Expectativa

Aunque era la primera vez que yo estaba allí, noté una emoción particular esa mañana. Si bien es una gente muy tranquila, se sentía gran expectativa en varios de los habitantes y visitantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Esa mañana, llegarían tres miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para hablar con ellos y entregarles la extensa documentación que han realizado por años de las violaciones a sus derechos. Algunas personas desayunaban en la puerta de la casa, un hombre mayor que usaba gafas de sol estaba sentado en un tronco y los niños corrían entre los maderos. Caminé un poco y vi al padre Javier Giraldo. Estaba hablando con una mujer. Me dirigí hacia ellos. “Le presento a Mariela, una religiosa que acompaña a la comunidad desde hace años”. Luego de un breve descanso me dijo: “Vamos le muestro la comunidad”.

Mientras tanto algunas mujeres preparaban el almuerzo, varias personas pasaban a preguntar a qué hora llegaban los comisionados, otros cargaban unas sillas plásticas. Lo primero que encontramos en el recorrido fue unos murales que hace poco terminaron y que retratan los relatos de varios habitantes sobre la comunidad y su historia. Justo al lado está el punto de encuentro principal, la cúpula. Este es un espacio híbrido entre iglesia y auditorio en el que rinden homenaje a las más de 300 víctimas que he dejado el conflicto armado en esta población. Al entrar los primero que noté son unos retratos pintados que rodean la parte alta del salón. Son casi 50 retratos de las pocas personas víctimas de la comunidad que tenían foto. Todos ellos, pintados a mano. Una imagen impactante son unos listados dispuestos a lo largo del salón en los que se recogen nombres, veredas y años en los que fueron asesinados o desaparecidos habitantes de esta comunidad. Son más de 300 y constantemente se les rinde homenaje. Atrás de la cúpula hay un pequeño mausoleo con los cuerpos que la comunidad ha logrado rescatar en los últimos años.

La universidad de la resistencia

El padre Javier le llama a esta comunidad la Universidad de la resistencia. Y no es infundado este nombre. Son muchas las organizaciones internacionales y nacionales que resaltan y apoyan a la comunidad de paz. Durante la década de los 90 el Urabá Antioqueño sufrió muy fuertemente el conflicto armado. Allí tomaron parte las Farc, el EPL, los paramilitares y el Ejército Nacional. En medio de los enfrentamientos diarios que vivía San José de Apartadó, cientos de campesinos tuvieron que enfrentar violencia, asesinatos, violencia sexual, tortura, desplazamiento y amenazas.

Ante este duro panorama, un grupo de campesinos de veredas cercanas, decidieron acogerse a ser una comunidad neutral. Esto implicaba no participar de ninguna forma del conflicto, no dar información a ninguno de los grupos, ni suministros. “Ya había muchos desplazamientos en la zona, pero finalmente le apostamos a generar una organización que fuera una comunidad neutral. Esto para exigirle tanto a la guerrilla como a la fuerza pública de que no nos íbamos a someter a ninguna de las pretensiones de ellos, que nos le íbamos a colaborar, que no íbamos a ser como idiotas de ellos, sino que nosotros queríamos autonomía del campesinado” me contaba Jesús Emilio Turberquia, ex representante legal de la comunidad.

En 1996 querían que los bandos del conflicto se comprometieran a respetar la neutralidad de la comunidad. Para esto debían hablar directamente con los comandantes tanto del Ejército como la guerrilla. Pidieron mediación con la Cruz Roja Internacional, quienes se negaron porque solo median entre actores armados, no con población civil. Finalmente la iglesia aceptó mediar y recibieron respuesta positiva de ambas partes. El 23 de marzo de 1997 firmaron la declaratoria que los identificaba como la Comunidad de paz de San José de Apartadó, un grupo de campesinos de diferentes veredas que querían estar por fuera del conflicto armado.

La idea inicial fue que la figura de comunidad neutral durara dos años, pues creían que en ese periodo de tiempo se detendría el conflicto o que ya no aguantarían más. Luego de la decisión, fue aun peor la arremetida contra ellos. Guerrilla y Ejército, que se disputaban el control territorial en ese tiempo, los atacaron acusándolos por no ayudar en sus objetivos militares. “Entonces uno ve que no había ninguna intención y que sí nos veían como un enemigo, tanto la guerrilla como el Estado colombiano” relata Jesús.

Desde esos días las familias que decidieron unirse a la comunidad de paz, adoptaron unos valores que permitieran la unidad como colectivo y que dieran tranquilidad para vivir entre ellos.  Dignidad. Diversidad cultural, resistencia, memoria y alternatividad fueron los valores acordados. Estos valores están plasmados hoy en día en los ventanales de la cúpula. Estos se intercalan con los listados de las víctimas y para varios de los habitantes de la comunidad con los que hablé, son los que les han permitido permanecer tanto tiempo. Todas las dificultades más grandes. Contra nosotros se ha aplicado todo mecanismo de guerra.  Hemos logrado resistir y aquí nos mantenemos. Ha sido esa fuerza organizativa que hemos podido ir más allá de la guerra porque no nos han podido someter a las intenciones de que hagamos parte de la guerra, pero tampoco nos han podido desalojar. Afirma vehementemente Jesús.

Durante todo este tiempo han logrado llamar la atención a nivel internacional. Múltiples organizaciones no gubernamentales, colectivos, organizaciones de derechos humanos los han acompañado en esta resistencia pacífica que le han hecho a los violentos.

El momento de la hablar

Hacia el medio día hay mucho alboroto. Los hombres que había visto antes en pantaloneta, visten ahora pantalón y camisa. Tras muchos minutos de espera, llega el momento. De un pequeño taxi se bajan tres comisionados de la verdad. María Ángela Salazar, Lucía González y el Padre Francisco de Roux saludan a las personas que atentamente los reciben. Tras un minuto de silencio, siete representantes de la comunidad les cuentan a los comisionados lo que han tenido que sufrir estos 22 años en los que han preferido mantenerse al margen del conflicto. Voces de niños, de mujeres, de ancianas se oyen para pedir a la comisión que esclarezcan las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido por décadas. El sentimiento constante es de tristeza por sus relatos, pero también de firmeza y convicción para pedir que se sepa la vedad de los hechos.

Desde la finales de los 90, la consolidación del paramilitarismo en la región trajo un incremento muy fuerte de la violencia para esta comunidad. Amenazas, desplazamientos, violencia sexual, asesinatos eran el pan de cada día para las familias que decidieron adherir a la comunidad de paz. Aun cuando habían decidido no participar de la guerra, los paramilitares atacaron. No les bastó solo con la violencia directa. En 2001 impidieron el paso de alimentos para la comunidad. Fueron acusados de abastecer a los guerrilleros, cuando los alimentos que compraban era para alimentar a las familias. Varios campesinos que bajaron al pueblo a llevar mercado, fueron asesinados. Ante este situación la comunidad decidió volverse autosostenible. Empezaron a cultivar lo necesario para autoabastecerse y desde allí no necesitan comprar mayor cosa en el pueblo. La denuncia constante de la comunidad es que la Brigada XVII del Ejército, cooperaba con los paramilitares en estas acciones violentas. 

Uno de los episodios de violencia más cruentos que tuvieron que padecer, se dio el 21 de febrero de 2005. Ese día, en medio del patrullaje del Ejército, paramilitares del bloque Héroes de Tolová, de las AUC, asesinaron a 8 personas de la comunidad. Entre las víctimas habían tres niños, el menor de ellos de un año y medio de edad. Por este acto, fueron condenados cuatro militares como coautores de la masacre. Este hecho marcó un giro definitivo para la comunidad. Desde ese terrorífico episodio, rompieron toda relación con el Estado, porque dicen no tener ninguna garantía de protección ni de justicia en sus casos.

“La guerra aquí ha sido por los intereses económicos, no porque ha habido presencia guerrillera. Los intereses económicos que representa esta zona y esta región son muy grandes. Estamos a puertas del mar caribe, en una zona muy productiva con muchos minerales, una reserva hídrica y muchísima riqueza” declara una de las mujeres líderes de la comunidad. “Las Farc salieron de estas tierras y aún así seguimos levantando muertos y seguimos siendo amenazados” agrega otro líder. La comunidad pensó que con el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc, vendría paz a este territorio. Sin embargo, la situación no cambió mucho.

Desde hace varios años la comunidad viene denunciando la presencia de hombres armados en la región. Afirman que el paramilitarismo sigue manteniendo el control en algunos sectores. En los últimos meses varios de sus líderes han sido amenazados y en las carreteras siguen apareciendo muertos. A esto se suma lo que han denominado la persecución institucional. A finales de 2018, a Brigada XVII del Ejército Nacional, en cabeza de su comandante, Carlos Alberto Padilla, interpuso una tutela contra la comunidad de paz por algunas denuncias en redes sociales en las que manifiestan la convivencia de militares y paramilitares. La tutela fue fallaba a favor de los militares y ante la negativa de la comunidad a borrar la denuncia, el representante legal, German Posso, fue arrestado. “Esto significa que el Ejército quiere cortar el último espacio de denuncia de la comunidad” afirma el padre Javier Giraldo, acompañante de la comunidad.

 

La Comisión de la verdad

El recrudecimiento de la violencia en los últimos años, llevó a la comunidad a hacer un llamado a la comisión de la verdad. Los tres comisionados, luego de escuchar a la comunidad, de registrar sus testimonios y de recibir de sus manos el registro histórico de las violaciones a sus derechos, se comprometieron a estudiar este caso. Sin embargo, y aunque la gente agradece la presencia de la comisión, son muy escépticos frente a los que puedan hacer.  “nosotros sabemos que las cosas no van a cambiar, son otras personas más que nos escucharán, que conocerán la experiencia pero que no pueden hacer absolutamente nada porque no están por encima de la justicia o del gobierno colombiano” me dice Jesús Tuberquia al final del día. Varios otros campesinos lo dicen de igual manera.

Han sido 22 años de ser una comunidad neutral ante el fuerte conflicto que vive la región. Más de dos décadas en las que se han negado a participar o apoyar a cualquiera de los bandos involucrados en la guerra. Más de dos décadas en las que han pedido que los dejen trabajar la tierra tranquilos. Más de 22 años de exigir justicia en los casos de violación de sus derechos humanos y los más de 300 muertos y desaparecidos que han puesto. Las nuevas generaciones están comprometidas con mantenerse firmes en este propósito. Por ahora, lo único seguro es que esta comunidad seguirá resistiendo en medio del conflicto, como lo ha hecho en los últimos 22 años.

 

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

El reconocimiento de las víctimas es fundamental en procesos de reconciliación como el que está viviendo Colombia. Bajo la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, el gobierno de Juan Manuel Santos creó acciones de conmemoración que reconocían la existencia de un conflicto armado en el país y de víctimas diferenciadas por tipo de victimización. Así, nació el 9 de abril como el Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, también como conmemoración del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Para William Rozo, investigador del Banco de Datos de Cinep/PPP, ese día en el que la capital colombiana se incendiaba, nació uno de los ciclos de violencia que ha tenido Colombia en su proceso de conformación como Estado – Nación y que no hemos subsanado.

El 9 de abril les da a las víctimas un marco legal que les permite reconocerse a sí mismas como tal y que, tanto el Estado como la sociedad, también lo hagan. Desde hace ocho años, este día ha tenido distintas conmemoraciones realizadas por víctimas y que han abarcado espacios públicos en todo el país. Por ejemplo, en Tumaco en la conmemoración de 2016 cientos de víctimas, docentes, niños y otros actores, se unieron para lanzar faroles al mar, cada uno con el nombre de una víctima. El año pasado en Medellín se realizó una concentración masiva en la plazoleta del Teatro Pablo Tobón Uribe y una exposición fotográfica sobre la memoria, mientras que en Bogotá se realizaron siete expresiones artísticas que cubrieron la Carrera Séptima desde el Museo Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

Sin embargo, es fundamental entender la disputa que hay sobre las distintas verdades y memorias que existen y se están creando alrededor del conflicto armado. En esta entrevista, William Rozo hace una reflexión sobre la importancia de una conmemoración como la de hoy, la lucha de las víctimas de diferentes actores armados, incluyendo las víctimas de crímenes de estado, por ser reconocidas y el papel que debería jugar la sociedad en la construcción de memoria y solidaridad con las víctimas.

¿Cuáles son las luchas de las víctimas y de sus familias que llevaron a que este día se conmemorara?

William Rozo: Uno de los crímenes más atroces de todos los crímenes que se pueden cometer contra un ser humano es la desaparición de un familiar porque es una tortura permanente, porque no cesa el dolor. Siempre se está esperando al ser querido. Entonces los familiares de víctimas de personas desaparecidas en razón y con ocasión del conflicto, que es como se llama en Colombia y que es diferente a la desaparición forzada, siempre han estado buscando a sus seres queridos. Esa fuerza, que en su gran mayoría está liderada por mujeres, esa fuerza de mujeres que buscan, que luchan y que empezó en gran medida con las Mujeres de la Plaza de Mayo en Argentina y se fue extendiendo por todo el mundo, es la que hace que este tipo de días tengan un hito en el tiempo. La lucha es esa, es ayudar a encontrar a los desaparecidos y desaparecidas de este país. 

¿Cómo la sociedad puede contribuir a la memoria y a la solidaridad con las víctimas?

W.R: Yo creo que de eso tenemos que aprender mucho de los procesos alemanes, de los procesos judíos y de otros procesos de otros países en el que son las ciudadanías las que no sólo reconocen a las víctimas, sino que dicen “esto no puede volver a ocurrir”. Yo creo que a ese nivel tenemos que llegar en Colombia, pero para eso nos falta todavía mucho. Aquí todavía hay sectores muy poderosos que están interesados en que la guerra continúe, en revictimizar, en mantener las condiciones porque en la guerra hay unos perdedores, que es el grueso de víctimas, pero hay gente que ganó. Ganaron los empresarios y ganaron los terratenientes y esa es parte de la disputa. ¿Cuándo se cambia esa balanza? Cuando el conjunto de la sociedad no tolere y no avale eso y se movilice; ese día empiezan a cambiar las cosas. Pero todavía nos falta muchísimo para llegar allá. Una conmemoración como la del 9 de abril todavía no aporta mucho a que eso ocurra, pero va en la dirección correcta. 

¿Qué implicaciones tiene que exista el 6 de marzo como un día de conmemoración especial para las víctimas de crímenes de Estado?

W.R: Si nosotros miramos las estadísticas tanto de Cinep/PPP, como otras diferentes a las que maneja la prensa y los medios de comunicación masivos, el número más alto de víctimas son las víctimas que ha producido el Estado colombiano a partir de sus instituciones como el Ejército, la Policía y las alianzas con grupos paramilitares. La cifra puede estar cerca del 60%, y el resto son víctimas por parte de la guerrilla y otros actores, por lo que es muy importante ese reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, el 6 de marzo es un día posicionado por las víctimas desde hace más de diez años, pero no está reconocido por ningún marco legal.  

¿Cómo lograr unir los distintos relatos y verdades que hay sobre el conflicto en una conmemoración como la del 9 de abril?

W.R: Como lo dice el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, no hay una sola verdad. Hay muchas verdades, el punto es ponerlas todas juntas en igualdad de condiciones: ese es el desafío. Yo siento que ahí el llamado es a jóvenes periodistas o comunicadores sociales que están saliendo de las universidades y que están con un abordaje un poco diferente, en mi opinión menos contaminado que la mediática y todos estos medios masivos que contribuyen dependiendo de los intereses en defender una u otra orilla, a construir relatos que se acerquen más a los hechos tal cual ocurrieron.

¿Cuáles son las razones para conmemorar el 9 de abril?

W.R: Primero, está como base el derecho constitucional que tenemos todos los colombianos y colombianas a vivir en paz. Segundo, tenemos que aprender a resolver todos nuestros conflictos sin recurrir a métodos violentos. Tercero, debemos posicionar por encima de todo a la creatividad para la resolución de conflictos. Cuarto, tenemos muchísimas heridas abiertas y hay que cerrarlas. Yo creo que el 9 de abril contribuye un poco a eso. Yo estoy impactado porque en la portada de El Espectador del 4 de abril hay una foto de una ex guerrillera de las Farc con un ex jefe paramilitar y un sacerdote defensor de derechos humanos en los Llanos, en un territorio donde hemos hecho peregrinaciones, que antes se estaban matando y hoy están tratando de decir “venga, aquí pusimos víctimas todos”. Ver cómo los familiares se acercan es impresionante. Quinto, hay que sanar heridas y empezar a reconstruir, a tratar de hacer un país mejor y armar este país desbaratado. Para los que somos padres de familia esa es una razón muy poderosa. Nosotros no queremos que nuestros hijos tengan que vivir en el país que a nosotros nos tocó vivir. Yo hoy tengo 46 años y no sé lo que es vivir un solo día en Colombia en paz.

 

Laura Cristina Vásquez 
Equipo Comunicaciones

 

El pasado 2 de agosto en las instalaciones de Cinep/Programa por la Paz se llevó a cabo el evento La verdad en juego: un diálogo con diversas organizaciones sociales sobre Comisión de la Verdad.

Los invitados a este conversatorio fueron: Oscar David Montero de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Marina Gallego de la Ruta Pacífica de las Mujeres, Juan Ruiz de Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad y Fabio Arias de la Central Unitaria de Trabajadores. El moderador del diálogo fue el investigador de Cinep/PPP, Mauricio Archila.

La Comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición hace parte del SIVJRNR, que se creó en el punto 5 del acuerdo de paz firmado en la Habana. Uno de los puntos que más tiempo tomó en su discusión. Es por esto, que en esta versión de Diálogos Cinep/PPP la discusión se centró en exponer y comprender la diversidad de opiniones y posiciones de las  organizaciones sociales sobre la Comisión de la Verdad.

El investigador Mauricio Archila centró la conversación en 5 puntos fundamentales:

  1. La relación de la Comisión de la Verdad con los demás componentes del SIVJRNR.
  2. Cómo se relacionará lo judicial y lo extrajudicial en el marco de la Comisión de la Verdad.
  3. Cómo se desarrollará el mandato de centralidad de las víctimas. Cuál será la participación de estas en la Comisión de la Verdad.
  4. Qué se debe investigar en esta comisión.
  5. Qué tipo de verdad se espera de una Comisión de la Verdad: un relato sobre las causas de la violencia y su desarrollo o varios relatos de esta.

Por último, el investigador enfatizó en la idea de que la Comisión de la Verdad debería investigar “más que casos emblemáticos, dar cuenta de los patrones de victimización del conflicto armado”

Vea aquí la conversación que tuvieron las diferentes organizaciones participantes y algunas respuestas a los interrogantes planteados en esta versión de Diálogos Cinep/PPP

 

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/Programa por la Paz presentó a la opinión pública su informe anual de 2016, el cual se tituló El paramilitarismo sí existe.  

El Cinep/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales, campesinos y organizaciones de derechos humanos.El análisis de los últimos 8 números de la revista Noche y Niebla  deja ver una disminución global de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, aumentan los casos de violencia por razones políticas”, afirmó Alejandro Angulo, S.J. 

Durante la presentación del informe se atribuyeron 550 victimizaciones a grupos paramilitares y 833 a actores armados no identificados, por lo que se puede afirmar que se trata de violencia política. "Preocupa el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales", señaló Luis Guillermo Guerrero Guevara, director de Cinep/Programa por la Paz.

Otro de los datos que llamó la atención de los investigadores del Banco de Datos es que las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional, especialmente del ESMAD, son muy similares a las de los paramilitares: 548 victimizaciones durante el 2016.

PRESUNTOS RESPONSABLES

A

B

C

D

E

F

G

H

Total

PARAMILITARES

395

7

9

 

83

44

12

 

550

POLICÍA NACIONAL

58

 

 

196

17

256

12

9

548

EJÉRCITO NACIONAL

44

 

 

30

8

6

 

1

89

ARMADA NACIONAL

10

 

 

5

1

4

1

 

21

INPEC

4

 

 

 

5

5

4

2

20

FISCALÍA GENERAL

5

 

 

5

 

 

 

 

10

CTI

 

 

 

6

 

 

 

 

6

FUERZA PÚBLICA

 

 

 

3

 

 

 

 

3

GAULA

 

 

 

 

1

1

 

 

2

FUERZA AÉREA

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL;  F HERIDO; G TORTURA; H VIOLENCIA SEXUAL

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep/PPP.

El caso regional que se presentó en esta ocasión fue el del Magdalena Medio, por lo que se contó con la colaboración de Santiago Camargo, del Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio (OPI). Según Camargo “entre 1985 y 2016 se han presentado 477.019 hechos victimizantes, de los cuales el 80% son atribuidos a grupos paramilitares”.

 A pesar de las inversiones, tanto del sector privado como estatal, en la región siguen ocurriendo altos índices de violaciones a los derechos humanos. Entre los años 2014 y 2016 se presentaron 439 agresiones en los 31 municipios que cubre el observatorio. Adicionalmente, el observatorio denuncia la presencia de más de 20 grupos paramilitares en la zona.

El padre Javier Giraldo S.J. hizo un llamado  frente a esta problemática al decir que “no se puede seguir negando la existencia ni el accionar de los grupos paramilitares en Colombia”. Por su parte, Alejandro Angulo S.J. cuestionó la capacidad de la justicia para investigar los crímenes contra campesinos y líderes sociales, en el escenario del posconflicto.

Para más información sobre los casos registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política el entre julio y diciembre de 2016, consultar la revista Noche y Niebla edición No. 54

Lea el informe completo aquí.

A propósito de la conmemoración del día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, William Rozo, investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política habla de la importancia de esta conmemoración y del lugar de las víctimas en la implementación de los acuerdos.

El 9 de abril se conmemora el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas. ¿Cuál es la importancia de esta fecha?

William Rozo

Cualquier proceso de reconciliación, de tránsito de la guerra a la paz, las víctimas juegan un papel sumamente importante y uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento de las víctimas. Yo creo que en Colombia se ha avanzado bastante en ese campo, comparado con otros procesos en el mundo. Ya hay un reconocimiento de las víctimas, hay avances desde 2010 con la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011 y con todos los problemas que pueda tener esa ley, hay avances.

Sin embargo, estamos preocupados un poco porque el mayor número de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia son cometidas por grupos paramilitares y agentes del Estado. En este escenario de reconciliación nos preocupa que el reconocimiento de esas víctimas no es el mejor.

Hay que reconocer que la ley de víctimas por lo menos dejó un día para recordar a las víctimas con todas las críticas que pueda tener, pero es que antes del 2011 no había, ni siquiera se reconocía que había víctimas. Esta fecha del 9 de abril tiene esa importancia de reconocer a las víctimas.

¿Qué consecuencias podría traer ese poco reconocimiento?

Ese escenario es muy grave, porque lo que puede ocurrir es que estas víctimas no se sientan a gusto y empiecen a demandar cuanta norma exista y sobre todo a recurrir a instrumentos internacionales. Ahí habría que hacer una llamado para que todas las víctimas tengan el mismo estatus, el mismo tratamiento, las mismas garantías en el proceso de transición, el mismo nivel de reparación y de reconocimiento.  

Para citar un ejemplo, el pasado 5 de abril se firmó los decretos ley que dan vía a la Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En ese espacio el presidente Santos invitó a seis víctimas, pero ninguna de ellas era víctima de crímenes de Estado. Ese tipo de acciones nos preocupa y yo creo que instituciones como el Cinep/PPP deben hacer un llamado para que las víctimas sean reconocidas en su conjunto pero completas y en igualdad de condiciones y garantías.

Para las víctimas ¿por qué es importante que se creen este tipo de mecanismos como Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Son muy importantes porque en todos los procesos de transición prima la verdad sobre la justicia y la memoria sobre los procesos de sanción. O sea, es más importante que las futuras generaciones sepan qué pasó y que los hechos tengan mucha visibilidad para que no se vuelvan a repetir los mismos errores del pasado a que existan sanciones penales. Es un poco lo que pasa en los procesos de memoria en Alemania o en Argentina, que las nuevas generaciones se den cuenta que no es bueno resolver los problemas por la vía armada. Por eso es tan importante el Museo Nacional de la Memoria y todos los ejercicios de memoria que se están haciendo en el país. Ese es el sentido  y la importancia de la memoria, que nos ayude a mantener un pasado que conectado con un proceso de reconciliación, sea un pasado que nos ayude a solucionar los conflictos de otra manera. La reconciliación y el perdón es poder recordar sin lastimarnos, sin agredirnos. A ese nivel tenemos que llegar, pero eso tarda mucho tiempo y requiere mucho trabajo porque este conflicto dejó y sigue dejando muchas víctimas y mucho dolor.

¿Cómo lograr el reconocimiento de las víctimas de Estado si muchas de estas iniciativas surgen desde las instituciones estatales?

Ese es un desafío. Yo creo que hay de fortalecer mucho las organizaciones de la sociedad civil y que estas ayuden a poner sus recursos y sus esfuerzos para que las víctimas más débiles puedan estar al nivel de las otras en términos de reconocimiento. No es que unas sean más importantes que otras, es que unas están más marginadas que otras. ¿Cómo podemos hacer esa tarea las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento de derechos humanos? Ayudando a organizarlas, fortaleciéndolas, aportando desde nuestros trabajos de investigación para que puedan tener herramientas y puedan empoderarse y tengan más argumentos en sus procesos.

¿Qué beneficios tiene el acuerdo con las Farc para las víctimas?

El acuerdo es un acuerdo político de carácter no vinculante. Este trae unos puntos muy favorables para las víctimas pero lo que es vinculante es la legislación que se hace a partir de la implementación de ese acuerdo.  Por ejemplo, el acto legislativo que modificó la constitución para incorporar ese acuerdo dentro de la jurisdicción colombiana no se corresponde con lo que dice el acuerdo, desconoció completamente a las víctimas. El espíritu del acuerdo no está en el acto legislativo y las víctimas quedaron muy lejos, sin voz ni participación. Lo que hay no nos gusta mucho, pero eso es mejor que nada.

¿A qué se refiere cuando habla de participación?

Por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz no hay manera de que las víctimas tengan acceso a los procesos como sujeto procesal y eso es un derecho fundamental. Cuando hay una agresión obviamente la víctima debe tener representación como sujeto procesal dentro del proceso, ese no es el caso dentro de la nueva legislación. Yo siento que tanto las Farc como loa agentes del Estado le tienen miedo a la voz de las víctimas. Y nuestro deber como organizaciones acompañantes de la sociedad civil es ayudar a que esa voz esté.

¿Cómo será el trabajo del Banco de Datos hacia el futuro?

Nosotros hacemos un proceso de memoria, de salvaguarda de la información de violación a los derechos humanos y devolvemos ese producto como un insumo para que las víctimas lo puedan utilizar como herramienta en su trabajo de reivindicación de derechos. Para el trabajo hacia futuro, el equipo se va a reunir en estos días para reflexionarlo. Nosotros creemos que sí vamos a incidir en la Comisión de la Verdad. Todavía no sabemos cómo porque no se sabe cómo funcionará esta comisión, pero creemos que si estaremos orientados a incidir allí. Otros estamos trabajando en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, desarrollando investigaciones y documentos. Por ahora seguiremos trabajando en la revista Noche y Niebla porque aún las cifras de victimización son alarmantes.

 

Miguel Martínez

Equipo de Comunicaciones