Durante cuatro días, Bogotá fue sede de la Asamblea General de Fair Finance International (FFI), una red global que reunió a representantes de gobierno, sociedad civil y academia de 23 países para discutir qué responsabilidad tiene el sector financiero en la transición energética, la desigualdad y los derechos humanos el mundo.
Organizado por Oxfam Colombia, el Centro de Investigación y Educación Popular –Cinep- y Censat Agua Viva, el encuentro desarrolló una agenda de seminarios y jornadas de trabajo centrada en las consecuencias de la transición energética, reconociendo las responsabilidades del sector financiero en la toma de decisiones y financiamiento de las empresas mineras.
Las discusiones del encuentro también abordaron la presión generada por la demanda de minerales críticos, necesarios para la transición energética, las telecomunicaciones y el avance de la inteligencia artificial. En este espacio se expusieron los debates sobre el impacto de la extracción minera en la estabilidad económica y la protección territorial, poniendo sobre la mesa la urgencia de evaluar cómo las decisiones geopolíticas de los países afectan la garantía de los derechos humanos.
Por otro lado, la agenda también abrió espacio para debatir el futuro financiero frente a las emergencias medioambientales ya existentes. Poner el foco en las reglas y políticas actuales permitió evidenciar cómo el sistema económico actual requiere transformaciones profundas en términos de inclusión, diversidad y rendición de cuentas, buscando que las decisiones financieras respondan verdaderamente a las urgencias sociopolíticas del mundo.
La agenda reunió perspectivas de Asia, África, América Latina y Europa el cierre del espacio cívico en Uganda, la extracción minera en Perú o el impacto de la industria del carbón en La Guajira colombiana evidencian que los discursos globales traen consecuencias profundamente locales.
Tecnología, seguridad y sociedad civil
La primera jornada abrió con un llamado a proteger los derechos humanos y territoriales de comunidades afectadas por la agroindustria y la minería, con la participación de Oxfam, Censat Agua Viva y Cinep como coalición colombiana. En paralelo, un panel sobre derechos del consumidor digital expuso cómo las estafas financieras afectan de forma desproporcionada a las mujeres, y discutió el acceso desigual a herramientas tecnológicas para el emprendimiento femenino.
Otro de los focos del día fue el cierre del espacio cívico en varios países. Con el caso de Uganda como ejemplo, una de las representantes señala que, cuatro décadas bajo el mismo gobierno han dejado un poder político subordinado al ejecutivo, debilitando los mecanismos de control democrático. Entre ellos, hacer de cualquier actividad política o de protesta, un delito, los participantes advirtieron sobre el uso de leyes de seguridad para perseguir a activistas y sobre las restricciones crecientes a la protesta y la denuncia en proyectos mineros.
Frente a este panorama, plantearon la necesidad de que las empresas y el sector financiero adopten mecanismos de queja accesibles para las comunidades, como una alternativa ante el alto riesgo de violencia contra lideres sociales ante las denuncias por los proyectos mineros crecientes en territorios indígenas.
¿A quién beneficia realmente la transición energética?
La segunda jornada giró en torno a una pregunta central: ¿quién se beneficia de la transición energética y quién asume sus costos? Representantes de organizaciones, entre ellos, de la Embajada de Suecia coincidieron en que una transición justa no puede limitarse a ser rentable o técnicamente eficiente, sino que debe garantizar derechos humanos y participación real de las comunidades en las decisiones.
Insisten que debe incluir la reparación integral de los territorios afectados, incluyendo la recomposición de sistemas hídricos y el reconocimiento de las dimensiones socioculturales de las comunidades. También se cuestionó como las narrativas técnicas sobre la transición, que hablan de la disminución del CO2, suelen dejar por fuera los impactos ambientales y de salud que sufren las poblaciones cercanas a los proyectos mineros, agravados por una vulnerabilidad climática cada vez mayor.
En el marco del encuentro, en la tarde, se programó una jornada pública en el hotel Tequendama abierta a representantes de gobiernos y embajadas, y con la invitación del Relator Especial de la ONU, Javier Palummo Lantes, señalando que el sector financiero define, en la práctica, qué proyectos se financian y qué comunidades resultan afectadas. Para Palummo, lograr una transición «justa» exige que ese poder de decisión no quede exclusivamente en manos del mercado.
Las deudas pendientes del sector financiero
La tercera jornada abordó los vacíos que persisten en la regulación financiera en tres frentes. Por un lado, en la extracción de minerales críticos, se presentó el caso de bancos europeos que financiaron empresas mineras con vinculaciones a denuncias por desplazamiento y contaminación a causa de metales pesados en Colombia y Perú. En materia de armas, un panel expuso el debate en curso en Países Bajos sobre la financiación de la industria militar que ha aumentado la presión política para que bancos y fondos de pensiones inviertan en defensa. Organizaciones de sociedad civil insisten en mantener condiciones estrictas para ese financiamiento.
Sobre derechos humanos y negocios, el caso de Brasil expuso cómo la falta de una regulación específica deja a las comunidades en desventaja frente a las grandes corporaciones. Los retrasos en proyectos de ley que quedan estancados en el Congreso han implicado limitaciones en el acceso a la justicia de las poblaciones afectadas por desastres socioambientales y obstaculiza la rendición de cuentas empresarial en el país.
Diversidad e igualdad en las finanzas
La jornada puso el foco en la relación entre género y finanzas. Las y los panelistas coincidieron en que los productos y políticas de financiamiento no son neutrales y afectan de manera distinta a hombres y mujeres, y que en muchos casos ellas ni siquiera conocen las políticas a las que podrían acceder. Poniendo como ejemplo al sector informal en Asia, donde la participación femenina es mayoritaria, pero carece de protección financiera.
Esta misma lupa sobre las exclusiones y desigualdades se trasladó al territorio, con el caso concreto de La Guajira, distintas organizaciones presentaron los trabajos que vienen adelantando en el seguimiento a los proyectos de transición energética. Insisten en la pertinencia de incluir a las comunidades en la construcción de proyectos combinando estándares internacionales de sostenibilidad con criterios propios del territorio. Fuerza de mujeres Wayuu, destacaron que este ejercicio no puede hacerse sin consultar directamente a los aliados locales, y que informes de este tipo deben reconocer también las dimensiones espirituales y culturales que forman parte de la vida en la región.
La discusión del día cerró con un llamado a reconocer que sin transparencia no hay rendición de cuentas. Es por ello que solicitan que bancos e inversionistas hagan públicos y trazables sus flujos financieros, de modo que las comunidades afectadas por proyectos extractivos o energéticos puedan conocer, con nombre propio, quién financia los proyectos que transforman sus territorios.
Tras cuatro días de Asamblea, el cierre del encuentro buscó recoger las reflexiones del grupo para proyectar los siguientes pasos frente a las responsabilidades de cada país. Las delegaciones evaluaron los aprendido en la semana y revisaron formas para fortalecer la gobernanza y la sostenibilidad de las coaliciones nacionales, destacando la importancia de la articulación entre las organizaciones sociales, la sociedad civil y las comunidades. Asimismo, se enfatizó en la relevancia de este espacio para dar atención a las responsabilidades de los distintos sectores frente a los proyectos de extracción de m minerales ante en desarrollo de tecnologías que repercuten en los territorios y comunidades.
Hacemos un llamado a seguir ampliando las discusiones y las acciones desde los gobiernos, las empresas y los colectivos locales, con el fin de traducir los aprendizajes en medidas concretas que permitan disminuir las afectaciones, construir alternativas desde cada contexto y hacer frente a la desigualdad, la injusticia y la violencia en los territorios. Queremos destacar el significado político y estratégico del encuentro para articular los esfuerzos institucionales del Cinep, Oxfam Colombia y Censat Agua Viva, cerrando la jornada con un agradecimiento a todas las delegaciones y comunidades participantes por su compromiso con la justicia social y ambiental en la región.