Sin agua ni alimentos, y en medio de la vulneración histórica de sus derechos, el pueblo Wayuú necesita medidas urgentes de parte del gobierno.  La pandemia del Covid y el confinamiento podría significar la extinción de este pueblo. Para presionar al Estado a cumplir con su mandato de proteger a los wayuú, este 27 de marzo se radicó una acción urgente ante diversas dependencias.

La emergencia sanitaria declarada a causa del Covid-19 aumentó las preocupaciones y riesgos en las comunidades vulnerables de Colombia. La Guajira es un caso especial pues allí el 26,5% de la población vive en pobreza extrema y se sufre la falta de acceso a servicios básicos como agua y alimentación.  Esto debido a las características geográficas del territorio como su naturaleza desértica, la precariedad de sus vías de comunicación, el abandono y la corrupción.

Una carta de acción urgente fue radicada el día de hoy bajo la autoría de la Veeduría Ciudadana de verificación a la implementación de la Sentencia T-302, como un llamado a que las instituciones gubernamentales garanticen de manera inmediata la pervivencia de la población Wayúu.

El Cinep/PPP, junto con la Asociación de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP), la Organización Indígena de Colombia (ONIC), y la experta independiente Omaira Ordúz, se encargan de verificar que se cumpla la Sentencia T-302 de 2017. Esta, ordena al Estado la construcción de una política pública que aumente la accesibilidad al agua en el territorio, mejore la atención alimentaria y garantice los servicios de salud.

Según la Veeduría, hasta el momento se siguen vulnerando los derechos básicos en la región, por lo que la pandemia podría significar la extinción de las comunidades indígenas y la muerte de su lengua y su cultura

Entre las exigencias se encuentra la implementación de medidas especiales de protección a la primera infancia para que no resulte especialmente afectada frente las medidas tomadas con la declaración del estado de emergencia. Además, se solicitan jornadas informativas que expliquen la situación actual de la pandemia a las comunidades, y las medidas que deben tomar para su prevención y tratamiento, junto con entrega de mercados básicos para las rancherías, y suministro permanente de agua.

Todo esto como parte de las obligaciones ya exigidas al Estado por la Constitución Política y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de proteger la diversidad étnica de la nación y preservar la integridad de las comunidades indígenas.

La carta de acción urgente fue enviada a las siguientes instituciones: Presidencia de la República, Procuraduría General de la Nación, Corte Constitucional, Tribunal Superior de Riohacha, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección de Prosperidad Social, Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Nacional, ICBF Regional Guajira, Superintendencia Nacional de Salud, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres, Gobernación de la Guajira, Alcaldía de Manaure, Alcaldía de Uribia, Alcaldía de Dibulla, Alcaldía de Maicao, Alcaldía de Albania, Alcaldía de Hatonuevo, Alcaldía de Barrancas, Alcaldía de Fonseca, Alcaldía de Riohacha, y Alcaldía de San Juan del Cesar.

A continuación la carta completa:

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Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

Organizaciones nacionales e internacionales que trabajamos por los derechos humanos, el territorio y el agua en el departamento de La Guajira alertamos a todas las instituciones garantes de los Derechos Humanos en los municipios de Albania y Maicao, en el departamento de la Guajira y a toda la comunidad nacional e internacional por anuncio de desalojo por fuerza de la comunidad indígena wayuu de El Rocío para estos días 23 al 24 de julio de 2019. 


 

 
 

Por: Susana Noguera

A orillas del arroyo Bruno los juncos, los guayacanes y las acacias crecen sobre un delicado tapiz de musgo. La vegetación le da al agua muchas tonalidades de verde que contrastan con el color beige, casi amarillo, de las rocas que también comparten esa rivera. Para los dos hijos de Leobaldo Sierra, que tienen 4 y 2 años de edad, es normal bañarse varias veces al día en el Bruno pero Leobaldo sabe que es especial tener un río sin contaminación en la parte de atrás de su casa y por eso se escandaliza con la sola probabilidad de que la desviación que propone el Cerrejón lo dañe. (Vea la inforgrafía de cómo deviarán el arroyo Bruno en la Guajira)

Tiene ese miedo porque este año Corpoguajira aprobó la desviación del arroyo Bruno, que nace en la reserva natural de los Montes de Oca y corre 26 kilómetros para encontrarse con el río Ranchería, que a su vez es una de las principales fuentes superficiales de agua del departamento de la Guajira. El Bruno además esconde 40 millones de toneladas de carbón bajo su lecho así que en 2013 se volvió parte esencial del plan de expansión de la mina el Cerrejón. La Agencia Nacional de Licencia Ambientales (Anla) y Corpoguajira le dio las licencias al Cerrejón para cambiar el recorrido del río a lo largo de 3.6 kilómetros y moverlo 700 metros al norte, más cerca de la carretera principal.

La empresa socializó el proyecto con los habitantes de las orillas del Bruno entre ellos la familia de Leobaldo Sierra que vive en la comunidad La Orqueta y tiene como patio trasero uno de los pocos ecosistemas de bosque seco tropical que quedan en Colombia. Aunque ellos no viven en la parte de arroyo que se va a intervenir, tienen muchos reparos sobre el proyecto porque, afirman, podría afectar al cuerpo de agua como un todo.
Con la modificación, el cuerpo de agua estaría atrapado entre una explotación minera a cielo abierto y una concurrida vía pavimentada. Leopoldo recuerda que cuando llegaron los funcionarios trajeron folletos con brillantes colores y lindos dibujos para explicarle cómo replantarían todos los árboles nativos a orillas del nuevo cauce y con ellos migrarían las especies que viven a orillas del río pero él no se explica cómo podrán desplantar esos centenarios árboles sin dañarlos.

Los voceros de la empresa afirman que harán una réplica exacta del antiguo cauce. Aseguran que tienen todas las herramientas para mitigar el impacto ambiental que generaría la obra. Para ello contrataron a Ingetec (que también hizo los estudios del río Ranchería cuando, en 2012, la empresa quiso desviarlo para sacar las 500 millones de toneladas de carbón que tiene debajo) y Alluvium, una consultora australiana.

El Cerrejón esgrime argumentos económicos y laborales porque, según sus cálculos, si no se desvía el arroyo la empresa dejaría de producir 3 millones de toneladas anuales. Esto significa que estarían en juego 600 empleos, $500.000 millones en compras a la región y $3,7 billones de regalías. Para Jazmín Romero Piayú, vocera del pueblo wayúu, esta aseveración es “violenta porque enfrenta a miembros de las comunidades entre ellos”. Si aceptan ese argumento, dice, entrarían en etapa de autoexterminio porque cambiaríamos su arroyo, su agua, por un trabajo que de todas formas se acabará dentro de unos años.

Lo que más temen todas las comunidades es que, con los cambios que se han dado a lo largo de los últimos 40 años (muchas veces sin su conocimiento ni consentimiento), su región cambie tanto que el desarrollo minero deje por fuera sus costumbres ancestrales, su forma de vida campesina y su cultura. Así lo resumió Rosa Galván, una joven que nació en Chancleta y está estudiando administración de empresas. Para ella es claro que, tanto indígenas como afrodescendientes quieren “que se nos reconozca el derecho a vivir en nuestro territorio y elegir qué hacer con nuestras vidas”. En resumen, no quieren ser daños colaterales de la minería.