El pasado 29 de agosto se realizó el Lanzamiento de la sexta versión del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, el primero del posconflicto. En instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, con la presencia de editores y periodistas de medios nacionales, se presentó a los 16 finalistas y 19 jurados del evento.

Cabe destacar, que el Premio desde 2012 ha buscado históricamente visibilizar las incansables luchas de los derechos humanos. Este año cuenta con “73 nominaciones de 18 departamentos del país, nominaciones que muestran diversas expresiones sociales” mencionó Karen Cárdenas Coordinadora del Premio Nacional de Defensores de los Derechos Humanos. Las cuales resaltan en un contexto de posconflicto, pues “los defensores de derechos humanos siguen siendo los principales perseguidos por su apuesta a la paz territorial” dice Cárdenas, quien a su vez señala que la incidencia de la paz se reafirma en los perfiles de los defensores, entre los que se encuentran de restitución de tierras, medio ambiente y de comunidades en situación de vulnerabilidad.

Destacamos la nominación de quienes han contribuido a visibilizar temas sociales en los que CINEP trabaja. Entre estos:

  • Samuel Arregoces, quien defiende el territorio, el agua y la vida de varias comunidades afrocolombianas y del pueblo indígena Wayúu, al sur de la Guajira.
  • Asociación Sutsuin Jiyeyu Wayuu, Fuerza de Mujeres Wayuu, SJW-FMW, que visibiliza las violaciones a los derechos humanos y los derechos étnicos de la Guajira. Y han denunciado los mega proyectos mineros, el desplazamiento forzado y la situación de vulneración de derechos de las mujeres indígenas.

En la misma línea, Diakonia, institución que desde el inicio ha sido organizadora y convocante del Premio, y a partir de 2017 lo hace junto con la Iglesia Sueca, reconoce a los nominados quienes aunque “son necesarios para construir la paz y democracia actualmente, y lo han hecho durante muchos años, desafortunadamente siguen sufriendo crímenes graves”, según explica César Grajales Director Diakonia en Colombia, razón por la que reafirma el apoyo de dicha organización a los defensores en el país.

A su vez, en el marco del Lanzamiento se dio a conocer los 19 jurados del premio. Juan Pablo Morris, Director Fundación Contravía, uno de los jurados expuso una de las razones que prima en su elección aparte de la planilla práctica que debe tener en cuenta, “aspiro a que en esta coyuntura de pedagogía para la paz sea prioritaria una mayor sensibilidad a reconocer el trabajo con las uñas, anónimo, y en las regiones”.

El próximo 19 de septiembre tendrá lugar el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia de 8AM a 12M en Instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana. Por primera vez se cambia la agenda debido a la coyuntura nacional.

Para mayor información, encuentra los perfiles de nominados y jurados en: http://www.premiodefensorescolombia.org/

 

María Gabriela Novoa

Equipo de comunicaciones

En cumplimiento con el acuerdo de paz, y  como parte del Sistema integral de verdad Justicia, Reparación y No Repetición, el Cinep/Programa por la Paz postula a Mauricio Archila Neira a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Archila es licenciado en Filosofía y letras con especialización en historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Realizó una maestría en economía en la que estudió el impacto del sindicalismo en los salarios. Es doctor en historia de la Universidad estatal de Nueva York Stony Brook, en el que analizó la formación de la clase obrera colombiana. Desde el inicio de su carrera académica, ha seguido la trayectoria de los movimientos sociales en Colombia en el siglo XX y XXI y su relación con las izquierdas políticas. En ese transcurrir ha documentado hechos de violencia contra los movimientos sociales, especialmente contra el sindicalismo

Se vinculó al CINEP/PPP como investigador asociado desde los años 80 y ha trabajado con las organizaciones sociales en sus territorios y regiones. Ha contribuido a  la construcción de las bases de información que este Centro elabora sobre luchas sociales.

Además, ha sido docente de la Universidad Nacional de Colombia desde 1978 en el departamento de historia, donde ha recibido varias distinciones por su trabajo, entre ellas el premio a la Docencia Excepcional en 2001, año en el que fue nombrado como docente emérito de dicha Universidad.

Ha sido miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores desde su creación en 1987, la cual ha presidido en un par de ocasiones. Está vinculado desde hace años a equipos de LASA y grupos de CLACSO que trabajan sobre izquierdas y movimientos sociales en América Latina.

Es autor de varios textos de investigación entre ellos se destaca Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958 – 1990, publicado en 2003 y considerado uno de los documentos más importantes en análisis de los movimientos sociales de Colombia. Con esta investigación ganó el Premio Nacional de Ciencias Sociales Alejandro Angel Escobar en 2004.

Dada su trayectoria en investigación, en trabajo con comunidades, en trabajo académico, el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz, lo postula como candidato a la Comisión de Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición con el apoyo de diferentes instituciones académicas, sindicales y obras de la compañía de Jesús.

Se espera que durante las próximas semanas el comité de escogencia  seleccione a las personas que durante los siguientes tres años tendrán como función esclarecer los hechos ocurridos,  promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover la convivencia en los territorios, Todo esto en el marco del conflicto armado.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

A propósito de las recientes movilizaciones sociales en Colombia, presentamos este artículo de la última edición de la revista Cien Días Vistos por Cinep/PPP que rescata el significado de las movilizaciones del magisterio, el paro cívico en Chocó, el sector de los esmeralderos, la disputa por Uber y el sector judicial.
 
 
 

 

 

El pasado miércoles 31 de mayo, se realizó el lanzamiento de la última edición de la revista Cien Días Vistos por Cinep/PPP. En diálogo con Ana María Restrepo, una de las autoras del artículo “Tres variaciones sobre la movilización social y la paz”, quisimos entender un poco más sobre la relevancia de la movilización social hoy, en tiempos de implementación de los acuerdos de paz.

 ¿Por qué es importante entender el tema de la movilización social en relación con los acuerdos de paz?

Ana María Restrepo: Esa es una pregunta que nos hemos estado haciendo mucho desde el equipo, porque claramente desde que comenzaron los procesos de negociación ha aumentado el número de protestas. Eso tiene que ver con que el proceso de negociación abre una oportunidad política para poner en lo público las demandas y las necesidades de las localidades, pero también porque se empieza a construir un discurso en el que todas las demandas sociales aportan a la paz.

Si hay más educación, si hay mejores vías, va haber paz. Eso tiene mucho sentido, porque por supuesto se van a disminuir los conflictos sociales si se resuelven las demandas que la gente tiene en sus territorios.

Por eso es importante entender la relación del movimiento social con los procesos de negociación. Lo que encontramos es que sí había otros sucesos, fenómenos y acciones que afectaban a la movilización social y que sí tenían que ver con los procesos de paz.

Para el caso del artículo de Cien Días son las movilizaciones convocadas por el uribismo; los foros de participación en los que se buscó construir unos lineamientos para un proyecto de ley de garantías a la protesta, la participación ciudadana y la movilización social; y las capturas a líderes sociales que se estaban presentando simultáneamente y que están enmarcadas en un proceso mucho más amplio de persecución a la protesta, de criminalización y de asesinato a líderes.

¿Cómo afecta la  criminalización de la protesta social  en la implementación de los acuerdos?

A.M.R: Sobre todo son preguntas también: ¿qué pasa si en el tránsito de la política por vía armada a la participación democrática la protesta, que es otra forma de participación política, se criminaliza? ¿Cómo eso puede desestimular esos tránsitos?

Pero por otro lado,  se puede desincentivar la protesta misma. Lo que empezamos a ver, es que cuando por los  medios de comunicación se afirma que son los actores armados que sacan a la gente a protestar, se están desconociendo los liderazgos sociales y la autonomía de las personas y sus capacidades para reconocer los problemas en sus territorios, construir soluciones alrededor de estos y ponerlos en un escenario público para sean reconocidos.

 ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos leer el artículo de Cien Días?

Hay que leer este artículo por cuatro razones:

  1. Para saber qué pasó en los Foros de Participación Nacional y Regional, cuáles fueron los grandes temas de discusión que se vieron en esos foros territoriales y sectoriales.
  1. Para entender que la criminalización de la protesta no es una cosa nueva, pero sí estamos en un momento en el que hay unos discursos muy fuertes frente a la protesta, y nosotros en el artículo rastreamos desde el año 90 los precedentes de esa criminalización.
  1. Para ver que estas cuestiones del uribismo y la movilización social plantean un panorama paradójico, porque en el gobierno de Álvaro Uribe también se criminalizó y se judicializó a muchos líderes sociales.
  1. Para seguir pensando cuál es el sentido de la participación política en este contexto y las diversas formas en las que se presenta.

 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo Comunicaciones

 

 

¿Sobre qué trata el artículo?

La idea del artículo es pensarse a Buenaventura como un escenario que presenta una serie de retos en el marco del posacuerdo. De manera particular intentando hacer una lectura crítica alrededor de lo que significan los acuerdos y la idea de paz que está detrás de ellos. Porque si bien hay un interés y los acuerdos son un escenario muy alentador para el país, también traen una serie de limitaciones que en el caso de un municipio que históricamente ha sido una zona periférica del país, vale la pena pensarse.

¿Cómo nace este artículo?

Yo vengo trabajando más o menos hace dos años en el municipio de Buenaventura, primero como producto de una investigación de la universidad y luego fue un interés personal que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y en el marco de esa investigación surgía la pregunta de cómo pensarse Buenaventura en una coyuntura como la actual.

¿Por qué la gente debería leer este artículo?

Creo que es importante no solo leer el artículo sino toda la revista, porque los últimos cien días en la coyuntura nacional han sido bastantes movidos, no solo por las amenazas y asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos, sino también por la movilización social radicalizada y exacerbada que se ha visto. Es el ejemplo del paro en Chochó, el paro en Buenaventura e inclusive las movilizaciones del magisterio y de diversos sectores. Con relación a lo que presentan los medios, creo que hay una invisibilización respecto a la crisis estructural que vive Buenaventura que no solo es una manifestación esporádica, sino que es un acumulado de factores que vienen gestándose desde hace varios años y que demuestran no solo la falta de presencia institucional, sino la corrupción y la presencia de actores armados.

¿Cuáles son los puntos clave del artículo?

Yo creo que son tres. El primero es la dicotomía entre un concepto de paz totalizante y una apuesta por pensar la paz en plural, Las paces. El segundo es hacer énfasis en que si bien en el marco del conflicto armado hubo muchas víctimas, es importante destacar el papel de los actores y de las empresas privadas como un actor generador de violencia. Y el tercero serían los retos que representa la implementación de los acuerdos, sabiendo que el discurso en sí mismo tiene una plataforma de paz liberal que representa un imaginario de desarrollo que se implementará en cada uno de los municipios del país.

 
 
 
 
Miguel Martínez
Equipo de Comunicaciones