Este miércoles, los consejos comunitarios de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU) y de la cuenca del río Salaquí (COCOMACUSAL), ubicados en los municipios de Riosucio y Nuevo Belén de Bajirá, en el departamento del Chocó, presentarán ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sus propuestas restauradoras y reparadoras en el marco del caso 004: Situación territorial de la región de Urabá.
Las iniciativas fueron construidas por las comunidades a través de una metodología diseñada por Cinep, con un enfoque étnico, colectivo y de género, poniendo especial énfasis en las mujeres. Inicialmente, se esperaba una construcción conjunta con los comparecientes, de manera que estas propuestas fueran parte del proceso de elaboración de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador (TOAR). Sin embargo, los líderes de las extintas FARC no continuaron este proceso.
Ante esta situación, los consejos comunitarios del Bajo Atrato decidieron presentar directamente a la JEP sus exigencias en relación con los TOAR, resaltando la necesidad de garantizar la participación de las víctimas en su diseño. Sus propuestas incluyen medidas como el mejoramiento de la infraestructura vial, la limpieza de ciénagas y la reforestación de rondas hídricas afectadas por el conflicto. Además, se presentan iniciativas específicas de las mujeres de ambas comunidades, quienes han manifestado la urgencia de abordar los daños diferenciales sufridos sobre sus cuerpos en el marco del conflicto armado.
A partir de esta entrega de propuestas, la comunidad espera no solo una reparación jurídica que resuene en medios y gestiones de la JEP, sino una respuesta efectiva con atención, compromisos reales, financiación y acciones concretas. Esto implica un diálogo genuino y la presencia activa de los firmantes del Acuerdo de Paz en el territorio, con voluntad e interés, especialmente en estos territorios donde su presencia fue evidente y donde las comunidades sufrieron graves afectaciones y múltiples victimizaciones, en particular por parte de los frentes 34, 57 y 5 de las extintas FARC.
Si bien, por el diseño de la Jurisdicción, son los comparecientes —y, en su ausencia, la misma JEP— quienes deben presentar los proyectos de TOAR, las comunidades esperan que la institución acoja estas propuestas como insumo fundamental para las medidas restauradoras y reparadoras. Este esfuerzo ha sido acompañado por Cinep, organización que representa judicialmente a COCOLATU y COCOMACUSAL en el caso 004.
Te puede interesar: Violencia, racismo y conflictos socioambientales. El despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó



