Este documento examina la relación entre las comunidades y el sector minero energético en Colombia en el siglo XXI, destacando la violencia política y las violaciones de derechos humanos como problemas persistentes. Se enfoca en la victimización de líderes sociales y la impunidad que perpetúa la violencia, especialmente en áreas mineras. Propone el diálogo regional y el desarme de los grupos armados como soluciones para un desarrollo sostenible y respetuoso de los derechos humanos. El informe presenta datos detallados sobre las victimizaciones por departamento y municipio, relacionándolas con el contexto minero energético.