Este 6 de octubre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 61 que evidencia un aumento progresivo en las victimizaciones desde 2019 y detalla como los territorios más afectados en el primer semestre de 2020 a Bogotá, Antioquia y Cauca; así mismo ubica como mayor violador de DD.HH. a la Policía. El caso de la minería de carbón, el ecocidio y el etnocidio en La Guajira también fue abordado revelando cómo, tras 40 años de explotación, no llega aún el prometido progreso.

El Banco de Datos presentó su habitual balance de Derechos humanos, DIH y violencia política en Colombia revelando que las regiones con mayor violación de derechos humanos en el primer semestre de 2020 fueron Bogotá D.C. con 182 victimizaciones; Antioquia, con 108 victimizaciones; y Cauca, con 46 victimizaciones.

Con la participación de Javier Giraldo SJ, Alejandro Angulo SJ, y Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP/PPP,  se desarrolló un conversatorio y rueda de prensa virtual donde se socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla.

Según el Informe, la Policía fue el actor que más violó los derechos humanos, tomando en 2020 el primer lugar que en 2019 ocuparon los paramilitares. Este año el actor con más casos violatorios de Derechos Humanos ha sido la Policía Nacional con 296 hechos, seguida de los grupos paramilitares, con 223; y el Ejército Nacional con 106 casos. De las acciones perpetradas por las unidades de la Policía Nacional, se detalla que detuvieron arbitrariamente a 173 personas, hirieron a 59 civiles y amenazaron de muerte a 37 más.

En la conversación se llamó la atención sobre el aumento de las victimizaciones en el último año y medio pasando de 446 en el primer semestre de 2019, a 532 en el segundo semestre del año pasado. De enero a junio de 2020, las victimizaciones suman ya 609. Es decir, hay un aumento de 163 casos con relación a 2019. 

“¿Quién está matando de manera tan desenfrenada a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades? En este país la justicia está aferrada a métodos trillados e inútiles”, expresó Javier Giraldo SJ durante el conversatorio.

También, se mostró preocupación por las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2020 fueron responsables de 32 amenazas de muerte, 33 detenciones arbitrarias y 19 heridos y 4 casos de tortura. En cuanto a violencia político social fueron victimizados 192 líderes sociales de base en el primer semestre del año 2020. Las víctimas ahora son, en su mayoría, personas u organizaciones con menos visibilidad en los territorios.

De las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Revista Noche y Niebla no 61 documenta que los departamentos más afectados fueron: Cauca, con 103 infracciones; Bogotá, con 33 infracciones y Nariño, con 27 infracciones. Los que más infringieron el DIH fueron la guerrilla -incluye disidencias-, con 100 hechos; los grupos paramilitares, con 66 hechos; combatientes, con 36 hechos y el ELN, con 21 hechos.

Asimismo, 216 personas vieron vulnerado su derecho a la libertad. Por último, el Banco de Datos tuvo conocimiento de 4 victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria y 6 victimizaciones por violencia sexual durante el semestre.

Minería y des-arroyo

María de los Ángeles García, de la Comunidad Afro de Manantialito y la Veeduría Akuaippa y Mónic López fueron las voceras de los pueblos de La Guajira que están viviendo las afectaciones de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.  

En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos, y derechos por la empres Cerrejón”, aseguró María de los Ángeles García de la comunidad afro de Manantialito.

Mónica López Pushaina, vocera de la Comunidad Wayú aseguró que:

“La minería en La Guajira está acabando con nosotros”: 

¿Valen la pena las violaciones de los derechos humanos de la población del Cerrejón para obtener una ganancia económica de unos pocos afortunados? se preguntó el sacerdote Alejandro Angulo, del Banco de Datos.

Noche y Niebla incluye en esta edición un artículo regional preparado por el equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, el cual devela una vez más la incumplida promesa del desarrollo tras más de 40 años de explotación minera en La Guajira -uno de los departamentos más pobres de Colombia-. En la rueda de prensa las mujeres wayuú y afro detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han rafiticado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros.

En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19.

Con Noche y Niebla, el CINEP/PPP ofrece una mirada de la difícil realidad de los derechos humanos en Colombia desde su aproximación, pues la misma violencia, los mecanismos del silencio y el silenciamiento de las víctimas, así como la impunidad instaurada, impiden recoger la totalidad de los hechos.


  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP

 

Yanilda González, doctora en ciencia política de Princeton, dedica sus días a investigar a la Policía en contextos democráticos, e insiste en que se necesita consenso social. Esta es su lectura de una coyuntura que sacude a Colombia y a otros países.

El reciente e histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el que señaló que hay “problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la Fuerza Pública en las manifestaciones ciudadanas”, puso sobre la mesa una discusión que ya se venía dando: ¿qué hacer para evitar al máximo los excesos de la Policía, especialmente en manifestaciones? Yanilda González es doctora en ciencia política de la prestigiosa Universidad de Princeton y profesora asistente en Harvard, desde donde investiga el papel de la Policía en contextos democráticos atravesados por altos niveles de desigualdad. Esta es su visión.

Los hechos recientes en Colombia han venido a sumarse a una ola de protestas que han ocurrido en otros lugares del mundo, en los que las demandas ciudadanas para reformar instituciones como la Policía cada vez cobran mayor importancia. ¿Cómo interpretar este estallido?

El momento que vivimos debemos verlo en el contexto más amplio de las grandes manifestaciones que sucedieron el año pasado. El estallido social que se dio en países como Colombia, Chile y Haití, donde no eran protestas en principio en contra de la Policía, pero en muchos casos vimos que la Policía se puso en el centro de la historia a través de abusos cometidos en contra de algunos manifestantes.

En el caso de Colombia, lo vimos con las intervenciones del Esmad. Y eso no pasa con otras burocracias del Estado. La Policía es la cara más visible del Estado en este tipo de eventos y, en muchos contextos, como por ejemplo lo que pasa en Bielorrusia, lo que se ve es que están defendiendo los intereses de un Gobierno y no los de los ciudadanos que están manifestándose.

Entonces no nos debe sorprender que ahora lo que observamos sean estallidos centrados en la cuestión policial que se expresan precisamente cuando se presentan escándalos muy específicos, como los de George Floyd, en Estados Unidos, o Javier Ordóñez, en Colombia. Ahora, la pregunta es por qué sucedió esto con el caso de Ordóñez y no con el de Ánderson Arboleda, en Puerto Tejada. Esto demuestra cuestiones más profundas y estructurales como la desigualdad y el racismo, y el papel que tiene la Policía en la reproducción de este tipo de situaciones.

En esta tensión inherente entre el modelo de control y el modelo de protección del rol que tiene la Policía en la sociedad, ¿qué lugar tienen los abusos policiales?

Es difícil decir que el problema se genera por un solo factor. Diría que hay que ver cómo se refuerzan distintos factores: intereses políticos, demandas de la sociedad y rutinas burocráticas. Esa interacción es la que hace que tengamos policías con pocos controles civiles y externos.

En algunos casos como Trump en Estados Unidos vemos que hay políticos que quieren controlar ese brazo armado para sus propios intereses. Y eso genera unos incentivos perversos en los que algunos sectores civiles no tienen interés de restringir las funciones de policía por cuestiones políticas.

Por otro lado, tenemos sociedades desiguales en las que el discurso que domina en la cotidianidad se basa en el miedo y genera demandas fragmentadas donde la protección de los sectores más privilegiados muchas veces implica la represión de los sectores menos favorecidos. Entonces muchas veces desde la misma sociedad surge esta presión que impide que la Policía pueda brindar una protección más universal.

Finalmente, en el interior de la Policía hay condiciones más micro, como las políticas de cuotas que induce a los policías a requisar y buscar sospechosos y el policía en su mente, por lo general, no contempla los estándares legales, sino que busca cómo cumplir con estas metas para avanzar en sus carreras.

Al ver esas dinámicas de refuerzo entre estos tres factores que señala, ¿bajo qué circunstancias es posible impulsar reformas?

Aquí uno de los puntos claves es superar la fragmentación de las demandas sociales. Si bien todos pueden compartir una baja confianza respecto a la institución, esto no necesariamente se traduce en un consenso sobre la dirección en que se espera avanzar. Mientras algunos pueden demandar mayores controles a la Policía, otros sectores sociales pueden estar más interesados en otorgarle mayores facultades para que resuelva problemas, como son los altos niveles de violencia o criminalidad. Muchas veces los mismos sectores que no confían en la Policía son quienes terminan exigiendo una Policía de mano dura. De modo que sin consenso social no puede haber un consenso político sostenible para llegar a una reforma policial.

Y eso fue lo que vimos en el proceso de 1993 en Colombia donde se juntaron muy diversos sectores políticos y sociales para pensar unas reformas de fondo. Ahí convergieron los sectores que usualmente se manifiestan en contra de los abusos de la policía con otros inesperados como Fenalco, o la Cámara de Comercio de Bogotá, y esto fue clave para que varios sectores políticos atendieran estas demandas. Sin embargo, ese compromiso que se expresó en el 93 se perdió rápidamente con el Gobierno de Samper lo cual comprometió su viabilidad porque esa articulación de demandas sociales se perdió rápidamente y llevó a que ese esfuerzo reformista se desmantelara.

¿Qué papel tienen los gobiernos subnacionales en países unitarios como Colombia, donde el Gobierno Nacional tiene papel preponderante en las posibilidades de reforma de la Policía?

Esa es precisamente una de las características del caso colombiano. Uno pensaría que en esas condiciones sería más sencillo introducir reformas que en países federales como Brasil o Argentina, donde los Estados son los que tienen la autoridad legal sobre la policía. En el caso colombiano es más complicado porque, si bien la Constitución de 1991 y la Ley de Policía de 1993 definió algunos parámetros sobre cuáles son los instrumentos que disponen alcaldes y gobernadores para que la Policía coopere con sus políticas de seguridad a nivel práctico, no disponen de mayores recursos administrativos o legales para definir las acciones de esta institución. De modo que es al Gobierno nacional al que le corresponde esa tarea y acá hay mucha mayor claridad de lo que nos llevaría a pensar el actual debate político que se desarrolla en el país.

Pero aquí vuelvo al punto y es que, si hay una mayor convergencia social sobre las demandas de reformar, habría una mayor presión para que políticos y autoridades en diferentes niveles coordinaran sus acciones. Pero el hecho cierto es que muchas de estas autoridades locales ni siquiera se preocupan por este tipo de situaciones y argumentan la falta de instrumentos para justificar su desinterés.

Ahora, cuando hay interés en estos temas como ocurrió por parte de la alcaldesa de Bogotá, vemos que no tiene otra opción que recurrir a su capacidad de denunciar y visibilizar lo que está sucediendo, porque no tiene otros recursos legales para limitar este tipo de comportamientos por parte de la Policía.

¿Cuál es el papel de la participación ciudadana en espacios que, en el caso colombiano, se diseñaron en principio para tener unas políticas de seguridad y una Policía que responda mejor a las demandas de la sociedad?

Es una idea que tiene mucho potencial y que responde a estos principios democráticos para controlar la acción policial. Pero lo que he visto en mis investigaciones sobre este tema es que la aspiración de tener un espacio abierto para recoger distintas visiones no se corresponde con la realidad, pues suelen excluir precisamente a aquellos sectores que sufren en una mayor proporción los abusos policiales. Entonces son los sectores más privilegiados los que lo aprovechan. Paradójicamente, muchas veces estos espacios sirven para promover una agenda antiderechos que va en contravía de su espíritu inicial, y eso es precisamente lo que estoy investigando ahora en varios países de América Latina.

¿Qué hacer para mantener viva esta agenda reformista y las demandas de transformación? ¿Cuáles podrían ser esos primeros pasos?

Acá hay algunas ideas. Está la democratización de la información y de los medios de comunicación. Un gran obstáculo para quien desea impulsar reformas policiales es que los datos sobre la actuación policial son muy escasos. De modo que no tenemos información que nos muestre claramente cómo esto reproduce los patrones de desigualdad. Brasil es una excepción, pues ahí te puedo decir el perfil de las víctimas de violencia policial según su edad, su color de piel y el barrio donde vive. En Colombia no tenemos esa información. En estas circunstancias la democratización de la información sí ayuda a que más personas adquieran conocimiento de lo poco que sabemos, lo que puede contribuir a que las demandas de reforma traspasen ciertas brechas sociales. Y en esta dirección la transparencia de datos tiene que ser una demanda clave para comprender qué es lo que está pasando.

Por supuesto, esto no hace todo. El caso de Brasil lo evidencia: hay buena información, pero no se ha consolidado una reforma sustantiva. Pero sí hay que comenzar por ahí. ¿Por dónde seguir? Es difícil decirlo, pero creo que lo que estamos viendo con la movilización de jóvenes en distintos lugares del mundo exigiendo un cambio es una señal alentadora para explorar en qué sentido debemos seguir avanzando.

 Por: Víctor Barrera, investigador de CINEP/PPP. 

*Esta entrevista fue publicada originalmente en El Espectador

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Los hechos fueron dolorosos e indignantes. Tras el homicidio de Javier Ordóñez, en dos días de protesta, fueron catorce las personas asesinadas con arma de fuego en Bogotá y Soacha y cerca de trecientos entre ciudadanos y policías lesionados, según el balance nacional del Ministerio de Defensa. La mayoría de fallecidos y heridos fueron jóvenes, mujeres y hombres. De nuevo son ellos quienes en el país son víctimas de la polarización y la violencia. ¿Por qué en lugar de oportunidades de educación y de trabajo decente y estable para la juventud, la sociedad y el Estado propicia la pérdida de sus sueños y sus esperanzas?

Lo que vimos en Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué, Barranquilla, Tunja y otras ciudades del país ha sido una fuerte expresión de protesta juvenil que indignada rechazó el equivocado e infame uso excesivo de la fuerza policial, detenciones arbitrarias y hechos de tortura contra civiles inermes. Si nadie hubiera salido a protestar en la calle y, en su lugar, el silencio hubiese imperado, sería la comprobación indiscutible del alto deterioro moral de nuestra sociedad. Pero afortunadamente los jóvenes se pronunciaron.

Otro asunto muy diferente fue el indeseable vandalismo que se presentó y en el cual algunos medios centraron la atención de la opinión pública. La destrucción de los CAI de la policía, de los buses y algunos locales comerciales, es un hecho oportunista de quienes buscan sacar partido de la protesta legítima, bien para sembrar zozobra o para estigmatizar la protesta social y justificar la errática represión frente al descontento.

Desde algunos sectores de la sociedad se pide una urgente y planificada transformación del cuerpo policial. El profesor Alejo Vargas la resume así: mejorar el proceso de selección de los miembros; profundizar el proceso de formación de los agentes y la centralidad que deben tener el tema de los Derechos Humanos, más allá de un curso de algunas horas debe ser una dimensión importante en la formación. Otro punto es la apropiación de la doctrina operacional de la policía, sus preceptos éticos y legales donde se fundamenta su actuación, de manera que sus miembros tengan clara su identidad como servidores públicos, dedicados a la protección a la seguridad y el cuidado de la convivencia ciudadana, enfatizando la prevención, mostrando sus valores éticos en sus actuaciones y por este camino ganar la confianza y el respeto de la ciudadanía y, finalmente, el fortalecimiento de la cultura de rendición de cuentas a las sociedad y a sus instancias superiores.

El domingo trece de septiembre el arzobispo de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio expresaba en la homilía del canal RCN televisión, a propósito de los hechos vividos: “Ha sido una semana complicada, muy difícil en Bogotá con muchas heridas, con muertes, con destrucción y también en el país y en el mundo. Queremos empezar una semana distinta, una semana donde aprendamos a escucharnos. Por eso, nos están proponiendo que, para respetar la vida y para construir la paz, es necesario que nos escuchemos. Las regiones necesitan ser escuchadas, los indígenas, los campesinos, los que están sin empleo. Escucharnos para que no sea necesario destruirnos ni agredirnos, para encontrar el diálogo sincero y el silencio que valora el mensaje del otro. Escuchar su vida, su historia, sus necesidades, su clamor y poder tender una mano. El Papa nos propone algo que llama mucho la atención pero que es desafiante: la amistad social. Que debe ser vivida con humildad. Necesitamos liderazgo, para construir la amistad social, no para protagonismos aprovechando el luto, el duelo, el dolor, la muerte y la confusión. No necesitamos liderazgos llenos de vanidad, no necesitamos liderazgos orgullosos, necesitamos nuevos liderazgos al servicio de la amistad social. Liderazgos sin armas, sin violencia, sin necesidad del odio, liderazgos con sabiduría, para reclamar nuestros derechos con inteligencia, respetando la vida del otro”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Tras el homicidio del abogado Javier Ordóñez, en dos días de protesta son 14 las personas asesinadas con arma de fuego, y 76 heridos solo en Bogotá. La alcaldesa Claudia López, asegura que la Policía le desobedece. ¿Quién está tras las órdenes? ¿Quiénes responden? ¿Quiénes nos cuidan? Organizaciones sociales exigen reforma a la Policía, judicialización, y cambios estructurales para que las instituciones sirvan al pueblo, no que lo masacran cuando expresa su descontento o promueve el Acuerdo de Paz.

María del Carmen, Eidier, Julieth, Andrés, Jaider, Fredy, Germán, Julián, Angie, Cristhian, Lorwan, Gabriel y Javier, en su mayoría jóvenes, que fueron asesinados en medio de las protestas que desató la muerte del abogado Javier Ordónez a manos de policías del CAI de Villa Luz, en Bogotá. Las calles volvieron a llenarse de manifestaciones masivas en rechazo al asesinato de ciudadanos por la Policía. ¡Nos están matando! Es la expresión ciudadana que se refiere también al homicidio de líderes sociales. Tan solo ayer cayeron Cristóbal Ramos y Jhon Jairo Dávila, al tiempo que Yoni Valdés fue víctima de un atentado. 

El descontento general que se expresa en las calles y en la virtualidad lleva por consigna la justicia por el asesinato continúo a quienes, en ejercicio del derecho a la protesta, reciben como respuesta la muerte por parte de las fuerzas que deberían protegerles. Además, en medio de la crisis social generada por la pandemia, la situación humanitaria en general del país se deteriora. A la par con el regreso de las masacres, el desplazamiento forzado, las ejecuciones judiciales, no hay garantías para la protesta. El deterioro del panorama humanitario, y en general de la garantía de los derechos del pueblo colombiano han derivado en una situación de orden público donde los asesinatos y uso desmedido de la Fuerza Pública siguen protagonizando. 

“El poder político y la fuerza deberían ser neutral, servir a toda la población en vez de estar al servicio de los ricos”, opina Alejandro Angulo del Cinep/PPP. Los hechos de violencia de parte de la Policía hacia los ciudadanos y manifestantes no son hechos aislados y responden a un movimiento mundial que se agudiza por el disgusto de las ciudadanías frente a las injusticias que cometen los Estados, explica el padre Angulo.  

Según la Campaña Defender la Libertad a las 10:30 pm del 10 de septiembre, 128 personas estaban detenidas en la capital colombiana. Algunas de ellas menores de edad, otras, habiendo pasado más de 26 horas retenidas sin que un juez conociera su proceso. Las denuncias sobre la actuación de la Policía en las noches del 9 y 10 de septiembre van más allá de una detención irregular. Abundan los videos que evidencian uso excesivo de la fuerza, tratos crueles, detención a personas defensoras de DD.HH, capturas y procedimientos irregulares, como hombres de civil intercambiando armas con uniformados y disparando en Bogotá. En Medellín se registraron motos con dos hombres a bordo sin uniformes ni placas y con armas cortas. Los disparos de armas de fuego y explosivos plagaron las protestas de ayer también en Barranquilla, Cali, Tunja y otros municipios colombianos.

“El uso de armas de fuego en las protestas es injustificable” expone Angulo, sacerdote jesuita, que hace décadas registra junto al equipo del Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política las violaciones a los derechos humanos de los colombianos dejando en primer lugar a la Fuerza Pública.

Angulo asegura además que hay una responsabilidad compartida en los focos y actos de protesta, dejando ver los pedidos y las exigencias con contundencia pero sin destrucción ni vandalismo. Hay que evitar que las justas luchas sociales se conviertan en actos vandálicos, asegura, y revisar el entrenamiento de la Policía.  Según la alcaldesa de Bogotá Claudia López los policías “desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía”, y cuestionó a quién obedecen. En ese sentido, hizo un llamado a la “justicia, acción y reforma” de este cuerpo.

Por su parte, plataformas de DDHH. y organizaciones expresaron esta necesidad, señalando que es necesaria una doctrina en la fuerza pública que se adecúe a la transición hacia la paz, lo que también implica que la Policía Nacional esté subordinada al Ministerio de Interior, y no al de Defensa, como ha sido hasta ahora. También piden el fin de la justicia penal para los policías, y llevarlos a la ordinaria. 

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Cement Voule, expresó que: Los autores de uso excesivo de la fuerza deben ser sancionados, y son necesarias reformas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a la Fuerza Pública a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad de manifestación. 

En el tercer día consecutivo de movilización social tras el asesinato de Javier en Bogotá, después de que policías le aplicaron un teaser electrónico y una golpiza tras llevarlo al CAI, los jóvenes y ciudadanos se dieron cita en las calles y principales ciudades de Colombia. Otras expresiones culturales y pedidos de resistencia pacífica se convocan para este fin de semana en decenas de municipios del país. 

Por:  Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Comunicaciones CINEP/PPP