran oportunidad para comenzar a vivir en paz y de manera solidaria.

Colombia, 27 de marzo de 2020.

 

 

Sin agua ni alimentos, y en medio de la vulneración histórica de sus derechos, el pueblo Wayuú necesita medidas urgentes de parte del gobierno.  La pandemia del Covid y el confinamiento podría significar la extinción de este pueblo. Para presionar al Estado a cumplir con su mandato de proteger a los wayuú, este 27 de marzo se radicó una acción urgente ante diversas dependencias.

La emergencia sanitaria declarada a causa del Covid-19 aumentó las preocupaciones y riesgos en las comunidades vulnerables de Colombia. La Guajira es un caso especial pues allí el 26,5% de la población vive en pobreza extrema y se sufre la falta de acceso a servicios básicos como agua y alimentación.  Esto debido a las características geográficas del territorio como su naturaleza desértica, la precariedad de sus vías de comunicación, el abandono y la corrupción.

Una carta de acción urgente fue radicada el día de hoy bajo la autoría de la Veeduría Ciudadana de verificación a la implementación de la Sentencia T-302, como un llamado a que las instituciones gubernamentales garanticen de manera inmediata la pervivencia de la población Wayúu.

El Cinep/PPP, junto con la Asociación de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP), la Organización Indígena de Colombia (ONIC), y la experta independiente Omaira Ordúz, se encargan de verificar que se cumpla la Sentencia T-302 de 2017. Esta, ordena al Estado la construcción de una política pública que aumente la accesibilidad al agua en el territorio, mejore la atención alimentaria y garantice los servicios de salud.

Según la Veeduría, hasta el momento se siguen vulnerando los derechos básicos en la región, por lo que la pandemia podría significar la extinción de las comunidades indígenas y la muerte de su lengua y su cultura

Entre las exigencias se encuentra la implementación de medidas especiales de protección a la primera infancia para que no resulte especialmente afectada frente las medidas tomadas con la declaración del estado de emergencia. Además, se solicitan jornadas informativas que expliquen la situación actual de la pandemia a las comunidades, y las medidas que deben tomar para su prevención y tratamiento, junto con entrega de mercados básicos para las rancherías, y suministro permanente de agua.

Todo esto como parte de las obligaciones ya exigidas al Estado por la Constitución Política y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de proteger la diversidad étnica de la nación y preservar la integridad de las comunidades indígenas.

La carta de acción urgente fue enviada a las siguientes instituciones: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Corte Constitucional, Tribunal Superior de Riohacha, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección de Prosperidad Social, Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nacional, ICBF Regional Guajira, Superintendencia Nacional de Salud, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres, Gobernación de la Guajira, Alcaldía de Manaure, Alcaldía de Uribia, Alcaldía de Dibulla, Alcaldía de Maicao, Alcaldía de Albania, Alcaldía de Hatonuevo, Alcaldía de Barrancas, Alcaldía de Fonseca, Alcaldía de Riohacha, y Alcaldía de San Juan del Cesar.

A continuación la carta completa:

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Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.