Hablamos con Leidy Laura Perneth del CINEP/PPP sobre los peligros que enfrentan las mujeres por el confinamiento, los aumentos de las violencias durante la cuarentena, y las estrategias de respuesta que deberían tomarse.

La curva de la violencia contra las mujeres en cuarentena tampoco aplana. Según Sisma Mujer, durante este período, aproximadamente cada 25 horas fue denunciado un feminicidio; y cada 10 minutos se realizó una denuncia de violencia intrafamiliar.* Además, según Medicina Legal durante el primer trimestre de 2020 hubo más de 11.000 casos de violencia contra la mujer en Colombia.

Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de Interculturalidad del CINEP/PPP,  presenta un panorama de la difícil situación que viven las mujeres en Colombia durante la pandemia que las ha confinado con sus agresores. Perneth resalta el aumento de llamadas a la línea nacional 155 creada para denunciar este tipo de agresiones que recibió 2.209 llamadas, versus 964 del mismo periodo de 2019, según Sisma Mujer. Las llamadas provienen, principalmente, de Bogotá, Antioquia, Valle Del Cauca y Cundinamarca.

¿Es diferente el confinamiento para los hombres y las mujeres?

Definitivamente el confinamiento no tiene las mismas implicaciones para hombres y para mujeres. La coyuntura que enfrentamos por la pandemia del COVID-19 nos ha expuesto a la agudización de violencias estructurales e históricas. Los movimientos feministas han insistido en reconocer a la familia como una institución donde se reproducen relaciones de poder y de violencias que resultan en que no todas sean espacios armoniosos.

Esto es particularmente importante en la coyuntura porque la idea de la quedarse en casa no es necesariamente lo más seguro para nosotras. La mayoría de las mujeres son asesinadas por su pareja o ex pareja en su casa y el asunto se complica durante el aislamiento social preventivo porque hay más dificultades de acceder a la justicia y hay restricción en las denuncias presenciales. Habría que revisar la premisa de "quédate en casa", qué implicaciones tiene para y preguntarse: ¿Es la casa un lugar seguro cuando se trata de las vidas de las mujeres?

¿Cuáles son las principales formas de violencia contra las mujeres que se pueden presentar durante el confinamiento?

Son muchas. Hay un continuo de violencias físicas y psicológicas que siguen enfrentando las mujeres que conviven con sus agresores, esto se agrava porque hay un desestímulo hacia la denuncia con un sector amplio de mujeres que no disponen de los minutos para llamar ni de los medios para hacer denuncias virtuales. Es bueno anotar la situación de las trabajadoras domésticas, unas confinadas en las casas donde ofrecen servicios sin posibilidad de salir y otras que están siendo despedidas sin garantías por considerarlas cuerpos infecciosos y en ocasiones son expuestas a violencias raciales. Las mujeres además, según Sisma, dedican el doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus casas (semanalmente dedican en promedio 50,6 horas, mientras que los hombres dedican 23,9). Durante el confinamiento hay un montón de factores como la virtualización de la educación, el abastecimiento y el cuidado de la salud que pasan a responsabilidad de ellas.

Por otro lado, las lideresas siguen siendo amenazadas y ahora cuentan con dificultades para desplazarse y protegerse, siendo fácilmente localizables si están confinadas. Algunas han manifestado que sienten falta de empatía cuando presentan las denuncias porque la atención está concentrada en el virus. Además, la falta de autonomía económica es un escenario que favorece la violencia porque hay muchas que dependen del trabajo informal que no pueden desarrollar durante la cuarentena. Otro escenario de violencia que es muy importante es la sexual, que resulta en que algunas mujeres queden en embarazo y tengan dificultades para acceder a su derecho a la interrupción voluntaria que no es prioridad en el sistema de salud y puede llevar a procedimientos inseguros o a maternidades no deseadas.

Foto: Consejería para la Estabilización.

El personal del sector salud también está altamente feminizado y por lo menos el 73% del personal que son mujeres que están hoy en la primera línea y que son altamente discriminadas en el transporte, espacios públicos y en sus casas por el miedo al contagio. Otro tipo de violencia es sin duda la que se está ejerciendo en los cuerpos de las personas trans, favorecida por medidas como el pico y género. Este clasifica los cuerpos en un orden binario en el que se exponen al peligro a los cuerpos ambiguos como ya sucedió en países como Perú.

¿Qué opina del aumento en la cantidad de denuncias por violencias contra la mujer y qué estrategias de respuesta recomendaría?  

Efectivamente ha habido un aumento en las denuncias durante este período. Un informe de Sisma Mujer, revela que en la línea 155 (línea nacional de orientación a las mujeres) hubo un aumento del 129,15% de llamadas. Durante este mismo período en el 2019 se recibieron 964 denuncias, y este año se recibieron 2.209. La Fiscalía ha revelado que se han presentado 19 feminicidios y ha recibido 3.069 denuncias por violencia intrafamiliar, entonces estamos notando los efectos del aislamiento en la vida de las mujeres.

Frente a las estrategias de respuesta, son importantes las sugerencias que ya han hecho organismos internacionales como ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de las Mujeres que coinciden en la importancia de contar con datos desagregados por género, estrato, etnia y raza. Deben fortalecerse los programas que ya existen para atender a las mujeres y no reducirlos.

Adicionalmente, partir de las experiencias en los territorios, creo que es importante sugerir que la ruta de atención funcione efectivamente y que puedan emitirse medidas de protección que impliquen retirar al asesor de la vivienda y garantizar que estas medidas sean entregadas por actores institucionales. La ONU Mujeres ya ha alertado sobre la violencia contra las mujeres como una pandemia que está bajo la sombra. Es importante establecer redes comunitarias sororas que rodeen a la mujer y pensar en proyectos dirigidos para que las organizaciones de base se sigan consolidando sin obviar la responsabilidad absoluta del Estado.

¿Qué recomendaría que hiciera una mujer que se encuentra confinada en casa con su maltratador? 

Es un escenario complejo y es importante anotar que históricamente una de las estrategias de los agresores ha sido restringir, debilitar e incluso fracturar redes como las familiares, sociales y laborales, es decir, hacer sentir solas a las mujeres y eso puede agudizarse en el marco de esta crisis.

Una primera sugerencia es mantener esas redes por los medios de los que dispongamos para que ayuden a activar la ruta de denuncia y atención porque a veces la propia mujer no puede hacerlo. Debemos afirmar la consigna de que no están solas.

Otro punto es entender la escuela como un espacio que puede ayudar a activar esas rutas. Muchas docentes han sido claves en identificar casos de violencia sexual con sus estudiantes y violencias intrafamiliares. Sugiero también que las mujeres tengan las líneas que han dispuesto las organizaciones porque en ocasiones las líneas institucionales no atienden o están muy congestionadas.

Según su experiencia, ¿cuál es el panorama de esta situación en Cartagena? ¿Cómo se compara con el resto del país?

La situación de Cartagena es similar a la del resto del país, sin duda, hay un aumento en las llamadas a la línea 155 en Bolívar según Sisma Mujer. En el 2019 durante este mismo período hubo 15 llamadas y para este año aumentaron a 70. En Cartagena hay muchísimas dificultades, por ejemplo, las líneas de las comisarías permanentes no funcionan y al inicio hubo mucha desinformación sobre si la atención se prestaría presencial o no.

A eso se suma la dificultad de que aún hoy, a más de diez años de la Ley 1257, muchos funcionarios no tienen formación en el tema y ejercen violencias institucionales desde el cargo que ocupan. Esto es particularmente grave porque se re-victimiza, se desestimula la denuncia y hay un ejercicio patriarcal.

Además, en Cartagena viene operando un hogar de acogida para mujeres víctimas bajo la coordinación de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y desde enero no concreta la contratación y ha resultado muy difícil para mujeres en riesgo en sus casas que necesitan salir, ser recibidas en este hogar. Hay una reacción tardía de la policía que además, tiene movilidad completa por la ciudad a diario y que es una institución patriarcal. A esto se suma que en Cartagena, que es una ciudad empobrecida en medio de la riqueza, se requieren con urgencia políticas de redistribución porque hay una brecha salarial por lo menos del 35% entre hombres y mujeres.

Foto: ONU mujeres.

¿Cómo pueden ayudar las organizaciones sociales o de mujeres durante esta cuarentena a quienes estén siendo violentadas?

Las organizaciones sociales deben mantener la comunicación con los procesos que se llevan en los territorios y deben indagar con las mujeres cómo la están pasando en la cuarentena. Muchas de estas mujeres han creado un vínculo cercano con las organizaciones y encuentran en ellas una posibilidad de alertar frente a situaciones de violencia.

También, en la medida de lo posible y si los recursos de las organizaciones lo permiten, deberían disponerse asistencias humanitarias sobre todo para las mujeres que dependen del día a día. De hecho desde el Cinep, en el proyecto específico de educación intercultural, gestionamos con Gobierno Vasco para poder destinar parte de los recursos del proyecto para apoyar a comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Sur de La Guajira y Cartagena porque trabajamos con sectores históricamente excluidos.

A nivel nacional, las organizaciones de mujeres nos hemos seguido coordinando para acompañar en organización jurídica, psicológica, en activar rutas para la atención cuando se presentan casos de violencia y proporcionando información importante. Producimos información cualitativa y cuantitativa sobre las situaciones a las que se están enfrentando las mujeres para presionar la toma de decisiones. Y tenemos que seguir insistiendo en demandas más profundas: en que tenemos que tumbar el sistema patriarcal que está vigente, en la redistribución del cuidado, en la renta básica para mujeres y leer las desigualdades que se han construido a partir de la generalización de los cuerpos.


*Datos con corte del 25 de marzo al 23 de abril de 2020.

 
Por: Paola Llinás Aragón.

El 1 de mayo es una conmemoración lograda con esfuerzo y dolor en muchas partes del mundo, explica Mauricio Archila. Entrevistamos al investigador del Cinep y profesor de la Universidad Nacional, a propósito de esta fecha que recuerda el valor del derecho al trabajo, especialmente aporreado en Colombia y el mundo en estos tiempos de pandemia.

 

¿Qué son los movimientos sociales? ¿Desde cuándo existe un movimiento de trabajadores en Colombia?

Los movimientos sociales los definimos como acciones colectivas de más de diez personas que enfrentan desigualdades, injusticias, desequilibrios en la sociedad y que tienden a permanecer en el tiempo. En eso se diferencian de las protestas que son una forma de hacer visible a los movimientos, pero que son más puntuales. En términos sociológicos e históricos se puede hablar de movimientos sociales con el desarrollo de instituciones modernas como el Estado y la democracia, es decir, desde la Revolución Francesa. 

En Colombia podríamos hablar de la aparición de movimientos sociales a finales del siglo XIX y comienzos del XX, aunque los hubo antes con las resistencias indígenas, los palenques negros, la revuelta de los comuneros, las guerras de independencia y muchas otras guerras civiles, entre ellas la de 1854 liderada por artesanos. Pero es con el movimiento obrero o de los trabajadores asalariados cuando se puede decir que arrancan propiamente estas expresiones organizativas de sectores de la sociedad civil. La aparición de ese movimiento va a ser notoria a partir de los años diez.

¿Cómo caracterizaría al movimiento de trabajadores en Colombia a lo largo de la historia?

El movimiento obrero le ha legado mucho a los otros movimientos sociales, aunque también hay que tener en cuenta otros movimientos que se hicieron visibles desde antes como el estudiantil, el campesino, el indígena, y otros más recientes como el feminista, el LGBTI y el ambientalista, entre otros. Con el movimiento obrero comparten muchas de sus tradiciones e incluso de sus repertorios de protesta como la huelga y la movilización, por ejemplo, la de los primeros de mayo que se logran conquistar con mucho esfuerzo y dolor en varias partes del mundo. Y en Colombia se celebran desde 1914.

El movimiento obrero pasó de una situación de ilegalidad y desconocimiento de parte del Estado oligárquico en Colombia que no entendía el fenómeno de los sindicatos y de las huelgas y lo consideraba pecado y subversivo.

Esa resistencia prolongada terminó, por ejemplo, en la Masacre de las Bananeras. Para ese entonces la respuesta fue conservadora hasta que en los años 30 y 40 los liberales tendrían una actitud que podría considerarse más moderna y apoyaron la creación de centrales sindicales, y la legalización de los sindicatos y las huelgas.

Gracias a ello los obreros van a tener una existencia menos azarosa porque antes la única manera en que el Estado les respondía era prácticamente con garrote o peor, con fusiles. Después existiría la legislación laboral que no establecía el paraíso para los obreros, pero fijaba mejores condiciones de existencia. 

Eso está acompañado de procesos de urbanización, de industrialización, de la creación de una economía interna con unas tibias reformas agrarias que, con la prédica de lo que se llama el Consenso de Washington o las políticas neoliberales se ha transformado.

La apertura neoliberal incluye debilidad del empleo formal, flexibilización del mundo del trabajo, largas jornadas, e incluso el no reconocimiento de horas extras y muy poco estímulo al sindicalismo.

En fin, desde los años 80 se trata del debilitamiento del mundo laboral que se había construido en el siglo XX. A ello se suma, en el caso colombiano, una violencia particular contra líderes sociales y sindicales, muchos de ellos asimilados a expresiones políticas de la oposición, pero también muchos otros que simplemente eran sindicalistas y buscaban solo obtener algunas demandas y reclamos. Por eso también hablamos de la violencia contra el sindicalismo que desafortunadamente no ha desaparecido y hace que el panorama sea bien complicado para el mundo del trabajo en el caso colombiano.

¿Qué pasó con el sindicalismo en el país en los últimos gobiernos?

Los últimos gobiernos se han caracterizado por un debilitamiento de lo que se llama el modelo fordista, un modelo con una cierta tolerancia hacia el sindicalismo y aceptación de su existencia controlada, acompañado de sindicatos fuertes en grandes industrias, con salarios y empleo estable. Luego vamos a tener la Constitución del 91, muy bonita en muchos aspectos, pero también en otros poco dispuesta a tener un Estado interventor, alentando privatizaciones y una serie de dinámicas que también se articulan con el neoliberalismo. Además llegaron la Ley 50 del 90 que dio posibilidad a muchas de estas aperturas y flexibilización del trabajo y la Ley 100 sobre salud que se ha debatido tanto con esta pandemia, más una serie de políticas que debilitan los logros laborales que fueron comunes en gran parte del siglo XX en el mundo y en Colombia.

Foto: CINEP/PPP.

Se debilitaron los sindicatos y el empleo formal, se tercerizó el mundo trabajo, todo ello fue acompañado de procesos de desindustrialización y de pérdida de dinámica agraria, tras un modelo muy orientado hacia el mercado externo y no a fortalecer un mercado interno fuerte. Todo ha ido acompañado por la violencia que se manifiesta desde los años 80 y que tuvo en los años 90 del siglo pasado momentos máximos en su expresión de masacres y asesinatos de líderes sindicales, entre otros.

Desde el inicio de este siglo hablamos de un cambio en el repertorio de violencia contra los y las sindicalistas en el que ya la masacre y el asesinato no son los mayores hechos de violencia, sino que son "reemplazados" por amenazas, desplazamientos, y otras formas de violencia estrictamente laborales. Se pasa de expresiones más letales a unas menos, pero igualmente impactantes para el mundo del trabajo y eso ocurre desde el doble mandato de Álvaro Uribe Vélez.

Con Juan Manuel Santos que, en materia económica no afectó el modelo, alcanzan a bajar un poco los indicadores de violencia política, pero actualmente han vuelto a revivir y no han parado en esta cuarentena. En los recientes gobiernos hay algunas inflexiones, algunas modificaciones, pero mantienen mucho la dinámica aperturista en términos laborales y de modelo de desarrollo neoliberal que vemos desde los años 90.

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

La expresión dialogo social está en auge. El proceso de paz inundó nuestro tejido social, académico y de intervención no gubernamental con numerosos proyectos y experiencias. Términos tan llamativos como diálogos improbables, entre opuestos, interculturales, interétnicos; así como intrépidas apuestas por la reconciliación, parecen ser el pan de cada día, en medio de las dificultades en la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, a pesar de su utilización en el lenguaje común, en el político y en diversos documentos internacionales, la definición del “diálogo social” aún parece ser poco clara en términos de precisión conceptual. Tal vez esa relativa indefinición sea parte de su misma utilidad. Como sea, parece ser una realidad que el diálogo social llegó para quedarse, sobre todo en un contexto en el que los pobladores rurales se esfuerzan por construir nuevas realidades de convivencia y paz. Así, ante la fragilidad de la implementación de los acuerdos de paz, la reconfiguración de dinámicas armadas y persecución a liderazgos sociales, además de otras problemáticas y retos identificables, la sociedad civil y los procesos de diálogo y articulación se constituyen en elementos claves para avanzar en la generación de condiciones para la construcción de paz en los territorios.

De esta manera, la convocatoria para el No. 214 de la Revista Controversia invita a participar a las personas interesadas en postular artículos que contemplen experiencias de diálogo social desde una perspectiva amplia que permita la articulación de sectores sociales diversos, con un especial interés en los temas de construcción de paz, ordenamiento territorial, sostenibilidad ambiental y diálogo comunitario.

Los autores de fuera de Colombia pueden participar con documentos sobre procesos semejantes en los que la sociedad civil, el diálogo social y la construcción de paz territorial aporten a enriquecer el debate desde otros escenarios.

Fechas:

  • Apertura: 1 de junio de 2019
  • Cierre: 30 de octubre de 2019
  • Publicación: febrero de 2020
  • Editor del dossier: Carlos Duarte
  • Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Consulta aquí el Manual de publicación para autores

Revista Controversia

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/Programa por la Paz presentó el informe anual sobre las violaciones a derechos humanos en el país. El interés principal de este informe es alertar sobre las distintas dinámicas de violencia político-social, con especial énfasis en los casos asociados a los asesinatos de dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal y dirigentes cívicos. Tanto el Cinep/PPP como el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación la nueva dinámica de la violencia en Colombia que ataca a la base social.

Este informe se presenta como un ejercicio al servicio de las víctimas para recuperar la memoria desde sus voces y contribuir a la construcción de una sociedad justa, sostenible y en paz. De los 1418 casos registrados por el Banco de Datos en el 2018, 195 tienen como autoría a actores desconocidos, y en 139 aparece la etiqueta de hombres armados o encapuchados. Si se suman estas dos cifras, se representan 334 casos que conducen directamente a la impunidad.

Desde esas nuevas autorías es que los investigadores comprendieron nuevas dinámicas de la violencia en Colombia: hay “nuevas” metodologías de victimización, “nuevas” víctimas, y “nuevos” victimarios que buscan de manera intencionada una perspectiva de justicia nula.

Javier Giraldo S.J., investigador del Banco de Datos, compiló casos de testimonios de víctimas disponibles en la revista Noche y Niebla No. 57. Para Giraldo, “encontramos que cada vez más (aunque todavía algunos grupos paramilitares reivindican los crímenes) aparece un victimario como un pistolero encapuchado que llega en moto, dispara y se va. Nadie lo conoce y nadie lo puede identificar. Eso le da una excusa al aparato judicial para decir que no hay investigaciones o que hay muy pocas. Además, siempre se enfoca sobre el autor material, sobre quién disparó, y poco le interesa el autor intelectual. Desde la víctima misma, desde su trabajo, sus luchas, sus compromisos, hay una puerta muy clara para empezar a investigar al autor intelectual.”

 A esto se suma el hecho de que la Fiscalía General de la Nación ha emitido 34 sentencias en contra de autores materiales que han asesinado a líderes comunales, pero ninguna se ha emitido en contra de los autores intelectuales. Además, el informe determinó que entre octubre de 2016 y 2018 hay un importante incremento en los asesinatos de líderes comunales que están comprometidos con la sustitución de cultivos ilícitos.

 El departamento más afectado fue el Valle del Cauca con 224 víctimas, seguido de Cauca con 182 y Santander con 182 víctimas. Los hallazgos realizados por el equipo investigador, mostraron que el principal método de victimización fue la amenaza, algo que se diferencia de otros tipos de victimización utilizados históricamente en Colombia como la tortura y la desaparición y el desplazamiento forzado.

Según el informe, 98 líderes sociales (en su mayoría líderes cívicos y comunales) fueron victimizados en el 2018. Las víctimas más numerosas son personas u organizaciones con menos visibilidad que viven en áreas rurales o en las periferias de las ciudades. Su función social es clave para el funcionamiento de organizaciones de base que buscan valer sus derechos. La violencia política tuvo el mayor número de víctimas letales: 447 asesinados, 386 amenazados, 129 heridos y 48 víctimas de atentados.

Las víctimas ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, de movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa, como predominó en otros momentos. Esto cuestiona las versiones que niegan la existencia del paramilitarismo, pues actualmente existe un paramilitarismo remozado responsable de 342 casos registrados en el 2018.

Para el equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, las medidas de protección y la atención brindadas por el Estado son insuficientes para las personas en evidente riesgo o con amenazas. Este informe busca seguir prestando un servicio a las víctimas haciendo visibles sus historias y los acontecimientos que vulneran sus derechos humanos fundamentales, con un profundo compromiso ético de contribuir a que no se repitan y seguir apostando por la vida.

 

Laura Cristina Vásquez
Equipo de Comunicaciones

Las mujeres rurales en Colombia han sido históricamente una población invisibilizada y marginalizada. La débil presencia del Estado en sus territorios en cuanto a la garantía de derechos básicos, los roles de género tradicionales de las poblaciones asentadas en el campo y la situación de violencia generalizada producida por el conflicto armado interno han contribuido a agudizar las violencias basadas en género contra ellas. Este es un informe de carácter exploratorio que da a conocer un panorama general de los diferentes tipos de violencias basadas en género que afectan a las mujeres rurales en distintos escenarios. La información aquí presentada fue recopilada a través de datos de fuentes oficiales, hallazgos de investigaciones previas y entrevistas a integrantes de la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas y la organización Sisma Mujer[1].

Lee aquí el informe completo: 

[1] Organización de carácter feminista que busca contribuir a la consolidación del movimiento de mujeres en Colombia. Desde 1998, Sisma Mujer trabaja desde un enfoque jurídico y de derechos humanos por la ampliación de la ciudadanía de las mujeres y por su empoderamiento individual y colectivo (Sisma Mujer, s.f.).

Lee también: