Es imperativo que ante la gravedad de esta situación se otorgue la máxima atención a esta ola de violencia, y que en consecuencia se apliquen con eficacia y celeridad todos los mecanismos de garantías y seguridad previstos en el Acuerdo Final.

 

 

 
 

En su segunda edición del año, Diálogos Cinep debatió sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), su relación con el Acuerdo de Paz y la economía nacional. En él, participaron Ricardo Bonilla González, economista y ex secretario de hacienda de Bogotá y Consuelo Corredor y Víctor Barrera, investigadores del Cinep/PPP.        

Edmer Tovar, editor de Portafolio, fue quien moderó el panel y empezó su presentación afirmando que el Senado no revisó el PND, sólo le dio el visto bueno a lo presentado por la Cámara de Representantes. En su primera pregunta trajo a la conversación la relación entre la implementación del Acuerdo de Paz con este plan que presentó el gobierno el 6 de mayo .

Sobre esta incógnita, Consuelo Corredor afirmó que en el Acuerdo Final se establecieron mecanismos que permiten la sostenibilidad de los compromisos allí establecidos, lo que lo hace un acuerdo no de gobierno, sino de Estado. Dentro de esos compromisos está la obligación que tienen los cuatro gobiernos siguientes a la firma de incluir los compromisos del acuerdo en los Planes Nacionales de Desarrollo y un plan plurianual de inversiones para la paz. Este plan, según Consuelo, no se implementó a cabalidad.

Según la investigadora, el punto 1 del Acuerdo de Paz, que trata sobre una reforma rural integral, es el punto que más presencia tiene en el PND. Sin embargo, aclara que no todos los puntos relacionados con esta reforma hacen presencia en el PND como se esperaría, por lo que se debe indagar qué tanto se recoge lo del Acuerdo Final. Con respecto al punto 3, relacionado con la reincorporación y el fin del conflicto, Corredor hizo énfasis en que, incluso desde que Iván Duque era candidato a la presidencia, éste señaló la importancia de que la reincorporación se diera y llegara a feliz término. Sin embargo, la sustitución de cultivos ilícitos no está planteada plenamente como debería. Su conclusión más importante fue el planteamiento de que “hubiese sido deseable aprovechar el Acuerdo de Paz para trazar un sendero relacionado a la paz en el PND”.

Por su parte, Víctor Barrera planteó la importancia de tener claros cuáles son los criterios para evaluar un PND, especialmente en el contexto tan particular del país. Explicó que se deben tener claras tres características para evaluarlo correctamente: primero,  el diagnóstico sobre  los problemas generales del país; segundo, las estrategias que se plantearon y si son las adecuadas para resolver los problemas; y tercero, las metas que son los elementos que permiten evaluar después de cuatro años si el PND funcionó o no. Barrera destaca que en los primeros dos puntos este plan sí está acertado, pero su gran equivocación yace en plantear metas imposibles de cumplir.

Además, recalcó que en ningún PND la participación política y ciudadana ocupan un papel central, incluyendo este. Un elemento que preocupa al investigador son las menciones de conflictividad que se hacen a través del documento y la falta de ajustes normativos para garantizar la protesta social.

Ricardo Bonilla respondió a la pregunta sobre las expectativas de lo que se incluyó en el plan y lo que no. Su intervención comenzó con la aclaración de que un PND no se le puede negar a ningún gobierno porque es su potestad plantearlo. En el Congreso se puede negociar lo que cada bancada desea incluir, pero el problema es que esos debates quedaron invisibilizados por los diálogos en torno a la JEP. Por falta de tiempo, “fue la Cámara de Representantes la que hizo un estudio más juicioso, pero el Senado no tuvo tiempo por la negligencia de Matías. Al final, implementarlo fue decisión por pupitrazo”.

Según Bonilla, el enfoque económico del PND se basó en la idea de que el gobierno anterior dejó un déficit de 25 billones de pesos, pero nadie sabe de dónde salió esa cifra. Entonces manifestó que lo que puede hacer este gobierno es plantear un plan  y luego no cumplirlo porque no hay mecanismos reales en Colombia que evalúen la implementación de los PND. Sobre la paz, afirmó, no hay recursos específicos planteados sino programas generales.

Edmer Tovar intervino luego sobre los ejes bajo los cuales se entiende el PND: Legalidad + Equidad = Emprendimiento. Para Corredor, esta estructura es confusa y compleja porque “es una ecuación que no tiene sentido”. Para Barrera,  hay algo que añade un mayor grado de dificultad y es que “hay una apuesta por la legalidad, y las discusiones sobre la legalidad casi siempre terminan en dilemas morales”. Para Bonilla, la idea de emprendimiento que maneja el actual gobierno se basa en un concepto de economía naranja en el que se desarrollan aplicaciones y servicios sin garantía de condiciones de formalidad para sus empleados.

Los tres estuvieron de acuerdo en que, aunque el Plan Nacional de Desarrollo debe cubrir más que la implementación del Acuerdo de Paz, sí se debieron incluir más garantías para la implementación de este. Las elecciones que se llevarán a cabo en octubre para elegir gobernadores y alcaldes pueden ser una oportunidad, porque en el marco de la implementación se afirma que los planes regionales de desarrollo deben incorporar asuntos relacionados con el Acuerdo Final.

 

Laura Cristina Vasquez
Equipo de comunicaciones 

 

Por medio de una carta dirigida a Antonio Guterrez, secretario general de la ONU, ex miembros del equipo negociador del Acuerdo de Paz, integrantes del partido político FARC, académicos, congresistas, líderes de la sociedad civil, víctimas y miembros de organizaciones sociales expresamos nuestra preocupación ante las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz. 

 
 

 

La larga historia de violencia política en Colombia, de la cual, el conflicto armado es apenas una de las manifestaciones más evidentes; ha dejado tras de sí un gran saldo de víctimas y una sociedad profundamente dividida. A la cifra de muertos de la guerra, se le suma a diario un número nada despreciable de víctimas a causa de la intolerancia social.

Las promesas consignadas en los textos constitucionales y en los pactos de paz para promover la inclusión política y el pluralismo, contrastan con episodios cotidianos de agresión verbal y física entre opositores políticos; la polarización social que se muestra en los medios de comunicación y las redes sociales; la estigmatización de actores que defienden identidades no hegemónicas o la persecución por xenofobia, entre otros factores críticos.

Este número de la revista Controversia dedicado al tema de "Violencia, intolerancia y reconciliación en Colombia", trasciende la comprensión reduccionista de la reconciliación como exclusiva del campo del conflicto armado y su transición y en cambio plantea una de mayor complejidad que interpela si la exclusión y el desprecio por la diferencia se anidan en las causas del conflicto, la falta de convivencia y la reproducción de la violencia en Colombia.

Los autores de fuera de Colombia pueden participar con ensayos sobre procesos de violencia y paz similares en otros países de América Latina o del mundo.

Editora invitada:

Magda Beatriz López. Investigadora del Área de Ciudadanía, Iniciativas de Paz y Reconciliación del Cinep/Programa por la Paz.

 

Fechas:

Apertura: 15 de mayo de 2018

Cierre: 30 de junio de 2018

Publicación: noviembre de 2018 

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Consulta aquí el Manual de publicación para autores

 https://www.revistacontroversia.com

 

Esta semana analizamos el impacto del conflicto armado colombiano en el medio ambiente y el despojo que se ha generado como consecuencia.

 Junto a los expertos:

  • Johanna Herrera - de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, del Observatorio de territorios étnicos y campesinos Pontificia Universidad Javeriana  
  • Juan Sebastián Ospina - Equipo Conflicto, Estado y Desarrollo Centro de Investigación y Educación Popular CINEP / PPP
  • Luis Horacio Muñoz - Director Jurídico y asesor de Dirección General de la Unidad de Restitución de Tierras