En San Pablo Nariño se proclamó el primer Territorio Campesino Agroalimentario del Norte del Nariño y el Sur del Cauca, en total serán proclamados 62 territorios a nivel nacional, nueve de ellos en el departamento de Nariño.

El evento de proclamación contó con la presencia de alcaldes, congresistas, concejales, gobernadores, organizaciones sociales, cooperación internacional y más de cuatro mil personas de  municipios de Nariño y Cauca. Junto con la proclamación se hizo el nombramiento y posicionamiento de la Junta Campesina de Gobierno Cultural del Territorio, constituida por 51 personas de 14 municipios de Nariño y tres del Cauca, así como también el nombramiento de los Coordinadores de la Protección del Territorio y la aprobación del Plan de Vida Agua y Dignidad Campesina del Territorio.

La propuesta de construcción del Territorio Campesino Agroalimentario en el Norte de Nariño y Sur del Cauca es concebido y organizado por familias, comunidades y organizaciones campesinas orientado por una autoridad campesina y un Plan de Vida digna, resultado de procesos organizativos, sociales, políticos, económicos y culturales. El Plan de Vida Digna es le camino que traza la comunidad para organizar su trabajo a corto, mediano y largo plazo. Es un proceso integral, ya que incluye todos los aspectos de la vida comunitaria.

Durante el discurso de proclamación Robert Daza, miembro del Coordinador Nacional Agrario-CNA anunció "Nos declaramos en minga por la construcción del territorio para la vida campesina donde la agricultura sea la que nos garantiza los medios para el bienestar de nuestra familia y comunidad. Nos comprometemos a hacer minga para cuidar, proteger y garantizar el agua, la tierra, el territorio para la gente y no para los intereses de las empresas transnacionales, en especial las mineras. Nos comprometemos a organizar y trabajar en comunidad para sacar adelante los proyectos que dignifiquen nuestra vida campesina. Nos comprometemos a luchar por la infraestructura necesarias para el bienestar y progreso, nos comprometemos a recuperar y engrandecer nuestra cultura campesina. Nos comprometemos a desterrar toda forma de discriminación en especial hacia las mujeres y la niñez, nos comprometemos a cuidar la vida, la gente y el medio ambiente". 

Bajo los principios de autonomía, participación y convivencia en los territorios agroalimentarios los campesinos y campesinas construyen relaciones sociales y comunitarias, tienen una relación directa y especial con la tierra, la naturaleza y el agua, fruto de procesos y prácticas sociales y productivas donde se unen el pasado y el presente en la construcción de vida digna y el buen vivir en el campo.

En el marco del convenio Construyendo Paz con Equidad desde Nariño Cinep/PPP en alianza con el Comité de Integración del Macizo Colombiano- CIMA- y el Comité de Integración del Galeras - CIGA-  acompaña el proceso de los Territorios Campesinos Agroalimentarios como propuesta de construcción de paz en el departamento de Nariño.

 

 

 

Minería y paz

  • Jun 20, 2019
  • Publicado en Medios

¿Cómo está el departamento de La Guajira después de más de treinta años de explotación carbonífera? Está saqueado por una economía de enclave y extracción y por una administración corrupta. Las comunidades indígenas, negras y campesinas segregadas, empobrecidas y golpeadas con necesidades básicas insatisfechas en un sesenta y cinco por ciento, según el DANE. La actividad minero energética ha generado desplazamiento de comunidades, sequía y contaminación de ríos, y adicionalmente daños ambientales con impactos negativos de larga duración. La corrupción política ha impedido que se lleven a cabo programas sociales con cambios sostenibles. En la mayor parte de los municipios de La Guajira los colegios y escuelas están desmantelados o abandonados. La salud, como en todo el país, vive una honda crisis. Faltan centros asistenciales, hospitales, personal médico y medicamentos, la tasa de mortalidad asociada a la desnutrición aguda en La Guajira aumentó un cincuenta por ciento en los últimos cuatro años, según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

En La Guajira la situación de los niños y niñas Wayuu es tan crítica, que la Procuraduría en días pasados dio a conocer su petición a la Corte Constitucional para que intervenga ante las constantes violaciones a los derechos fundamentales frente a una evidente y crítica situación de abandono institucional, que amerita impartir una serie de órdenes para proteger a la población de La Guajira y en especial a la comunidad indígena Wayuu. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al Gobierno nacional asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil, así como tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y a alimentos en calidad y cantidad suficientes. Pero la situación no ha cambiado a pesar de las medidas cautelares y de recientes órdenes impartidas por el Tribunal Superior de La Guajira para que el presidente de la República garantice el acceso al agua de los niños Wayuu que mueren de sed y hambre. En declaraciones recogidas por El Catolicismo el obispo de Riohacha, Héctor Salah, aseguró que “la principal calamidad de La Guajira es su clase política. Pues, valiéndose del poder delegado por la gente, ha usado para su propio beneficio los recursos que debieron emplear en la solución de tanto problema que tiene la región. No se pueden seguir robando la plata destinada para alimentar a los niños wayuu, como lo han venido haciendo en los últimos años”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP

El informe especial sobre minería en el sur de La Guajira es una descripción de la manera en que se estableció la industria minera en esta región de Colombia y de algunos conflictos agrarios y ambientales generados a partir de la misma. Este documento sintetiza el trabajo de investigación que el CINEP/PPP ha desarrollado durante los últimos cuatro años en esta región. En este se identifican las dinámicas que han favorecido a las empresas mineras y a la agenda extractiva por encima de los intereses y necesidades de las comunidades que habitan dicho territorio. A su vez, busca presentar a grandes rasgos la problemática en la región, desde una perspectiva integral, para posteriormente plantear una serie de recomendaciones con el fin de enfrentar las afectaciones causadas a los habitantes de la zona y, si es posible, reparar los daños sobre el territorio, ello a pesar de reconocer que algunos de estos pueden ser irreversibles. Dentro de estos problemas se describen los procesos de adjudicación de baldíos durante la década de los ochenta y el papel que estos juegan en la configuración de los conflictos agrarios. Además, se describen las irregularidades en cuanto a los estándares de medición de contaminación en aire, en agua y en general, y el contexto de vulneración de derechos que ha acompañado a la extracción minera en el sur de La Guajira.

Después de la introducción general, se hace un análisis de los conflictos agrarios producidos por la minería. Para ello, se describe cómo en los años ochenta hubo un proceso de concentración irregular de la tierra, establecida como baldíos, que posteriormente pasarían, por medio de englobes, a hacer parte de los predios para el enclave minero. Dichos procesos desconocieron las restricciones a la tradición de la propiedad inmueble que estableció el marco normativo agrario vigente. Los procesos de desalojo forzado, desplazamiento y, más recientemente, los reasentamientos involuntarios han sido problemáticas poco documentadas cuando se habla de las afectaciones por la minería; sin embargo, para los habitantes de la región del sur de La Guajira, resultan ser los procesos que más han afectado la cohesión de las comunidades y las familias, así como la configuración de su territorio.

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