A propósito de la ICARRD + 20
¿Es la reforma agraria una medida de política relevante para garantizar los derechos humanos y para construir modelos de justicia socioambiental? En Cinep consideramos que sí. También lo contempla de esta manera el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en la Observación General 26 de 2023. Asimismo, es un reclamo histórico de las organizaciones populares del campo colombianas que se puede rastrear, por ejemplo, en el Mandato Agrario de 2003 y el Pliego de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular de 2014.
Veinte años después de la histórica conferencia desarrollada en Brasil, en febrero de este año, en Cartagena, la reforma agraria tuvo un escenario privilegiado de discusión con la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD + 20). Gobiernos, instituciones intergubernamentales, academia, ONG y movimientos sociales participaron de debates relevantes respecto a su significado, sus objetivos y sus ejes relevantes. Por razones obvias, de interés político y geográficas, fue muy importante la participación de las organizaciones populares del campo colombiano. Desde Cinep participamos con esperanza. Coorganizamos espacios sobre los derechos de las mujeres, jóvenes y defensores frente a la reforma agraria, buscando articular las discusiones sobre sus sentidos y sus herramientas con los trabajos de acompañamiento a organizaciones populares, en diálogo con nuestra experiencia en el estudio y trabajo activo sobre las distintas trayectorias del problema agrario y de los conflictos territoriales y los desafíos investigativos que nos plantean los tiempos que vivimos.
La Declaración Final da buena cuenta de los marcos orientadores para impulsar procesos de redistribución de tierras, proteger los derechos territoriales de comunidades, reconstruir los sistemas agroalimentarios y cuidar la biodiversidad y los ecosistemas (punto 14). No obstante, y pese a que estos criterios están basados en la normatividad internacional de derechos humanos y otros instrumentos no vinculantes, en plena crisis del multilateralismo y de fortalecimiento del autoritarismo, enfrentan dificultades para materializarse en una agenda concreta y en políticas públicas redistributivas, entre otros asuntos, por la falta de un consenso internacional como el que se consiguió hace algunas décadas. Además, entre quienes apuestan por la reforma agraria no existen, necesariamente, acuerdos sobre sus objetivos y mecanismos de realización. Quizá uno de los mejores diagnósticos sobre la situación actual presentados ante la ICARRD + 20 que, además, presenta una poderosa visión de la reforma agraria frente a las crisis actuales, es el del Comité́ Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, que nos deja una postura fundamental alrededor de esta cuestión: “la reforma agraria redistributiva en el centro de las políticas públicas no es un retorno al pasado ni promueve un ejercicio tecnocrático de gestión de los recursos naturales”.
En un contexto difícil para materializar una medida sistémica, como lo es la reforma agraria, el llamado final desde los pueblos fue a profundizar las acciones como parte de una agenda que atiende tanto asuntos de pobreza, desigualdad y distribución del poder, como aspectos relacionados con la crisis ecológica y la necesidad de no asumir a los suelos y la naturaleza solamente como factores productivos. Desde esta perspectiva, la reforma agraria es también un camino para el cuidado de la Casa Común.