Carta de organizaciones de la sociedad civil al Gobierno Nacional

Carta abierta al Gobierno Nacional

Doctor
GUSTAVO PETRO URREGO
Presidente de la República
Doctora
FRANCIA MÁRQUEZ MINA
Vicepresidenta de la República

Reciban un muy cordial saludo,
Los abajo firmantes, organizaciones que trabajamos temas de seguridad y protección a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en todo el país, manifestamos:

  1. Nuestro compromiso por la salida negociada a los conflictos como única vía para alcanzar la paz, así como el respaldo a la propuesta de Paz Integral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.
  1. Nuestro reconocimiento al Gobierno Nacional, cuya mayoría de funcionarios tiene enfoque de derechos, conocimientos y valiosas experiencias para liderar la transformación de las políticas públicas de protección, prevención y garantías, que hagan posible el ejercicio libre, seguro y pleno de los derechos y libertades fundamentales.

Sin embargo, no podemos dejar de expresar nuestra enorme preocupación por los impactos que la intensificación del conflicto armado está teniendo sobre la población civil y particularmente sobre las personas que ejercen un liderazgo social y las organizaciones y colectividades que adelantan procesos de defensa de derechos humanos, territoriales y ambientales

Hemos comprobado en los territorios donde hacemos presencia, el incremento de los indicadores de violencia, tales como el desplazamiento forzado, individual y masivo; el confinamiento de comunidades; el reclutamiento forzado y uso de menores en las hostilidades; la presencia, expansión y control territorial de diversos actores armados, los que imponen como en otrora, normas arbitrarias, horarios de entrada y salida de los territorios, extorsiones, empadronamientos, y control sobre los procesos organizativos territoriales y sobre las comunidades en general; enfrentamientos armados en poblados urbanos; incremento de la violencia contras las mujeres, así como el uso de artefactos explosivos de efectos indiscriminados. Algunos de estos indicadores de violencia están asociados, a su vez, a la expansión de economías ilegales y del crimen organizado. De la misma manera, se evidencia la ausencia, en varias zonas del país, de entornos seguros y habilitantes que favorezcan la defensa de los derechos, la participación política, y el ejercicio de las libertades fundamentales.

La complejidad del contexto actual ha puesto a la población civil en una encrucijada entre el discurso de la Paz Total vs la intensificación del conflicto y la degradación de las condiciones humanitarias en los territorios, lo que ha acrecentado el temor en las comunidades, la salida de los territorios de varios líderes y lideresas, así como el silenciamiento y la autocensura como mecanismos de protección. Todo ello ha afectado gravemente los procesos organizativos y el tejido social, creando nuevas barreras para ejercer de manera segura el derecho a defender los derechos humanos y generando graves consecuencias humanitarias.

A esta situación se suma el creciente número de ataques directos contra las personas defensoras: en su primer informe trimestral de 2023, el programa Somos Defensores documenta 258 agresiones, lo que representa un incremento del 2% con relación al mismo periodo del año anterior, que ya había sido calificado como uno de los más letales para la labor de defensa de derechos. Es importante destacar también el aumento del 40% en las agresiones contra mujeres lideresas y defensoras. La misma dinámica se presenta con las masacres, pues en lo corrido del año, según INDEPAZ, se han cometido 44 con 145 víctimas. En relación con las personas defensoras, llamamos atención sobre la persistencia de la judicialización, detención y estigmatización de los liderazgos sociales.

Es preocupante el deterioro de la situación humanitaria, la débil respuesta institucional en esta materia y el poco compromiso de los actores armados con las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que busca a proteger y mitigar los efectos de la confrontación sobre la población civil.

Es urgente que, en el marco de los diálogos o negociaciones entre el Estado colombiano y los diversos actores armados, se pacte de inmediato una Agenda Humanitaria con base en el compromiso multilateral de respeto y aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), con el fin de proteger a la población y aliviar la situación humanitaria y de derechos humanos que sufren en los territorios la población civil, las organizaciones, grupos y comunidades, mientras se logran acuerdos y negociaciones que pongan fin a la confrontación y a las violencias; y nos permitan avanzar en un enfoque amplio de seguridad humana.

En cualquier escenario, con o sin negociaciones, es URGENTE avanzar en mínimos humanitarios, razón por la que las entidades estatales y los organismos internacionales, deben impulsar acciones, estrategias, diálogos y negociaciones para lograr acuerdos humanitarios que permitan salvaguardar la vida y la integridad de las personas mientras persista la confrontación armada; reconociendo y fortaleciendo a su vez, los mecanismos de protección propios que han desarrollado las comunidades y las iniciativas regionales en curso, como las Mesas y las Agendas Humanitarias, tal como fue recomendado por la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 019-23.

Insistimos también en la necesidad de construir, de manera participativa y coherente con las realidades territoriales, una política pública de prevención, protección y garantía de los derechos humanos, incluido el derecho a defenderlos. Sobre este particular, y retomando de nuevo las recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo en su recomendación No. 47, expresamos nuestra disposición para aportar en espacios técnicos de discusión y análisis sobre los ajustes y transformaciones que requieren las políticas públicas hoy existentes, como complemento a los escenarios de diálogo ya establecidos con otros sectores de la sociedad civil.

Con relación a la transformación e implementación de las políticas públicas para garantizar derechos humanos, es fundamental que el Gobierno Nacional profundice la lucha contra el clientelismo, en especial mediante las siguientes acciones: concursos de méritos para cargos de planta y convocatorias públicas transparentes para la contratación de servidores públicos por prestación de servicios.

Finalmente, insistimos en la urgente necesidad de incorporar, profundizar y ampliar una lectura o enfoque de género e interseccional que reconozca y aborde los riesgos y agresiones de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ y lo incorpore tanto en las agendas humanitarias, como en la política de prevención, protección y garantías.

Atentamente:

Fondo para Ayudas de Emergencia y Fortalecimiento Organizacional en Protección y Autoprotección – FFP
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA
Centro de Atención Psicosocial – CAPS
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Pensamiento y Acción Social – PAS
Fundación PODION
Cinep/PPP
Diakonía Programa Colombia
Protection International PI


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